CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR NO INVADIÓ LAS FACULTADES DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, AL APROBAR EL DECRETO 1650, MEDIANTE EL CUAL REFORMÓ Y ADICIONÓ EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL ESTATAL, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, AL ESTABLECER QUE EL PATRIMONIO DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD SE DESTINARÁ A REPARAR EL DAÑO CUANDO SE DICTE SENTENCIA QUE ASÍ LO ORDENE O EL INDICIADO O INCULPADO SE SUSTRAIGA A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, SIEMPRE QUE SE HUBIERE GARANTIZADO MEDIANTE FIANZA DICHA REPARACIÓN, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 14, 16, 20, APARTADO B, FRACCIÓN IV Y 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 16/2007. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
MINISTRA ENCARGADA DEL ENGROSE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primero de septiembre de dos mil nueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por oficio presentado el trece de febrero de dos mil siete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guadalupe de Jesús Elizondo Hernández, quien se ostentó con el carácter de presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Baja California Sur, promovió en representación del Poder Judicial de la entidad, controversia constitucional en la que demandó, de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, la invalidez de los actos que adelante se precisan:
Actos impugnados:
Las reformas realizadas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, contenidas en el Decreto Número 1650, de fecha doce de diciembre de dos mil seis, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el treinta y uno de diciembre de dicho año, en particular el contenido del artículo 115.
SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda consisten en que con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil seis, se publicó el decreto de fecha doce de diciembre de dos mil seis, por virtud del cual el gobernador del Estado de Baja California Sur, ordenó se imprimiera, publicara y circulara el Decreto 1650, de fecha doce de diciembre de dos mil seis, del Congreso del Estado de Baja California Sur, por el cual se reformó el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.
TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:
1. El artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en particular la fracción I y el último párrafo de aquél, viola los artículos 14, 16 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La fracción I del artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado dispone que el patrimonio del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia se destinará a reparar el daño cuando se dicte sentencia que así lo ordene o cuando el indiciado o inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, siempre y cuando se hubiese garantizado mediante fianza dicha reparación.
Por su parte, el último párrafo del referido artículo señala que los depósitos e intereses obtenidos por garantías de reparación del daño, deberán destinarse al fin contemplado en la fracción I de dicho artículo. Los depósitos por otros conceptos se destinarán de la siguiente manera: el 50% para estímulos económicos de conformidad con lo establecido en la fracción V, y el 50% para capacitación y mejoramiento profesional, adquisición de bienes y administración del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.
El Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia se integra por los intereses de los depósitos en dinero o en valores por concepto de pensión alimenticia, fianzas decretadas para inscripciones de demandas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, fianzas decretadas para garantizar daños y perjuicios en los trámites civiles de providencias precautorias, pensiones alimenticias en materia familiar, consignaciones de efectivo en diligencias prejudiciales, embargos precautorios y trámites civiles y mercantiles en general.
Como puede observarse, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia no se integra sólo con los depósitos relacionados con fianzas en materia penal, por lo que la reforma que ahora se impugna cambia la naturaleza de los mismos, poniendo en riesgo al Poder Judicial del Estado, por tener que distraer fondos que tienen un destino específico. La norma llega al extremo de tener que disponer, indebidamente, de recursos que pertenecen a los particulares y que tienen fijado un fin determinado, con riesgo de que el referido fondo se descapitalice y que, llegado el caso, este Poder Judicial carezca de los recursos para cubrir las responsabilidades que asume al recibir los depósitos.
Así, la norma es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al pretender tener aplicación retroactiva, por cuanto altera la naturaleza del depósito, además de no fundar ni motivar el cambio, ya que no se puede fundar ni motivar un acto que sin razón priva al Poder Judicial del Estado y a los particulares de fondos que están afectos a un fin.
También viola la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal, por cuanto a que con su aplicación se corre el riesgo de privar al Poder Judicial del Estado de los recursos que tiene para proveer a su subsistencia.
2. El artículo 115, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado viola el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (no se analizará dado el sentido del presente fallo).
3. La fracción V y el último párrafo del artículo 115 de la Ley Orgánica del Estado de Baja California Sur violan la esfera competencial del Poder Judicial Local, así como los principios de división y separación de poderes, permanencia judicial y seguridad social, consagrados en los artículos 41, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (no se analizará dado el sentido del presente fallo).
4. La adición de la fracción I y del último párrafo al artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado atenta contra los principios fundamentales de la estructura de gobierno, administración de justicia y debido proceso, contenidos en los artículos 14, 16, 20 y fracción III del artículo 116, todos de la Constitución Federal.
El artículo 20, inciso B, fracción IV, de la Constitución Federal dispone, en la parte que interesa, que en todo proceso del orden penal, la víctima o el ofendido tendrán la garantía de la reparación del daño en los casos en que sea procedente y que el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.
De lo anterior puede concluirse que la ley fija procedimientos para ejecutar la reparación del daño mediante sentencia, esto es, que habrá de realizarse tras haberse dictado sentencia condenatoria, es decir, que el pago a la reparación del daño ocasionado en el afectado debe de efectuarse al momento de que el inculpado ha sido declarado culpable y sentenciado mediante sentencia ejecutoriada, a través del incidente de responsabilidad civil en ejecución de sentencia, no pudiendo destinarse patrimonio alguno a reparar el daño cuando un indiciado o inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, como pretende establecerlo inválidamente el texto reformado.
Así, es inconcuso que la adición al mencionado artículo está fuera del contexto jurídico, ya que es contradictorio que a través de la reforma se obligue a esta institución a que sin existir previa sentencia definitiva que determine la responsabilidad del inculpado (sólo por su ausencia), el Tribunal Superior de Justicia, a través del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, repare el daño, lo cual nuevamente implicaría una violación directa sobre el referido artículo 16 de la Constitución Federal.
Por otra parte, la adición del último párrafo del artículo reformado, es igualmente violatoria de los preceptos mencionados, toda vez que dispone que los por cientos de los depósitos por diversos conceptos deberán destinarse en un 5% al fin contemplado en la fracción I reformada, por lo que adolece de la misma invalidez.
5. Las adiciones y reformas del artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, atentan contra los principios fundamentales de la estructura de gobierno y de administración de justicia, consagrados en los artículos 17, 41 y 116, fracción III, de la Constitución Federal.
El legislador local, al emitir la reforma que se controvierte, invade una atribución competencial del Poder Judicial del Estado, atento a lo establecido por los artículos 11, fracción XXIX y del 108 al 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.
Lo anterior, ya que tal como está previsto por ley, el Congreso Local debió, mediante comunicación oficial, haber solicitado la comparecencia del Pleno del Tribunal, informando lo conducente para efectos de que se estuviera en condiciones de emitir una opinión suficientemente vasta y razonada respecto de la pretensión de reformar y adicionar el ámbito de regulación de la ley reglamentaria materia de la impugnación, esto es, nos encontramos al margen del proceso de creación de la norma impugnada, contrariando los artículos 14 y 16 constitucionales.
CUARTO. Preceptos constitucionales violados. La parte actora señaló como preceptos violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 20, 41, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Trámite. Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 16/2007 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Mediante proveído de quince de febrero siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, a los que ordenó emplazar para que formularan su respectiva contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación de demanda por parte del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, al contestar la demanda, manifestó en la parte que interesa esencialmente lo siguiente:
1. Antes de entrar al estudio de los conceptos de invalidez, es importante llamar la atención con relación al acuerdo mediante el cual se autoriza a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia para que en representación del cuerpo colegiado promueva la controversia constitucional, fundamentalmente en el hecho de que no se cumple con uno de los requisitos esenciales para que este acuerdo tenga la publicidad correspondiente y, consecuentemente, surta efectos contra terceros.
A diferencia de los acuerdos del Congreso del Estado, para que los emitidos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia surtan efectos de notificación deben ser publicados en el Boletín Judicial del Estado, so pena de ser nulos en términos de lo ordenado por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, en relación con los diversos 141 de la misma ley y 157, fracciones V y VI, de su reglamento, los acuerdos del Pleno deben ser publicados en el Boletín Judicial, lo que en la especie no ocurrió.
2. Es evidente que por lo que hace al primer concepto de invalidez, la parte actora confunde o trata de confundir una norma jurídica clara, ya que nos extraña que la actora señale que se cambia la naturaleza de los depósitos, cuando la reforma versa únicamente respecto al destino que ha de darse solamente a los intereses (accesorios) que generan esos depósitos y no respecto al fin de los depósitos en sí mismos.
Además, como puede apreciarse, el objeto de la reforma sí tiene estrecha relación con la materia penal, contrariamente a lo señalado por la parte actora, ya que el dispositivo reformado señala que los depósitos e intereses obtenidos por garantías de reparación del daño deberán destinarse, precisamente, a reparar el daño cuando se dicte sentencia que así lo ordene o cuando el indiciado o inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, siempre y cuando se hubiese garantizado mediante fianza dicha reparación.
Por lo que hace a lo sostenido por la parte actora, en el sentido de que por tener que distraer fondos que tienen un destino específico, la norma reformada pone al Poder Judicial del Estado en el extremo de tener que disponer, indebidamente, de recursos que pertenecen a los particulares, con riesgo de que el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia se descapitalice y que, llegado el caso, dicho Poder Local carezca de los recursos para cubrir las responsabilidades que asume al recibir los depósitos, causa gran perplejidad al ser inconcebible que el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia se descapitalice por destinar recursos a un fin específico, cuando esos recursos provendrán de depósitos e intereses afectos a ese fin.
Así, queda claro que para los Magistrados resulta incorrecto e inconstitucional que se destinen recursos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia para hacer llegar verdadera justicia a las víctimas u ofendidos mediante la reparación del daño, pero no está nada mal tener la posibilidad de autootorgarse a discreción beneficios económicos con cargo a ese fondo que, reconocido por ellos, se forma con recursos de los particulares.
Por cuanto hace al último párrafo del primer concepto de invalidez, es menester señalar que el sostenimiento no sólo del Poder Judicial, sino de todos los poderes públicos, corresponde al gasto público que se prevén año con año en el presupuesto de egresos del Estado.
3. De la lectura que se realice a las consideraciones contenidas en el dictamen emitido por el Congreso Local, queda claro, por una parte, cuál fue el propósito de la iniciativa y la razón de considerarla procedente, quedando de manifiesto que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada.
Por otro lado, es erróneo considerar como prestación laboral los depósitos que los particulares hacen para un fin específico, así como sus intereses, ya sea por concepto de fianzas para la reparación del daño, pensiones alimenticias u otros conceptos derivados de la sustanciación de procedimientos civiles o mercantiles en general.
El salario de los servidores públicos debe provenir del erario público, el cual se integra por impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones especiales de mejoras sociales, productos, incentivos, aportaciones y participaciones federales, ingresos reasignados y subsidios provenientes del Gobierno Federal, así como por los empréstitos, pero en ninguna ley local se prevé como fuente de ingresos del Estado los recursos y bienes que integran el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.
Por ello, los depósitos o consignaciones que hacen los particulares, incluyendo sus intereses, así como los recursos económicos o materiales que ingresan a dicho fondo con motivo de la sustanciación de un procedimiento judicial, no deben ser considerados como salario o sueldo de los titulares de uno de los órganos del Estado, por lo que no puede existir violación al artículo 123 constitucional.
Además de que tales estímulos no constituyen una prestación laboral, que en un acto materialmente legislativo, el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado determinó en el artículo 97 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, que los estímulos económicos no crean derecho alguno a los servidores públicos que los reciban, ni generan obligaciones para el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Esto es, que el propio tribunal determinó que los estímulos económicos provenientes del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia no constituyen una prestación laboral, siendo lógico dada la naturaleza del origen de tales recursos.
Debe tomarse en cuenta que el objeto principal de la creación del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia fue el de garantizar la administración de justicia, no la de asegurar salarios de los Magistrados, pues esta asignatura corresponde al gasto público.
Se considera que la remuneración justa a que se refiere el artículo 116 constitucional, en su fracción III, es la integrada y sustraída de los recursos públicos que deben estar previamente presupuestados y que no puede ser disminuida ni renunciada durante su encargo.
Además, no se puede, como pretende la actora, establecer una obligación de pago de salarios con cargo al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, ya que el artículo 112 de la Constitución del Estado, así como la Constitución Federal, establecen que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto.
4. Básicamente, el contenido argumental del tercer concepto de invalidez es idéntico al segundo.
La parte actora da por sentado que el patrimonio del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia constituye una prestación laboral tutelada por el artículo 123 constitucional y que es congruente con los principios contenidos en el artículo 116 del mismo ordenamiento, por lo que dicho Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia debe responder al principio de remuneración adecuada e irrenunciable y que no puede disminuirse durante el encargo del Magistrado.
Sin embargo, del artículo 159 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se desprende que el patrimonio del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia se destinará, en primer término, a sufragar los gastos que origine su administración, a la adquisición de bienes para el Tribunal Superior de Justicia y órganos auxiliares, a la capacitación y mejoramiento profesional de los integrantes del Poder Judicial y órganos auxiliares de la administración de justicia y, en última instancia, a otorgar estímulos económicos y sociales a la planta de funcionarios y empleados del referido Poder Judicial.
En alguna parte del concepto que se analiza, el Poder Judicial del Estado pretende establecer que la norma jurídica que se combate es violatoria del orden constitucional federal y de la independencia y autonomía. Sin embargo, no establece las razones que lo llevan a considerar tales supuestas violaciones.
Por lo anterior, se sostiene que la finalidad y alcance de lo preceptuado por la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal, en cuanto a la remuneración de los Magistrados, están relacionados íntimamente con el presupuesto de egresos del Estado, con el erario público, con el gasto público, con la hacienda pública, con cargo a la cual debe establecerse una remuneración adecuada, irrenunciable e irreductible, pero no con cargo a sus accesorios.
Finalmente, es importante establecer que es falso que la norma jurídica a que esta controversia se refiere sea inconstitucional, al ordenar que los por cientos de los depósitos por otros conceptos se destinarán de la siguiente manera: 50% para estímulos económicos de conformidad con lo establecido en la fracción V, y 50% para capacitación y mejoramiento profesional, adquisición de bienes y administración del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, toda vez que la interpretación de esta hipótesis debe hacerse de manera armoniosa e integral.
Así, debemos concluir que el 50% a que se refiere la fracción V, que dice la quejosa que es inconstitucional, no lo es, pues es claro que se refiere al 50% de los conceptos que integran el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y que no son otros que los relacionados en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local.
5. En cuanto al cuarto concepto de invalidez, se señala que es falso que la norma que se combate tenga carácter retroactivo, pues ésta, como se lee en su artículo transitorio único, entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, es decir, que su aplicación será a partir de su entrada en vigor y sin efectos retroactivos, como lo pretende la quejosa.
Es errónea la interpretación que hace el Poder Judicial del Estado en cuanto a la función del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, en el sentido de que su objeto es acrecentar el patrimonio del Poder Judicial, ya que más bien, es reparar el daño cuando así proceda.
También es falso que se atente contra la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado, ya que no se legislaron normas que induzcan la actuación jurisdiccional, sino que se realizaron modificaciones con el objeto de hacerla más justa.
Es correcto y perfectamente constitucional que la norma jurídica establezca, de manera clara y precisa, que cuando el indiciado o inculpado se sustraiga de la acción de la justicia y haya garantizado la reparación del daño, precisamente ese dinero sea utilizado para ese fin (reparación del daño), porque resulta por demás evidente que el presunto responsable actúa de mala fe y debe ser prevenido al momento de otorgársele la libertad bajo caución.
Es preciso señalar que la disposición reformada por el Congreso del Estado en nada afecta al presunto responsable y mucho menos la obligación de reparar el daño, pues ésta se debe entender como la obligación del Estado vía Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, cuando éste no cumplió con su obligación de tener sujeto a un proceso al presunto responsable de la comisión de un delito, por lo que tampoco debe entenderse como la aplicación de una sanción pública al procesado antes de emitir sentencia.
6. Respecto al supuesto atentado en contra de los principios fundamentales de la estructura de gobierno y de administración de justicia, consagrados en los artículos 17, 41 y 116, fracción III, constitucionales, se señala lo siguiente:
El contenido de los argumentos de la parte actora no tiene relación con la reforma realizada por el Poder Legislativo Local al artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, respecto al uso que deberá darse a los recursos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, cuyo concepto sea el de reparación del daño, por el contrario, el Congreso Local ha sido respetuoso de la independencia del tribunal estatal, sin interferir en algún momento en su función jurisdiccional y la plena ejecución de sus resoluciones.
Los artículos 87, 88 y 95 de la Constitución Local, que establecen lo relativo al Poder Judicial del Estado, en ningún momento se ven afectados por la reforma realizada al artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que dicha reforma no versa sobre la facultad jurisdiccional y, como consecuencia, no ataca directamente la autonomía, permanencia e independencia de los juzgadores. Además, dichas disposiciones constitucionales, incluyendo el artículo 116 de la Constitución Federal, no limitan la facultad legislativa del Congreso Estatal, para iniciar, reformar, adicionar o derogar leyes en el Estado de Baja California Sur.
El hecho de que se haya suprimido la posibilidad de que los Magistrados se autobeneficien a discreción con estímulos económicos con cargo al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, no significa afectación de la independencia judicial en la administración de justicia, pues ésta está garantizada de conformidad con lo establecido por la fracción III del artículo 116 constitucional y las disposiciones de la Constitución Local.
La parte actora sostiene que al emitir la reforma que se impugna, el legislador local invade una atribución competencial propia del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, el hecho que el Congreso del Estado haya modificado el destino que se debe dar a los ingresos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, no trastoca la administración de éste, ya que la intención del legislador fue precisar con claridad el cumplimiento de la finalidad del referido fondo, sin rebasar las facultades del Pleno del tribunal local para continuar administrándolo.
Por otra parte, la actora señala que el Congreso Local debió, mediante comunicación oficial, haber solicitado la comparecencia del Pleno del tribunal, informando lo conducente para efectos de que se estuviera en condiciones de emitir una opinión suficientemente vasta y razonada respecto de la pretensión de reformar y adicionar el ámbito de regulación de la ley reglamentaria materia de la impugnación.
Sobre el particular, se hace necesario referenciar, en la parte que interesa, lo mencionado en el considerando XXX del dictamen que, aprobado, dio vida a la reforma impugnada: "una vez conocida la iniciativa de cuenta, la comisión dictaminadora con el fin de realizar un estudio a fondo de la misma, llevó a cabo reuniones de trabajo con representantes del Poder Judicial del Estado, quienes realizaron algunas propuestas al respecto, mismas que fueron analizadas por los integrantes de la comisión, así como estudiadas por la propia iniciadora".
En primer lugar, es de mencionarse que en la ley reglamentaria del Poder Legislativo del Estado no existe disposición alguna que lo obligue a hacer comparecer al Pleno del tribunal estatal, tal como lo sostiene la parte actora en el concepto de invalidez que se analiza.
En segundo lugar, la promovente, con fecha quince de mayo de dos mil seis, remitió al Poder Legislativo comentarios diversos realizados, según se percibe del oficio recibido, a la iniciativa presentada por la diputada Carolina Madrigal Ibarra sobre la reforma al artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
En tercer término, se hace hincapié que el Poder Legislativo, en ningún momento, ha intentado vulnerar el ordenamiento jurídico que regula la estructura y funcionamiento del Poder Judicial Local, ya que el actuar del primero fue apegado a las facultades previstas en la ley que lo regula y en la Constitución Local, por lo que contrariamente a lo aducido por la actora, en ningún momento se violaron las formalidades del procedimiento legislativo.
SÉPTIMO. Contestación de demanda por parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, al contestar la demanda, manifestó lo siguiente:
a) Que es cierto en cuanto al hecho de la promulgación del Decreto Número 1650, el cual contiene las reformas realizadas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
b) Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, se ordenó la publicación de la citada reforma de ley, misma que se llevó a cabo en el Boletín Oficial del Gobierno de dicho Estado número 54, tomo XXXIII, del día treinta y uno de diciembre del año dos mil seis.
OCTAVO. Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República, al formular su opinión, manifestó esencialmente lo siguiente:
1. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional, en los términos del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur se encuentra legitimado para promoverla, ya que concurrió a instar la presente controversia constitucional por conducto de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien tiene la representación jurídica de dicho poder.
2. De conformidad con el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que estén facultados para representarlos. En el caso particular, en representación del Poder Judicial del Estado compareció la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, quien acreditó su personalidad con copias certificadas de las actas del Pleno del referido tribunal, de fecha diecinueve de abril de dos mil seis, en la que consta la elección de la presidencia de ese órgano, así como de nueve de febrero de dos mil siete, por la que se designa a la Magistrada presidenta como representante legal del Poder Judicial Local.
Del análisis conjunto de los artículos 11 y 17, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, se deduce que es atribución de su presidenta representar a dicho poder ante los otros Poderes del Estado, en nombre del propio tribunal.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el contenido del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, que regula la legitimación procesal activa, admite interpretación flexible, de manera que se procure no convertir las normas legales en obstáculos para el acceso a la justicia, si se advierte que se presenta una hipótesis no prevista específicamente en la ley local y, sobre todo, si en autos existen elementos de los que se infiere que quien promueve no actúa en interés propio, sino en el del órgano en nombre de quien lo hace.
En el caso que nos ocupa, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local no se advierte de forma expresa a quién corresponde la representación legal del Poder Judicial del Estado para acudir ante los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, tanto de las actas de mérito como de los artículos de la ley antes citados, se desprende que la presidenta del Tribunal Superior, al comparecer al presente medio de control constitucional tiene la legitimación activa para hacerlo.
Por ello y al haber acreditado su personalidad, ésta goza de la legitimación procesal activa para comparecer en el presente juicio.
3. En el presente caso se impugna la validez del Decreto 1650, el cual contiene reformas al artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, por estimar que violan los artículos 14, 16, 17, 41, 115, 116, fracción III y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El numeral 21, fracción II, de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21998-fa3ba530/controversia-constitucional-el-congreso-del-estado-de-baja · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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