CRÉDITOS CONTRATADOS CON ANTERIORIDAD, NOVACIÓN O REESTRUCTURACIÓN DE LOS MISMOS. INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN FECHA VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Previo al análisis de la cuestión de fondo, en primer término resulta pertinente mencionar que la presente denuncia de probable contradicción de criterios fue hecha valer por parte legítima, pues como ha quedado anotado, la formularon los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que intervino en uno de los juicios en los que las tesis fueron sustentadas, a saber, en el juicio de amparo directo número D.C. 199/97; circunstancia con la que se cumple el requisito a que sobre este aspecto, se refieren los artículos 107 fracción XIII de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo.
En segundo término y también de manera preliminar, deviene imperioso determinar si en la especie se actualizan o no los presupuestos para la procedencia de una controversia de tal naturaleza, para en su caso, estar en aptitud de establecer qué criterio debe prevalecer con el carácter de tesis de jurisprudencia.
Para tal efecto, es menester tomar en consideración lo dispuesto por los numerales 107 fracción XIII constitucional y 197-A de la ley de la materia, los que respectivamente expresan:
"107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"197-A. Cuando los Tribunales de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
De la interpretación armónica de las transcripciones precedentes, se puede advertir que para la existencia de un conflicto de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Primera Sala del Máximo Órgano Jurisdiccional del país, el que tendrá por objeto decidir qué tesis debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, deben concurrir los siguientes supuestos:
a). Que al resolver los negocios jurídicos, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
b). Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c). Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Ahora bien, con el propósito de estar en posibilidad de determinar si en el caso específico se cumple con los requisitos mencionados, procede a continuación, destacar el sentido de los razonamientos jurídicos sustentados por los órganos jurisdiccionales federales, dentro de las resoluciones que dieron origen a los criterios que, se estima, se contraponen.
En lo referente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito:
En fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete resolvió el juicio de amparo directo civil número 199/97 promovido por Seguros Comercial América, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la que concedió el amparo en contra de la resolución de siete de enero del mismo año dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el toca 215/97, que declaró inadmisible el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia definitiva de primera instancia; ello, con apoyo en las consideraciones que en lo conducente, expresan:
"CUARTO.-Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, son esencialmente fundados para la concesión del amparo solicitado.-En efecto, le asiste la razón al inconforme al mencionar que es ilegal la aplicación de las reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en su perjuicio, porque el juicio natural es en relación de un seguro, el cual conforme al artículo 71, de la Ley sobre Contrato de Seguro es un crédito y, de acuerdo al primero transitorio del decreto de reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las mismas no se debían aplicar a créditos contratados antes de la vigencia de esa ley.-En el caso, de las actuaciones judiciales que se tienen a la vista y, concretamente de los autos del juicio natural, se advierte que se trata de un procedimiento de cumplimiento de contrato de seguro y entre sus prestaciones se reclama el pago de la cantidad de noventa mil pesos como suerte principal, en relación a la cobertura asegurada por el siniestro amparado en el contrato de seguro sobre automóvil, base de la acción.-De lo anterior, puede advertirse que la relación que se celebró entre las partes contendientes en el juicio natural, constituye un crédito con base en un contrato de seguro, el cual se acreditó con los documentos exhibidos en juicio.-Ahora bien, en la resolución final reclamada en el presente juicio de garantías, se declaró inadmisible la apelación hecha valer en contra de la sentencia definitiva de primer grado, con motivo de que al interponer el recurso citado, no expresaron conjuntamente agravios, conforme lo dispone el artículo 692 del Código de Procedimientos Civiles vigente, declarando, conforme a lo dispuesto por el 705 del citado ordenamiento, la firmeza de la citada resolución.-De lo anterior, se advierte que la problemática hasta ahora, está en el artículo primero del decreto de reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que es al tenor siguiente: ‘Primero.-Las reformas previstas en los artículos primero y tercero del presente decreto, entrarán en vigor sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y no serán aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Tampoco serán aplicables tratándose de la novación o reestructuración de créditos contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.’.-Los problemas se actualizan con la expresión ‘no serán aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto.’.-La literalidad de este texto lleva a este Tribunal Colegiado a concluir, que el solo hecho de que alguien haya contratado un crédito cualquiera, antes del día veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, es suficiente para que no se le apliquen las reformas en ningún juicio o procedimiento, aunque el objeto litigioso no sea el susodicho crédito.-El primer elemento de apoyo de esta interpretación, radica en lo equívoco del concepto ‘créditos’ y la palabra ‘contratados’, dado que las dos admiten diversos significados, tanto en el vocabulario común como en el propio vocabulario jurídico.-Para demostrar lo anterior, basta ocurrir a las simples definiciones de los diccionarios. Así, en uno de los más citados, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de este país, se dice que la palabra ‘contratar’ proviene del latín contractare y que significa pactar, convenir, comerciar, hacer contratos o contratas y en un segundo significado señala que consiste en ajustar alguna persona para algún servicio; y al vocablo ‘crédito’ lo relaciona con la palabra latina creditum y le reconoce diferentes significados, entre los cuales están los siguientes: derecho que uno tiene a recibir de otro alguna cosa, por lo común dinero; apoyo, abono, comprobación, refutación, fama, autoridad; situación económica o condiciones morales que facultan a una persona o entidad para obtener de otra fondos o mercancías; opinión que goza una persona de que cumplirá puntualmente los compromisos que contraiga; crédito público: concepto que merece cualquier Estado en orden a su legalidad en el cumplimento de sus contratos y obligaciones; etc.-El Diccionario Jurídico de Joaquín Escriche dice que crédito es ‘la deuda que alguien tiene a su favor: El libramiento, vale o abono que se da de alguna cantidad, o bien para pagarle en adelanto, o bien para que se le pague en otro paraje algún corresponsal. Esta voz se deriva de la latina credere, que significa prestar, fiar, confiar. El que presta o fía a otro alguna cosa, adquiere contra él un derecho; y este derecho se llama crédito, de suerte que la palabra crédito es sinónimo de deuda activa y designa por consiguiente, el derecho que tiene un acreedor de exigir una cantidad de dinero a cuyo pago se ha obligado el deudor. El crédito puede nacer no sólo del préstamo, sino también de otras causas, como de una donación, de un legado, de una participación, de una venta o de una promesa. El nombre de crédito no sólo se aplica al derecho que se tiene contra una persona, sino también al papel o documento con que se justifica este derecho. Los créditos tienen las mismas calificaciones que los acreedores y así hay créditos quirografarios, créditos hipotecarios, créditos privilegiados, créditos personales.’.-El Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, se refiere a la palabra contratar, como hacer contrato o contrata, pactar, convenir, estipular, comerciar, negociar. Como se ve, en el lenguaje común y en el jurídico, la palabra crédito tiene una multiplicidad de significados y la palabra contratar abarca gran extensión de su significado lato.-Las leyes mexicanas utilizan también esas palabras con sus diversos significados. Así, en la Constitución General de la República se faculta al Congreso de la Unión para fijar bases a fin de que el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación; el artículo 121 se dice que cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos de los demás; en el artículo 123, fracción XXIII, se habla de los créditos a favor de los trabajadores por salarios o sueldos devengados; el Código Fiscal alude a los créditos fiscales (artículo 528); el artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, como en el caso a estudio, habla de los créditos que resulten del contrato de seguro; el Código Civil y el Código de Comercio se refieren en múltiples ocasiones a créditos en su connotación de derechos de los acreedores en una relación jurídica; etc; existen instituciones de crédito, personas dignas de crédito, etc.-La diversidad de significaciones mencionada, permite calificar al transitorio de nuestro estudio como oscuro e impreciso y esto a su vez conduce a la necesidad de investigar el sentido en que están empleadas las palabras de referencia.-En el entendido anterior, se estima que la voluntad del legislador se encuentra manifestada claramente en el proceso legislativo que dio origen al decreto, con los elementos que se exponen a continuación.-a) En el texto original de los artículos primero y segundo transitorios de la iniciativa, se establecía que las reformas serían aplicables únicamente a los procedimientos judiciales que se iniciarán después de la entrada en vigor del decreto y respecto de obligaciones contraídas con posterioridad a dicha fecha y que tampoco serían aplicables para obligaciones que se hubieren novado, originadas con anterioridad a la vigencia del decreto, salvo que los demandados se acogieran a su aplicación mediante manifestación hecha en los juicios promovidos en su contra.-b) Las Comisiones Unidas de Comercio, de Instituciones de Crédito, de Justicia y de Estudios Legislativos, encargadas del estudio de la iniciativa, indicaron en el capítulo de antecedentes de su dictamen, que sostuvieron entrevistas con dirigentes y miembros de la organización denominada ‘El Barzón’, en las que les fueron manifestadas a los legisladores, las preocupaciones sobre el contenido de la iniciativa, que ‘Estas preocupaciones fueron estudiadas con acuciosidad y fueron atendidas, haciendo notar que las medidas legales propuestas, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se aplicarían de modo retroactivo, en atención del principio constitucional contenido en el artículo 14 de nuestro Ordenamiento Supremo.’.-c) El capítulo denominado Valoración de la Iniciativa del propio dictamen, se expresaron los propósitos fundamentales del proyecto, entre los cuales se manifestó el de ‘Dejar a salvo los derechos de todos los deudores actuales.’.-d) Nuevamente, en el punto IV del capítulo del dictamen llamado De las Modificaciones a la Iniciativa, se enfatizó que: ‘Ante la preocupación expresada ante el presidente de la Gran Comisión del Senado de la República y los presidentes de las comisiones responsables del dictamen de las iniciativas presidenciales, por los integrantes de la agrupación nacional de deudores denominada el «Barzón», en el sentido de que las reformas propuestas en la iniciativa pudieran entenderse o aplicarse en perjuicio de los millones de mexicanos que tienen deudas y que, por la circunstancia económica actual no pueden saldarlas, hemos decidido proponer una nueva redacción de los artículos primero y segundo transitorios de la iniciativa de decreto, con el propósito de evitar cualquier confusión, pues el propósito de la iniciativa no es, de ninguna manera vulnerar derechos de nadie, ni mucho menos como se ha malentendido, beneficiar a los banqueros del país.-Por ello se propone plasmar en los transitorios aludidos, la voluntad política de los senadores de la República, de que, bajo ninguna circunstancia ni ningún criterio de interpretación, aquellas personas que hayan contraído créditos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, en caso de aprobarse, estén o no sujetos a procedimiento judicial, no se les aplicarán las disposiciones previstas en los artículos 1o. y 3o. del decreto de la iniciativa. También se excluirán de la aplicación, las reestructuraciones o novaciones de dichos créditos. Tampoco la voluntad de las partes podrá considerarse como mecanismo para la aplicación de las reformas antes aludidas.’.-e) Todavía en la discusión ante dicha Cámara de Senadores, se insistió marcadamente que el mencionado propósito, como se puede leer en el Diario de Debates correspondiente (sic).-Como se ve, la voluntad del legislador en el sentido de no aplicar las normas nuevas a ninguna persona que haya contraído deudas con antelación a la vigencia de la reforma, es manifiesta e indudable y si bien es cierto que durante el proceso legislativo operó un cambio en la redacción de los transitorios, que en rigor podría entenderse como restrictivo, dado que de obligaciones contraídas que se utilizaba en su primer texto, que es la expresión de la mayor amplitud se sustituyó por créditos contratados que puede dar la idea de un contenido menor, también es verdad que el seguimiento cuidadoso de las circunstancias y de los detalles con los que se desarrolló y culminó la iniciativa, se advierte que el legislador no tuvo la intención, en momento alguno, de limitar o reducir la extensión de la idea original, sino más bien la de aclarar, con el nuevo enunciado, que a los deudores de la banca tampoco les sería aplicable la reforma; y si no plasmó con precisión esa intención, no debemos olvidar que a los legisladores no les es exigible la pericia ni en la ciencia del derecho ni en el arte de hablar y escribir correctamente un idioma, como definían antes a la gramática.-Es decir, del precepto transitorio transcrito anteriormente, se desprende que el legislador, al prescribir que las reformas no serán aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, no tuvo el propósito de aludir únicamente a aquellos créditos que tuvieran por origen el préstamo de una suma de dinero proveniente de una institución de crédito de un particular (sic), pues en ninguna parte del precepto estableció esa limitante, sino que, el punto de visita en que se coloca el legislador al señalar los vocablos ‘créditos contratados’ comprende cualquiera de ellos y no solamente los que se originan por transferencia de una suma de dinero, sino también los que pueden nacer de otras causas, como en el arrendamiento de un inmueble, en el cual el arrendador otorga el uso y goce temporal de un bien al arrendatario, generándose un crédito a favor del primero por el préstamo de ese bien y que le otorga el derecho de exigir una cantidad de dinero.-Ahora bien, si en el caso concreto, el crédito contratado por la aseguradora quejosa, es anterior a la entrada en vigor de esas reformas, habida cuenta que dicho crédito tuvo su origen en un contrato de seguro sobre automóvil de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y tres, tal y como se desprende del propio documento que obra a fojas cinco del legajo dos del amparo en que se actúa, resulta incuestionable que los artículos 692 y 705 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que aplicó la Sala responsable en su perjuicio, actualmente vigentes, no son aplicables a la hoy quejosa por tener ésta contratado un crédito con anterioridad a la entrada en vigor del decreto que reformó esos artículos, en términos de lo dispuesto por el artículo primero transitorio de este último y por tanto, los artículos aplicables en lo concerniente a la oportunidad en que deben expresarse los agravios dentro del recurso de apelación interpuesto en un juicio que su materia lo constituye un crédito contratado con anterioridad a la entrada en vigor del aludido decreto, lo son los artículos 692, 693, 703 y 704 del Código de Procedimientos Civiles, antes de que fueran reformados; estimar lo contrario, es decir, que se aplicara el contenido actual de esos artículos al juicio natural, implica la transgresión del artículo transitorio, el cual prohíbe tajantemente la aplicación de los artículos que se encuentran vigentes en la actualidad, a personas que tengan créditos con anterioridad a la entrada en vigor de dicho decreto, lesionando con ello, en perjuicio de la quejosa, derechos adquiridos bajo el amparo de una ley anterior, como son los relativos al momento en que deben expresarse los agravios de apelación.-En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo solicitado al no estar obligada la parte quejosa a expresar agravios en el mismo escrito por el que interpuso el recurso de apelación ..."
Respecto al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito:
En treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete resolvió el juicio de amparo directo número 6784/96 promovido por Alejandro Mateos Sosa por su propio derecho y como representante legal de Constructora e Inmobiliaria Alexa, S.A., en contra del proveído de diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis emitido por el Juez Décimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal en el juicio ejecutivo mercantil 293/93, con el que desechó el recurso de apelación interpuesto contra el fallo definitivo de primer grado; sentencia en la que se negó a los quejosos la protección constitucional solicitada, habiéndose sostenido los razonamientos que en lo interesante, rezan:
"QUINTO.-Los conceptos de violación son infundados. Contrariamente a lo que afirma la empresa quejosa, el acto reclamado está debidamente fundado y motivado.-Basta la lectura de la resolución impugnada, para cerciorarse de que para desechar el recurso de apelación interpuesto por los inconformes, la autoridad responsable se apoyó en lo dispuesto en el artículo primero transitorio del decreto de reformas, modificaciones y adiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es decir, que el acto reclamado sí tiene fundamento legal; además el Juez natural consideró que el caso concreto estaba comprendido en la excepción prevista por el transitorio mencionado, porque se trataba de un crédito contratado con anterioridad a la entrada en vigor de un decreto mencionado; es decir, en la resolución final reclamada sí se expresaron los motivos por los cuales se consideró que el caso concreto se adecua a la hipótesis normativa y por lo tanto se actualizaba la consecuencia jurídica correspondiente.-Del examen de las constancias que integran el juicio natural, se advierte que la empresa actora ejercitó la acción cambiaria directa en contra de los quejosos, en la vía ejecutiva mercantil y que el documento fundatorio fue suscrito el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, con vencimiento el quince de diciembre de ese año, de tal manera que, en ese aspecto, el acuerdo reclamado es correcto, pues el crédito litigioso fue contraído por los inconformes con anterioridad a la entrada en vigor de las citadas reformas (veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis).-Por cuanto hace a la argumentación referente a que el precepto transitorio mencionado se refiere exclusivamente a créditos bancarios o a otra clase de créditos u obligaciones diferentes a la contraída por los demandados, el Tribunal Colegiado procederá a realizar la interpretación del numeral mencionado.-El artículo primero transitorio del decreto antes mencionado, dispone que las reformas no serían aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del citado decreto y tampoco serán aplicables tratándose de la novación o reestructuración de créditos contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de ese decreto.-Como se observa, la norma transitoria utiliza sólo las frases ‘créditos contratados’ y ‘créditos contraídos’; sin embargo, conforme al proceder de la autoridad (o del Juez) responsable en el acto reclamado, se advierte que dicha autoridad entendió que el concepto ‘crédito’ se refiere a ‘obligaciones’, como se verá.-La manera en que entendió la responsable el concepto ‘crédito’, es compartida por este tribunal, conforme a la siguiente interpretación al susodicho artículo transitorio.-El artículo 14 constitucional da ciertos lineamientos para el dictado de las sentencias en los juicios civiles, pues determina que se deberá hacer conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a la falta de ésta, conforme a los principios generales del derecho. Este principio se ha constituido en lineamientos rectores para la aplicación de la normatividad en otras cuestiones, cuando no existen otros dispositivos o prohibiciones que lo impidan.-Así pues, la Ley Fundamental considera válido recurrir a la interpretación pero no indica los métodos que se pueden utilizar, ni tampoco proscribe a ninguno, como ocurre en la aplicación de las penas por la comisión de delitos, para la que no es válido ocurrir a la analogía o a la mayoría de razón.-En nuestras leyes procesales civiles y mercantiles, tampoco se suelen limitar los métodos de interpretación o establecer alguna jerarquía o prelación entre éstos.-Consecuentemente, se considera que en las materias en comento se puede recurrir a cualquier método de interpretación, con la única exigencia lógica de justificar razonadamente su idoneidad en la situación jurídica o norma de que se trate.-El problema de la norma transitoria se actualiza con la expresión ‘no serán aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto.’.-La literalidad de este texto puede conducir a la conclusión de que, el solo hecho de que alguien haya contratado un crédito cualquiera, antes del día veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, fecha en que entró en vigor la reforma, es suficiente para que no se apliquen en ningún juicio o procedimiento, aunque el objeto litigioso no sea el susodicho crédito.-La defectuosa construcción gramatical hace necesario el auxilio de métodos hermenéuticos como la interpretación auténtica, lógica y sistemática, para comprender el sentido correcto de la reforma.-Se ha dicho que en el transitorio de nuestra atención se utiliza el término créditos y el vocablo ‘contratados’, lo que permite considerar con tales expresiones, que el legislador las empleó como meros sinónimos de obligaciones contraídas, de deudas adquiridas y otras semejantes y con esto se concluye que el transitorio excluye a todas las obligaciones que sean anteriores a la fecha en que la reforma entró en vigor.-La anterior interpretación tiene los siguientes elementos de apoyo.-El primero estriba en lo equívoco del concepto ‘créditos’ y de la palabra ‘contratados’ que se utilizan en la norma transitoria, pues los dos admiten diversos significados, tanto en el vocabulario común como en el propio vocabulario jurídico.-Para demostrar esto, basta ocurrir a las simples definiciones de los diccionarios. Así, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima primera edición de mil novecientos noventa y dos, página 395, dice que la palabra ‘contratar’ proviene del latín ‘contractare’ y que significa ‘pactar, convenir, comerciar, hacer contratos o contratas’ y en un segundo significado, que consiste en ‘ajustar alguna persona para algún servicio’ y en la página 418, al vocablo ‘crédito’ lo relaciona con la palabra latina ‘creditum’ y le reconoce diferentes significados, entre los cuales están los siguientes: ‘cantidad de dinero o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar; apoyo, abono, comprobación, reputación, fama, autoridad; situación económica o condiciones morales que facultan a una persona o entidad para obtener de otra fondos o mercancías; opinión que goza una persona de que cumplirá puntualmente los compromisos que contraiga; crédito público: concepto que merece cualquier Estado en orden a su legalidad en el cumplimiento de sus contratos, obligaciones, etcétera.’.-El viejo Diccionario Jurídico de Escriche, primera edición, México 1979, tomo I, página 522, dice que ‘crédito’ es ‘la deuda que alguien tiene a su favor. El libramiento, vale o abono que se da de alguna cantidad o bien para pagar en adelanto o bien para que la pague en otro paraje algún corresponsal.’. ‘Esta voz se deriva de la latina «credere» que significa «prestar, fiar, confiar.». El que presta o fía a otro alguna cosa, adquiere con él el derecho y este derecho se llama crédito, de suerte que la palabra crédito es sinónimo de deuda activa y designa por consiguiente el derecho que tiene un acreedor de exigir una cantidad de dinero a cuyo pago se ha obligado el deudor. El crédito puede nacer no sólo del préstamo, sino también de otras causas, como de una donación, de un legado, de una partición, de una venta o de una promesa. El nombre de «crédito» no sólo se aplica al derecho que se tiene contra una persona, sino también al papel o documento con que se justifica este derecho. Los créditos tienen las mismas calificaciones de los acreedores y así, hay créditos quirografarios, créditos hipotecarios, créditos privilegiados, créditos personales.’.-Como se ve, en el lenguaje común y en el jurídico, la palabra ‘crédito’ tiene multiplicidad de significados y la palabra ‘contratar’ abarca gran extensión en su significado lato.-Las leyes mexicanas utilizan también esas palabras con sus diversos significados.-Así, en la Constitución General de la República Mexicana, en su artículo 73, fracción VIII, se faculta al Congreso de la Unión para fijar bases a fin de que el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación; en el artículo 121 se dice que en cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos de los demás; y en el 123, fracción XXIII, se habla de los créditos a favor de los trabajadores por salarios o sueldos devengados; el Código Fiscal alude a los créditos fiscales (artículo 528); el Código Civil y el Código de Comercio se refieren en múltiples ocasiones a créditos en su acepción de derechos de los acreedores en una relación jurídica, etcétera; existen instituciones de crédito, casas comerciales que ofrecen ventas a crédito, tarjetas de crédito, personas dignas de crédito, etcétera.-La diversidad de significaciones mencionadas, permite calificar al transitorio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5111-6881965e/creditos-contratados-con-anterioridad-novacion-o-reestructuracion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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