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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. CORRESPONDE A OTRO TRIBUNAL DE LA MISMA JERARQUÍA Y NO A UN JUEZ DE DISTRITO.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 1/96. · Registro digital (IUS): 5382
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN LA LAGUNA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH. Y EL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CHI
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, , Pág. 625.

COMPETENCIA 1/96. SUSCITADA ENTRE EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN LA LAGUNA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH. Y EL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CONSIDERANDO:

ÚNICO.-La cuestión a debatir se circunscribe a determinar si la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por Guillermo Alberto Luna Peña, se surte a favor del Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, residente en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua o del Juez Segundo de Distrito en la La Laguna, residente en esta ciudad de Torreón, Coahuila.

Del análisis de las constancias de autos, se advierte, que el referido quejoso presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, demanda de amparo, señalando como acto reclamado del Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, la sentencia de fecha 23 de octubre de 1995, dictada en el toca 9/95, del índice del precitado tribunal, el cual se formó con motivo del recurso de apelación interpuesto en el expediente 1/91 del índice del Juzgado Primero de Distrito del mencionado Décimo Séptimo Circuito judicial. Por auto de fecha 17 de noviembre de 1995, el Juez Segundo de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad de Torreón, Coahuila, se declaró incompetente para conocer de la demanda de garantías, declinando dicha competencia en favor del Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito en turno en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por estimar que, el artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entró en vigor el 27 de mayo de 1995, establece que los amparos indirectos promovidos en contra de actos de Tribunales Unitarios de Circuito que a la fecha de entrada en vigor de dicha ley se encuentren radicados en los Juzgados de Distrito, deberán seguir siendo tramitados y resueltos por éstos; y que al ser esto así, existe impedimento legal para el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna para conocer de la mencionada demanda de amparo, ya que la misma se recibió el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por auto de fecha 30 de noviembre de 1995, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, en el Estado de Chihuahua, Chihuahua, no aceptó la competencia que se le declinó, invocando como fundamento que existen incompatibilidades entre los artículos 107 fracción XII de la Constitución General de la República y 42 de la Ley de Amparo, con el artículo 29 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por auto de fecha 15 de diciembre de 1995, el Juez Segundo de Distrito en La Laguna, sostuvo la imposibilidad para conocer de la demanda de garantías promovida por Guillermo Alberto Luna Peña, contra actos del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, reiterando su incompetencia, lo que motivó el presente conflicto competencial.

Puntualizado lo anterior, y atendiendo a las consideraciones expuestas tanto por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito como por el Juez Segundo de Distrito en La Laguna, este tribunal considera, que el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, no es competente para conocer del mencionado juicio de garantías, si bien existe discrepancia entre lo dispuesto por el artículo 29, fracción I, de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que expresamente establece: "Los Tribunales Unitarios de Circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios de Circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo, respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante el Juez de Distrito. En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", con el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el cual no ha sido reformado, y que expresamente dice: "Para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquél."; sin embargo, a pesar de lo anterior, lo cierto es, que ante esa contradicción en el contenido de los numerales apuntados, este Tribunal Colegiado estima, que debe prevalecer el contenido del artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en forma precisa fija la competencia para conocer del amparo biinstancial en favor de los Tribunales Unitarios, porque esta disposición encuentra apoyo constitucional en la fracción XII, del artículo 107, de la Constitución General de la República, ya que la misma da competencia a los Tribunales Unitarios de Circuito para conocer de los juicios de amparo en primera instancia, estableciendo al efecto lo siguiente: "Fracción XII. La violación de las garantías de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el Juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca.". En estas condiciones, resulta evidente que el órgano de control constitucional competente para conocer de la demanda de garantías de referencia, lo es el Tribunal Unitario de Circuito que se encuentre más próximo a la residencia del Tribunal Unitario de Circuito que haya emitido el acto impugnado, que en el presente caso resulta ser el Primer Tribunal Unitario del Octavo Circuito, residente en esta ciudad de Torreón, Coahuila.

No es óbice a la anterior conclusión, el hecho de que el artículo 42, párrafo segundo de la Ley de Amparo, no hubiese sufrido reforma alguna posterior a las del artículo 107 constitucional, y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que, precisamente esta ley orgánica fue emitida por el Congreso de la Unión en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 73, fracción XXX, de nuestra Carta Fundamental, consistentes en expedir todas las leyes necesarias para hacer efectivas las facultades concedidas por la misma Constitución a los Poderes de la Unión, entre los que se encuentra el Poder Judicial de la Federación. Así, dicha ley orgánica en lo que interesa, en el artículo 29, fracción I, determina la competencia de los Tribunales Unitarios de Circuito para conocer del juicio de garantías, de acuerdo con lo que establece el artículo 107, fracción XII, de la Constitución General de la República, por ende, el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la cual se determina la competencia expresa de los tribunales federales.

En este contexto resulta erróneo afirmar que el Congreso de la Unión debe armonizar las disposiciones de la Ley de Amparo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, específicamente en sus respectivos artículos 42, párrafo segundo de la Ley de Amparo y 29, fracción I de la ley orgánica puesto que tal armonización existe entre este último precepto y el artículo 73 de la Constitución General de la República, por ende, en el caso que nos ocupa no existe conflicto de leyes, porque si bien es cierto que en la Ley de Amparo no se contempla a los Tribunales Unitarios de Circuito como órganos de control constitucional, esta facultad se desprende de la fracción XII, del artículo 73 de nuestra Carta Magna, por ende, en todo caso, el artículo 42 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es la disposición secundaria que no está acorde con el contenido del mencionado precepto constitucional, toda vez que la norma que le dio origen fue reformada mediante decreto emitido con fecha 30 de diciembre de 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 del mismo mes y año, y entró en vigor el día primero de enero de 1995, reforma que es el antecedente y sustento de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente. En consecuencia, en atención al principio de la supremacía de la ley, debemos atender y cumplir con las disposiciones constitucionales frente a disposiciones secundarias que sean contradictorias; de consiguiente, este tribunal federal considera que la competencia para conocer de la demanda de garantías, promovida por Guillermo Alberto Luna Peña, corresponde al Primer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, residente en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Sirve de fundamento a lo considerado el criterio de este Tribunal Colegiado, que sustentó con fecha 6 de octubre de 1995, al resolver el expediente de competencia 2/95, que aún no aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación, y que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. ENTRE UN TRIBUNAL UNITARIO Y UN JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER DE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN SENTENCIA DEFINITIVA EMITIDOS POR OTRO EN EL TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA.-Para conocer del amparo indirecto en el que se reclamen actos de un Tribunal Unitario que no constituyan sentencia definitiva, es competente el Tribunal Unitario más próximo a la residencia del responsable, y no un Juez de Distrito; no obstante, la discrepancia existente entre lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que da competencia a un Juez de Distrito y lo ordenado por el artículo 29 fracción I de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que es competente el Tribunal Unitario más próximo al que emitió el acto reclamado; dado que el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone para estos casos la competencia en favor de los Tribunales Unitarios, precepto que es el antecedente y sustento de la citada fracción I del artículo 29 de la ley orgánica mencionada, apareciendo clara la intención del legislador de que sea un tribunal de igual jerarquía el que revise la constitucionalidad de los actos de los Tribunales Unitarios y no un Juez de Distrito, como antes acontecía; además con base en el principio de supremacía constitucional contenida en el artículo 133 de la propia Carta Magna, que ordena que sus disposiciones prevalezcan a pesar de las que existan en contrario en otras leyes.".

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se declara competente al Primer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito residente en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, para conocer del juicio de amparo, promovido por Guillermo Alberto Luna Peña, contra actos del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, residente también en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

SEGUNDO.-Remítanse los autos y testimonio anexo de esta resolución, al Primer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, así como testimonio de esta resolución, al Juez Segundo de Distrito en La Laguna, residente en esta ciudad de Torreón, Coahuila.

Notifíquese como corresponda.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito licenciados René Silva de los Santos, Marco Antonio Arroyo Montero y Alicia Guadalupe Cabral Parra, siendo relator el primero de los nombrados.

Nota: La tesis de rubro "COMPETENCIA ENTRE UN TRIBUNAL UNITARIO Y UN JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER DE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN SENTENCIA DEFINITIVA.", citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el número VIII.1o.8 K en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 500.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5382-538a3767/competencia-para-conocer-en-amparo-indirecto-de-resoluciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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