RENTA. EL TRATO ESPECIAL A QUIENES OTORGAN EL USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES, AL NO OBLIGÁRSELES A ACUMULAR LA GANANCIA INFLACIONARIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. RENTA. EL TRATO ESPECIAL QUE SE OTORGA A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE OBTIENEN INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL INDEPENDIENTE, AL NO OBLIGÁRSELES A ACUMULAR LA GARANTÍA INFLACIONARIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. RENTA. EL TRATO ESPECIAL QUE SE OTORGABA A LAS DEUDAS CONTRATADAS CON FONDOS Y FIDEICOMISOS DE FOMENTO DEL GOBIERNO FEDERAL RESPECTO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. RENTA. EL TRATO ESPECIAL QUE SE OTORGABA A LAS EMPRESAS CON MEDIANA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA RESPECTO DE LOS INTERESES Y DE LA GANANCIA Y PÉRDIDA INFLACIONARIAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. RENTA. EL TRATO ESPECIAL QUE SE OTORGABA A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO RESPECTO DE LOS INTERESES Y DE LA GANANCIA Y PÉRDIDA INFLACIONARIAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. RENTA. LOS ARTÍCULOS 7o.-B, 15 Y 17, FRACCIÓN X, DE LA LEY QUE REGULA ESE IMPUESTO, VIGENTES A PARTIR DE 1987, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL LIMITAR LA DEDUCCIÓN DEL INTERÉS DEDUCIBLE Y ACUMULAR LA GANANCIA INFLACIONARIA.
Nota: La siguiente ejecutoria aparece publicada bajo el rubro "COMPONENTE INFLACIONARIO. LOS ARTÍCULOS 7o. B, 15 Y 17 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LO ESTABLECEN, NO SON VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.".
AMPARO EN REVISIÓN 4217/90. EDITORIAL THEMIS, S.A. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: GERMÁN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.
MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Es fundado el agravio hecho valer por la recurrente.
En la sentencia sometida a la jurisdicción de este Tribunal Pleno se considera que la quejosa se ubicó en la hipótesis prevista por la norma a partir del primer acto de aplicación que fue el primer pago provisional correspondiente al mes de enero de mil novecientos ochenta y siete (foja 260); que presentó su demanda de garantías hasta el veinte de abril de mil novecientos ochenta y ocho, según sello fechador de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y que en esta última fecha había transcurrido con exceso el término de quince días para promover el amparo, por lo que debe considerarse que su demanda es extemporánea.
No es correcta la apreciación que hace el Juez de Distrito en el sentido de que la quejosa se ubicó en la hipótesis prevista por la norma a partir del primer pago provisional del impuesto sobre la renta correspondiente al mes de enero de mil novecientos ochenta y siete, ya que como acertadamente lo aduce la recurrente, al efectuar ese y otros pagos provisionales no aplicó los preceptos cuya inconstitucionalidad impugna, los cuales se refieren a los conceptos de "ganancia y componente inflacionario"; basta leer las documentales de referencia para que se constate tal circunstancia. En cambio, el primer acto de aplicación de los preceptos en cuestión ocurrió hasta que la quejosa en cumplimiento a las leyes tributarias presentó su declaración anual del ejercicio de mil novecientos ochenta y siete, misma que obra en autos exhibida a fojas 106 y subsiguientes, en copia notarialmente certificada, la cual por ser una documental pública hace prueba plena, y en el capítulo de ingresos totales, rubro No. 22 se contiene la manifestación del concepto por "ganancia inflacionaria", $85,977., siendo éste, por ende, el primer acto de aplicación en su perjuicio. En consecuencia, el término de quince días, previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, empezó a correr al día siguiente de presentada la declaración del impuesto de referencia, hecho que ocurrió el cuatro de abril de mil novecientos ochenta y ocho, venciéndose el plazo de quince días, el día veinticinco siguiente, por lo que la demanda de garantías se presentó el veinte del mismo mes, según consta en el sello fechador de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, es obvio que no resulta extemporánea.
CUARTO. Ahora bien, de las constancias de autos se desprende que del informe con justificación rendido por el oficial mayor como encargado del despacho en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público y en representación del presidente de la República, se hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 73, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, misma que procede analizar conforme a lo dispuesto por la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, máxime que el estudio de las causales de improcedencia es preferente según se establece en la tesis jurisprudencial número 158, visible en la página 262, Octava Parte, Tomo Común al Pleno y a las Salas del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que a la letra dice:
"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esta cuestión de orden público en el juicio de garantías."
Alega la autoridad responsable que la quejosa promovió otro juicio de amparo en contra de las mismas autoridades y que se encuentra radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, bajo el número 631/988, aduciendo que no es óbice el hecho de que la agraviada esté reclamando un precepto legal diverso a los impugnados en el presente asunto, pues de no ser así los amparistas podrían interponer en forma individual múltiples demandas por cada uno de los artículos que contiene la ley reclamada. Apoya la responsable su razonamiento en la jurisprudencia número 110, visible a fojas 199 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1975, Octava Parte, Tomo Común al Pleno y a las Salas, la cual señala: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMAR EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso, concurre la causal de improcedencia, respecto de este acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello, la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución.".
A fin de estar en posibilidades de estudiar la causal de improcedencia aludida es preciso analizar qué establece el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, mismo en el que la responsable pretende apoyarse. El precepto en cuestión prevé que el juicio de amparo es improcedente contra "leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el propio quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas".
Esta fracción prevé la litispendencia, y declara la improcedencia del juicio de amparo que sea materia de otro juicio de la misma naturaleza pendiente de resolución, partiendo del supuesto de que ambos juicios sean promovidos por el mismo quejoso y contra las mismas autoridades, siempre que se trate del mismo acto reclamado. La doctrina señala que son tres los requisitos para que proceda la litispendencia: los dos juicios deben ser idénticos, esto es, han de ser las mismas personas, las mismas cosas que se demandan, las mismas causas por las cuales se demandan y la calidad con que intervienen las partes.
En el caso que nos ocupa, no se cumplen los mencionados requisitos que fija el precepto invocado por la responsable. Deriva de la copia certificada de la demanda de amparo que se tramita ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, con el número 631/988, exhibida por la responsable, que dicho juicio fue promovido por la misma quejosa, pero que los actos reclamados son distintos. En aquél lo que se reclama es la reforma al artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta efectuada mediante el decreto de 27 de diciembre de 1986, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre siguiente. En cambio, en el que se actúa, los preceptos reclamados son otros, sin que se mencione o haga referencia a aquél. Por lo tanto, no hay litispendencia ni se da la hipótesis del artículo en el que la responsable pretende apoyar la causal de improcedencia.
De la misma manera, no son de tomarse en cuenta sus argumentos en el sentido de que "no es óbice el hecho de que la quejosa esté reclamando en el juicio de referencia un precepto legal diverso a los impugnados en la presente controversia constitucional, pues de no ser así, se podrían interponer en forma individual múltiples demandas por cada uno de los artículos que contiene la ley reclamada". Por principio, hay que recoger la confesión expresa de la responsable en la que reconoce que no se trata de los mismos actos reclamados (preceptos legales diversos), luego entonces no es aplicable el precepto de la ley de la materia que cita, ya que éste exige que se trate del mismo acto reclamado, y segundo, no existe ningún artículo en la Ley de Amparo que imponga al quejoso la carga procesal de que en una misma demanda tenga que impugnar todos los artículos de una ley. Por el contrario, la oportunidad de impugnar cada precepto, en lo individual, surge con motivo del primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso, lo que hace más evidente lo infundado de la causal invocada, pues no era posible que la promovente reclamara en su anterior demanda preceptos que todavía no se le aplicaban. Por las mismas razones, no resulta aplicable la tesis de jurisprudencia citada por la responsable.
QUINTO. Este órgano colegiado admite que se actualizan otras causas de improcedencia que determinan el sobreseimiento parcial del juicio y que han de analizarse con prioridad, aun de oficio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII, último párrafo, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia transcrita en el considerando precedente con el rubro: "IMPROCEDENCIA.".
A fojas veintiséis de este toca de revisión obra una promoción del representante legal de la quejosa por la que desiste expresamente del acto reclamado consistente en la expedición, promulgación, publicación y refrendo de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona, y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales del 27 de diciembre de 1986, específicamente, en su artículo primero, por cuanto que adiciona el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación con un segundo párrafo, así como de los conceptos de violación que se hicieron valer en los capítulos VII y VIII del apartado correspondiente de la demanda; escrito que fue ratificado por el propio representante de la quejosa, como se desprende de la diligencia que obra a fojas veintinueve del toca en que se actúa, por lo que en tal virtud procede sobreseer respecto del indicado acto reclamado, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia que al efecto establece: "Procede el sobreseimiento: I. Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda.".
SEXTO. Asimismo, procede sobreseer respecto del acto reclamado consistente en el artículo 7o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta que fue reformado por el decreto de veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno del mismo mes, toda vez que el quejoso no expresó concepto de violación alguno en contra del mismo, lo cual impide juzgar sobre la constitucionalidad del ordenamiento tributario en cuestión pues no se da ninguna de las hipótesis de suplencia previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo.
Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte, localizable a fojas 113 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-1995, con el siguiente rubro:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo."
Como resultado de lo hasta aquí razonado, resulta procedente modificar la sentencia recurrida para sobreseer sólo respecto de los artículos 20, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 7o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta reclamados, procediendo, en consecuencia, examinar los conceptos de violación hechos valer en contra de los artículos 7o. B, fracción II, 15, primer párrafo, y 17, fracción X, de la ley citada, con fundamento en el diverso 91, fracción I, de la Ley de Amparo.
SÉPTIMO. Argumenta la quejosa, en primer término, que los artículos 7o. B, fracción II, 15, primer párrafo, y 17, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionado el primero y modificados los otros por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, en virtud de que limitan la deducción de los intereses a cargo del contribuyente y estiman como ingresos a la ganancia inflacionaria derivada de la disminución de las deudas a pesar de que el componente inflacionario de éstas no incrementa el patrimonio del deudor, provocándose, al permitirse deducir sólo la diferencia entre los intereses y el componente inflacionario de las deudas, que la modificación patrimonial negativa sufrida por aquél al pagar intereses, no se considere en su totalidad, desatendiéndose a su capacidad contributiva, así como que se produzca un ingreso gravable cuando el componente inflacionario de las deudas sea superior a los intereses devengados a su cargo, atribuyéndose así una modificación patrimonial positiva inexistente.
Este órgano colegiado estima infundado el concepto de violación aludido, de conformidad con los siguientes razonamientos:
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece como obligación de los mexicanos, el contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, consagrando así, entre otros, el principio tributario de proporcionalidad.
La Suprema Corte ha determinado que la proporcionalidad tributaria radica en la capacidad contributiva o económica de los sujetos pasivos obligados al pago de gravamen, así como que tal capacidad consiste en la potencialidad de contribuir al gasto público que el legislador atribuye a los causantes de un determinado gravamen, según deriva de la jurisprudencia publicada con el número 275 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, páginas 256 y 257, y de la tesis XXXI/96 de este Tribunal Pleno, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 437, las que establecen, respectivamente:
"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula."
"IMPUESTOS. CONCEPTO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el objeto del tributo establecido por el Estado, guarde relación con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos, potencialidad esta que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos tienen una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el objeto del impuesto y la unidad de medida (capacidad contributiva) a la que se aplica la tasa de la obligación."
Ahora bien, los preceptos legales cuya constitucionalidad se examina forman parte de la regulación del impuesto sobre la renta, específicamente a cargo de las sociedades mercantiles, cuyo objeto lo es precisamente la renta del sujeto pasivo, entendida en un sentido amplio, es decir, como cualquier modificación positiva que sufra en su patrimonio; no considera una manifestación aislada de riqueza sino ésta integralmente. Así, el artículo 10 de la ley de la materia, en su redacción vigente en mil novecientos ochenta y siete y que continúa igual salvo por la tasa que se modificó del 35% al 34% a partir de mil novecientos noventa y cuatro, dispone:
"Art. 10. Las sociedades mercantiles deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 35%. El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue: I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título. II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de otros ejercicios. El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal."
Como se advierte, el impuesto sobre la renta se calcula aplicando al resultado fiscal del ejercicio, la tasa del gravamen, resultado que se obtiene calculando la utilidad fiscal, que es la diferencia entre los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, debiéndose restar, en su caso, las pérdidas pendientes de aplicar de otros ejercicios. Ello en virtud de que este impuesto lo que grava es la modificación positiva sufrida por la renta o el patrimonio del contribuyente durante el ejercicio fiscal, para lo cual es necesario que se acumulen todos aquellos ingresos que reporten una variación positiva en dicho patrimonio y que se deduzcan todos los gastos o elementos que lo afecten negativamente, para así obtener la riqueza real o renta obtenida en un periodo determinado.
Por tanto, la capacidad contributiva a que atiende el impuesto sobre la renta a las sociedades mercantiles se manifiesta en la riqueza obtenida durante el ejercicio fiscal, que la ley de la materia denomina resultado fiscal y que constituye la base gravable a la que debe aplicarse la tasa para obtener el impuesto a pagar, siempre y cuando dicha base gravable resulte positiva pues si se opera con pérdidas no se genera riqueza o renta y, por ende, no hay obligación de pagar el gravamen.
Se sigue de lo anterior que es necesario para dar cumplimiento al requisito de proporcionalidad en el impuesto que se analiza, que la mecánica del gravamen considere todos los elementos que afectan al patrimonio ya sea en forma positiva o negativa a fin de obtener una base gravable que refleje la real capacidad o potencialidad para contribuir al gasto público.
Ahora bien, los artículos 7o., 7o. A, 7o. B, 15, primer párrafo, 17, fracción X y 22, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionados los tres primeros y modificados los otros por decreto publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, disponen:
"Art. 7o. Cuando esta ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes u operaciones que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país han variado, se aplicarán los siguientes factores: I. Para calcular la modificación en el valor de los bienes y operaciones en un periodo se utilizará el factor de ajuste que corresponda a lo siguiente: a) Cuando el periodo sea de un mes, se utilizará el factor de ajuste mensual que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de que se trate, entre el mencionado índice del mes inmediato anterior. b) Cuando el periodo sea mayor de un mes se utilizará el factor de ajuste que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo. II. Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo."
"Art. 7o. A. Para los efectos de esta ley, se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a los rendimientos de créditos de cualquier clase. Se entiende que entre otros, son intereses: los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios; los premios de reportos o de préstamos de valores; el monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o garantía de créditos; el monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban hacerse a instituciones de seguros o fianzas; las primas que se deriven de enajenaciones a futuro de moneda nacional o extranjera, o la ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los contratos de arrendamiento financiero, se considera interés la diferencia entre el total de pagos y el monto original de la inversión. Cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de cualquiera otra forma, se considerará el ajuste como parte del interés devengado. Se dará el tratamiento que esta ley establece para los intereses, a las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al principal y al interés mismo. La pérdida cambiaria no podrá exceder de la que resultaría de considerar el promedio de los tipos de cambio para enajenación con el cual inicien operaciones las instituciones de crédito en el Distrito Federal, a que se refiere el artículo 20 párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación o, en su caso, del tipo de cambio establecido por el Banco de México, cuando el contribuyente hubiera obtenido moneda extranjera a un tipo de cambio más favorable, correspondiente al día en que se sufra la pérdida."
"Art. 7o. B. Las personas, sociedades mercantiles y las personas físicas que realicen actividades empresariales, determinarán mensualmente los intereses y la ganancia o pérdida inflacionaria, acumulables o deducibles, como sigue: I. De los intereses a favor, en los términos del artículo 7o. A de esta ley, devengados en cada uno de los meses del ejercicio, se restará el componente inflacionario de la totalidad de los créditos inclusive los que no generen intereses. El resultado será el interés acumulable. En el caso de que el componente inflacionario de los créditos sea superior a los intereses devengados a favor, el resultado será la pérdida inflacionaria deducible. II. De los intereses a cargo, en los términos del artículo 7o. A de esta ley, devengados en cada uno de los meses del ejercicio, se restará el componente inflacionario de la totalidad de las deudas, inclusive las que no generen intereses. El resultado será el interés deducible. Cuando el componente inflacionario de las deudas sea superior a los intereses devengados a cargo, el resultado será la ganancia inflacionaria acumulable. No se acumulará la ganancia inflacionaria derivada de las deudas contratadas con fondos y fideicomisos de fomento del Gobierno Federal. III. El componente inflacionario de los créditos o deudas se calculará multiplicando el factor de ajuste mensual por el saldo promedio mensual de los créditos o deudas contratados con el sistema financiero, adicionado con el saldo promedio de los demás créditos o deudas. Para los efectos del párrafo anterior, el saldo promedio mensual de los créditos o deudas contratados con el sistema financiero será la suma de los saldos diarios del mes, dividida entre el número de días que comprenda dicho mes. El saldo promedio de los demás créditos o deudas será la suma del saldo al inicio del mes y el saldo al final del mismo, dividida entre dos. Adicionalmente se incluirán en el cálculo del saldo promedio los intereses devengados no pagados o no percibidos en el propio mes. Para calcular el componente inflacionario, los créditos o deudas en moneda extranjera se valuarán a la paridad existente el primer día del mes. Para los efectos de esta fracción, se entenderá que el sistema financiero se compone de los bancos, las aseguradoras, las organizaciones auxiliares del crédito y las casas de bolsa, sean residentes en México o en el extranjero. IV. Para los efectos de la fracción III se considerarán créditos los siguientes: a) Las inversiones en títulos de crédito, distintos de las acciones, de los certificados de participación no amortizables, de los certificados de depósito de bienes y en general de títulos de crédito que representen la propiedad de bienes. b) Las cuentas y documentos por cobrar, a excepción de las siguientes: 1. A plazo menor de un mes o cuando siendo a plazo mayor se paguen antes del mes, salvo que el deudor sea sociedad mercantil. 2. A cargo de socios o accionistas personas físicas, sociedades residentes en el extranjero o personas morales con fines no lucrativos. 3. A cargo de funcionarios y empleados, así como de los préstamos efectuados a terceros a que se refiere la fracción VIII del artículo 24 de esta ley. 4. Pagos provisionales de impuestos y saldos a favor por contribuciones, así como estímulos fiscales. 5. Enajenaciones a plazo por las que se ejerza la opción de acumular como ingreso el efectivamente percibido, prevista en el artículo 16 de esta ley, a excepción de las derivadas de los contratos de arrendamiento financiero. 6. Cualquier cuenta o documento por cobrar cuya acumulación esté condicionada a la percepción efectiva del ingreso. No se incluirá como crédito el efectivo en caja. V. Para los efectos de la fracción III se considerarán deudas, entre otras, los anticipos de clientes, las derivadas de contratos de arrendamiento financiero y las aportaciones para futuros aumentos de capital. En ningún caso se considerarán deudas las originadas por partidas no deducibles, en los términos de las fracciones I, III, IX y X del artículo 25 de esta ley, así como los créditos diferidos y los adeudos fiscales. Tratándose de documentos en los que parte de los intereses se conozcan hasta que se realicen, dicha parte se acumulará o se deducirá hasta que se conozca. Por los créditos o deudas relativos a dichos intereses, se determinará mensualmente la ganancia o la pérdida inflacionaria."
"Art. 15. Las sociedades mercantiles residentes en el país, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. La ganancia inflacionaria es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. El ingreso por concepto de dividendos o utilidades, se acumulará hasta el ejercicio en que se perciba en efectivo o en bienes."
"Art. 17. Para los efectos de este título se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley, los siguientes: ... X. Los intereses y la ganancia inflacionaria, acumulables en los términos del artículo 7o. B de esta ley."
"Art. 22. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: ... X. Los intereses y la pérdida
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5412-d18cfa1c/renta-el-trato-especial-a-quienes-otorgan-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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