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Modo: Corpus Pro

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. LOS DECRETOS LEGISLATIVOS QUE ORDENAN SU APLICACIÓN EN DETERMINADA ZONA NO SON LEYES Y, POR TANTO, LOS RECURSOS DE REVISIÓN EN LOS QUE SUBSISTA EL PROBLEMA DE SU CONSTITUCIONALIDAD DEBEN CONOCERSE POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO (DECRETO 308 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 687/95. · Registro digital (IUS): 4252
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DESARROLLO INMOBILIARIO LOS SOLES, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, , Pág. 6.

AMPARO EN REVISIÓN 687/95. DESARROLLO INMOBILIARIO LOS SOLES, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución General de la República, 84, fracción III, de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, decide ejercer la facultad de atracción para conocer del Decreto 308 emitido por el Congreso del Estado de Nuevo León que, de manera originaria, corresponde a la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, de acuerdo con las siguientes reflexiones:

En el presente juicio se reclama, fundamentalmente, el Decreto Número 308 del Congreso del Estado de Nuevo León, por el cual se aprueba el proyecto de ejecución de obras denominado "Integración Urbana San Agustín-Valle Oriente-Monterrey Sur" y se declara aplicable el gravamen llamado por la ley local como impuesto sobre aumento de valor y mejoría específica de la propiedad (cuya configuración corresponde más bien a una contribución por mejoras), previsto en los artículos 169 al 180 de la Ley de Desarrollo Urbano, del 41 bis-9 al 41 bis-26 de la Ley de Hacienda para los Municipios y el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de los Municipios, ordenamientos todos del citado Estado.

El análisis del citado decreto pone de manifiesto que en el caso no se surte el supuesto de competencia de este alto tribunal previsto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que no se trata de una ley en sentido material, como la que previenen tales dispositivos, sino de una ley en sentido formal, en cuanto emana del órgano legislativo estatal, pero no en sentido material toda vez que no posee todos los atributos que caracterizan a estas últimas, es decir, la generalidad y la abstracción, como se demuestra con lo siguiente:

De la publicación del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, correspondiente al día veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, se deduce que el gobernador de dicho Estado, al promulgar el acto reclamado, informó lo siguiente:

"Que el H. Congreso del Estado ha tenido a bien decretar lo que sigue: DECRETO NÚM. 308."

De los términos en que se expidió el ordenamiento que constituye el acto reclamado, se establece que se trata de un decreto emitido por el Congreso del Estado de Nuevo León, dentro de las facultades que le confiere la fracción I del artículo 63 de la Constitución Política del propio Estado, que al efecto dispone:

"Pertenece al Congreso: Decretar las leyes relativas a la administración y gobierno interior del Estado ..."

Por tanto, al constituir el decreto reclamado un acto del Congreso del Estado de Nuevo León, producto de su actividad legislativa, formalmente es equiparable a una ley por el solo hecho de haber sido emitido por un órgano legislativo en el ejercicio de sus poderes específicos atribuidos por la normativa constitucional.

Sin embargo, el que los actos legislativos locales sean equiparables en sentido formal a las leyes no basta para tenerlos como tales; es necesario que, además, materialmente gocen de los atributos de generalidad, abstracción, permanencia y autonomía, que caracterizan a las leyes de naturaleza sustancial.

En el caso específico, el decreto reclamado formalmente es equiparable a una ley, pero materialmente no reviste los atributos de ésta.

Para acreditar la conclusión anterior, conviene examinar algunos preceptos del decreto impugnado. Así, encontramos lo siguiente:

"Artículo 1o. Se aprueba el proyecto de ejecución de obras 'Integración Urbana San Agustín-Valle Oriente-Monterrey Sur' para la ordenación y habilitación del sector del área metropolitana comprendido entre los límites siguientes ..."

"Artículo 2o. El proyecto de 'Integración Urbana San Agustín-Valle Oriente-Monterrey Sur' comprende la incorporación de los terrenos del subsector del desarrollo planificado del sector Valle Oriente al área urbana del centro de población, mediante la planeación y la autorización para la instalación de la infraestructura de servicios públicos ..."

"Artículo 5o. En relación con el caso concreto de ejecución de obras viales y de las obras de urbanización comprendidas en el proyecto de 'Integración Urbana San Agustín-Valle Oriente-Monterrey Sur', se declara aplicable el impuesto sobre aumento de valor y mejoría específica de la propiedad a que se refieren los artículos del 169 al 180 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, del 41 bis-9 al 41 bis-26 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León y el artículo primero de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado."

De los artículos anteriores se desprende que el Decreto 308 no es una ley en sentido material. La ley, en este sentido, es siempre un acto jurídico que establece una regla de derecho, es decir, una normación jurídica de carácter general, permanente y para un número indeterminado de actos.

En cambio, el Decreto 308 es una norma particular y restringida (al "caso concreto" dice su artículo 5o.), que escapa a la naturaleza material de la ley, ya que sus normas no se ocupan de regular un número indeterminado de actos, sino sólo de establecer (artículo 1o.) el acto de aprobación del proyecto de ejecución de obras "Integración Urbana San Agustín-Valle Oriente-Monterrey Sur", a efecto de organizar y poner en marcha una actividad administrativa concreta, cuya pretensión es la terminación de una obra pública determinada.

Por tanto, el Decreto 308 no es una norma que cree situaciones jurídicas de orden general, sino una norma individual relativa a una situación particular y específica (autorización para ejecución de obras), que se refiere a una zona geográfica delimitada (sector del área metropolitana comprendido entre determinados límites urbanos), que afecta a un número determinado de sujetos claramente identificados (propietarios de los inmuebles urbanos dentro de esa área de influencia o beneficiada).

Asimismo, tampoco se trata de una norma abstracta, ya que sus preceptos tienen una determinación objetiva delimitada (ejecución de obras en un sector beneficiado), perdiendo su vigencia una vez cumplido el objeto que se persigue, sin que ésta se prolongue más allá de la consecución de las obras proyectadas.

En otras palabras, el Decreto 308 no es una norma material, porque su objeto a regular no es general ni indeterminado de manera abstracta (lex generalis), sino individualmente concretado (lex specialis). Se trata pues, de una disposición que no establece una norma de derecho general y abstracta, sino particular y concreta.

Adicionalmente, sus normas son periódicas y no permanentes, es decir, sólo están destinadas a regular temporalmente una actividad administrativa cuyo fin es la realización de una obra pública que permita posteriormente "la instalación de la infraestructura de servicios públicos" (artículo 2o.).

Por otro lado, el Decreto 308 no es una ley en sentido material porque no es autónoma, ya que no crea de un modo directo e inmediato derechos y obligaciones para los ciudadanos, sino que está condicionado y limitado por las leyes materiales preexistentes, que son las que se ocupan de regular el tributo reclamado.

En efecto, el decreto multicitado (artículo 5o.) declara aplicable el "impuesto sobre aumento de valor y mejoría específica de la propiedad", pero sin establecerlo, ya que para este efecto dicho decreto remite expresamente a "los artículos del 169 al 180 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, del 41 bis-9 al 41 bis-26 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León y el artículo primero de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado.".

De lo anterior se desprende que, desde el punto de vista material, el Decreto 308 no es una ley, sino sólo un acto administrativo que no pierde tal carácter por el hecho de su aprobación legislativa, y que no contiene ninguna norma jurídica general ni confiere al Gobierno estatal ningún poder o derecho que no posea ya con base a las leyes vigentes (Ley de Desarrollo Urbano, Ley de Hacienda y Ley de Ingresos). Los ingresos que el gobierno está obligado a recaudar y los gastos que puede efectuar se derivan de las leyes materiales referidas, de carácter permanente, que crean los derechos y las obligaciones del Estado con los particulares.

Así, el Decreto 308 es una simple actuación del ordenamiento jurídico preexistente, que constituye sólo un típico caso de autorización al gobierno para el ejercicio de facultades que ya posee, pero que por razones de política económica y constitucionales debe emanar del Congreso Local, aunque sustancialmente sea un acto administrativo.

En esta tesitura, el Decreto 308 no constituye una ley propiamente dicha, en el sentido material del término, que contenga normas jurídicas generales que regulen las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares; es un ordenamiento que se refiere exclusivamente al ámbito de las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo estatales, y constituye la manifestación de una función de control atribuida al Congreso que condiciona la validez y eficacia del acto administrativo (obra pública) del gobierno.

En síntesis, la función jurídica del Decreto 308 es autorizar al gobierno para ejercitar las facultades que, en materia de ingresos y de gastos públicos, derivan de las leyes en vigor (Ley de Hacienda, Ley de Ingresos y Ley de Desarrollo Urbano), dentro de los límites de fondos previstos y autorizados en el presupuesto estatal. El decreto multicitado supone un control preventivo ejercido por el Legislativo sobre la acción de gobierno, cuyo efecto es dar efectividad y eficacia al "caso concreto" sobre el que recae (autorización de una obra pública).

Consecuentemente, el Tribunal Pleno no es el competente para conocer de la constitucionalidad del decreto referido, ya que no se trata de una disposición materialmente legislativa, como lo exigen los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Sirve de apoyo a esta conclusión, en lo conducente, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Tribunal Pleno, Volumen 72, Primera Parte, página trece, que dice:

"LEYES EN SENTIDO FORMAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, RELATIVAS A CASOS PARTICULARES. NO CORRESPONDE CONOCER DE SU INCONSTITUCIONALIDAD AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, SINO A UN TRIBUNAL COLEGIADO. Según la Constitución Federal y particular del Estado de Sonora, los actos de los respectivos Poderes Legislativos que contienen disposiciones generales tienen el carácter de leyes en sentido formal y material; y los relativos a casos particulares reciben el nombre de decretos; en tal virtud, cuando se reclama una ley de la Legislatura local de dicho Estado que tiene por objeto ampliar el fundo legal de una población, debe estimarse que se trata de una ley en sentido puramente formal, que carece del requisito de ser general y abstracta, esto es, se reclama propiamente un decreto legislativo referente a un caso particular; y por lo consiguiente no es competente el Pleno de la Suprema Corte para conocer de la revisión, sino el Tribunal Colegiado correspondiente, ya que sólo compete al Pleno conocer de los amparos en revisión en que se impugne la inconstitucionalidad de una ley en su doble aspecto formal y material, como lo requieren los artículos 11, fracción IV bis, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo."

SEGUNDO. No obstante lo determinado en el considerando anterior, este órgano colegiado estima que debe ejercer la facultad de atracción y entrar al examen del recurso de revisión interpuesto, con fundamento en las siguientes argumentaciones:

El artículo 107 constitucional, en el penúltimo párrafo de su fracción VIII, previene que "La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del procurador general de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.". Con efectos meramente ilustrativos conviene añadir que prevención análoga se establece, respecto de los amparos directos, en el último párrafo de la fracción V del propio dispositivo y en cuanto a los recursos de apelación en juicios federales, en la fracción III del artículo 105 de la propia Constitución. El artículo 182 de la Ley de Amparo, respecto de los amparos directos, y el 84, fracción III, en cuanto a los recursos de revisión, reiteran esos principios y reglamentan el procedimiento que debe seguirse. Sin embargo, el 182 hace referencia a los amparos directos que originalmente correspondería conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito, y el 84, en la fracción citada, a los amparos en revisión cuando la Suprema Corte de Justicia estime que "por sus características especiales", debe ser resuelto por ella.

De los anteriores dispositivos que se citan, se sigue que es claro que constitucional y legalmente la Suprema Corte, de oficio, puede ejercer la facultad de atracción en los asuntos especificados, así como que ni la Constitución, ni la Ley de Amparo, definen ni dan elementos indubitables para determinar cuándo se está en presencia de asuntos de "interés e importancia" o de "características especiales". Es lógico inferir, en consecuencia, que el Poder Reformador de la Constitución y el legislador ordinario consideraron que debía ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que, a través de los asuntos que ante ella se ventilan y a través de la interpretación que debe realizar, fuera estableciendo criterios que integraran el marco para el ejercicio de la facultad de atracción, como en la realidad ha acontecido, como lo demuestran las abundantes tesis que, sobre el tema, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, de las que, para efectos del asunto que se examina, se seleccionan las que resultan útiles para la decisión señalada de atraer el conocimiento del caso.

"ATRACCIÓN. EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE PUEDE EJERCER ESA FACULTAD RESPECTO DE ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Si bien en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que señala los asuntos de carácter jurisdiccional que son de la competencia del Pleno de la Suprema Corte, no se establece que éste puede ejercer la facultad de atracción respecto de los amparos directos y amparos en revisión de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, a diferencia de lo que se previene en relación con las Salas en las fracciones I, inciso b) y III de los artículos 24, 25, 26 y 27 de ese ordenamiento legal, debe inferirse que ese alto cuerpo colegiado puede ejercer la referida facultad respecto de asuntos de la competencia de otros órganos, así como de las Salas, pues por una parte, el artículo 107 de la Constitución, al establecer la facultad de atracción, respecto de los amparos directos en el último párrafo de la fracción V, y en cuanto a los amparos en revisión en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VII, se refiere genéricamente a la Suprema Corte de Justicia en la que necesariamente se encuentra incluido el Pleno, como su órgano supremo y, por la otra, resulta lógico inferir que si en la ley orgánica se refiere al ejercicio de la facultad de atracción a sus Salas, por mayoría de razón debe hacerse extensiva al Pleno." P./J. 30/91.

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES DISCRECIONAL. El ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia, previsto en el artículo 107 de la Constitución, fracciones V, último párrafo, para los amparos directos, y VIII, para los amparos en revisión, procede cuando el propio órgano jurisdiccional estime que un asunto reviste características especiales que así lo ameriten, debiéndose entender que esa consideración es de carácter discrecional, toda vez que ni la Constitución Federal ni la Ley de Amparo establecen regla alguna sobre el particular." Tesis 3a./J. 43/91.

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. AL DECIDIR DISCRECIONALMENTE SOBRE SU EJERCICIO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA NO DEBE HACERLO EN FORMA ARBITRARIA O CAPRICHOSA. Al aplicar analógicamente la tesis de jurisprudencia publicada con el número 372 (página 628) de la Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que lleva por rubro 'FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO', y que se refiere a las autoridades administrativas, debe establecerse que la Suprema Corte de Justicia al decidir discrecionalmente si ejerce la facultad de atracción, conforme a lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución, en sus fracciones V, último párrafo y VIII, debe hacerlo no arbitraria o caprichosamente, sino invocando, sin alterar, las circunstancias que concretamente se refieran al caso de que se trate y sin apoyar la resolución en hechos inexactos, sino en razonamientos que estén de acuerdo con la lógica." Tesis 3a./J. 44/91.

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO DEBE HACERSE RESTRICTIVAMENTE. La facultad de atracción que respecto de los asuntos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito tiene la Suprema Corte de Justicia, en los términos de las fracciones V, último párrafo y VIII del artículo 107 de la Constitución, se debe ejercer restrictivamente, al hacer el análisis acerca de si se satisface el requisito de que se trate de un asunto que revista especiales características, lo que se infiere del nuevo sistema de competencias del Poder Judicial de la Federación que ha sido establecido con el propósito fundamental de que la Suprema Corte de Justicia se consagre a la función de supremo intérprete de la Constitución y los Tribunales Colegiados de Circuito al control de la legalidad, debiéndose limitar, por consiguiente, el ejercicio de la facultad de atracción a aquellos casos en los que notoriamente se justifique." Tesis 3a./J. 45/91.

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SÓLO DEBE EJERCERSE CUANDO SE FUNDE EN RAZONES QUE NO PODRÍAN DARSE EN LA MAYORÍA NI EN LA TOTALIDAD DE LOS ASUNTOS. Para determinar si un asunto de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene características especiales que justifiquen el ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia, debe apreciarse si se trata de un asunto excepcional, lo que se advertirá cuando los argumentos relativos no puedan convenir a la mayoría ni a la totalidad de asuntos, debido a su importancia por su gran entidad o consecuencia." Tesis 3a./J. 46/91.

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. LAS CARACTERÍSTICAS SINGULARES DE UN ASUNTO QUE PUEDEN PROPICIAR SU EJERCICIO, NO PUEDEN DEPENDER DE SITUACIONES TEMPORALES, NI CONTINGENTES, SINO QUE DEBEN DERIVAR DE LA NATURALEZA MISMA DE AQUÉL. Cuando del análisis de las constancias de autos de un juicio de amparo directo cuya atracción se pretende, se advierte que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, dictó acuerdo de turno designando a un Magistrado como ponente, auto que tiene carácter de citación de sentencia, en los términos del artículo 184 de la Ley de Amparo; que posteriormente se elaboró un proyecto de resolución y que, además, en el mismo tribunal se dio cuenta con el asunto en dos sesiones habiendo sido retirado, debe concluirse que no es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga y ejercite la facultad de atracción, porque las características singulares que pueden propiciar su ejercicio, no pueden depender de situaciones temporales, ni contingentes sino que deben derivar de la naturaleza misma del asunto." Tesis 3a. XXXIX/92.

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. DEBE EJERCERLA LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE RESPECTO DE REGLAMENTOS EMITIDOS POR LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. Si bien es cierto que no hay disposición expresa para considerar que la Suprema Corte sea competente para conocer de un recurso de revisión en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un Juez de Distrito en un juicio en el que se reclamó la inconstitucionalidad de un reglamento expedido por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, pues tratándose de reglamentos sólo se incluyeron expresamente dentro de la competencia de sus Salas la de los emitidos por el presidente de la República y por los gobernadores de los Estados, debe considerarse que en tal supuesto debe ejercerse la facultad de atracción, ya que se dan las características establecidas por los artículos 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo, de la Constitución General de la República y 24, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación porque lo justifican, a saber, la intención del Poder Revisor de la Constitución, de que la Suprema Corte de Justicia, como tribunal de constitucionalidad, conozca en última instancia de los ordenamientos de carácter general, así como que la asamblea mencionada, en su función reglamentaria, sustituyó al presidente de la República, lo que resulta más claro si en el reglamento emitido por ella se abroga uno emitido por aquél." Tesis 2a./J. 18/95.

"ATRACCIÓN. DEBE EJERCERSE ESA FACULTAD POR LA SUPREMA CORTE, RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE UNA LEY SI SOBRESEE EN CUANTO A ÉSTA POR DEMOSTRARSE QUE LA RECLAMÓ EN JUICIO ANTERIOR EN EL QUE SE LE OTORGÓ EL AMPARO. Para evitar el diferimiento en la administración de justicia y hacer efectiva la concesión del amparo que en un juicio anterior obtuvo la quejosa, respecto de una ley, la Suprema Corte debe ejercer su facultad de atracción prevista en la fracción III del artículo 84 de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación, si en un nuevo juicio decreta el sobreseimiento en cuanto a la ley, por estar demostrado en autos que el quejoso promovió un amparo anterior en contra de ella, en el que se le concedió la protección constitucional, pues por la íntima vinculación de esas cuestiones, independientemente de los vicios propios que pudieran tener los actos de aplicación, debe otorgarse el amparo como consecuencia de la inconstitucionalidad de la ley aplicada, respecto al quejoso, declaración que obtuvo en su beneficio en el juicio anterior." Tesis 3a./J. 22/93.

"ATRACCIÓN. DEBE EJERCERSE ESA FACULTAD CUANDO DE MODO EVIDENTE SE ADVIERTA QUE DE NO HACERLO SE AFECTARÁ LA GARANTÍA DE CELERIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN. Cuando de modo evidente se advierta que de remitirse el asunto al órgano originalmente competente, se atentará a la garantía de celeridad en la administración de justicia consagrada en el artículo 17 constitucional, resulta procedente que la Sala de la Suprema Corte correspondiente ejerza la facultad de atracción de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución y 26, fracciones I, inciso b) y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal." Tesis 3a. XXXIX/90.

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. LA TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE PUEDE EJERCERLA RESPECTO DE UN AGRAVIO RELATIVO A UNA MULTA VINCULADA CON LA LITIS. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en uso de la facultad de atracción que le concede el artículo 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 26, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por economía procesal, debe abocarse al estudio de un agravio relativo a materia de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, como lo es la imposición de una multa, por el Juez de Distrito a la parte quejosa, por ser consecuencia directa de la litis planteada." Tesis 3a. CLXXII/89.

"FACULTAD DE ATRACCIÓN. DEBE EJERCERSE CUANDO EL ASUNTO REVISTA CARACTERÍSTICAS DE INTERÉS Y TRASCENDENCIA CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE, ENTRE ELLOS CUANDO, POR LA SITUACIÓN PROCESAL EN QUE SE ENCUENTRE, GARANTICE QUE SE SALVAGUARDARÁ DE MODO EVIDENTE LA GARANTÍA DE CELERIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El análisis de los diversos artículos constitucionales y legales en los que se previene el ejercicio de la facultad de atracción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en asuntos de la competencia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, se infiere que tanto el Poder Reformador de la Constitución, como el legislador ordinario, han reservado a ese alto tribunal establecer,a través de sus criterios, cuándo se está ante un asunto de "interés y trascendencia" o de "características especiales" que amerite ser atraído. De acuerdo con ello, la Suprema Corte ha establecido diversos criterios orientadores que permiten establecer, entre otras conclusiones, que corresponde ejercer la facultad referida tanto a las Salas como al Pleno, éste respecto de asuntos competencia de aquélla, así como que la facultad es discrecional, lo que no debe hacerse en forma arbitraria ni caprichosa, pero sí de modo restrictivo, fundándose en razones que no quepa esgrimir en todos o en la mayoría de los asuntos, no pudiendo depender de situaciones temporales o contingentes, sino de la naturaleza misma del asunto, pudiendo darse también situaciones procesales que recomienden con especial prudencia el ejercicio de la facultad de atracción cuando, de modo evidente, se salvaguarde la seguridad jurídica o la celeridad en la administración de justicia, garantizada por el artículo 17 de la Constitución, como acontece cuando el asunto pueda resolverlo de inmediato y en su integridad, la Suprema Corte, lo que sería imposible que lo hiciera el Tribunal Colegiado de Circuito, al que por tener competencia originaria pudiera remitírsele."

Del estudio relacionado de las tesis transcritas, se pueden extraer, entre otras, las siguientes conclusiones:

1. La facultad de atracción la pueden ejercer tanto el Pleno como las Salas de la Suprema Corte.

2. El Pleno de la Suprema Corte puede ejercer la facultad de atracción respecto de asuntos competencia de las Salas.

3. El ejercicio de la facultad de atracción es discrecional.

4. El ejercicio discrecional de la facultad de atracción no debe ejercerse en forma arbitraria o caprichosa.

5. El ejercicio de la facultad debe hacerse en forma restrictiva.

6. El ejercicio de la facultad de atracción sólo puede ejercerse cuando se funde en razones que no podrían darse en la mayoría o en la totalidad de los asuntos.

7. El ejercicio de la facultad de atracción no puede depender de situaciones temporales o contingentes, sino que debe derivar de la naturaleza misma del asunto. Además de los criterios anteriores que tienen un carácter general, existen otros que se encuentran más vinculados a las situaciones especiales que, dentro de la práctica jurisdiccional, hacen recomendable que se ejerza la facultad de atracción, en virtud de que con ello se logra la efectividad del derecho a la jurisdicción. En las últimas cuatro tesis transcritas, se advierte que el ejercicio de la facultad de atracción se derivó de que una autoridad específica emitió los reglamentos reclamados; de que el acto de aplicación reclamado se sustentaba en una ley, respecto de la cual se debía sobreseer por haberse reclamado ésta en un juicio anterior, pero en el que se otorgó el amparo con relación a la misma; de que se afectaría la garantía de celeridad en la administración de justicia de enviarse al Tribunal Colegiado de Circuito, en lugar de resolverse de inmediato; de que la resolución sobre el acto de aplicación de una ley se encuentre vinculada con la litis relativa.

De lo antes expuesto, se sigue que debe ser la prudencia de la Suprema Corte la que vaya señalando, a través de sus criterios, el marco en el que debe ejercerse la facultad de atracción buscando dar coherencia a aquellos. Al respecto, conviene apuntar que la experiencia jurisdiccional revela que hay ocasiones en las que conviene ejercitar la facultad de atracción no tanto porque se esté dentro de los supuestos de los criterios generales, sino porque la situación procesal en la que se encuentra el asunto, haría notoriamente inconveniente, para la administración de justicia, que el asunto se remitiera al órgano competente. Ello se advierte con claridad en las cuatro últimas tesis referidas. En la relativa a los reglamentos de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se observa una interpretación sustentada en la analogía. Si la Suprema Corte es competente para conocer de la inconstitucionalidad de reglamentos emitidos por el presidente de la República y la referida Asamblea asumió esa competencia administrativa en cuanto a los reglamentos del Distrito Federal, debe ser la Suprema Corte la que conozca de las revisiones relativas.

En el caso del acto de aplicación de una ley respecto de la cual se sobresee por haberse reclamado en otro juicio en el que se otorgó el amparo en relación con ella, se advierte que implícitamente se reconocieron los valores de seguridad jurídica y de celeridad en la administración de justicia. Seguridad jurídica al resolver, la Corte, o amparar respecto de la multa por fundarse en una ley declarada inconstitucional respecto del mismo quejoso, y no correr el riesgo de que, remitiéndose el asunto a un Tribunal Colegiado de Circuito, éste, con excesivo rigor técnico, sobreseyera respecto del acto de aplicación, en virtud de que este alto tribunal había sobreseído en cuanto a la ley y el acto de aplicación no se reclamaba por vicios propios. Celeridad en la administración de justic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4252-f17a5070/contribuciones-de-mejoras-los-decretos-legislativos-que-ordenan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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