ATRACCION, FACULTAD DE. NO JUSTIFICA SU EJERCICIO EL SOLO HECHO DE QUE LAS QUEJOSAS SEAN INSTITUCIONES DE CREDITO DESTINADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO. * * * ATRACCION, FACULTAD DE. SU EJERCICIO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES DISCRECIONAL. * * * ATRACCION, FACULTAD DE. AL DECIDIR DISCRECIONALMENTE SOBRE SU EJERCICIO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA NO DEBE HACERLO EN FORMA ARBITRARIA O CAPRICHOSA. * * * ATRACCION, FACULTAD DE. SU EJERCICIO DEBE HACERSE RESTRICTIVAMENTE. * * * ATRACCION, FACULTAD DE. SOLO DEBE EJERCERSE CUANDO SE FUNDE EN RAZONES QUE NO PODRIAN DARSE EN LA MAYORIA NI EN LA TOTALIDAD DE LOS ASUNTOS. * * * ATRACCION, FACULTAD DE. SU EJERCICIO NO DEBE FUNDARSE EXCLUSIVAMENTE EN EL MONTO ECONOMICO CONTROVERTIDO. - - -
AMPARO EN REVISION 321/91 (FACULTAD DE ATRACCION) BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, S.N.C. Y OTRO, QUE FUE RESUELTA Y ORDENADA SU PUBLICACION EN SESION PUBLICA DE OCHO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.
TERCERO.- Esta Tercera Sala considera que en el presente asunto no debe ejercitar la facultad de atracción.
Al respecto, se toma en consideración el contenido de la fracción VIII del artículo 107 constitucional, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho:
"VIII.- Contra la sentencia que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito, procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:"
"a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarse directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del Artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, subsiste en el recurso el problema de constitucionalidad;"
"b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución."
"La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado del Circuito, o del procurador general de la República, podrá conocer de los amparos en revisión que por sus características especiales así lo ameriten."
"En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de Circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno."
También conviene destacar el texto conducente de la iniciativa de reformas respectiva, del Ejecutivo Federal que, aunque relacionado en la fracción V, último párrafo, del artículo 107 constitucional, que establece la facultad de atracción en amparos directos, merece ser tomado en cuenta en atención a que dicho párrafo está concebido en términos semejantes a los del precepto que regula la facultad de atracción en amparos en revisión:
"Se adiciona un párrafo final a la fracción V del artículo 107, para conceder a la Suprema Corte de Justicia la facultad de atracción, respecto de los amparos directos que sean de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando, por su importancia, la propia Suprema Corte de Justicia estime que deba conocer de ellos, bien sea procediendo de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General de la República."
De lo que se lleva dicho se desprende que los amparos en revisión que no versan sobre alguna de las cuestiones especificadas en los incisos a) y b) de la fracción VIII del artículo 107 constitucional deben, por regla general, ser conocidos por los Tribunales Colegiados de Circuito, y sólo cuando la Suprema Corte de Justicia estime que el asunto, por sus características especiales, lo amerita, puede ejercitar la facultad de atracción para avocarse a su conocimiento.
Sobre la referida facultad de atracción debe destacarse que la calificación acerca de si un asunto reviste características especiales corresponde, desde luego, hacerla, en forma discrecional a la Suprema Corte de Justicia, toda vez que ni la Constitución Federal ni la Ley de Amparo establecen regla alguna sobre el particular.
Debe expresarse, además, que la naturaleza excepcional de la facultad de atracción queda confirmada cuando se considera que el nuevo sistema de competencias del Poder Judicial de la Federación, ha sido establecido con el propósito fundamental de que la Suprema Corte de Justicia se consagre a la función de supremo intérprete de la Constitución, y los Tribunales Colegiados de Circuito al control de legalidad; de manera que el análisis acerca de si se satisfacen los requisitos para que este Alto Tribunal se avoque al conocimiento de alguno de dichos asuntos, ha de hacerse restrictivamente, limitándose el ejercicio de la facultad de atracción a aquellos casos en los que notoriamente se justifique.
Ahora bien, al respecto debe destacarse que si bien en relación al ejercicio de facultades discrecionales por parte del más Alto Tribunal de la República, no se ha establecido ningún criterio, el mismo puede inferirse de la jurisprudencia establecida sobre facultades de esa naturaleza concedidas a las autoridades administrativas. La tesis relativa expresa:
"FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACION DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO.- El uso del arbitrio o de la facultad discrecional que se concede a la autoridad administrativa puede censurarse en el juicio de amparo cuando se ejercita en forma arbitraria o caprichosa, cuando la decisión no invoca las circunstancias que concretamente se refieren al caso discutido, cuando éstas resultan alteradas o son inexactos los hechos en que se pretende apoyar la resolución, o cuando el razonamiento en que las mismas se apoya es contrario a las reglas de la lógica.". (Tesis jurisprudencial número 372, página 628 de la Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación del año de mil novecientos ochenta y cinco). Del contenido de la tesis reproducida se puede inferir, analógicamente, que al ejercitar la Suprema Corte de Justicia facultades discrecionales, no puede hacerlo en forma arbitraria o caprichosa, sino que su decisión debe invocar las circunstancias que concretamente se refieren al caso de que se trate, las cuales no deben alterarse, así como tampoco deben ser inexactos los hechos en que se apoye la resolución, debiéndose, por el contrario, sustentar en razonamientos que estén de acuerdo con la lógica.
Precisamente los puntos anteriores debe determinarse cuándo se está en presencia de un asunto que revista características especiales. Al respecto debe señalarse que resulta ilustrativo para resolver el problema especificado, el criterio jurisprudencial establecido por la Segunda Sala de este Alto Tribunal cuando ante una situación análoga, a saber, determinar si procedía el recurso de revisión fiscal en contra de sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación, por tratarse de un asunto de importancia y trascendencia, requisito previsto por el artículo 242 del Código Fiscal, dijo, sobre el particular:
"REVISION FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE. IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.". En los artículos 240, 242 y 244 del Código Fiscal de la Federación se emplean reiteradamente las expresiones "importancia y trascendencia, referidas a los requisitos que deben satisfacer los asuntos cuyas sentencias pueden ser recurridas, respectivamente, las de las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación ante el Pleno del mismo, y las que éste pronuncie en tales recursos, ante la Suprema Corte de Justicia, mediante la revisión fiscal. Pero si las expresiones son las mismas, existe la diferencia de que la calificación de la importancia y trascendencia del asunto, cuando el recurso de interpone ante el Pleno del Tribunal Fiscal, queda al solo criterio de la autoridad legitimada para hacerlo valer, sin que el Tribunal "ad quem" tenga facultad legal para examinar si se da la importancia y trascendencia del asunto, a efecto de admitir o rechazar el recurso, pues en todo caso deberá admitirlo si se satisfacen los demás requisitos legales. En cambio, cuando se trate de la revisión fiscal, la Suprema Corte de Justicia sí puede y debe examinar, previamente al estudio del fondo del negocio, si se ha justificado su importancia y trascendencia, y en caso de que a su juicio dichos requisitos no estuvieren satisfechos, desechará el recurso (artículo 244), con la salvedad de que si el valor del negocio es de quinientos mil pesos o más, se considerará que tiene las características requeridas para ser objeto del recurso (artículo 242). Así pues, corresponde a la Suprema Corte, concretamente a esta Segunda Sala, determinar en cada revisión fiscal si el asunto que la motiva es de importancia y trascendencia, teniendo en cuenta las razones expuestas al respecto por las autoridades que interpusieron la revisión. Para ello es preciso, ante todo, dilucidar la acepción gramatical y legal de las referidas expresiones, a falta de texto positivo que precise el alcance. Gramaticalmente las acepciones que conviene registrar, tomadas de la última edición del diccionario de la Real Academia Española (edición XVIII, año de 1956), son las siguientes: "IMPORTANCIA.- Calidad de lo que importa, de lo que es muy conveniente o interesante o de mucha entidad o consecuencia.". "TRASCENDENCIA.- Resulta, consecuencia de índole grave o muy importante.". Como se ve, los dos vocablos expresan ideas, aunque semejantes, diferentes, lo que se concilia con el texto legal, el cual incurriría en redundancia si empleara dos términos del todo sinónimos. Llevadas ambas acepciones al campo de lo legal, la importancia hace referencia al asunto en sí mismo considerado, mientras que la trascendencia mira a la gravedad o importancia de la consecuencia del asunto. De este modo, la importancia del asunto puede quedar en sí misma desligada de la trascendencia del mismo, porque sus consecuencias no sean graves o muy importantes. La ley exige la concurrencia de los dos requisitos (unidos entre sí por la conjunción copulativa y no separados por la disyuntiva), en virtud de lo cual la autoridad recurrente deberá razonar uno y otro y la Suprema Corte examinarlos por separado, en la inteligencia de que si faltare uno de ellos sería superfluo investigar la presencia del otro. En la exposición de motivos del vigente Código Fiscal de la Federación, sobre el problema, se dice: "Se considera que la solución propuesta limita de manera muy efectiva el número de negocios que puedan someterse al más Alto Tribunal, puesto que la capacidad de decisión del Tribunal Fiscal en Pleno no excede de 300 asuntos por año. De este número, los casos en que habrá de interponerse el recurso ante la Suprema Corte de Justicia seguramente serán en cantidad reducida, y ello aliviará de manera importante la situación que ha venido registrándose y que en parte ha contribuido al rezago por el que atraviesa la propia Suprema Corte de Justicia.". Del párrafo que se acaba de transcribir se infiere que la procedencia del recurso de revisión fiscal ante la Corte debe entenderse como excepcional, de suerte que los casos de que conozca la Suprema Corte de Justicia serán "en cantidad reducida" respecto al total de los que lleguen al conocimiento del Tribunal Fiscal en pleno. Lo excepcional de la procedencia de la revisión fiscal se sustenta, a su vez, en la importancia y trascendencia de cada caso, lo que en otros términos significa que un asunto es excepcional precisamente por se importante y trascendente. La determinación de cuándo se está en presencia de un asunto excepcional por su importancia y trascendencia, puede hacerse por exclusión, estableciéndose que se encontrarán en esa situación aquellos negocios en que su importancia y trascendencia se puedan justificar mediante razones que no podrían formularse en la mayoría, ni menos en la totalidad de los asuntos, pues en ese caso se trataría de un asunto común y corriente y no de importancia y trascendencia, en el sentido que se establece en la ley. Las consideraciones anteriores, traducidas en forma breve, implican que se estará en presencia de un asunto de "importancia y trascendencia" cuando se expresen razones que demuestren que se reúnen los dos requisitos, o sea que se trata de un asunto excepcional (lo que se advertirá cuando los argumentos no puedan convenir a la mayoría o a la totalidad de asuntos), debido a su importancia por su gran entidad o consecuencia y, además, a que la resolución que se pronuncie trascenderá en resultados de "índole grave". (Jurisprudencia 307, página 511 a 514 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y cinco). De acuerdo con el criterio reproducido aplicado a la cuestión de que se trata, relativo a asuntos de especiales características, puede válidamente sostenerse, que para efectos de la facultad de atracción se estará en presencia de un asunto que las revista, cuando se trate de un asunto excepcional (lo que se advertirá cuando los argumentos no puedan convenir a la mayoría ni a la totalidad de asuntos) debido a su importancia por su gran entidad o consecuencia.
En la especie, el acto reclamado en el juicio de amparo en revisión cuya atracción se pretende, consiste, esencialmente, en la interlocutoria dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil de Querétaro, Querétaro, a través de la cual resolvió el incidente de liquidación de sentencia deducido del juicio ordinario mercantil que en contra de los bancos quejosos y de otro, siguió la empresa denominada Dynamics de Delicias, sociedad anónima de capital variable.
En su oficio relativo, y como primer motivo que parece desprenderse de él, para justificar el ejercicio de la facultad de atracción, aduce el Procurador General de la República que "en primera instancia los Bancos demandados fueron condenados a cubrir solidariamente en favor de la empresa actora la cantidad de "DIEZ MIL MILLONES DE PESOS aproximadamente ..."; y acerca de este punto es de advertirse que aunque en atención al monto del asunto podría considerársele revestido de cierta particularidad, sin embargo, esta Tercera Sala estima que ese dato no puede ser calificado como determinante para ejercitar la facultad de atracción, porque ello equivaldría a contrariar la finalidad que el legislador tuvo al suprimir el criterio de la cuantía del negocio para definir la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, según se colige del siguiente párrafo de la exposición de motivos de la iniciativa de reformas citada:
"Asignar el control de la legalidad, en su integridad a los tribunales colegiados de circuito, contribuye al logro de la democracia económica que es convicción de los gobiernos emanados de la Revolución al suprimir la distinción que sólo se basa en el monto que subyace al problema jurídico planteado."
Manifiesta el procurador general de la República, por otra parte, que en el caso están involucrados dos instituciones de crédito que tienen como función desarrollar los planes y programas en el sector agropecuario, y que será de trascendencia la resolución que en el asunto llegue a pronunciarse, en tanto que repercutirá en el sistema financiero y agropecuario del país. Agrega que los conceptos de violación no fueron estudiados por el Juez de Distrito, y que al decidirse el juicio en segunda instancia se determinará si le asiste o no razón a la parte quejosa.
Sobre el particular, debe expresarse que el argumento relativo al hecho de que en el amparo en revisión de que se viene haciendo mérito, figuren como quejosas las sociedades nacionales de crédito a que alude el procurador general de la República, y la aseveración en el sentido de que la resolución que en el asunto se dicte influirá en el sistema financiero y agropecuario del país, en forma alguna pueden justificar el ejercicio de la facultad de atracción, pues, por un lado, de aceptarse así, si llegaría al absurdo de estimar que todos los asuntos que de una manera u otra afecten a aquellas instituciones, por repercutir en el sistema financiero y agropecuario del país, deberían ser conocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; desvirtuándose así la intención de la reforma legislativa. Dicho en otros términos: las razones por las que en opinión del procurador general de la República, debe ejercitarse la facultad de atracción, no pueden ser tomadas en cuenta porque ello equivaldría a admitir que toda controversia en que estuvieran interesados los bancos quejosos, es de tal importancia, o de tan especial carácter, que tendría que ser del conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia. Además, en cuanto a la última parte del argumento, relativa a la influencia que tendrá la resolución, debe destacarse que ni se señala en qué se dará esa influencia, ni tampoco por qué tiene una significación especial.
Y, por último, cabe señalar que tampoco es atendible la proposición acerca de que el Juez de Distrito no analizó los conceptos de violación, ya que esta circunstancia no le atribuye al asunto carácter excepcional, en tanto que el planteamiento relativo a que no fueron estudiados o se estudiaron deficientemente los conceptos de violación, constituye una argumentación que reiteradamente se da en gran número de negocios; además de que la omisión puede, en todo caso, subsanarla el Tribunal Colegiado de Circuito, y se trata, por otra parte, de razonamientos que miran al fondo del asunto y que, lógicamente, no pueden ser tomados en cuenta en el examen previo que se refiere al ejercicio de la facultad de atracción.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
UNICO.- No se ejercita por esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de atracción para conocer del juicio de amparo en revisión número 9/91, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, promovido por el Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, y el Banco de Crédito Rural del Centro, Sociedad Nacional de Crédito.
Notifíquese; publíquese íntegramente en el Semanario Judicial de la Federación el considerando tercero de esta resolución; con testimonio de la misma vuelvan los autos al Tribunal Colegiado del que proceden; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Salvador Rocha Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, José Antonio Llanos Duarte y José Trinidad Lanz Cárdenas. Fue ponente el cuarto de los señores Ministros antes mencionados.
Firman el presidente de la Sala y Ministro ponente con el secretario de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5132-70ae459a/atraccion-facultad-de-no-justifica-su-ejercicio-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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