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Modo: Corpus Pro

BANCOS. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, CUANDO SE CONTROVIERTE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO POR EL CUAL SE TRANSFORMAN DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO EN SOCIEDADES ANÓNIMAS, EN CUANTO A QUE SON EMITIDOS EXTEMPORÁNEAMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2505/97. · Registro digital (IUS): 5367
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MSG ARQUITECTURA , DISEÑO Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V. Y OTRO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, , Pág. 6.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2505/97. MSG ARQUITECTURA , DISEÑO Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V. Y OTRO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-En el presente caso, es necesario precisar que en la especie es procedente el recurso de revisión, toda vez que se trata del decreto por el que se transforma Banco Mercantil del Norte, Sociedad Nacional de Crédito, en Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de junio de mil novecientos noventa y dos; emitido por el presidente de la República en ejercicio de la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, competencia de esta Primera Sala de conformidad con el artículo 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El decreto mencionado en su parte conducente dice:

"Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I, del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, y

"CONSIDERANDO:

"Que por decreto de fecha 14 de julio de 1990, se expidió la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de julio del mismo año, cuyo objeto es regular el servicio de banca de crédito, misma que, en su artículo 9o., establece que sólo gozarán de autorización para operar como instituciones de banca múltiple, las sociedades anónimas de capital fijo organizadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en todo lo que no esté previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, lo que hace necesaria la transformación de las sociedades nacionales de crédito e instituciones de banca múltiple, en sociedades anónimas, instituciones de banca múltiple, a efecto de adecuar su naturaleza jurídica a las actuales disposiciones legales;

"Que la citada ley dispone, en el primer párrafo de su artículo séptimo transitorio, que el Ejecutivo Federal expedirá los decretos mediante los cuales las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca múltiple, se transformen en sociedades anónimas; ..."

El artículo 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece:

"Art. 21. Corresponde conocer a las Salas:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito:

"a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; y

"..."

Ahora bien, cuando en este precepto legal se alude expresamente a reglamentos, debe entenderse que esta referencia se hace no en un aspecto formal sino material, es decir, a aquellos ordenamientos que, independientemente de la forma en que se les denomine, sean expedidos por el presidente de la República en uso de la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 89, fracción I, a fin de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, como en la especie lo es la Ley de Instituciones de Crédito.

Por consiguiente -como ya se dijo- si un decreto administrativo es expedido por el presidente de la República en uso de esa facultad reglamentaria, con la finalidad apuntada, debe considerarse que esta Primera Sala es competente para conocer del presente amparo directo en revisión.

Apoya a la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia 57/1997, emitida por el Tribunal Pleno, el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete, en la contradicción de tesis 33/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Pleno y Salas, pág. 34, la cual es de la voz y texto siguiente:

"BANCOS. LOS DECRETOS DE SU TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO EN SOCIEDADES ANÓNIMAS SE UBICAN DENTRO DE LAS FACULTADES QUE EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONFIERE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.-El artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla diversas facultades del presidente de la República, a saber: a) La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión; b) La de ejecutar dichas leyes; c) La de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de tales leyes. Aparte de la primera facultad mencionada, en las restantes se localiza la facultad reglamentaria del titular del Poder Ejecutivo Federal para expedir ordenamientos de naturaleza materialmente legislativa, pues se caracterizan por su impersonalidad, generalidad y abstracción, y tienen su razón de ser y sus límites en la propia ley que reglamentan, que llevan al detalle para su correcta aplicación; pero también se contiene la atribución del presidente de la República para expedir decretos, acuerdos y otros actos necesarios para la exacta observancia de las leyes, los que, a diferencia de los reglamentos mencionados, crean situaciones jurídicas concretas para el cumplimiento de tales leyes, como acontece en el caso de los decretos de transformación de bancos, de sociedades nacionales de crédito en sociedades anónimas, pues fueron emitidos por el titular del Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad conferida por aquel precepto constitucional, siendo su finalidad proveer a la exacta observancia de la Ley de Instituciones de Crédito, que puede ejercerse en cualquier momento, cuando lo estime conveniente o necesario el Ejecutivo Federal."

Igualmente resulta aplicable por analogía, la tesis J./3a./J. 27/92, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Octava Época, Tercera Sala, pág. 47, que dice:

"DECRETO ADMINISTRATIVO. LA TERCERA SALA ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA REVISIÓN EN QUE SE CUESTIONA SU CONSTITUCIONALIDAD SI ES EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN USO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA.-El artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece la competencia de la Tercera Sala para conocer del recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, ‘si en la demanda de amparo se hubiese impugnado un reglamento federal en materia civil expedido por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de la Constitución, o un reglamento en materia civil expedido por el gobernador de un Estado ...’. Ahora bien, aun cuando en este precepto legal se alude expresamente a reglamentos, debe entenderse que esta referencia se hace no en un aspecto formal, sino material, es decir, a aquellos ordenamientos que, independientemente de la forma en que se les denomine, sean expedidos por el presidente de la República en uso de la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 89, fracción I, a fin de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes. Por consiguiente, si un decreto administrativo es expedido por el presidente de la República en uso de tal facultad reglamentaria, debe considerarse que la Tercera Sala es competente para conocer de la revisión en que se cuestiona su constitucionalidad, sin que obste para ello la materia del mismo, pues de conformidad con el punto segundo del Acuerdo I/88, dictado por el Pleno de la Suprema Corte el 19 de enero de 1988, ‘se distribuirán en igual número entre las cuatro Salas, los juicios de amparo en revisión de nuevo ingreso contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado un reglamento expedido por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de la Constitución ...’ determinación que hizo el Pleno de este Alto Tribunal con base en lo dispuesto en los artículos 94, párrafo sexto, constitucional y 12, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el sentido, respectivamente, de que el Pleno tiene la facultad de emitir acuerdos generales a fin de lograr la mayor prontitud en el despacho, mediante una adecuada distribución entre las Salas, de los asuntos que competa conocer a la Suprema Corte, y de que una de las atribuciones de ese órgano es emitir acuerdos generales necesarios para la adecuada distribución de los asuntos cuyo conocimiento es de la competencia de las Salas."

Expuesto lo anterior, este órgano colegiado se aboca a los agravios propuestos por el quejoso.

QUINTO.-Son inoperantes los agravios transcritos.

En efecto, se advierte de la lectura del fallo recurrido, que el Tribunal Colegiado del conocimiento efectuó pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto por el que el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Nacional de Crédito, se transformó en Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de junio de mil novecientos noventa y dos; sosteniendo que el mismo no es contrario a la Constitución, aun cuando los decretos correspondientes hayan sido emitidos por el Ejecutivo Federal fuera del plazo que señala el artículo 7o. transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente a partir del diecinueve de julio de mil novecientos noventa, toda vez que tales actos gubernativos fueron dictados por la citada autoridad, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución General de la República, los que puede ejercitar en cualquier tiempo, sin que una norma de carácter secundario e imperfecta, pueda considerarse como limitante de la misma.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, invocó como aplicables al caso las tesis de jurisprudencia emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, transcritas a fojas 18 a 20 de este estudio.

Sostienen las quejosas que la resolución recurrida resulta violatoria de los artículos 14, 16, 17, 101 y 107 de la Constitución porque el Tribunal Colegiado debió analizar todos y cada uno de los conceptos de violación, ya que omite estudiar si el decreto presidencial impugnado lo fue no solamente en razón de haberse excedido del término establecido por el Congreso de la Unión, sino que en el ejercicio de una facultad discrecional, el Ejecutivo Federal, violó diversos dispositivos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Ahora bien, de la lectura de los agravios propuestos por las recurrentes se aprecia que son inoperantes, ya que no atacan ni desvirtúan todas las consideraciones en que se apoyó el mencionado tribunal para desestimar los conceptos de violación, respecto de la inconstitucionalidad del decreto controvertido, ya que se limitan a reiterar en este aspecto, que el decreto presidencial fue emitido fuera del plazo establecido por el artículo 7o. transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito.

También son inoperantes porque de conformidad con el artículo 83, fracción V de la Ley de Amparo, la materia del recurso de revisión contra resoluciones que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia de amparo directo, se limita exclusivamente la decisión de cuestiones constitucionales sin poder comprender otros, ya que en la presente instancia, la quejosa recurrente pretende controvertir el decreto mencionado, por considerarlo violatorio de ordenamientos ordinarios (Ley Federal de Entidades Paraestatales y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) y no de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, argumentos ajenos a la cuestión constitucional y que además sí fueron analizados por el Tribunal Colegiado (fojas 20 y 21 de esta resolución).

Afirman las quejosas recurrentes que al no haber cumplido el decreto presidencial con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales se está desconociendo en forma inaceptable la violación al Estado de derecho previsto por el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El anterior agravio deviene inoperante, en tanto que no se hizo valer como concepto de violación y por lo tanto resulta ajeno a la cuestión constitucional examinada en la resolución recurrida, ya que el Tribunal Colegiado del conocimiento, no estuvo en posibilidad de analizarlo y pronunciarse sobre el mismo.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 46/95, emitida por el Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, diciembre de 1995, pág. 174:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS AJENOS A LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA.-De conformidad con el artículo 83, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la materia del recurso de revisión contra resoluciones que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia de amparo directo, se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En consecuencia, todo agravio ajeno a las cuestiones constitucionales examinadas en la resolución recurrida resulta inoperante."

Por último también son inoperantes los agravios que controvierten la constitucionalidad del decreto comentado, en cuanto que el presidente de la República excedió el término establecido por el Congreso de la Unión para emitirlo, toda vez que respecto a este tema, ya existe jurisprudencia del Tribunal Pleno (fojas 18 a 20 de este estudio).

Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 14/97, de esta Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, pág. 21, y es de rubro y texto siguiente:

"AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.-Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida en lo que es materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a MSG Arquitectura, Diseño y Planeación, S.A. de C.V. y MSG, Bienes Inmuebles, S.A. de C.V., en contra de las autoridades y de los actos precisados en el resultando primero de este fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros presidente en funciones Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y, Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente). Ausente el señor Ministro Juventino Castro y Castro, previo aviso a la Sala.

Nota: Las tesis de rubros "BANCOS. LOS DECRETOS DE ..." y "DECRETO ADMINISTRATIVO. LA TERCERA ..." citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 34, tesis P./J. 57/97 y Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 136, tesis 200, respectivamente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5367-53113d5b/bancos-son-inoperantes-los-agravios-que-se-hacen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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