INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. OBLIGACION DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCION DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME.
AMPARO EN REVISION 1001/94. JAIME GARNICA SANTOYO Y OTROS.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
VISTOS; Y
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en este asunto es procedente ejercer la facultad de atracción, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, penúltimo párrafo de la Constitución Federal y 25, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de un asunto que, por sus características especiales, lo amerita, pues la resolución que se recurre se pronunció en un juicio de amparo en el que se planteó la inconstitucionalidad de un reglamento de índole administrativa, expedido con apoyo en el artículo 73, fracción VI, base 3a., inciso a), constitucional, por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, como lo es el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, respecto del que subsiste en la revisión el problema de constitucionalidad.
En efecto, aun cuando ni en la Ley Orgánica citada ni en la Ley de Amparo se prevé, en forma específica, la competencia de esta Sala para conocer de reglamentos expedidos por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, fue intención de la iniciativa de reforma al artículo 107, fracción VIII, constitucional (publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho), que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conociera, en amparo en revisión, de todas las normas generales cuya constitucionalidad se cuestiona, excepción hecha de los reglamentos autónomos municipales.
Ahora bien, como el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, fue expedido por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, de acuerdo con lo que determina el artículo 73, fracción VI, base 3a., inciso a), de la Constitución Federal, esto es, que su creación depende de la Ley Suprema; y dicha Asamblea vino a sustituir al presidente de la República por cuanto hace a la facultad de dictar reglamentos locales para el Distrito Federal, referente a las materias a que hace mención el citado precepto constitucional, dentro de los que se encuentra el que se combate en la vía de amparo, se está en el caso de ejercer la facultad de atracción conforme al artículo 25, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que, como se dijo, de la reforma al artículo 107, fracción VIII, constitucional, se desprende que la Suprema Corte de Justicia conocerá de las sentencias que en amparo pronuncien los Jueces de Distrito, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de todas las normas que integran el orden jurídico nacional (federales o locales), entre ellas el reglamento ya citado.
Además, el reglamento combatido, a través de su artículo tercero transitorio, abrogó al Reglamento General para Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en el Distrito Federal de veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno, expedido por el presidente de la República, en uso de las facultades que le otorga el artículo 89, fracción I, de la Constitución General de la República, (lo que confirma más aún que la Asamblea de Representantes vino a sustituir al presidente de la República en su facultad de emitir un reglamento de la naturaleza de que fue materia del juicio de amparo a que este toca se refiere), del cual correspondía conocer en revisión a la Segunda Sala, conforme a lo establecido en los artículos 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 25, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que también justifica ejercer la facultad de atracción en este asunto.
SEGUNDO.-El recurrente hizo valer los agravios que a continuación se transcriben:
"PRIMER AGRAVIO. Parte de la sentencia que lo causa:
"Considerando Primero de la sentencia que se combate.
"Derecho indebidamente aplicado: El invocado por el Juez inferior.
"La sentencia que se revisa es violatoria de lo dispuesto en los artículos 73, 74, 77 fracciones I, II, 150 y aplicables de la Ley de Amparo en vigor y artículo 73 constitucional y en agravio de los intereses del quejoso en los términos que se pasan a exponer:
"En este orden de ideas, indica la sentencia combatida en su considerando primero en síntesis que la autoridad señalada como responsable Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir su informe justificado, manifestó que únicamente es cierto el acto que se le reclama, consistente en la expedición del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y nueve, y en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal el cinco de octubre del mismo año.
"El razonamiento del C. Juez de amparo, resulta al efecto, inmotivado, inaplicable e infundado, ya que como lo establece la propia quejosa en sus capítulos de acto reclamado y conceptos de violación de la demanda inicial de amparo, se tacha de inconstitucional el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, precisamente por provenir de una autoridad incompetente, ya que nuestra Carta Magna, establece que el Congreso de la Unión es el facultado para legislar respecto de las actividades mercantiles de la ciudad de México, Distrito Federal, y si en la especie, el reglamento que se tilda de inconstitucional lo emite la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, resulta evidente que tal autoridad no es la competente para emitir tal reglamento, y con lo anterior se viola en perjuicio de la quejosa el contenido del artículo 16 constitucional, de lo anterior se desprende que el C. Juez del conocimiento primario fue omiso en estudiar debidamente el fondo del amparo y únicamente decreta el sobreseimiento que se impugna del resolutivo único, de la referida sentencia, sin tomar en cuenta y apreciar todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso y también sin tomar en cuenta el capítulo de aplicación de la suplencia de los conceptos de violación que se hace valer en la demanda inicial de amparo lo que me deja en completo estado de indefensión y motiva la interposición de este recurso de revisión para el efecto de que se revoque o modifique el resolutivo único que también se impugna, en los términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo en vigor.
"SEGUNDO AGRAVIO. Parte de la sentencia que lo causa:
"Considerando segundo de la sentencia que se recurre.
"Derecho indebidamente aplicado: El invocado por el Juez inferior.
"Derecho que debió aplicarse: Artículo 77 de la Ley de Amparo.
"El Juez inferior argumenta en el Considerando Segundo de la sentencia que se impugna, que es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías, toda vez que las autoridades responsables: subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en ausencia del titular del ramo, el secretario general de Protección y Vialidad del D.D.F., el director general de la Policía Judicial del Distrito Federal, el subdelegado Jurídico y de Gobierno de la Delegación del D.D.F., en Cuauhtémoc, en nombre propio y en ausencia del delegado, subdirector de Licencias y Reglamentos, subdelegado de Obras Públicas y el jefe de la Unidad de Supervisión e Inspección, todos de la Delegación del D.D.F., en Cuauhtémoc, negaron los actos atribuidos por estos quejosos, sin prueba aportada que desvirtuara dicha negativa, lo anterior nos causa agravios y resulta infundado por las siguientes razones:
"En primer lugar, porque el Juez de Distrito no hizo un correcto estudio de los actos reclamados en mi demanda inicial de garantías, ni tampoco estudió debidamente los conceptos de violación vertidos en relación a dichos actos, lo que infringe el contenido del artículo 77 de la ley de la materia, ya que el Juez a quo tenía la obligación de hacer un análisis exhaustivo y detallado, tal y como lo señala el citado ordenamiento legal y al no haberlo hecho así es por lo que causa el consiguiente agravio a este recurrente.
"En efecto, del estudio de los actos que se reclamaron en el presente juicio de garantías, se desprende claramente que su naturaleza es de carácter negativo, y por tanto la carga de la prueba no correspondía a esta parte quejosa, sino que era la obligación a cargo de las responsables, las cuales en ningún momento demostraron que no cumplieron con los actos que se les reclamaron, los cuales son de naturaleza negativa, como lo es el que no se haya mostrado orden de visita alguna, no se elaborara acta de inspección o de visita al término de la misma y no se notificara orden de clausura, y de ahí que no se respetaron en ningún momento las garantías individuales de este quejoso.
"De lo anteriormente señalado se desprende que la parte que estaba obligada a probar no era el propio quejoso, sino las autoridades responsables, por lo que la sentencia en este punto debe ser revocada y de igual forma el Juez inferior, viola lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, al no haber hecho una clara fijación y estudio de los actos reclamados, en relación a los conceptos de violación esgrimidos por este quejoso como ha quedado demostrado.
"TERCER AGRAVIO. Parte de la sentencia que lo causa:
"Considerando tercero de la sentencia que se impugna.
"Derecho indebidamente aplicado: El invocado por el Juez inferior.
"Derecho que debió aplicarse: Artículo 149 de la Ley de Amparo.
"El Juez inferior argumenta en el Considerando Tercero de la sentencia que se impugna, que las autoridades responsables al rendir su informe con justificación en forma conjunta: El subdelegado Jurídico y de Gobierno de la Delegación del D.D.F. en Cuauhtémoc, en nombre propio y en ausencia del delegado, subdirector de Licencias y Reglamentos, subdelegado de Obras Públicas y el jefe de la Unidad de Supervisión e Inspección, todas dependientes de la Delegación del D.D.F., en Cuauhtémoc, entre otras manifestaciones expresaron lo siguiente: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que las autoridades que firman el presente informe son autoridades ordenadoras y las que no lo firman son ejecutoras. Y el Juez inferior en el considerando tercero sigue diciendo en síntesis que 'Por tanto, se desprende de lo anterior, que debe tenerse como ejecutoras a todas las autoridades responsables que no firmaron el informe justificado de la Delegación Cuauhtémoc (mismas autoridades que el quejoso las señaló en su escrito inicial de demanda de garantías y que en obvio de reiteraciones innecesarias se transcribe) y que por tanto procede el sobreseimiento porque las autoridades ordenadoras negaron los actos y consecuentemente las autoridades ejecutoras se debe sobreseer también al respecto.'.
"Le manifestamos a su Señoría en primer lugar que lo dicho por las autoridades responsables en su informe justificado, es a todas luces infundado y inmotivado (sic), ya que al decir que son las autoridades ordenadoras de donde emanan los actos reclamados y que las demás se tengan por presentadas en dicho informe sin firmarlas, es anticonstitucional lo aseverado por dichas responsables en virtud de que estos quejosos en nuestro escrito inicial de demanda de garantías no hicimos referencia ni distinción sobre el carácter que atribuimos a cada una de las autoridades, es decir nunca manifestamos cuáles autoridades eran ordenadoras o ejecutoras, en esta tesitura las autoridades responsables deben demostrar su dicho en todo caso con un organigrama o cualquier medio de prueba en el que jurídicamente diga qué autoridades de la Delegación Política del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc, son ordenadoras y cuáles son ejecutoras, ya que con sólo decirlo en su informe justificado no basta sino debe comprobarlo, consecuentemente, en contra de las autoridades que no firmaron su informe justificado opera la presunción de certeza que establece el tercer párrafo del artículo ciento cuarenta y nueve de la Ley de Amparo en vigor, por lo que se peticiona se tenga en cuenta al momento que se emita resolución en el presente juicio de amparo y se conceda a la quejosa el amparo de cuenta. Apoyamos nuestros razonamientos en las siguientes tesis jurisprudenciales:
"AUTORIDADES RESPONSABLES.-Lo son no solamente la autoridad superior, que ordena el acto, sino también las subalternas que lo ejecuten o traten de ejecutar y contra cualesquiera de ellas procede el Amparo. Apéndice 1975. Octava Parte: Pleno y Salas Tesis 54, página 98.
"AUTORIDADES RESPONSABLES SU REPRESENTACION EN EL AMPARO.-En el juicio de amparo, la autoridad responsable no puede delegar su representación, sino que debe de comparecer, bien por sí misma, o por su órgano representativo. Apéndice 1975. Octava Parte, Pleno y Salas Tesis 56, página 102.
"Tomando en cuenta que el presente recurso de revisión lo es en contra de la inconstitucionalidad del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el inciso a) de la fracción I del artículo 84 de la Ley de Amparo, es la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación la autoridad competente para conocer del presente recurso de revisión, en tal especie, peticiono de vuestra Señoría la remisión de este recurso de revisión y las actuaciones originales del juicio de amparo en que se actúa para la correspondiente sustanciación del mismo."
TERCERO.-Los agravios transcritos son infundados,
En el primero de los motivos de inconformidad se dice que el Juez Federal, en el considerando primero de la sentencia recurrida, violó los artículos 73, 74, 77, fracciones I y II, así como el 150 de la Ley de Amparo, "por no tomar en cuenta todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso"; sin embargo, en dicho considerando lo único que realizó el a quo fue establecer, con base en el correspondiente informe justificado, que fue la Asamblea de Representantes del Distrito Federal la que expidió el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos, sin que en el agravio relativo se expresa algo en contra de esa consideración.
De esa manera, si en ese apartado el Juez de Distrito no formuló ningún pronunciamiento respecto a la constitucionalidad del reglamento, el argumento externado en los agravios de que ese ordenamiento proviene de una "autoridad incompetente", no guarda relación con lo aducido por el a quo. Incluso, el conocer si la Asamblea de Representantes tuvo o no competencia para emitirlo dependería, obviamente, del estudio de los conceptos de violación, los que, por el sobreseimiento decretado, no fueron motivo de análisis como lo pretende hacer ver el recurrente.
En la parte final del propio motivo de inconformidad se dice que el a quo no tomó en cuenta el "capítulo de aplicación de la suplencia de los conceptos de violación"; sin embargo, con independencia de lo que ya se dijo, de que los susodichos motivos no se examinaron por la especificada circunstancia, los recurrentes no explican por qué, al presente caso, debe aplicarse esa figura procesal ni del examen de los autos se advierte que encuadre en algunos de los supuestos establecidos en el artículo 76 bis de la ley reglamentaria del amparo.
En el segundo agravio, el inconforme afirma que el Juez de Distrito no hizo un correcto estudio de los actos reclamados ni de los conceptos de violación.
Empero, el estudio de los conceptos de violación resultaba innecesario, pues si el Juez Federal decretó el sobreseimiento en el juicio respecto de todos los actos reclamados, ello impedía su análisis de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia mil ochocientos cuatro, publicada en la página dos mil novecientos cinco, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice:
"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.-No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."
Por otra parte, es incorrecto señalar que los actos reclamados en el presente juicio tienen el carácter de negativos y que, por tanto, la carga de la prueba de dichos actos corresponda a las responsables.
En efecto, si los actos de aplicación del reglamento reclamado se hicieron consistir en que "el día diez de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, a las veinte horas se presentaron al giro mercantil que defiendo dos personas que manifestaron ser inspectores adscritos a la Delegación Cuauhtémoc, señalando que por órdenes expresas de 'sus superiores' procederían a llevar a cabo visita de inspección, haciendo diversas anotaciones en una hoja que llevaban y sin que se tuviera la más mínima intervención", y las responsables, sobre el particular, al momento de rendir su correspondiente informe, manifestaron que no habían ordenado 'la práctica de una visita de inspección', resulta ilógico exigirles la prueba de que sí lo hicieron.
Por el contrario, la afirmación formulada por los quejosos en el sentido de que en su domicilio se presentaron dos personas a practicar una visita de inspección los obligaba a probar los hechos contenidos en su afirmación.
En otras palabras, si el origen de la acción constitucional se motivó en un hecho que como primer acto de aplicación del ordenamiento reclamado, los quejosos hicieron consistir en la práctica de una visita de inspección por parte de dos personas que se dijeron inspectores de la Delegación Cuauhtémoc y, al respecto, las autoridades designadas en el juicio negaron que hubieran ordenado la práctica de esa inspección, correspondía a los quejosos acreditar esa aseveración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2 de la Ley de Amparo, por tratarse, obvio es, del hecho constitutivo de la acción constitucional.
Finalmente, por lo que se refiere al tercer motivo de inconformidad, resulta intrascendente conocer cuáles fueron las autoridades que, en el juicio, figuraron con el carácter de ordenadoras y cuáles con el de ejecutoras, pues el hecho de que el Juez Federal no haya considerado con el doble carácter a las que omitieron rendir su informe justificado, no implica que el Juez Federal tuviera la obligación de presumir como cierto el acto de aplicación del reglamento impugnado, pues lo afirmado por la quejosa de que en su domicilio se llevó a cabo la visita de inspección por parte de las responsables, constituye la afectación de sus intereses jurídicos, que no puede inferirse a base de presunciones y, por consiguiente, de cualquier modo, correspondía a los quejosos acreditar fehacientemente ese hecho a fin de considerar afectado su interés jurídico.
En apoyo de esta última consideración se encuentra la primer y segunda tesis relacionadas con la jurisprudencia 1030, publicadas en las páginas 1662 y 1663, Segunda Parte, del invocado Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.-En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones."
"-La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables que previene el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que, de no hacerlo, el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y III del artículo 74 de la Ley de Amparo."
Así, como los motivos de inconformidad son infundados y, además, no se está en el caso de suplir su deficiencia, procede confirmar, en sus términos, la sentencia recurrida.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías a que este toca se refiere.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de cuatro votos, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue ponente el señor Ministro Noé Castañón León; sin embargo, por estar disfrutando de su período vacacional, hizo suyo el proyecto el señor Ministro presidente Atanasio González Martínez.
Firman el Ministro presidente de la Sala con la secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2245-86b0ff1a/interes-juridico-en-el-amparo-obligacion-de-probarlo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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