Corpus
Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO AL JUICIO. DEBEN OBSERVARSE TODAS LAS FORMALIDADES DEL. * * * EMPLAZAMIENTO. LUGAR SEÑALADO PARA PRACTICAR EL. - - -

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 264/93. · Registro digital (IUS): 5199
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSE LUIS SEGURA IGLESIAS Y OTRAS.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Mayo de 1994, , Pág. 277.

AMPARO EN REVISION 264/93. JOSE LUIS SEGURA IGLESIAS Y OTRAS.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Los agravios antes transcritos son infundados.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, el actuario encargado de emplazar a la parte demandada debe cerciorarse de que el domicilio donde se constituye es el señalado en autos y, además, que en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio el demandado; el propósito del legislador es que el demandado tenga oportunidad de enterarse de la existencia del juicio y de acudir a él a defenderse, pues ello sólo se logra si el funcionario encargado de llamarlo acude al lugar fijado por el actor en su demanda y se cerciora de que, en donde se constituye, puede encontrársele, por habitarlo, trabajar o estar domiciliado, esto es, que allí puede ser localizado porque se encuentra ordinaria, habitual y permanentemente en ese sitio, debiendo asentar de todo ello, razón en autos. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión números 146/91, 243/91, 147/92 y 205/92, que dice: "EMPLAZAMIENTO. LUGAR SEÑALADO PARA PRACTICAR EL.-De la redacción de la fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, se infiere que la obligación que le impone al actuario en el sentido de cerciorarse de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación, tiene como propósito el de cerciorarse de que el demandado concurre al lugar indicado y en él puede encontrársele, por habitarlo, trabajar o estar domiciliado en el mismo, esto es, corroborar que en el lugar señalado por la parte actora para emplazar al demandado, puede localizarse a éste, porque se encuentre ordinaria, habitual y permanentemente en el mismo sitio.".

En el caso a estudio, las cédulas de emplazamiento respectivas textualmente dicen: "...y cerciorado que fui que es el lugar señalado en autos para hacer la notificación en virtud de que..." (foja cuarenta y seis y siguientes).

Ahora bien, de la anterior transcripción claramente se desprende que el actuario que practicó las diligencias controvertidas, si bien hizo constar los medios a través de los cuales se cercioró de que el domicilio en que se constituyó es el señalado en autos, contrariamente a lo alegado por el recurrente, no precisó haberse cerciorado de que precisamente en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio cada uno de los demandados ahora quejosos. Así, resultan ilegales las diligencias cuestionadas, por no observarse el artículo 743 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, razón por la cual estuvo en lo correcto el Juez Federal, al conceder, por ese motivo, la protección de la justicia federal solicitada. Tiene aplicación en la especie el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado al resolverse los amparos en revisión números 407/89, 243/91, 147/92 y 205/92, publicados bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO, DEBEN OBSERVARSE TODAS LAS FORMALIDADES DEL.".

Por ende, en contra de lo que alega en el sentido de que el diligenciario que practicó los emplazamientos controvertidos sí se cercioró de que el domicilio en el que se constituyó es el de los demandados y por eso sí se cumplió el requisito correspondiente, pues de las constancias remitidas por la responsable anexas a su informe justificado deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., se desprende que el actuario que practicó tales diligencias únicamente se cercioró de que el domicilio en el que se constituyó es el señalado en autos, pero no precisó de manera circunstanciada a través de qué medios se cercioró de que precisamente en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio cada uno de los demandados que fueron emplazados.

Aunque es cierto que el diligenciario que practica el emplazamiento en los juicios laborales no debe, como lo estimó el Juez Federal a quo, apercibir a los demandados en los términos que precisa; sin embargo, la ilegalidad de esta consideración no es suficiente para revocar la sentencia recurrida y negar la protección de la justicia federal solicitada como lo pretende el recurrente, si como quiera que sea, es ilegal el emplazamiento por la razón expuesta con anterioridad.

Los quejosos también expresan en la demanda de garantías que debió corrérseles traslado con el auto inicial que contenía los apercibimientos a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en lo cual tienen razón.

Ciertamente, cuando el actuario responsable al llevar a cabo la diligencia de emplazamiento sólo corre traslado al demandado con la copia simple de la demanda inicial que fue previamente cotejada con su original, pero omite hacerlo respecto del auto inicial que contienen los apercibimientos de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho de ofrecer pruebas en caso de no concurrir a la audiencia, e incluso es donde se señala día y hora para la celebración de la audiencia de ley y la Junta que conoce del asunto, debe estimarse que el emplazamiento no se realizó como lo ordena la ley de la materia; ello es así porque el emplazamiento es un acto formal que debe ceñirse estrictamente a las exigencias previstas en la Ley Federal del Trabajo.

En la especie, de las constancias remitidas por la responsable anexas a su informe justificado y de las ofrecidas por el representante común de los quejosos, claramente se desprende que en las cédulas de emplazamiento se precisó: "Se corre traslado a las partes demandadas con copias simples de la demanda inicial las cuales fueron previamente cotejadas con su original, la que obra en autos de la foja número..." (fojas cuarenta y seis y siguientes), de lo que se desprende que no se corrió traslado a los demandados, ahora quejosos, con el auto inicial dictado el dos de septiembre de mil novecientos noventa y dos (foja cuarenta y cuatro). Por ello resultan ilegales tanto el emplazamiento cuestionado como las subsecuentes actuaciones llevadas a cabo con base en él. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión 198/91, 459/92 y 66/93, que dice: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. FORMALIDADES DEL. DEBE CORRERSE TRASLADO AL DEMANDADO DEL AUTO INICIAL QUE SE DICTE EN EL JUICIO.-Cuando el actuario al llevar a cabo la diligencia del emplazamiento procede a correr traslado al demandado del auto en donde se señaló la fecha para la celebración de la audiencia, así como copia de la demanda, pero es omiso hacerlo respecto del auto inicial en donde se dictaron los apercibimientos de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas en caso de no concurrir a la audiencia, el emplazamiento no se realiza como lo ordena la ley; pues constituyendo éste una formalidad esencial del procedimiento y, por tanto, tratándose de un acto formal, deben cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia; en consecuencia cuando se omite correr traslado del auto inicial que contiene tales apercibimientos, la diligencia debe considerarse incorrecta, porque contraría al texto de los artículos 742, 743, 751 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, y por consiguiente resulta ilegal la determinación de tener al demandado por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas.".

Es pertinente aclarar que el análisis de este concepto se realiza en uso de las facultades que a este tribunal le confiere el artículo 91 fracción I de la Ley de Amparo, toda vez que al hacerse cargo de él, el Juez Federal a quo lo examinó equivocadamente, pues sostuvo que el quejoso arguyó el hecho de no haber sido apercibido conforme a la ley.

Las consideraciones que preceden conducen a confirmar la sentencia sujeta a revisión, y conceder la protección de la justicia federal solicitada, concesión que se hace extensiva a los actos reclamados de la autoridad señalada como ejecutora. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 62, de este Tribunal Colegiado que se encuentra publicada bajo el rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.".

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV y 85 fracción II de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Segura Iglesias, Puebla Especialidades Industriales, S.A. de C.V., Benigna Iglesias viuda de Segura, Rosa María González Arenas de Segura y María del Pilar Segura Iglesias; contra actos que reclaman de la Junta Especial Número Uno de las de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y actuario adscrito a la misma; los cuales han quedado debidamente precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo, y en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Tarcicio Obregón Lemus, Gustavo Calvillo Rangel y José Galván Rojas, siendo Ponente el segundo de los nombrados quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

-----

Se transcribe la ejecutoria del amparo en revisión 205/92, publicada en el Tomo X-Julio, página 80.

Amparo en revisión 205/92. Saúl Garzón García y otra.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- La sentencia recurrida es como sigue: "SEGUNDO.- Se advierte en la especie la causal de improcedencia que hacen valer el tercero perjudicado y sus apoderados prevista en la fracción XII del artículo 73, así como la diversa XVIII del citado artículo en relación con el 193, ambos dispositivos legales de la Ley de Amparo, que se advierte de oficio cuyo estudio es preferente de conformidad con el último párrafo del mencionado artículo 73 y con apoyo en la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, publicada bajo el rubro: `IMPROCEDENCIA'.- En efecto, los quejosos hacen valer en su demanda de garantías que el emplazamiento realizado en el juicio laboral es ilegal (foja 4) y que en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, se cometieron violaciones de legalidad y seguridad jurídica; de la copia certificada que ofrecieron como prueba las autoridades responsables derivadas del expediente D-2/122/90, que tiene valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., se desprende que los quejosos promovieron incidente de nulidad de actuaciones por considerar que no estuvieron debidamente emplazados (fojas 47 y 48), que fue resuelto dicho incidente el once de diciembre de mil novecientos noventa (fojas 67 y 68); y que esa resolución se notificó a los ahora quejosos el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y uno (foja 69). Se estima que a partir de esta fecha los quejosos estuvieron en posibilidad de impugnar el mencionado emplazamiento y la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y como la demanda de amparo la interpusieron hasta el siete de febrero último, es indudable que transcurrió en exceso el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, por lo que surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la tesis visible en la página 105, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, publicada bajo el rubro: `ACTOS CONSENTIDOS', lo que obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio de conformidad con la fracción III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo y con apoyo en la tesis visible en la página 2898, del citado Apéndice, publicada bajo el rubro: `SOBRESEIMIENTO'.- Con relación al laudo pronunciado en el expediente D-2/122/90, porque se dice es ilegal el emplazamiento realizado en ese expediente, las autoridades responsables remitieron copia certificada deducida de ese expediente cuyas constancias tienen valor probatorio pleno, como se mencionó en el párrafo anterior, debiendo darle igual valoración a la copia certificada derivada de ese expediente que ofrecieron como prueba los quejosos, se advierte lo siguiente: a).- El tercero perjudicado promovió juicio laboral en contra de los quejosos y otro, reclamándoles diversas prestaciones (foja 22); b).- Por acuerdo de diecisiete de abril de mil novecientos noventa, se admitió la demanda, se ordenó emplazar a los demandados y se señalaron las once horas con treinta minutos del día veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas (foja 27); c).- El mencionado día se celebró la audiencia referida a la que no comparecieron los demandados (fojas 34 a 36); d).- Mediante escrito de ocho de junio de mil novecientos noventa, los ahora quejosos promovieron incidente de nulidad de actuaciones por no estar debidamente emplazados (fojas 47 a 49); e).- Por resolución de once de diciembre de mil novecientos noventa, se declaró improcedente ese incidente (fojas 67 y 68); f).- La mencionada resolución se les notificó a los quejosos en el domicilio señalado en autos, mediante instructivo que recibió Francisca Martínez Vázquez (foja 69); g).- El dieciséis de octubre pasado, se pronunció el laudo en el que se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones (fojas 76 a 79, 102 a 109); g).- Ese laudo se notificó a los demandados el dieciséis de enero último, a través del quejoso Saúl Garzón García (fojas 80 y 110).- Del estudio y análisis de lo anterior, se advierte que los quejosos son los demandados en el juicio laboral de que se trata, sin embargo al no haber constancia de que en contra de la resolución pronunciada en el incidente de nulidad de actuaciones que promovieron por considerar que no estuvieron debidamente emplazados, hayan promovido el medio de defensa como lo es el juicio de amparo indirecto, por tanto, debe decirse que quedó firme el mencionado emplazamiento al haberlo consentido tácitamente. Ahora bien, como el laudo reclamado es una consecuencia legal y necesaria del emplazamiento realizado en el juicio de origen, que quedó firme porque los quejosos no promovieron oportunamente el medio de defensa en contra de la resolución pronunciada en el incidente de nulidad de actuaciones y como el citado laudo no se reclama por vicios propios, ya que se hace derivar del emplazamiento que fue analizado con motivo del citado incidente de nulidad con el que consintieron porque no lo impugnaron oportunamente, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia número 99, visible en la página 53, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 38, del mes de febrero pasado, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada bajo el rubro: `ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA', lo que obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio de conformidad con la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis visible en la página 2898, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, publicada bajo el rubro: `SOBRESEIMIENTO'. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto atribuido al Actuario adscrito a la Junta por no reclamarlo por vicios propios ya que se hace derivar del emplazamiento reclamado, de conformidad con la jurisprudencia número 1812, visible en las páginas 2912 y 2913 del citado Apéndice, publicada bajo el rubro: `SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS'."

SEGUNDO.- La parte recurrente expresa por vía de agravios lo que sigue: "CONCEPTOS DEL AGRAVIO. La sentencia recurrida se considera que existe una causal de improcedencia prevista en la fracción XII y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Esta apreciación es incorrecta e infundada porque la autoridad responsable, al resolver no estudió debidamente las violaciones cometidas durante el procedimiento, mismas que nos dejaron en completo estado de indefensión, resultando conculcatorias de garantías de audiencia y seguridad jurídica. En efecto como se desprende de las copias certificadas deducidas del expediente laboral D- 2/122/90, los suscritos promovieron incidentes de nulidad de actuaciones en contra del supuesto emplazamiento realizado, mismo que se resolvió el día once de diciembre de mil novecientos noventa, notificando esta resolución interlocutoria el día veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y uno, a la señora FRANCISCA MARTINEZ VAZQUEZ. Sin embargo, dicho incidente únicamente se ocupó del emplazamiento, no así de las posteriores violaciones al procedimiento que se realizaron por la Honorable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, motivo por el cual no debe sobreseerse el presente juicio de garantías, debiéndose entrar al estudio de todas y cada una de las violaciones hechas valer por los quejosos en su demanda, por tratarse de violaciones cometidas durante el procedimiento y que nos dejan en completo estado de indefensión. Lo anterior se afirma en virtud de que el día veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, no obstante que la parte demandada no había sido legal y debidamente emplazada se desahogó dicha audiencia, encontrándose en la etapa de demanda y excepciones el actor procedió a modificar su demanda, prosiguiendo con la substanciación, situación que resulta violatoria de las garantías de audiencia y seguridad jurídica, al no haber diferido la audiencia multicitada en su etapa de demanda y excepciones con el objeto de que se me notificara personalmente con la modificación de la demanda realizada por el trabajador, por contener nuevos hechos. Cabe hacer mención y así lo hago de su conocimiento a ustedes ciudadanos magistrados que la presente violación no fue materia del incidente de nulidad de actuaciones, motivo por el cual es procedente se impugne mediante el presente juicio de garantías, toda vez que nos dejó en completo estado de indefensión. 2.- FUENTE DEL AGRAVIO. Considerando segundo y punto resolutivo único. PRECEPTOS VIOLADOS.- Los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República y 193 de la Ley de Amparo. CONCEPTOS DEL AGRAVIO.- La sentencia que se impugna se funda en una presunta tesis jurisprudencial visible en la página 105 de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, publicada bajo el rubro: `ACTOS CONSENTIDOS', y apoyada la tesis visible en la página 2898 del citado Apéndice, publicada bajo el rubro: `SOBRESEIMIENTO' que no es aplicable al presente amparo, entre otros, por los siguientes motivos: a).- La falta de emplazamiento que se hace valer resulta ser la primera violación dentro del procedimiento por el cual se nos dejó en completo estado de indefensión, y que constituye el origen de las siguientes violaciones al procedimiento; ahora bien el incidente promovido de nulidad de actuaciones interpuesto en contra del emplazamiento, si bien es cierto la interlocutoria no se impugnó dentro del término que establece la ley, esto no obsta para que se tengan por consentidos los actos de la autoridad responsable que resultan violatorios al procedimiento realizados posteriormente el emplazamiento. b).- La falta de notificación personal de la modificación de la demanda realizada por el actor en la etapa de demanda y excepciones, resulta ser una violación al procedimiento posterior, que tiene íntima relación con la primera, toda vez que no estábamos enterados de la existencia del juicio laboral, consecuentemente nos dejó en completo estado de indefensión, cabe aclarar que la presente violación tiene relación con la mencionada en el inciso anterior, aunque es independiente de la misma. c).- En conclusión, no obstante que se promovió el incidente de nulidad en contra del emplazamiento, por ser la primera violación al procedimiento, esto no impide la procedencia del presente juicio de garantías, toda vez que la segunda violación mencionada en el inciso que antecede, es consecuencia de la primera mencionada en el inciso `A', al no estar enterados de la existencia del mencionado juicio laboral, mismo que se tramitó sin nuestro conocimiento, sin haber sido oídos ni vencidos en juicio. 3.- FUENTE DEL AGRAVIO. Considerando segundo y punto resolutivo único. PRECEPTOS VIOLADOS.- Artículos 73 fracciones XII y XVIII, 74 fracción III de la Ley de Amparo. CONCEPTOS DEL AGRAVIO.- La indebida aplicación de los preceptos citados, puesto que el amparo promovido no es improcedente, y, por tanto, no procedía tampoco el sobreseimiento. En efecto, la procedencia del amparo se deriva del artículo 114 fracción II de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado se refiere a violaciones cometidas durante el procedimiento mismas que nos dejan en un estado de indefensión, privándonos de los derechos que la Ley Federal del Trabajo nos concede".

TERCERO.- No se examina la parte considerativa de la sentencia recurrida ni los agravios que se hacen valer en su contra, por las razones siguientes:

Saúl Garzón García y Silvia García de Garzón, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y actuaria adscrita a la misma, los que se hicieron consistir concretamente en el laudo de dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y uno, dictado en el expediente D-2/122/990, relativo al juicio laboral promovido por Ricardo Lozano García en contra de los quejosos.

Ante tal situación, resulta incuestionable que si el acto reclamado lo constituye un laudo dictado por una Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, debió reclamarse a través del amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, en términos de los artículos 107 fracciones III y V de la Constitución General de la República, 44 y 158 de la Ley de Amparo, y 44 fracción I inciso d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un acto con que culminó el procedimiento laboral de referencia, que decidió el juicio en lo principal y en contra del cual la Ley de la Materia no establece recurso ordinario alguno por el que pudiera ser revocado o modificado.

No es obstáculo para ello, el hecho de que los quejosos hayan reclamado dentro de los conceptos de violación, una infracción a las leyes del procedimiento, consistente en el ilegal emplazamiento al juicio de origen, pues dado el planteamiento hecho en la demanda, y según constancias que obran en autos, la parte quejosa antes de que se pronunciara el laudo acudió ante la Junta responsable y promovió el incidente de nulidad de actuaciones a partir del emplazamiento a juicio. Por lo tanto, lo relativo a la legalidad del emplazamiento, debió ser planteado en la demanda de amparo directo que en su caso se interpusiera contra el laudo, por encuadrar en el supuesto previsto por el artículo 159 fracción I de la Ley de Amparo, que señala que en los juicios seguidos ante Tribunales del Trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley. Es aplicable en lo conducente la tesis que este Tribunal ha sustentado al resolver los amparos en revisión números 148/990, 53/991 y 470/991, que dice: "EMPLAZAMIENTO. FALTA DE. JURISPRUDENCIA NO APLICABLE EN AMPARO INDIRECTO.- El artículo 159 fracción I de la Ley de Amparo, establece como violaciones a las leyes del procedimiento que afectan las defensas del quejoso `cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley', y esta hipótesis se surte cuando el quejoso se entera de la existencia del juicio antes de que se falle en definitiva, pues teniendo oportunidad legal de concurrir al juicio a defenderse podría suceder que el fallo le favoreciera, y sólo en caso de que así no fuera podría alegar la falta o ilegal citación como violación al procedimiento." En este supuesto no tiene aplicación la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "EMPLAZAMIENTO. FALTA DE.- Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en el juicio por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifiesta que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes". La expresión "... contra el fallo dictado en su contra..." contenida en esa tesis debe entenderse que se refiere a cuando ya se hubiera pronunciado sentencia definitiva o laudo en el juicio generador del acto reclamado y se acude ante los Tribunales Federales alegando la falta de emplazamiento."

Con base en lo anterior, debe concluirse que el juez de Distrito a quo carecía de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías en la vía indirecta, pues como ha quedado demostrado, en casos como el de la especie, el laudo debió reclamarse a través del amparo en la vía directa ante un Tribunal Colegiado de Circuito. En consecuencia y con fundamento en los artículos 44, 49 y 94 de la Ley de Amparo, así como 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en términos de su artículo 2o, debe declararse insubsistente la sentencia recurrida y toda vez que obran en autos los elementos indispensables para examinar la constitucionalidad del acto reclamado, este tribunal se avoca al conocimiento del asunto sin necesidad de ordenar una nueva tramitación en forma de amparo directo. Es aplicable al caso la tesis que este tribunal ha sustentado al resolver los amparos en revisión números 227/990, 151/991, 203/991 y 528/991, que dice: "AMPARO RESUELTO POR UN JUEZ DE DISTRITO DEL QUE DEBIO CONOCER EL TRIBUNAL COLEGIADO EN AMPARO DIRECTO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 94 de la Ley de Amparo, cuando un Tribunal Colegiado conoce del recurso de revisión interpuesto contra una resolución dictada por el juez de Distrito en un juicio de amparo que debió conocerse en única instancia, procederá a declarar insubsistente la sentencia recurrida y, de existir en autos los elementos indispensables para conocer de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se avocará al conocimiento de los conceptos de violación que hizo valer la quejosa ante el juez del conocimiento dictando la resolución que proceda, sin que exista necesidad de ordenar nueva tramitación en forma de amparo directo".

CUARTO.- Los puntos resolutivos del laudo reclamado son como sigue: "PRIMERO.- El actor RICARDO LOZANO GARCIA, demostró sus acciones ejercitadas. SEGUNDO.- La parte demandada legítimo propietario del negocio denominado SERVICIO AUTOMOTRIZ GARZON, SAUL GARZON GARCIA Y SEÑORA SILVIA GARCIA DE GARZON, no opusieron excepciones ni defensas. TERCERO.- Se condena a la parte demandada antes referida al pago de indemnización constitucional, veinte días de salario por cada año de servicios, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras, prima de antigüedad, mismas que dan una cantidad líquida de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, CERO CENTAVOS, más el pago de los salarios caídos a partir del trece de marzo de mil novecientos noventa y hasta que se cumplimente el presente laudo; en términos del considerando correspondiente".

No se transcribe la parte considerativa del laudo reclamado, en virtud de que no se impugna por violaciones cometidas en el mismo, sino por violaciones al procedimiento que afectaron las defensas de los quejosos, trascendiendo al resultado del fallo.

QUINTO.- Como conceptos de violación se expresó lo siguiente: "PRIMERO.- Se viola en mi perjuicio los preceptos constitucionales violados, por la autoridad responsable, toda vez que no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que el juicio laboral que se siguió en mi contra, no me fue legal y debidamente notificado, por lo que resulta ilegal el procedimiento, consecuentemente es injusto e ilegal el laudo de fecha dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y uno dictado por la Junta Especial Número Dos de las de la Local de Conciliación y Arbitraje en el que se me condena al pago de las prestaciones asentadas en el punto resolutivo tercero. SEGUNDO.- En efecto, tanto el citatorio previo, como la cédula de emplazamiento realizada al legítimo propietario de la negociación `SERVICIO AUTOMOTRIZ GARZON' y/o quien resulte responsable de la relación laboral, el primero, de fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa, y el segundo, de fecha nueve del mismo mes y año, son vio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5199-e432aa50/emplazamiento-al-juicio-deben-observarse-todas-las-formalidades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.