DIVORCIO, JUICIO DE. LA DEMOSTRACIÓN DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, NO DEJA SIN MATERIA LA EJERCIDA EN LA VÍA RECONVENCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo número 1347/97, promovido por Claudio Arturo Vega Palacios, consideró lo siguiente:
"SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación. En el marcado con el inciso a) argumenta el quejoso, sustancialmente, que el tribunal responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el 1o., 2o., 28, 57, 157, 207, 208, 214, 228 y 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en razón de que inaplica la jurisprudencia de rubro: ‘DIVORCIO. DEMOSTRADA LA ACCIÓN PRINCIPAL, LA EJERCITADA EN VÍA RECONVENCIONAL DEBE DECLARARSE SIN MATERIA.’, pues como bien había establecido el Juez de primera instancia, al resultar procedente la acción principal, porque si él fue quien demandó primero, ya no era necesario entrar al estudio de la acción reconvencional de divorcio por la diversa causal hecha valer por la ahora tercero perjudicada, porque la obligación del ad quem era cerciorarse, en términos de lo previsto por el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que se cumpliera con el objeto de la revisión de oficio, en el caso, cerciorarse que quedaran garantizados los derechos de los cónyuges e hijos, si existieron las causas de divorcio y si se demostraron las mismas, lo cual sí se cumple en el fallo de primer grado y en la aclaración relativa; agrega, que el acto reclamado es incongruente en razón de que se cumplieron todas las formalidades esenciales del procedimiento, se observaron todos los derechos de Gloria Rojas Bosada, y en tal sentido no existió ningún perjuicio o agravio en contra de ésta; por lo que, sostiene, el tribunal de alzada inobserva la paridad procesal, y si se demostró que se actualizó la causal prevista por el artículo 141, fracción XVII, del Código Civil para el Estado, como incluso lo acepta dicha autoridad, entonces ya no había razón para entrar al estudio de la causal de divorcio alegada en reconvención, primero, porque dio cumplimiento a lo previsto por el artículo 228 del citado ordenamiento legal, y si en lo principal se declaró probada la causal de divorcio invocada, aun suponiendo favorable la pretensión reconvenida, ya no podía ésta alcanzar su objetivo que era el divorcio, y en segundo lugar, porque el tribunal de alzada a pesar de que concluye que justificó la causa de divorcio, en lugar de proceder en consecuencia, procede a analizar el caso en otro sentido, resultando incongruente su fallo, en razón de que no puede ser que habiendo cumplido con su carga procesal, en la revisión de oficio se le condena al divorcio necesario cuando él demostró la causal en primer término, y con esa actitud el tribunal ad quem hace una inexacta aplicación de la ley que vulnera sus derechos subjetivos públicos. Sobre el particular, este Tribunal Colegiado estima, que no asiste razón al quejoso. En efecto, contrario a lo que aduce el promovente del amparo, la circunstancia de que se acoja una de las causales de divorcio en que el actor haya fundado su demanda, no es óbice para analizar las restantes, en razón de que cada causal puede tener repercusiones y consecuencias jurídicas diferentes. Se sostiene lo anterior, en principio, porque de la interpretación sistemática del artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se colige que el juzgador tiene la obligación de decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate; por ende, si el ahora quejoso demandó en el juicio ordinario civil de que se trata el divorcio necesario, con fundamento en la fracción XVII, del artículo 141, del Código Civil de la entidad, por estimar que se encontraban los cónyuges separados por más de dos años, con independencia del motivo que haya originado dicha separación, y le fue reconvenida por la ahora tercero perjudicada Gloria Rojas Bosada la disolución del vínculo matrimonial, con apoyo en lo previsto por la fracción I, del precepto invocado, esto es, por adulterio debidamente comprobado, el tribunal responsable actuó con apego a la ley al analizar en la revisión de oficio todos los puntos litigiosos que fueron objeto del debate, revisión que le autoriza el artículo 524 del código adjetivo civil de la entidad, sobre todo si se tiene en consideración que cada una de las causales que prevé el artículo 141 del Código Civil para el Estado, son autónomas e independientes, de modo que los efectos que puede producir una de ellas son distintos a los que pueden generar las demás. De tal manera que si el tribunal de alzada estimó incorrecto lo establecido en el fallo de primer grado, porque en forma indebida el a quo determinó que no procedía el análisis de la causal de divorcio ejercitada en la vía reconvencional, porque se había demostrado la causal de disolución del vínculo matrimonial pretendida en lo principal, resulta evidente que la sentencia que constituye el acto reclamado se encuentra apegada a derecho, precisamente porque como ya se dijo en el párrafo que antecede, las repercusiones y consecuencias jurídicas que puede producir cada una de las causales de divorcio previstas por la ley, son distintas. Por esa razón, si el ad quem estimó que en la especie se acreditaron tanto los hechos relativos a la separación de los cónyuges por más de dos años (acción en lo principal), como los concernientes al adulterio (acción reconvencional), es inconcuso que obró jurídicamente al considerar probadas ambas causales, pero además, si declaró culpable al ahora quejoso y lo condenó, entre otras cuestiones, a la pérdida de la patria potestad respecto de la menor Gloria Odalys Vega Rojas, tal resolución se ajusta a la ley, ello con fundamento en lo dispuesto por la regla primera del artículo 157 del citado Código Civil, en donde se prevé que cuando la causa del divorcio estuviere comprendida, entre otras, en la fracción I, del artículo 141, los hijos quedarán bajo la patria potestad del cónyuge no culpable. El razonamiento anterior se orienta en la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos treinta, del Tomo IV, Novena Época, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que por su sentido resulta aplicable y que este tribunal hace suya, cuyo rubro y texto son los siguientes: ‘DIVORCIO CAUSALES DE. EL ACREDITAMIENTO DE UNA DE ELLAS NO ES ÓBICE PARA ANALIZAR LAS DEMÁS QUE SE HACEN VALER. La circunstancia de que se acoja una de las causales de divorcio en que la actora fundó su demanda, no es óbice para analizar las restantes, dado que cada una puede tener repercusiones y consecuencias jurídicas diferentes. Ello es procedente porque por una parte, el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, impone al juzgador la obligación de decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, de suerte que si la enjuiciante funda la acción de divorcio en diversas causales (adulterio, amenazas e injurias graves y separación por más de dos años), el Juez debe examinar cada una de ellas, dado que constituyen distintos puntos litigiosos, y hacer en su oportunidad el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos; y por otra, cada una de las causales que prevé, el artículo 267 del Código Civil son autónomas e independientes, de modo que los efectos que puede producir una de ellas son distintos a los que pueden generar las demás. En tal virtud, si el juzgador estimó demostrada tanto la causal de divorcio consistente en la separación de los cónyuges por más de dos años, como la de adulterio, es inconcuso que obró jurídicamente al considerar al enjuiciado como cónyuge culpable por esta última, con independencia de que también aparezca acreditada en autos otra causal de divorcio que no pueda imputarse específicamente a alguno de los cónyuges; pues dada la autonomía e independencia que guardan entre sí, a diferencia de la causal que no es imputable a uno de los cónyuges, la que es originada por uno de ellos produce efectos en relación con los bienes que los consortes se hubieran dado o prometido, en términos del artículo 286 del Código Civil; en cuanto al pago de alimentos, la condena se establece en favor del cónyuge inocente, de acuerdo con lo que estatuye el primer párrafo del artículo 288 del mismo ordenamiento; y respecto al momento en que se recobra la capacidad para contraer nuevo matrimonio, el culpable no podrá hacerlo sino después de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 289 del ordenamiento citado, entre otros.’. En estas condiciones, es de puntualizarse que la jurisprudencia que cita el promovente del amparo, de rubro: ‘DIVORCIO. DEMOSTRADA LA ACCIÓN PRINCIPAL, LA EJERCITADA EN VÍA RECONVENCIONAL DEBE DECLARARSE SIN MATERIA.’, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, además de que no obliga a este tribunal en términos del artículo 196, fracción III, de la Ley de Amparo, no resulta aplicable al caso, por las razones ya expuestas en la presente ejecutoria, esto es, porque en tratándose de divorcio, las causales previstas por el artículo 141 del Código Civil para el Estado, tienen repercusiones y consecuencias distintas, por tal motivo resulta jurídico concluir que el juzgador debe analizar todas y cada una de las que se hagan valer en la controversia natural, tanto en lo principal como en la reconvención, para estar en posibilidad legal de decidir respecto de la aplicación de las reglas que prevé el diverso 157 del mismo ordenamiento legal. Bajo esta tesitura, igualmente es de señalarse que la sentencia impugnada no resulta incongruente, toda vez que el tribunal de alzada, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, resolvió conforme a lo planteado en la demanda, contestación y reconvención, y las demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, decidiendo todos los puntos litigiosos que se sometieron a su potestad. Cabe agregar, que no por el hecho de que se haya considerado probada la acción de divorcio ejercitada en lo principal, careciera de materia la reconvención planteada, pues como ya se vio, en el caso específico del divorcio deben estudiarse las causales expuestas por las partes, para estar en posibilidad de fijar, como en el caso, la situación de los hijos, conforme a las reglas previstas por el artículo 157 del código sustantivo civil de esta entidad federativa, y determinar la procedencia, en su caso, de las demás prestaciones reclamadas en el controvertido natural, sobre todo que en la especie no sólo se demandó en la vía reconvencional el divorcio a que se ha venido haciendo referencia, sino que se reclamaron diversas prestaciones que se hicieron consistir en la pérdida de la patria potestad respecto de la menor Gloria Odalys Vega Rojas, incremento a la pensión alimenticia de ésta decretada en el diverso juicio ordinario civil número 950/91 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial, el pago de una pensión alimenticia para la ahora tercero perjudicada, el aseguramiento de dicha pensión, así como el pago de los gastos y costas del juicio, según se advierte del escrito relativo que obra a fojas sesenta a sesenta y nueve del controvertido natural. Refiere el quejoso que el tribunal de alzada sostiene que el a quo se apoyó en una tesis aislada, sin embargo, dicha autoridad responsable no señala el por qué es inaplicable tal criterio, a pesar de que tenía la obligación de fundar y motivar su fallo. Lo anterior resulta infundado, toda vez que de la lectura integral de la sentencia reclamada (cuyos fundamentos se transcriben en el considerando cuarto de esta ejecutoria), se desprende que el ad quem señala con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en cuenta para llegar a la conclusión de que en el caso deben estudiarse las causales de divorcio planteadas tanto en la acción principal como en reconvención, lo cual, como ya ha quedado establecido, se encuentra ajustado a derecho. Argumenta el quejoso que contrario a lo que sostiene el tribunal de alzada, el a quo sí decidió la situación jurídica de los cónyuges e hijos, al establecer que la menor Gloria Odalys Vega Rojas, quedaba bajo la guarda y custodia de la aquí tercero perjudicada, y que ambas partes conservaban la patria potestad de la citada menor, por tanto, la sentencia de primer grado era legal y así debió haberse considerado por el ad quem. Tampoco asiste razón al quejoso en lo expuesto con anterioridad, pues se reitera, en la especie era necesario estudiar las causales de divorcio alegadas por las partes debido a las repercusiones de cada una de ellas, pues en tratándose del divorcio con motivo de la separación por más de dos años con independencia del hecho que la origine, no le es aplicable la regla primera del artículo 157 del Código Civil de la entidad, en cambio, esta disposición legal sí encuentra aplicación cuando se trata del divorcio por adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges, lo que evidencia que las consecuencias de dichas causales son distintas. En el concepto de violación marcado con el inciso B) argumenta el quejoso, toralmente, que el tribunal de alzada cita la tesis de rubro: ‘DIVORCIO, PETICIÓN INJUSTIFICADA DE, COMO CAUSAL SUPERVENIENTE, ESTANDO PENDIENTE DE RESOLVERSE ACCIÓN RECONVENCIONAL.’, misma que no es exactamente aplicable al caso. Sobre ese punto tampoco asiste razón al quejoso, toda vez que por el sentido de la tesis, ésta sí es aplicable ya que se refiere al ejercicio de una acción de divorcio, con independencia de la que se haya planteado inicialmente. En otro contexto, se aduce que el artículo 157, regla primera, lo único que orienta es a decidir qué se debe hacer con los hijos habidos en matrimonio, determinar quién es el cónyuge culpable, pero que de ninguna manera establece si se debe o no hacer el estudio de la acción reconvencional, de ahí que exista una inexacta aplicación de dicho precepto, sobre todo porque la causal invocada (separación por más de dos años con independencia del motivo que la origine), no contiene regla especial que indique qué sucederá con los hijos. Lo argumentado por el quejoso en el concepto de violación que se estudia, es insuficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, ya que si bien es verdad que el artículo 141, fracción I, del Código Civil para el Estado, no establece regla alguna en relación con los hijos habidos en matrimonio; no menos cierto resulta, que el artículo 157 del mismo ordenamiento legal prevé las reglas conforme a las cuales la sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, lo que implica que tales preceptos se encuentran íntimamente relacionados. En el concepto de violación que se hace valer en el inciso c) del capítulo relativo, esgrime el promovente del amparo, en esencia, que se transgreden en su perjuicio los artículos 57 y 228 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, así como el 1o. y 141, fracción XVII, del Código Civil de la entidad, en razón de que debió acatarse el principio de que primero en tiempo primero en derecho, porque no es posible que aun suponiendo favorable la sentencia no pueda alcanzarse el objeto de la acción, ya que si en lo principal se determinó que el actor demuestra su pretensión, en ese instante se está declarando disuelto el vínculo matrimonial, por lo tanto, si en la reconvención también se reclama el divorcio, ya no se puede lograr el objeto de la acción reconvencional, al haberse declarado la procedencia de la acción deducida en primer término. Al respecto, este Tribunal Colegiado estima que no asiste razón al quejoso. Esto es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el matrimonio es una institución de orden público, y para que proceda su disolución deben acreditarse debidamente las causales que sean invocadas al efecto; por tanto, si en la especie en la acción principal y en la reconvención se adujeron causales de divorcio, resulta claro que las mismas tenían que ser analizadas detenidamente por el juzgador, para estar en aptitud legal de determinar, en principio, si era procedente o no decretar la disolución del vínculo matrimonial, y por otra parte, de demostrarse la o las causales invocadas, establecer cuál o cuáles de las reglas previstas por el artículo 157 del Código Civil para el Estado, resultaba aplicable en el caso. En otro contexto, es infundado lo que esgrime el quejoso respecto de que la sentencia impugnada carece de fundamentación y motivación, pues si por lo primero se entiende que en todo acto de autoridad han de expresarse los preceptos legales aplicables al asunto de que se trate, y por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que el juzgador haya tenido en cuenta para la emisión del acto, y de la lectura de la referida sentencia se advierte que el tribunal ad quem invoca los artículos 94, 141, 146, 157 y 162, del Código Civil de la entidad, 28, 30, 76, 109, 116, 207, 208, 213, 228, 235, 249, 253, 259, 261, 216, 320, 337 y 524, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, preceptos que se adecuan al caso, y también expresa los razonamientos que estimó pertinentes para apoyar su resolución, cabe concluir que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado. Sirve de apoyo a la conclusión que antecede, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número setenta y tres, en la página cincuenta y dos, del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que dice: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.’. Al ser, según se ha visto, infundados los conceptos de violación, lo que procede en la especie es negar a Claudio Arturo Vega Palacios el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Esta negativa debe extenderse respecto del acto atribuido a la autoridad responsable ejecutora, toda vez que siendo constitucional el acto de la ordenadora también lo es el que a aquélla se le atribuye al no impugnarse por vicios propios y de conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número ciento cinco, se publica en la página sesenta y ocho, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, de rubro: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.’. Por otra parte, como este Tribunal Colegiado no comparte el punto de vista sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en la jurisprudencia a que se ha hecho mención en este fallo, denúnciese la posible contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo."
TERCERO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver los juicios de amparo directos números 1100/95, 206/96, 1002/95, 1022/96 y 218/97, estimó en sus partes considerativas lo que a continuación se transcribe en lo conducente:
En el juicio de amparo directo 1100/95, promovido por Consuelo Martínez de Vásquez y María Luisa Vásquez Martínez, en sentencia de nueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, el tribunal argumentó:
"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación que en el caso se expresan. En efecto, deviene infundado lo que aduce la quejosa Consuelo Martínez de Vásquez, pues, no se advierte en el fallo reclamado la incongruencia alegada, debido a que, la Sala responsable estaba obligada, atentos a la revisión oficiosa que del asunto le impone el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles local, a analizar, con plenitud de jurisdicción, la litis planteada; así, correctamente observó que la acción principal de divorcio ejercida en el juicio número 991/94, que el ahora tercero perjudicado apoyó en el artículo 141, fracción XVII, del Código Civil local, se encontraba en tiempo, pues la demanda se presentó el veinte de abril de mil novecientos noventa y cuatro, cuando ya había entrado en vigor dicha disposición legal; así también, que el lapso que este precepto contempla para que se surta la causal de referencia, se encontraba acreditado, dada la aceptación de los cónyuges de que, cuando menos, desde el año de mil novecientos setenta y siete se encuentran separados; por lo tanto, aun y cuando cierto es que la aludida quejosa también ejerció, en vía reconvencional, la acción de divorcio, apoyada en las fracciones VII y XI del artículo 141 citado, e independientemente de si se justifican o no, no puede soslayarse que, al determinarse la procedencia de la acción principal y declarar sin materia a la acción reconvencional, sobre el mismo tema que aquélla, pero por diferentes causales, condenando y absolviendo al respecto, se afecte el principio de congruencia que rige a las sentencias, pues el fallo reclamado, como de su lectura se pone de manifiesto, resolvió todos los puntos sujetos a litis, esto es atendió a las pretensiones de las partes oportunamente deducidas en el juicio; es aplicable al respecto el contenido de la tesis visible en la página dos mil ochocientos cincuenta y seis del último Apéndice publicado al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, rubro: ‘CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRINCIPIO DE.’; además, el fallo reclamado, contrario a lo que asevera la quejosa, sí ‘es congruente’ con las constancias y pruebas que obran en el procedimiento, pues, como ya se precisó, se encuentra aceptado por las partes su separación por más de dos años, como lo requiere la fracción XVII del artículo 141 en comento, único requisito esencial que exige para su procedencia, y si la acción compete a cualquiera de los cónyuges que la invoque, si en el caso ésta fue ejercida por el ahora tercero perjudicado, demostrada, declarándose su procedencia, es claro que la acción de divorcio, fundada en diversas causales, promovida con posterioridad, carecía ya de materia, porque el vínculo matrimonial había sido disuelto en razón de aquella determinación, pues, es obvio que, entonces, falta el requisito de interés a que se refiere el artículo 1o., fracción I, del Código de Procedimientos Civiles local, máxime que, como se precisa en los conceptos de violación, las causales de divorcio son autónomas, por lo tanto, si la ahora quejosa considera que tenía acción para pedir el divorcio y no lo hizo hasta que éste le fue demandado, prosperando la acción principal, es obvio que su pretensión resultó inoportuna y no podía alcanzar el objeto de su acción aun suponiéndole favorable la sentencia; sin que, al resolver como lo hizo la responsable, se advierta que ello se efectuara con notoria desigualdad entre las partes, ni ocasionando perjuicio alguno y otorgando lucro a otro; por lo tanto es correcta la determinación de la Sala si se toma en cuenta también el principio general de derecho que dice: prior tempore, potior iure, al no existir disposición expresa de la ley."
En el juicio de amparo directo 206/96, promovido por Lourdes Andrade Ochoa, en ejecutoria de veinticinco de abril de mil novecientos noventa y seis, el tribunal se pronunció en los siguientes términos:
"QUINTO. ... En ese orden de ideas, es claro que la acción principal de divorcio ejercitada en el juicio natural, que el ahora tercero perjudicado apoyó en lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 141 del Código Civil del Estado, quedó debidamente demostrada, pues, como en el caso lo consideró la responsable, la aquí quejosa aceptó que desde el mes de diciembre de mil novecientos noventa y uno, vive separada de su cónyuge, razón por la que, si la demanda motivo de dicho juicio fue presentada el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y cuatro, es claro que ya había transcurrido el plazo que refiere la indicada fracción para que se actualice la causal de divorcio en comento, que entró en vigor el cuatro de abril de mil novecientos noventa y dos; de ahí que, declarada la procedencia de la acción principal, es claro que la acción de divorcio ejercitada en reconvención que la aludida quejosa fundó en lo dispuesto en las fracciones I y VII del precepto legal suprainvocado, con independencia de si se acreditó o no, al haberse promovido con posterioridad, carecía de materia, porque el vínculo matrimonial había sido disuelto en razón de aquella determinación, pues es obvio que, entonces, falta el requisito de interés a que se refiere el artículo 1o., fracción I, del código de procedimientos local, máxime que, las causales de divorcio son autónomas; por lo tanto, resulta irrelevante que con los hechos demostrados en el juicio natural se justifique la acción ejercitada en reconvención, pues es claro que la pretensión resultó inoportuna y no podía alcanzar su objeto aun suponiendo favorable la sentencia; consiguientemente, es objetivamente correcta la determinación de la responsable, por cuanto que, ante la circunstancia de que se acreditó la acción principal, ‘ya no podría ser declarada procedente ...’ la acción reconvencional, si se toma en cuenta el principio general de derecho que dice: prior tempore, potior iure, al no existir disposición expresa de la ley."
En el juicio de amparo directo 1002/95, promovido por Emilio Juan Guerrero Huesca, en sentencia de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y seis, se argumentó en lo que a este toca interesa:
"QUINTO. ... Así las cosas, lo hasta aquí pronunciado hace que resulte innecesario el análisis del resto de los conceptos de violación, así como de las demás partes de la sentencia reclamada, pues atañen a la controversia establecida en el juicio civil número 1277/94, instaurado por Irma Cervantes Rodríguez, contra el aquí quejoso, reclamándole, principalmente, el divorcio necesario, con base en las causales definidas en el artículo 141, fracciones I, X y XVII, del código sustantivo de la materia; porque atendiendo al principio de derecho, antes invocado, prior tempore, potior iure (primero en el tiempo, preferido en el derecho), al haberse intentado dicha acción en forma posterior a las acciones del aquí inconforme, vía la reconvención que efectuó en los autos del civil número 1272/86, es claro que la pretensión de la tercera perjudicada en cita, resultó inoportuna y ya no podrá alcanzar su objetivo, aun suponiendo favorable la sentencia, por carecer de materia, más aún que las causas de divorcio son autónomas. Es aplicable al caso, en su sentido y alcance, la tesis sustentada por el órgano colegiado que hoy resuelve, aprobada en sesión de treinta de mayo de mil novecientos noventa y seis, que es del tenor siguiente: ‘DIVORCIO. DEMOSTRADA LA ACCIÓN PRINCIPAL, LA EJERCITADA EN VÍA RECONVENCIONAL DEBE DECLARARSE SIN MATERIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si la acción principal de divorcio ejercitada es demostrada, y la quejosa también ejercitó en vía reconvencional la acción de divorcio apoyada en diversas causales, al determinarse la procedencia de la principal, la declaración de que ha quedado sin materia la reconvencional, no afecta el principio de congruencia que rige a las sentencias, puesto que si esta acción de divorcio, fue promovida con posterioridad, carece de materia, porque el vínculo matrimonial, al haber sido disuelto en razón de aquella determinación, hace que falte el requisito de interés a que se refiere el artículo 1o., fracción I, del Código de Procedimientos Civiles local, pues aun cuando las causales de divorcio sean autónomas, si la quejosa tenía acción para pedir el divorcio, si no lo hizo hasta que éste le fue demandado, prosperando la acción principal, su pretensión resulta inoportuna al no poder alcanzar el objeto de su acción, aun suponiendo favorable la sentencia; sin que se advierta desigualdad entre las partes, ni que se ocasione perjuicio a uno u otorgue lucro a otro; debiéndose además, tomar en cuenta, el principio general de derecho prior tempore, potior iure al no existir disposición expresa de la ley.’."
En el juicio de amparo directo número 1022/96, promovido por Lucía Martínez Martínez, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, mediante sentencia de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y siete, señaló:
"QUINTO. ... Por otra parte, resulta irrelevante el argumento de que la conducta del hoy tercero perjudicado actualiza la hipótesis prevista en la fracción XIV del artículo 141 del Código Civil local, y que en el caso subsiste el derecho de la aquí quejosa para demandar el divorcio necesario a su contrario, pues, por cuanto a lo primero, es una cuestión que no constituyó materia de la litis natural y respecto de lo segundo, al haber prosperado la acción del juicio natural, es evidente que carece de trascendencia tal afirmación, máxime que no podría alcanzar el objeto de la acción, por haberse disuelto el vínculo matr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5924-8eb2b374/divorcio-juicio-de-la-demostracion-de-la-accion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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