Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL CÓMPUTO PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA PRESENTADA, POR EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA, ANTE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL INCOMPETENTE, DEBE REALIZARSE ATENDIENDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN ANTE ÉL. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR ACTOS DERIVADOS DE RESOLUCIONES DICTADAS EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 17/97. · Registro digital (IUS): 5301
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, , Pág. 793.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 17/97. MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.

Ponente: Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas.

Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua el día trece de junio de mil novecientos noventa y siete, Ramón Galindo Noriega y Jesús Alfredo Delgado Muñoz, en su carácter, de presidente municipal y secretario ambos del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, promovieron demanda de controversia constitucional en contra del Congreso del Estado de Chihuahua, por los actos consistentes en los requerimientos contenidos en los acuerdos números 107/97-II-P.O., 108/97-II-P.O., 109/97-II-P.O., y 112/97-II-P.O., de veintisiete de mayo y tres de junio de mil novecientos noventa y siete.

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"1. En contra de diferentes autoridades municipales se han promovido distintos juicios de amparo, existiendo en concreto los tramitados bajo los números 1480/94-IV, 149/96-IV, 150/96-IV y 151/96-IV, todos ellos del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad. El primero derivado de una afectación que supuestamente sufriera la Sra. Elva Graciela Riojas Narro por la construcción de una obra vial, y los tres restantes promovidos por las empresas Juver Industrial, S.A. de C.V., Río Bravo Eléctricos, S.A. de C.V., y Plásticos Sotec, S.A. de C.V., respectivamente. 2. Que en los referidos juicios, la Juez Quinto de Distrito tomó el acuerdo de requerir al H. Congreso del Estado para que en su carácter de ‘superior jerárquico’ del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez le exija a éste el cumplimiento de las sentencias por ella dictadas en tales procedimientos. 3. Actuando en consecuencia a lo acordado por la referida Juez, el Congreso del Estado procedió a emitir en fecha 27 de mayo de 1997 los acuerdos 107/97 II P.O., 108/97 II P.O., y 109/97 II P.O., relativos a los juicios 149/96-IV, 150/96-IV y 151/96-IV, previamente citados, en los cuales determinó: ‘Primero. Requiérase al H. Ayuntamiento de Juárez, Chih., para que exija al presidente y tesorero municipales, que dentro del término de veinticuatro horas den cumplimiento a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el juicio de amparo No. 151/96-IV mediante el cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Juver Industrial, S.A. de C.V. Segundo. Hágase saber a dicho Ayuntamiento que en caso de no cumplir la ejecutoria de amparo, el Juez Quinto de Distrito procederá conforme lo dispone el artículo 105 de la Ley de Amparo. Tercero. Hágase saber igualmente a dicha autoridad que deberá informar al Congreso del Estado respecto del cumplimiento que dé a la sentencia, inmediatamente que proceda a ello.’-La transcripción anterior es del acuerdo 108/97 II P.O., siendo el contenido de los dos restantes en los mismos términos, por lo que en obvio de repeticiones se omite su transcripción. Anexo al presente se remite copia certificada por el Lic. Carlos Silveyra Sayto, notario público no. 23 para el Distrito Judicial Bravos, de los documentos mediante los cuales el Congreso del Estado hiciera la notificación respectiva a este Ayuntamiento en fecha 28 de mayo de 1997. 5. En igual sentido se pronunció el órgano citado al emitir su acuerdo 112/97 II P.O., relativo al juicio 1480/94-IV seguido por Elva Graciela Riojas Narro, en fecha 3 de junio de 1997, y que fuera notificado al H. Ayuntamiento el 6 del mismo mes el cual en copia certificada se remite igualmente."

TERCERO. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua en sesión de Pleno extraordinaria de fecha veintitrés de junio de mil novecientos noventa y siete, resolvió abstenerse por estimarse incompetente de conocer del presente asunto y ordenó que se remitiera la demanda y sus anexos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales conducentes.

CUARTO. Por oficio número S-488 de fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y siete, presentado en la Oficina de Correos del Estado de Chihuahua el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete y recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día dos de julio del mismo año, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado envió las constancias relativas al presente asunto.

QUINTO. Por acuerdo de tres de julio de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, en la que por turno correspondió fungir como instructora a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas.

Por auto de fecha cuatro del citado mes y año, la Ministra instructora reconoció la personalidad de los promoventes, tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional y ordenó emplazar a la autoridad demandada; asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República para los efectos legales procedentes.

SEXTO. El Congreso del Estado de Chihuahua, al formular su contestación de demanda, en síntesis manifestó lo siguiente:

a) Que es improcedente la controversia constitucional conforme a la fracción VI del artículo 19 y fracción II del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que los actos reclamados fueron realizados con motivo de la ejecución de las sentencias que concedieron a las quejosas los amparos solicitados y tales actos admiten el recurso de queja previsto en la fracción IV del artículo 95 de la Ley de Amparo, que en el caso no fue agotado contra actos del Congreso.

b) Que los demandantes consideran que el Congreso del Estado, al acatar la orden del Juez de Distrito actuó indebidamente en exceso de las facultades que la ley le confiere y tales consideraciones las expresan en relación directa y con motivo de los actos del Juez de Distrito y de una de las autoridades responsables (el Congreso del Estado), tendientes a la ejecución de las sentencias que concedieron a los quejosos el amparo, y esos actos por disposición del artículo 95, fracción IV, de la Ley de Amparo, admiten el recurso de queja.

c) Que la vía legalmente prevista para la solución del conflicto es el recurso de queja referido, que en el caso no fue agotado por los demandantes o al menos el Congreso del Estado no ha sido llamado como autoridad responsable al recurso de queja en el que le atribuyan y reclamen sus actuaciones ahora impugnadas, por lo que tal omisión acarrea la improcedencia de la controversia por disposición de la fracción VI del artículo 19 de la ley de la materia, conforme al cual: "artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: ... VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto.".

d) Que si bien es cierto que dichas resoluciones, por referirse a la exigencia de la ejecución de las sentencias de amparo admiten el recurso de queja, también lo es que los actos del Congreso, en cuanto que son realizados para el mismo fin de ejecución de la sentencia, admiten igualmente el recurso de queja, sin embargo, el recurso de queja no se interpuso contra los actos del Congreso del Estado y por lo tanto, el requerimiento que se formuló al Ayuntamiento en cumplimiento a la orden del Juez de Distrito, resultó consentido por no haber interpuesto las autoridades municipales el recurso de queja, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia invocada y en base a ello procede decretar el sobreseimiento.

e) Que es inexacto que los acuerdos del Congreso carecen de fundamentación y motivación porque los promoventes reconocen que los acuerdos los tomó el Congreso en cumplimiento de los requerimientos que le fueron formulados por el Juez Quinto de Distrito y además reconocer la cita de los preceptos en que se apoyan, al grado que transcriben la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLAS ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO.", en la que el punto de acuerdo presentado por el diputado Silveyra Hinojos, presidente del Congreso, se apoya para elevar la propuesta de acuerdos ahora impugnados.

f) Que conforme al Diario de los Debates, el presidente del Congreso sometió a conocimiento del Pleno la situación generada con motivo de las sentencias concesorias del amparo, el incumplimiento a las mismas que se estaba presentando por parte de las autoridades municipales y los requerimientos que el Juez Quinto de Distrito hacía al Congreso para conseguir el cumplimiento de tales sentencias de amparo que se vieron, asimismo los antecedentes que motivaron al Juez a tomar la determinación, que igualmente constituyen la motivación de los acuerdos tomados por el Congreso y definitivamente tales debates y el acuerdo mismo del Congreso tuvieron apoyo en la jurisprudencia referida, la que se observó de inmediato. Asimismo las actuaciones ahora reclamadas se emitieron en cumplimiento de una orden emanada del Juez Quinto de Distrito, porque éste constituye el órgano competente de control constitucional de los actos de las autoridades mexicanas, según su competencia, y cuyas facultades derivan de las normas máximas contenidas en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que se desarrollan en la respectiva ley reglamentaria a la que conocemos como Ley de Amparo cuyo artículo 105 sirvió de base a los acuerdos del Juez de Distrito y del Congreso del Estado para emitir los acuerdos tendientes a lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, así pues, los actos del Congreso del Estado se dictaron en cumplimiento de la resolución del Juez de Distrito y con apoyo en este precepto y en la jurisprudencia referida.

g) Que respecto al argumento de los demandantes en el sentido de que el Congreso del Estado aceptó la calidad de "superior jerárquico" del Ayuntamiento actor, las actuaciones del Congreso se realizaron no en función de alguna jerarquía, sino en cumplimiento de las órdenes del Juez de Distrito cuya legalidad no es materia de este procedimiento constitucional, consecuentemente por tratarse de apreciaciones subjetivas de los demandantes y de actos ajenos al Congreso que no son materia de la controversia, habrán de considerarse infundadas.

h) Que el artículo 64 de la Constitución Local en su fracción XLVI expresamente establece como facultades del Congreso, todas aquellas que le conceda la ley, cuando establece: "Artículo 64. Son facultades del Congreso: ... XLVI. Las demás que le confieren esta Constitución, la Federal y demás leyes.", en consecuencia este precepto hecha por tierra el argumento y agravio respectivo que invocan los demandantes en el sentido de que la Constitución Local no faculta al Congreso para actuar como lo hizo.

i) Que en el caso el Congreso no actuó, en estricto sentido, conforme a las facultades que las leyes estatales le confieren, sino con apoyo y en acatamiento de las normas legales que rigen el acto impugnado, como son los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el artículo 105 de la Ley de Amparo y desde luego las disposiciones de la Juez Quinto de Distrito que ordena practicar los requerimientos referidos para efectos de lograr el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, emanadas tanto de dicha autoridad en primera instancia como de esta Suprema Corte de Justicia al confirmar las concesiones de los amparos y en observancia de la jurisprudencia que establece la obligación de toda autoridad, sea o no parte en el juicio, de proveer al cumplimiento de las ejecutorias de amparo.

j) Que el Congreso del Estado no ha sostenido ser superior jerárquico del Ayuntamiento, pues tal concepto lo externó la Juez Quinto de Distrito en los autos obsequiados por el Congreso y éste lo único que hizo fue acatar las órdenes dadas por la autoridad judicial a la que le compete conocer de los juicios de amparo en los que tanto el Congreso del Estado como los promoventes son partes y cuyas autoridades jamás cuestionaron tal competencia dando lugar al sometimiento tácito a la jurisdicción del Juez de Distrito, a quien no sólo compete el conocimiento de los juicios de amparo sino vigilar y ordenar la ejecución y cumplimiento de las sentencias dictadas en los mismos, por disposición de los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, preceptos que finalmente dejan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el conocimiento del incumplimiento de las autoridades y las sanciones que tal conducta amerita.

k) Que el uso de la expresión "superior jerárquico" por parte del Juez de Distrito no es violatorio de precepto legal alguno ni ocasiona perjuicios jurídicos al Ayuntamiento de Juárez, pero en todo caso, si los demandantes estiman que sí existen tal perjuicio y violación legal, lo procedente será que lo hagan valer a través de los recursos que contempla la Ley de Amparo, por ser los cuestionados, actos dictados por la autoridad de amparo en ejecución de las sentencias concesorias respectivas.

l) Que las expresiones ordenar y ejecutar que contempla el artículo 11 de la Ley de Amparo, al referirse al concepto de autoridad responsable como aquella que dicta, ordena y ejecuta la ley o el acto reclamado, han dado lugar, en la práctica de foro, a la equiparación de la relación de superioridad de la autoridad que dicta u ordena el acto respecto de la que lo ejecuta y probablemente esto explica el uso por parte del Juez de Distrito de la expresión "superior jerárquico", pero ello queda como una simple expresión procesal carente de toda intención de alterar la naturaleza jurídica que a cada autoridad corresponde tanto en el juicio de amparo como en la organización que le compete conforme a la Constitución y la ley, sin embargo, aun en el supuesto, no dable, de que el uso de la expresión llevara la intención de provocar tal alteración ello no sería jurídicamente posible porque tales prácticas no alteran por sí mismas la naturaleza jurídica de la autoridad, la que permanece intocable durante la tramitación del juicio de amparo y si acaso al concederse éste ha de concluir con sanciones o con la separación en el cargo de la autoridad responsable, esto habrá sido por razones de incumplimiento pero no por el uso de las expresiones en cuestión, las cuales habrán resultado intrascendentes cualquiera que sea el estado final del juicio y sus consecuencias.

SÉPTIMO. Por oficio número PGR 530/97, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia el día veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete, el procurador general de la República, en síntesis manifestó lo siguiente:

a) Que la admisión de la demanda por parte de este Máximo Tribunal es procedente, toda vez que los actos que se impugnan se refieren a un conflicto entre un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, lo que en la especie permite, en el presente caso, que se actualice la hipótesis contenida en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal.

b) Que partiendo de la fecha en que surten efectos las notificaciones de los actos ahora impugnados, los días veintiocho de mayo y diez de junio de mil novecientos noventa y siete, respectivamente, y que el plazo para presentar la demanda vencía el día nueve de julio del año en curso, si el escrito inicial de la controversia se recibió el día dos de julio del propio año, según se corrobora del sello fechador de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en las constancias que integran el expediente, en ese Máximo Tribunal, se estima entonces que la demanda fue presentada en tiempo.

c) Que la representación del Municipio de Juárez, Chihuahua, está plenamente comprobada, por lo que hace al presidente municipal, pero deberá sobreseerse respecto del secretario del Ayuntamiento.

d) Que la representación del Congreso del Estado de Chihuahua, está plenamente acreditada, respecto del presidente de la Diputación Permanente y del oficial mayor, debiendo sobreseerse respecto del secretario del Congreso del Estado de Chihuahua, por carecer de legitimación procesal.

e) Que se puede concluir válidamente que los actos realizados por el Congreso del Estado de Chihuahua, consistentes en la emisión de los acuerdos números 107/97-II-P.O., 108/97-II-P.O., 109/97-II-P.O., y 112/97-II-P.O., de fecha veintisiete de mayo y tres de junio pasados, dirigidos al Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, deben declararse inválidos, por ir en contra del principio establecido en la Constitución Federal, en el artículo 115, fracción I, en cuanto al Municipio Libre, que determina la no injerencia en sus asuntos y que no haya autoridad intermedia entre éste y los órganos de gobierno, por lo que debe declararse fundado el concepto de invalidez.

f) Que partiendo de la conclusión en el sentido de que el Congreso Local invade la autonomía municipal y consecuentemente vulnera el artículo 115 constitucional, resulta innecesario analizar si los actos impugnados cumplieron con los requisitos formales establecidos en la legislación.

OCTAVO. El día treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete tuvo verificativo la audiencia a que se refieren los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que en la demanda se plantea un conflicto entre un Municipio y el Poder Legislativo de un Estado, por invasión de competencias.

SEGUNDO. La demanda de controversia constitucional debe tenerse por presentada en tiempo, en virtud de que los requerimientos contenidos en los acuerdos impugnados números 107/97-II-P.O., 108/97-II-P.O., 109/97-II-P.O., y 112/97-II-P.O., los tres primeros fueron notificados al Municipio actor el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete como se advierte a fojas 93, 95 y 97 de este expediente, y del último debe considerarse que se tuvo conocimiento el seis de junio del mismo año, como lo afirma la parte actora en su demanda, pues aun cuando la demandada sostiene que la notificación se realizó el nueve de junio, no existe en autos constancia fehaciente que así lo acredite.

No es óbice a lo anterior, que a fojas 26 de este expediente obre copia certificada del oficio de notificación del citado acuerdo número 112/97-II P.O., que contiene un sello de recibido de la Dirección Jurídica Municipal de Ciudad Juárez Chihuahua de fecha nueve de junio del citado año, pues en el mismo oficio obra otro sello de recibido de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio en cita cuya fecha es ilegible, por lo que no puede concluirse con certeza que la fecha en que fue recibido el oficio en cita ante la Dirección Jurídica Municipal, sea la misma en la que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio actor.

En efecto, el artículo 21, fracción I de la ley reglamentaria de la materia señala:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; ..."

En lo que respecta, si los acuerdos 107/97-II-P.O., 108/97-II-P.O. y 109/97-II-P.O., se notificaron al Municipio actor el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, el plazo para la presentación de la demanda corrió del jueves veintinueve de mayo del mismo año al miércoles nueve de julio del citado año, debiéndose descontar del cómputo respectivo los días sábado treinta y uno de mayo, domingo primero, sábado siete, domingo ocho, sábado catorce, domingo quince, sábado veintiuno, domingo veintidós, sábado veintiocho y domingo veintinueve de junio así como el sábado cinco y domingo seis de julio por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o., fracciones I y II, y 6o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

Por lo que hace al acuerdo 112/97-II-P.O., la parte actora se ostentó sabedora del mismo el seis de junio de mil novecientos noventa y siete, por lo que el plazo para la presentación de la demanda corrió del lunes nueve de junio al martes cinco de agosto debiéndose descontar del cómputo respectivo los días sábado catorce, domingo quince, sábado veintiuno, domingo veintidós, sábado veintiocho y domingo veintinueve de junio, sábado cinco, domingo seis, sábado doce y domingo trece, y del dieciséis al treinta y uno de julio, así como el sábado dos y domingo tres de agosto por ser inhábiles conforme a los preceptos ya precisados.

En consecuencia, al haberse presentado la demanda de controversia constitucional el día trece de junio de mil novecientos noventa y siete en la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, debe estimarse que se presentó dentro del término de treinta días hábiles a que se refiere el artículo 21, fracción I de la ley reglamentaria de la materia.

No es obstáculo a lo anterior que la demanda de controversia constitucional haya sido recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia hasta el día dos de julio de mil novecientos noventa y siete, pues atendiendo a la complejidad de los asuntos materia de estos procesos, la equivocación en la vía no debe dar lugar a imposibilitar el ejercicio de la acción de la actora ante actos que estima violatorios de la Constitución, por invadir la esfera de competencia que le otorga la propia Norma Fundamental, por lo que para el cómputo respectivo debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda ante la autoridad que se declaró incompetente.

En efecto, no debe perderse de vista que el artículo 105 de la Constitución Federal se reformó por publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro y su ley reglamentaria se publicó el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, es decir, la regulación actual de estos juicios es muy reciente y por ende surgen continuas dudas en cuanto a su procedencia, en consecuencia, sería incorrecto que por el hecho de que el promovente equivocara la vía para el planteamiento de la controversia constitucional, esto trajera como consecuencia considerar la extemporaneidad del juicio por haberse presentado ante autoridad incompetente, máxime cuando se advierte que la demanda se presentó en la vía incorrecta por una verdadera duda en torno al ejercicio de la vía procedente.

TERCERO. Es de análisis previo, por ser de orden público, el estudio de la personalidad de quien comparece ejercitando la acción de controversia constitucional en nombre del Municipio de Juárez Chihuahua.

Plantean la demanda el presidente municipal, y el secretario del Ayuntamiento actor.

Ahora bien, los artículos 29, fracción XII y 63 del Código Municipal del Estado de Chihuahua señalan:

"Artículo 29. El presidente municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

"XII. Representar al Municipio, con todas las facultades de un apoderado general; nombrar asesores y delegados y otorgar poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas; ..."

"Artículo 63. Son atribuciones del secretario:

"I. Concurrir a todas las sesiones del Ayuntamiento, con voz informativa y levantar las actas al terminar cada una de ellas;

"II. Expedir y certificar las copias de documentos oficiales del Municipio y suscribir aquellos que contengan acuerdos y órdenes del Ayuntamiento y del presidente municipal;

"III. Atender todo lo relativo, a la remisión de acuerdos del Ayuntamiento que requieran la aprobación del Congreso o del Ejecutivo del Estado;

"IV. Tramitar y formular proyecto de resolución en procedimientos administrativos y recursos interpuestos en contra de las autoridades municipales;

"V. Tramitar los procedimientos y formular dictamen en los casos de municipalización de servicios, nulidad, caducidad, rescisión, rescate o revocación de contratos, licencias y concesiones administrativas;

"VI. Tramitar y llevar el control de anuncios de terrenos municipales;

"VII. Recopilar la documentación e información necesarias para acreditar la existencia de la causa de utilidad pública, cuando el Ayuntamiento pretenda solicitar la expropiación de un bien;

"VIII. Tener a su cargo el archivo del Municipio, así como una colección ordenada y anotada de leyes, decretos, reglamentos, circulares y órdenes relativas a los distintos ramos de la administración municipal;

"IX. Llevar los trámites necesarios para que se otorgue dispensa de edad y para que se supla el consentimiento de quienes deben otorgarlo a fin de que contraigan matrimonio los menores de edad;

"X. Formular la lista de personas que estén en aptitud de ser nombradas por el Ayuntamiento, como miembros del Consejo Local de Tutelas;

"XI. Coordinar la actividades de las juntas municipales y las comisarías de policía y comunicarles los acuerdos y órdenes del presidente municipal y del Ayuntamiento;

"XII. Atender las consultas, sobre interpretación de leyes, reglamentos o circulares que deben aplicar las autoridades municipales y auxiliar a las demás dependencias del Municipio, en la atención de los juicios de amparo que se promuevan;

"XIII. Intervenir en aquellas cuestiones que se refieran al cumplimiento de las leyes federales o del Estado, particularmente en lo que se refiere al servicio militar nacional y a la materia electoral;

"XIV. Reunir los datos necesarios para la elaboración de los informes que el presidente municipal deba rendir al Ayuntamiento y a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado; y

"XV. Las demás que le encomienden las leyes, reglamentos y manuales de organización."

De lo anterior, se advierte que el secretario del Ayuntamiento del Municipio actor, carece de facultades para representarlo en el presente juicio, pues el Código Municipal del Estado de Chihuahua no le otorga dicha atribución.

Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la jurisprudencia número 45/97, sustentada por este Tribunal Pleno que a la letra señala:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLAS. CARECE DE ÉSTA EL SECRETARIO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, el secretario del Ayuntamiento carece de facultades para representar al Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, pues no contiene señalamiento alguno en este sentido, por lo que no tiene legitimación procesal para promover en su nombre demanda de controversia constitucional."

En consecuencia, este tribunal estima que dicho promovente carece de legitimación procesal activa para promover la presente controversia constitucional en representación del Ayuntamiento del Municipio actor.

Por lo que hace al presidente municipal del Ayuntamiento actor, toda vez que como se ha precisado, el artículo 29, fracción XII del Código Municipal del Estado de Chihuahua, concede facultades al presidente municipal para representar al Municipio, cabe concluir que si el citado promovente comparece a nombre y representación del Municipio en su carácter de presidente municipal del Municipio de Juárez Chihuahua, entonces tiene la legitimación necesaria para ejercer la presente acción de controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora en su escrito de demanda, son los siguientes

"Primero. Como se advierte del cuerpo de los acuerdos que fueran notificados a este H. Ayuntamiento, los mismos carecen de la fundamentación y motivación que a todo acto de autoridad exige el artículo 16 de la Constitución Federal, defecto que por sí mismo acarrea la nulidad jurídica de los referidos acuerdos. En efecto, todas las autoridades tienen la obligación de motivar nuestros actos, es decir, exponer en el documento en el cual se contiene una determinación, los razonamientos lógico-jurídicos que lleven a la emisora a concluir en determinado sentido. Igualmente, deben de incluirse en el documento, los preceptos legales aplicables, o la fuente de derecho que le permite a la autoridad actuar en la forma que haya decidido. Lo anterior es así porque nuestro sistema jurídico es de los que se conocen como de ‘facultades expresas’, en los cuales, todo aquello que no les esté permitido a las autoridades expresamente por alguna disposición legal, les estará prohibido. De ahí se infiere que al no cumplir con tales requisitos los acuerdos que se mencionan en el presente escrito, constituyen una actuación ultra vires por parte del Congreso del Estado, y en consecuencia, debe de constreñirse a dicha

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5301-2eb9abef/controversias-constitucionales-el-computo-para-determinar-la-oportunidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.