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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN EL RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 861/96. · Registro digital (IUS): 5015
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: HOMERO ARIDJIS FUENTES Y OTRA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, , Pág. 689.

AMPARO EN REVISIÓN 861/96. HOMERO ARIDJIS FUENTES Y OTRA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del día doce de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Mediante escrito presentado el día diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Homero Aridjis Fuentes, por su propio derecho y en representación del Grupo de los Cien Internacional, Asociación Civil, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"III. Autoridad responsable: Es autoridad responsable en este juicio el C. director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.- IV. Acto reclamado: Del C. director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, se reclama la resolución contenida en el oficio No. 954824 de fecha 8 de noviembre de 1995, mediante la cual la citada autoridad resolvió desechar y no admitir a trámite el recurso de revisión interpuesto por los quejosos el día 30 de octubre pasado, en contra del ‘acuerdo por el cual se simplifica el trámite de la presentación de la manifestación de impacto ambiental a las industrias que se mencionan, sujetándolas a la presentación de un informe preventivo’, así como en contra de la indebida publicación de dicho acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, el día 23 de octubre de este año y contra todas sus consecuencias y efectos jurídicos. Resolución que me fue notificada el día 14 de noviembre pasado por correo certificado con acuse de recibo."

SEGUNDO.- La parte quejosa expresó como antecedentes del caso, los siguientes:

"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que son ciertos y me constan los hechos y abstenciones que constituyen antecedentes del acto que en esta vía se reclama y que a continuación expreso.- 1o. Los quejosos somos personas que participamos de forma activa y reconocida en la defensa del medio ambiente y de la preservación y restauración del equilibrio ecológico en territorio mexicano. Actividad en la cual hemos manifestado nuestros puntos de vista ante autoridades mexicanas, organismos públicos nacionales, extranjeros e internacionales en los asuntos relativos a la materia mencionada.- 2o. El Grupo de los Cien Internacional, A.C. se constituyó mediante el acta constitutiva que consta en la escritura pública número 30751, de fecha 3 de octubre de 1991, bajo el protocolo del Lic. Francisco Javier Mondragón Alarcón, notario público número 73 del Distrito Federal.- 3o. De acuerdo al artículo cuarto de los estatutos sociales del Grupo de los Cien Internacional, A.C., su objeto social se constituye, entre otros, por el fomento al desarrollo integral del individuo a través del mejoramiento del medio ambiente; la atención a las necesidades ecológicas de los sitios donde residan sus asociados; y participar en todos los eventos que se relacionen con su objeto social y manifestar su opinión en todo aquello que a dicho objeto concierna.- 4o. El día 24 de octubre de 1995, sin haberse publicado previamente en el Diario Oficial de la Federación, al día 23 anterior con cuando menos 60 días de anticipación, entró en vigor el ‘acuerdo por el cual se simplifica el trámite de la presentación de la manifestación de impacto ambiental a las industrias que se mencionan, sujetándolas a la presentación de un informe preventivo’, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.- 5o. El día 30 de octubre de este año, los quejosos interpusimos el recurso de revisión previsto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en contra del acto a que me refiero en el párrafo anterior, su entrada en vigor, así como en contra de su indebida publicación en el Diario Oficial de la Federación y de todas sus consecuencias y efectos jurídicos, promoción de la cual exhibo fotocopia con sello original de acuse de recibo de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.- El acto que en esta vía se reclama viola en perjuicio de los quejosos las garantías constitucionales establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República y contra la misma (sic) se hacen valer los siguientes ..."

TERCERO.- En el escrito de demanda se señalaron como garantías individuales violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales y se expusieron conceptos de violación. Por la naturaleza del acto, en el caso no existe tercero perjudicado.

CUARTO.- Tramitado el juicio de amparo con el número 510/95 ante la Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a quien correspondió conocer del asunto, concluyó por resolución de fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y seis (fecha de engrose), negando el amparo solicitado, con apoyo en las consideraciones que en seguida se transcriben:

"PRIMERO.- Es cierto el acto reclamado del director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, consistente en la emisión de la resolución de fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, contenida en el oficio 954824 en la cual desecha el recurso de revisión interpuesto por el quejoso; lo anterior por así manifestarlo dicha autoridad al rendir su informe justificado que obra agregado a foja 32 de autos; certeza que se corrobora con la documental que obra agregada a foja 12 de autos, consistente en la resolución reclamada.- SEGUNDO.- Previamente al estudio del fondo del asunto se procede al análisis de las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o sean advertidas de oficio por el suscrito, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo y de conformidad con la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988, bajo el rubro: ‘IMPROCEDENCIA.’.- El director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en su informe justificado manifiesta que el quejoso por sí y en su calidad de representante legal de la asociación civil ‘Grupo de los Cien Internacional’, carece de legitimación para promover el presente juicio de garantías y por lo tanto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, ya que no ha resentido un agravio personal y directo.- Es infundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable.- Lo anterior obedece a que el quejoso por su propio derecho y como representante legal de la asociación civil denominada ‘Grupo de los Cien Internacional’, personalidad que acreditó en este juicio de garantías en términos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, por tenerla acreditada ante la responsable, según se advierte de la propia resolución reclamada, interpuso el recurso de revisión que se prevé en el artículo 83 y siguientes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual fue desechado en la resolución que ahora se impugna, por lo tanto, sí les afecta a los quejosos el acto que ahora reclaman, como es el desechamiento del recurso interpuesto; en consecuencia, la parte quejosa sí se encuentra legitimada para promover el presente juicio de garantías, por sí y como representante legal de la asociación civil ‘Grupo de los Cien Internacional’.- La misma autoridad hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, argumentando que el quejoso no tiene interés jurídico en el presente juicio de garantías.- Es infundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, en virtud de que al promover el hoy quejoso por sí y en representación de la persona moral antes mencionada, el recurso de revisión que fue desechado por la responsable en la resolución que ahora se señala como acto reclamado, dicha resolución sí le causa una afectación a sus derechos subjetivos y, en virtud de que se le afecta su derecho legalmente protegido, de que se sustancie el recurso interpuesto; por lo tanto, sí tiene interés jurídico para promover el presente juicio de garantías.- TERCERO.- No existiendo ninguna otra causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni que se actualice a juicio del suscrito, se procede al análisis del único concepto de violación esgrimido en la demanda de garantías.- En su único concepto de violación los quejosos aducen que la resolución de fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, que ahora se reclama, viola en su perjuicio las garantías previstas en los artículos 14 y 16, por inexacta aplicación de los artículos 83 y 89, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al desechar el recurso de revisión administrativa interpuesto en contra del acuerdo por el cual se simplifica el trámite de la presentación de la manifestación de impacto ambiental a las industrias que se mencionan, sujetándolas a la presentación de su informe preventivo, su publicación y sus consecuencias, por estimar que dicho acuerdo no afecta el interés jurídico de los ahora quejosos.- Afirman que el acuerdo recurrido les causa un agravio personal y directo ya que el artículo 4o., párrafo segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte y el párrafo segundo del artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establecen, respectivamente, la obligación de las autoridades para publicar por adelantado a su entrada en vigor, cualquier medida que se propongan adoptar tratándose de la aplicación de leyes y reglamentos en materia de protección del equilibrio ecológico y la defensa del ambiente, para brindar a las personas interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre las medidas propuestas; así como la obligación de publicar previamente en el Diario Oficial las leyes, proyectos de acuerdos y demás actos administrativos de carácter general, cuando afecten el interés público; por lo tanto, al haber incumplido la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca lo preceptuado por dichos artículos incurrió en una omisión en los requisitos de forma del acto administrativo, y privó a los quejosos de su derecho de hacer observaciones correspondientes a las medidas contempladas en el acuerdo recurrido, que consisten en la liberación de la obligación prevista en el artículo 29, fracción III, de la Ley General del Equilibrio Ecológico, lo que constituye una medida de carácter ambiental.- Es infundado el único concepto de violación hecho valer por el promovente, ya que como lo sostiene la responsable en la resolución reclamada, los ahora quejosos no acreditaron tener interés jurídico para promover el recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo citado.- Así, en la resolución reclamada la autoridad responsable desechó el recurso de revisión interpuesto por el quejoso por su propio derecho y en representación de la asociación civil ‘Grupo de los Cien Internacional’, considerando que al tratarse el acuerdo recurrido de una medida administrativa que tiene como único fin simplificar los trámites jurídicos administrativos y no de una medida encaminada a regular el medio ambiente, no afecta los derechos de los promoventes y, por lo tanto, carecen de interés jurídico para promover dicho recurso, lo anterior, con fundamento en la fracción II del artículo 89 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.- En efecto, los hoy quejosos interpusieron el recurso de revisión en contra del acuerdo mencionado, porque no se les dio oportunidad de hacer las observaciones referentes al mismo; sin embargo, atendiendo al objeto social de la persona moral recurrente, que entre otras actividades es el fomento al desarrollo integral del individuo a través del mejoramiento del medio ambiente, el atender a las necesidades ecológicas de los sitios donde residan sus asociados, participar en todos los eventos que se relacionan con su objeto social y manifestar su opinión en todo aquello que concierna a dicho objeto, el acuerdo reclamado no afecta su interés jurídico, porque es una asociación a quien no va dirigido el acuerdo, pues no se dedica a una industria o actividad industrial, sino como una asociación civil dedicada a las cuestiones ecológicas y defensa del medio ambiente.- Por otra parte, tampoco afecta su interés jurídico, ya que de la naturaleza del acuerdo impugnado publicado en el Diario Oficial del veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y cinco, se advierte que, como lo sostiene la responsable en el acto reclamado, consiste en medidas de simplificación administrativa y no en una medida de carácter ambiental, sino una medida administrativa con la que se busca simplificar los trámites que deben realizar determinadas áreas económicas industriales.- Así, el artículo primero de dicho acuerdo dice: ‘Primero. El presente acuerdo tiene por objeto simplificar el trámite de presentación de manifestación de impacto ambiental a que se refiere la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a las micro, pequeñas y mediana industrias, cuyas actividades se especifican en el artículo tercero del presente acuerdo, debiendo éstas presentar únicamente el informe preventivo a que se refiere el artículo 7o. del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental.’.- Luego entonces, se llega a la conclusión de que el acuerdo recurrido es una medida administrativa para simplificar el trámite de la presentación de la manifestación de impacto ambiental a las industrias, pero no las exime de las obligaciones previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sino simplifica los trámites de presentación de la manifestación de impacto ambiental establecido en dicha ley; y por lo tanto, como lo sostiene la autoridad responsable, no incide en el ámbito del medio ambiente y en consecuencia los hoy quejosos carecen de interés jurídico para impugnar el citado acuerdo.- Consecuentemente, la resolución que en este juicio se impugna no transgrede las garantías individuales de los quejosos al desechar el recurso de revisión interpuesto, ya que como lo consideró la autoridad responsable, el acuerdo recurrido no les afecta sus derechos y por lo tanto carecen de interés jurídico para combatirlo, por lo que fue correcto el desechamiento del recurso interpuesto, que acordó la responsable, ello de conformidad con la fracción II del artículo 89 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo citado en la propia resolución. Respecto del argumento del promovente en el sentido de que la autoridad responsable dejó de observar lo dispuesto por el artículo cuarto, segundo párrafo, incisos a) y b), del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, al no publicar por adelantado a su entrada en vigor el acuerdo de mérito, cuestión que les causa un agravio, es infundado ya que el citado dispositivo dice textualmente: ‘Artículo 4o. Publicación ... 2. En la medida de lo posible cada una de las partes: a) publicará por adelantado cualquier medida que se proponga adoptar; y b) brindará a las personas y a las partes interesadas oportunidad razonable para formular observaciones sobre las medidas propuestas.’.- Así, este precepto señala de manera expresa que la publicación se realizará en la media de lo posible; es decir, no es una obligación, aunado que en el inciso b) precisa que la oportunidad de realizar observaciones sobre las medidas propuestas se da a las partes interesadas, y en el caso en estudio, la autoridad responsable consideró que los recurrentes no eran parte interesada, ya que no se encuentran dentro del grupo de industrias a las que se encuentra dirigido dicho acuerdo, por lo tanto, su determinación no contraviene lo dispuesto en el artículo antes mencionado.- Asimismo, el segundo párrafo del artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece: ‘Cuando así lo establezcan las leyes, los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás actos administrativos de carácter general, cuando afecten el interés público deberán ser publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación, para dar oportunidad a los interesados de formular observaciones sobre las medidas propuestas, dentro del plazo que las leyes señalan para tales efectos y, en su defecto, dentro del plazo de sesenta días siguientes a la publicación.’.- De lo anterior se advierte que deben ser publicados los proyectos de los ordenamientos que se citan, cuando sean de carácter general y afecten el interés público, en el caso en estudio, como ya se estableció, el acuerdo recurrido contiene disposiciones referentes a la simplificación de trámites administrativos que debe realizar un grupo de determinadas áreas económicas industriales, por consiguiente no son disposiciones que afecten el interés público y no es obligación de la autoridad publicar previamente a su entrada en vigor, con la anticipación de sesenta días a que se refiere la quejosa y de tomar en cuenta las observaciones de los ahora quejosos, ya que estimó que no forman parte del grupo al que va dirigido el acuerdo recurrido.- En conclusión, la autoridad responsable resolvió conforme a derecho el desechamiento del recurso de revisión interpuesto, con fundamento en la fracción II del artículo 89 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece que se desechará por improcedente el recurso de revisión interpuesto contra actos que no afecten los intereses jurídicos de los promoventes. Al ser infundado el único concepto de violación hecho valer por los quejosos, procede negar el amparo solicitado."

QUINTO.- Inconformes con dicha sentencia, los quejosos interpusieron recurso de revisión, del cual tocó conocer a este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por auto de su Presidencia de doce de marzo de mil novecientos noventa y seis, lo admitió y registró con el número RA-861/96.

SEXTO.- Mediante oficio número S-2732-I, de fecha doce de marzo del año en curso, se notificó al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción para los efectos precisados en el artículo 90 de la Ley de Amparo.

SÉPTIMO.- Por acuerdo de Presidencia de dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis, se ordenó turnar los presentes autos al Magistrado relator para que formulara el proyecto de resolución respectivo. En cumplimiento a ese oficio, por acuerdo del seis de mayo de este año, se ordenó remitir a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el juicio de amparo en revisión número RA-861/96 y el juicio de garantías número 510/95 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

En sesión del trece de septiembre pasado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió el expediente varios 1/96 (facultad de atracción), bajo los siguientes puntos: "PRIMERO.- No ha lugar a ejercer la facultad de atracción para conocer del amparo en revisión número 861/96, promovido por Homero Aridjis Fuentes y otra en contra de los actos del director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y otras autoridades, radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.- SEGUNDO.- Con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado de su origen para los efectos legales a que haya lugar.".

Por acuerdo de Presidencia de dieciséis de octubre siguiente, se ordenó nuevamente turnar los presentes autos al Magistrado relator para que formulara el proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO.- El recurso de revisión fue interpuesto dentro del término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que la resolución recurrida fue notificada a los quejosos el seis de febrero de mil novecientos noventa y seis y el escrito de expresión de agravios fue presentado en el juzgado del conocimiento el dieciséis siguiente. Deben descontarse en el cómputo respectivo, los días sábado diez y domingo once de ese mes, que fueron inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Amparo.

TERCERO.- Las recurrentes expusieron como agravios, lo siguiente:

"I. Infracción a los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- De acuerdo a los preceptos legales, cuya violación se invoca en este agravio, la C. Juez de Distrito debió, al dictar la sentencia que se impugna, apreciar correctamente y valorar conforme a derecho las pruebas rendidas por las partes en el presente procedimiento, así como conceder el amparo si, como en el caso, procediera, valorando adecuadamente el concepto de violación hecho valer por los quejosos, para dictar la sentencia correspondiente, lo que en la especie no sucedió.- El acto reclamado en este juicio se constituye por el desechamiento del recurso de revisión administrativa interpuesto por los quejosos, ante la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en contra del ‘Acuerdo por el cual se simplifica el trámite de la presentación de la manifestación de impacto ambiental a las industrias que se mencionan, sujetándolas a la presentación de un informe preventivo’, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de octubre de 1995. Resolución que se contiene en el oficio No. 954824 de fecha 8 de noviembre de 1995, suscrito por el C. director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.- El argumento sustancial de la responsable para dictar el acto reclamado fue, como consta en autos, el de considerar que los ahora quejosos carecemos de interés jurídico para recurrir el acuerdo mencionado, ya que dicho acto ‘no le afecta al recurrente ni a sus representados, en virtud de que el acuerdo recurrido no se refiere a una medida de carácter ambiental, como lo pretende hacer valer el recurrente, sino a una medida de carácter administrativo con la que se pretende simplificar los trámites conducentes ... luego entonces, dicho acuerdo ... no incide en el ámbito ambiental y, por lo tanto, no es una medida encaminada a regular al medio ambiente.’.- Ahora bien, resulta claro que al ser el argumento citado en el párrafo anterior el único en el que se basó la responsable para emitir el acto que de ella se reclama, tal era el que debía ser combatido por los quejosos en este juicio de garantías; acto que se realizó mediante el concepto de violación establecido claramente en la demanda de garantías que dio origen a este juicio que, para evitar repeticiones inútiles, pido se tenga por íntegramente reproducido. Sin embargo, cito textualmente lo manifestado por los quejosos en el párrafo segundo de la página 5 y tercero de la página 9, de la citada demanda de amparo:-‘La violación al procedimiento a que hago referencia en el párrafo anterior, conculcó a los quejosos el derecho a realizar las observaciones correspondientes a las medidas contempladas en el acuerdo impugnado ante la responsable, que ésta ha adoptado respecto de la aplicación del artículo 29, fracción III, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Tal derecho puede ser ejercido en los términos de los preceptos jurídicos contenidos en el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que se han señalado y si la autoridad conculca ese derecho a no cumplir con las formalidades inherentes al procedimiento administrativo correspondiente, los interesados tienen la capacidad otorgada precisamente por los artículos 3o., fracción VII, 6o., párrafo primero, 83 y 91, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de imponer coercitivamente a la autoridad responsable que le dé el derecho para opinar respecto de tal medida, al privar de efectos jurídicos el acto lesivo de los derechos de los sujetos activos de tal relación jurídica.’.- Se estableció así, claramente, que el citado acuerdo contemplaba medidas inequívocas respecto de la aplicación del artículo 29, fracción III, del ordenamiento ambiental federal que, por disposición expresa de su artículo 1o., es de orden público y observancia general en todo el territorio de la República Mexicana.- No obstante lo anterior, la C. Juez de Distrito consideró infundado el único concepto de violación hecho valer por los quejosos porque, según su apreciación, y sin valorar adecuadamente el mismo, éstos carecen de interés jurídico para impugnar el citado acuerdo mediante el recurso que nos fue desechado.- Para sustentar su resolución, la C. Juez de Distrito asevera que, de acuerdo a lo que sostiene la responsable, el acto administrativo que ante esta última se impugnó, no constituye una medida de carácter jurídico ambiental, sino una cuyos únicos efectos son los de simplificar los trámites jurídicos administrativos para la presentación de la manifestación de impacto ambiental a determinadas ramas industriales; actividades estas últimas que, de acuerdo al objeto social del Grupo de los Cien Internacional, A.C., dicha persona moral no realiza y, en consecuencia, no perturba su esfera jurídica.- El argumento esgrimido por la C. Juez de Distrito, para considerar infundado el concepto de violación hecho valer por los quejosos en su demanda de garantías, es del todo contrario a la correcta interpretación de las disposiciones jurídicas aplicables, lo que transgrede la correcta aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en agravio de los quejosos.- Por principio de cuentas debe resaltarse el desconocimiento que existe, por parte de la juzgadora, de los instrumentos de gestión ambiental que la legislación mexicana en la materia reconoce y, fundamentalmente, de aquellos que tienen por objeto prevenir los daños que la actividad industrial puede causar al medio ambiente y al equilibrio ecológico.- En efecto, la manifestación de impacto ambiental a la que se refieren los artículos 28 y 29 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es el acto a través del cual, quienes pretenden realizar algunas de las actividades productivas que tales preceptos mencionan, someten a la consideración de las autoridades competentes en la materia las características, alcances y efectos que sus proyectos particulares tienen y pueden producir en el medio ambiente y el equilibrio de los ecosistemas.- Una vez cumplido con el requisito obligatorio, por parte del promovente del proyecto, de la presentación de la manifestación de impacto ambiental a la autoridad competente, esta última tiene también la obligación de emitir una resolución en la que apruebe, niegue o condicione la realización de la actividad sometida a su consideración, tomándose en cuenta para ello, de manera fundamental, los efectos que ésta pudiera tener en detrimento del medio ambiente o del equilibrio ecológico.- Así pues, resulta claro que cualquier medida que tienda a distender la rigidez -por demás justificada- para la evaluación del impacto ambiental de las actividades enumeradas en el artículo 29 del ordenamiento ecológico federal, constituye una medida de carácter ambiental que incide de forma directa en uno de los instrumentos fundamentales de gestión ambiental reconocidos por nuestra legislación, la interpretación contraria destruiría, en su esencia, la existencia de dicho instrumento de gestión ambiental.- A mayor abundamiento, lo que los ahora quejosos impugnamos ante la responsable fue el acuerdo referido en su integridad y, en especial, su proceso de formación, que nos privó del derecho a manifestar nuestra opinión respecto de las medidas propuestas. Pero, y sólo para demostrar la manera en que dicha medida incidirá, de persistir su vigencia, en el medio ambiente, ofrecemos los siguientes ejemplos:-a) La fracción III del artículo 29 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se refiere, concatenándolo al artículo 28 del mismo ordenamiento, a la obligación del Gobierno Federal para evaluar el impacto ambiental en lo que toca a las industrias química, petroquímica, siderúrgica, papelera, azucarera, de bebidas, del cemento, automotriz y de generación y transmisión de electricidad; y el artículo tercero del acuerdo multirreferido, libera del requisito obligatorio de la presentación de la manifestación de impacto ambiental, sustituyéndola por un informe preventivo, a industrias tales como la destilación del alcohol etílico, fabricación de celulosa, fabricación de productos petroquímicos básicos, fabricación de productos químicos básicos orgánicos, fabricación de gases industriales, fabricación de aguarrás y brea o colofonia, fabricación de fertilizantes, mezcla de insecticidas y plaguicidas, fabricación de fibras químicas, fabricación de productos farmacéuticos, fabricación de coque y otros derivados del carbón mineral, fabricación de aceites, lubricantes y auditivos (sic), fabricación de llantas y cámaras, fundición primaria de hierro, fabricación de acero, fundición de hierro y acero, fabricación de motores, etcétera.- b) El acuerdo va dirigido, supuestamente, a las micro, pequeñas y medianas empresas que realicen las actividades mencionadas en el inciso anterior. Sin embargo, b

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5015-f303e540/interes-juridico-en-el-recurso-de-revision-administrativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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