CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS EFECTOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, DEPENDEN DE LA CATEGORÍA DE LAS PARTES ACTORA Y DEMANDADA. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE LLAMAR A JUICIO CON EL CARÁCTER DE TERCEROS INTERESADOS A LOS MUNICIPIOS DE UN ESTADO DISTINTOS DE LOS ACTORES, CUANDO SE IMPUGNAN DISPOSICIONES GENERALES ESTATALES, PUES AUNQUE SE DECLARE SU INVALIDEZ, LOS EFECTOS GENERALES SÓLO SE LIMITARÁN A LOS MUNICIPIOS ACTORES. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ.
Nota: La siguiente ejecutoria aparece publicada bajo el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR ALGUNOS DE LOS MUNICIPIOS DE UN ESTADO Y DE LA DEMANDA SE ADVIERTE QUE NO SE ESTÁ EN EL CASO A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS C), H) Y K) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, ES INNECESARIO LLAMAR A JUICIO, CON CARÁCTER DE TERCEROS INTERESADOS, A TODOS LOS MUNICIPIOS DE ESE ESTADO, EN VIRTUD DE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LLEGARE A DICTARSE, EN EL SUPUESTO DE QUE SE DECLARARA LA INVALIDEZ DE LA NORMA IMPUGNADA, TENDRÍA EFECTOS ÚNICAMENTE RESPECTO DE LAS PARTES EN LA CONTROVERSIA.".
RECURSO DE RECLAMACIÓN 85/98-PL, RELATIVO A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/98. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Y OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.
Nota: En el mismo sentido se resolvió el recurso de reclamación 86/98-PL, relativo a la controversia constitucional 6/98, promovida por el Ayuntamiento de Aljojuca, Estado de Puebla y otros Municipios de la misma entidad.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Para una mayor claridad en el estudio, conviene precisar algunos antecedentes de la controversia constitucional de donde emana el recurso en que se actúa, a fin de determinar en qué hipótesis normativa se ubica la acción planteada.
Mediante escrito de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla y otros Municipios del Estado de Puebla, demandaron a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha entidad federativa, la invalidez de:
"1. La norma general cuya invalidez se demanda es la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aprobada por el Congreso del Estado de Puebla el día veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, promulgada y publicada en el Periódico Oficial del Estado el día veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, la cual entró en vigor el mismo día de su publicación. De esa ley se impugna todo el sentido general que su contenido revela, así como específicamente las disposiciones de aplicación generales contenidas en los siguientes artículos de la misma ley impugnada: artículos 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer párrafo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, fracciones III y V, 30, 35, 36, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 95, 96, 97 y 98. 2. También se impugnan por carecer de validez constitucional, todos los actos que son o lleguen a ser consecuencia de la aplicación concreta de los preceptos antes mencionados de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, sobre todo por lo que hace a la creación, organización y funcionamiento de los llamados Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y demás grupos supuestamente organizados de los diversos sectores que prevé dicha ley, así como los actos de las Juntas Auxiliares incluyendo en forma específica los actos tendientes al ejercicio de las atribuciones y funciones que la ley que se combate otorga a dichas autoridades intermedias que pretende establecer en los preceptos antes señalados. Asimismo, se combaten todos los actos que también son o lleguen a ser consecuencia de la aplicación de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, tendientes a la administración, distribución, ejecución, ejercicio y fiscalización de las participaciones y aportaciones federales que corresponden a los Municipios actores. Funciones que la ley impugnada pretende atribuir inconstitucionalmente a las autoridades que trata de establecer, en tanto que la Ley Fundamental y Suprema de toda la Unión atribuye incuestionablemente las mismas funciones a otras autoridades legítimamente establecidas, entre ellas a las autoridades municipales."
El artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal; b) La Federación y un Municipio; c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal; d) Un Estado y otro; e) Un Estado y el Distrito Federal; f) El Distrito Federal y un Municipio; g) Dos Municipios de diversos Estados; h) Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia."
Por su parte, los artículos 41, fracciones IV, V y VI, 42 y 43 de la ley reglamentaria de la materia disponen:
"Artículo 41. Las sentencias deberán contener: IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen; VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación."
"Artículo 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 constitucional, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarará desestimadas dichas controversias. En estos casos no será aplicable lo dispuesto en el artículo siguiente. En todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia."
"Artículo 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean estos federales o locales."
En primer lugar es necesario precisar los alcances de las disposiciones transcritas, por cuanto al establecer la posibilidad de declarar la invalidez de las disposiciones impugnadas con efectos generales, hace distinciones sobre los alcances o consecuencias jurídicas de dicha declaratoria.
En la exposición de motivos de la reforma constitucional de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en lo tocante al artículo 105, en la parte que interesa, se dice:
"... Hoy se propone que, adicionalmente, los órganos federales, estatales y municipales, o algunos de ellos, puedan promover las acciones necesarias para que la Suprema Corte de Justicia resuelva, con efectos generales, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas. La posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de normas con efectos generales será una de las más importantes innovaciones que nuestro orden jurídico haya tenido a lo largo de su historia. En adelante, el solo hecho de que una norma de carácter general sea contraria a la Constitución puede conllevar a su anulación, prevaleciendo la Constitución sobre la totalidad de los actos del poder público. La supremacía constitucional es una garantía de todo Estado democrático, puesto que al prevalecer las normas constitucionales sobre las establecidas por los órganos legislativos o ejecutivos federal o locales, se nutrirá una auténtica cultura constitucional que permee la vida nacional. Por razones de seguridad jurídica y estabilidad social, aun cuando las declaraciones de inconstitucionalidad produzcan efectos, éstos habrán de limitarse en el tiempo a fin de impedir que las resoluciones tengan efectos retroactivos, con excepción de la materia penal."
De la exposición de motivos de la reforma al artículo 105 constitucional, se destaca la trascendente innovación que se hace en nuestro sistema jurídico, al prever la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de normas con efectos generales; esta innovación pondera el principio de supremacía constitucional con alcances hasta ahora desconocidos pues no se admiten en el juicio de amparo; sin embargo, con motivo de una controversia constitucional, si éstas son impugnadas y se decreta su invalidez por ser contrarias a la Norma Fundamental, deberá declararse su inconstitucionalidad con efectos generales.
Establecida la posibilidad de que esta Suprema Corte declare la invalidez de normas generales con efectos generales (valga la redundancia en pro de la claridad), cabe señalar a continuación que tal efecto sólo puede válidamente alcanzarse si la declaratoria es avalada por, al menos, ocho votos en el Pleno de Ministros, según establece el artículo 42 de la ley reglamentaria; si no, deberá desestimarse la controversia.
Como el caso que aquí se ventila no encuadra en las hipótesis de los incisos c), h) y k), de la fracción I, del artículo 105 constitucional, el examen de la cuestión planteada habrá de centrarse en el supuesto de que en la controversia se demande la invalidez de normas generales por parte de la Federación, de un Estado o de un Municipio, supuesto que se infiere de la primera parte del penúltimo párrafo de la citada fracción I, así como de la parte correspondiente del artículo 42 de la ley reglamentaria.
Pues bien, para interpretar las dos disposiciones acabadas de mencionar en el aspecto que ya se limitó, es necesario tomar en consideración, como principio general, que de acuerdo con las esferas de competencia que la Constitución demarca a los diferentes estamentos, poderes o entidades, las normas generales provenientes de la Federación tienen validez en toda la República, mientras que las de los Estados o las del Distrito Federal circunscriben su validez y obligatoriedad a sus respectivos territorios; más reducida todavía es la validez de las normas generales expedidas por los Ayuntamientos, puesto que se limitan al territorio donde el Municipio ejerce jurisdicción. El ámbito territorial de validez de las normas, por lo tanto, varía según su origen, ya que de acuerdo con éste, tienen alcances nacionales, estatales, del Distrito Federal y municipales. Esto no significa que las normas de más amplio ámbito de validez sean, necesariamente, de jerarquía predominante sobre las de esfera más reducida, sino que cada cuerpo tiene marcado su propio régimen, en virtud de que la Constitución va señalando a cada órgano su esfera de competencia, con lo cual se logra la convivencia autónoma de todas ellas. Así lo ha establecido esta Suprema Corte en la tesis jurisprudencial 186 (compilación de 1995, Tomo I), que dice:
"LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna relación de jerarquía entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de una aparente contradicción entre las legislaciones mencionadas, ésta se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la Norma Fundamental establece en su artículo 124. Esta interpretación se refuerza con los artículos 16 y 103 de la propia Constitución, el primero al señalar que la actuación por autoridad competente es una garantía individual, y el segundo, al establecer la procedencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal actúa más allá de su competencia constitucional."
Lo que sí implica este ámbito de validez mayor o menor, es que el alcance de la eventual invalidez decretada en contra de la norma, variará según el ente actor y el creador de la norma que sea demandado. Al respecto, resulta conveniente volver a transcribir, en lo conducente, el artículo 42 de la ley reglamentaria:
"Art. 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación, de los Municipios impugnados por los Estados ... y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
"En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarará desestimada dicha controversia ...
"En todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia."
Dando por sentada la hipótesis de que el Pleno de la Suprema Corte declare la invalidez de las normas impugnadas por mayoría de ocho votos o más, los alcances o efectos de la declaratoria respectiva serían las siguientes, de acuerdo con la primera parte del transcrito artículo 42:
-Los efectos serán generales hasta el punto de invalidar en forma total el ordenamiento normativo, o la norma correspondiente, si
a) la Federación demanda y obtiene la declaración de inconstitucionalidad de normas generales expedidas por un Estado (o por el Distrito Federal);
b) la Federación demanda y obtiene la declaración de inconstitucionalidad de normas generales expedidas por un Municipio;
c) si un Estado demanda y obtiene la declaración de inconstitucionalidad de normas generales expedidas por un Municipio.
-En cambio, atendiendo al último párrafo del mencionado artículo 42, por exclusión de lo señalado en el primer párrafo, "... las resoluciones tendrán efectos únicamente respecto de las partes de la controversia", lo cual debe interpretarse en el sentido de que los efectos de la declaratoria de invalidez de las normas, aunque generales, se limitan a la esfera competencial de la parte actora, con obligación de la demandada de respetar esa situación; esto se da, si
a) un Municipio demanda y obtiene la declaración de inconstitucionalidad de normas generales expedidas por la Federación; los efectos invalidatorios de las normas son generales, pero exclusivamente en lo que respecta a la esfera jurisdiccional del Municipio actor, teniendo la Federación el deber de no aplicar las normas declaradas inválidas sólo en el Municipio demandante;
b) un Municipio demanda y obtiene la declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales expedidas por un Estado; la declaratoria invalidará las normas con efectos generales, únicamente en relación con el Municipio actor; aunque las normas seguirán obligando a todos los Municipios que no accionaron ni obtuvieron, pero el Estado queda obligado a no exigir su cumplimiento en el Municipio que obtuvo;
c) un Estado (o el Distrito Federal) demanda y obtiene la declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales expedidas por la Federación; siguiendo el mismo criterio que se viene exponiendo, la invalidez tiene efectos generales sólo en el Estado actor, pero las normas seguirán rigiendo en las demás entidades federativas de la República.
En términos de lo expuesto cabe concluir que cuando en una controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia actuando en Pleno, declara la inconstitucionalidad de normas generales por mayoría de ocho votos o más, la declaratoria siempre implica la invalidez de dichas normas con efectos generales; estos invalidarán en forma total el ordenamiento normativo o la norma correspondiente, cuando la Federación demande y pruebe la inconstitucionalidad de normas estatales (o del Distrito Federal), o municipales; o cuando un Estado haga lo mismo en contra de normas municipales, mientras que cuando un Municipio demanda y prueba la inconstitucionalidad de normas generales de carácter federal o estatal, o cuando un Estado actúa en igual forma respecto de normas generales de la Federación, la declaratoria de invalidez, aunque también tiene efectos generales, éstos no llegan a nulificar totalmente el ordenamiento o la disposición de que se trata, sino que las consecuencias invalidatorias sólo benefician al ente actor, pero sigue rigiendo para todos los demás.
Precisado lo anterior, se pasa a analizar si en el caso concreto se dan los supuestos que exigen los artículos de referencia, para determinar si, de llegar a decretarse la invalidez de la ley combatida, procedería hacer la declaratoria con efectos generales, y si, en función de ello, los demás Municipios del Estado de Puebla que no son parte en esta controversia pueden verse afectados con la sentencia que en su momento se dicte y que, por tanto, deba tenérseles como terceros interesados.
De los dispositivos anteriormente transcritos se advierte que la controversia constitucional de donde deriva el recurso a estudio, se encuentra prevista en la fracción I, inciso i) del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse de un conflicto sobre una disposición general, entre el Estado de Puebla, como demandado, y el Ayuntamiento del Municipio de Puebla y otros Municipios de la misma entidad federativa, como actores; de ahí que la resolución que, en su caso, llegara a dictarse, de declararse fundada la acción y decretarse la invalidez de dicha ley, tendría efectos generales pero exclusivamente en relación con los actores que llegaran a obtener sentencia favorable, sin afectación para todos los demás.
Por otro lado, como ya se advirtió, tampoco se encuentra el caso en las hipótesis previstas en los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución, a saber: controversias entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal (inciso c); controversias entre dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales (inciso h); ni controversias entre dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales (inciso k).
Consecuentemente, por mandato constitucional y legal, el efecto de la sentencia pronunciada en esta controversia constitucional, en el supuesto de que declarara la invalidez de la ley por la mayoría calificada de cuando menos ocho votos, tendría efectos únicamente respecto de las partes en la controversia, esto es, su eficacia jurídica se limitaría a los Municipios actores y a los órganos estatales demandados, sin que ello signifique que la ley controvertida pierda sus características de generalidad y obligatoriedad respecto de los demás Municipios que no fueron parte de la controversia constitucional, porque para ellos continúa siendo de observancia obligatoria. De aquí lo infundado del agravio que se estudia y, por ello, es innecesario llamar a juicio con el carácter de terceros interesados a todos los Municipios del Estado de Puebla, por cuanto la resolución que pronuncie este tribunal, por disposición constitucional, no afectará sus derechos, aun cuando la norma cuya invalidez se pretende, regule, entre otros, la forma en que se distribuirán a todos los Municipios de esa entidad federativa las participaciones federales establecidas en los capítulos I a V, de la Ley de Coordinación Fiscal, pues, como ya se dijo, para dichos Municipios la citada disposición continúa siendo de observancia obligatoria.
Lo anterior es acorde con lo dispuesto por el artículo 10, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al efecto dispone:
"Art. 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales: ... III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse."
En las referidas condiciones, ante lo infundado del concepto de agravio sujeto a estudio, lo procedente es confirmar el auto recurrido.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 51, fracción II, 52 y 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 del Código Político Federal, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundado el recurso de reclamación a que este toca se refiere.
SEGUNDO.-Se confirma el auto recurrido de fecha veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, dictado en la controversia constitucional 4/98, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla y otros Municipios de la misma entidad federativa, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Puebla.
Notifíquese; por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de ocho votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Castro y Castro, Díaz Romero, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y presidente Góngora Pimentel. En causa de impedimento el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón. Los señores Ministros Aguinaco Alemán y Gudiño Pelayo ausentes previo aviso a la presidencia. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Juan Díaz Romero.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5452-d4730377/controversias-constitucionales-los-efectos-generales-de-la-declaracion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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