SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. EL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 126, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, Y 135, FRACCIÓN II Y PÁRRAFOS ANTEPENÚLTIMO, PENÚLTIMO Y ÚLTIMO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL UNO, TRANSGREDE EL NUMERAL 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL DESVIRTUAR LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS FIGURAS DE AUTOABASTECIMIENTO Y DE COGENERACIÓN ESTABLECIDAS EN LA LEY QUE REGLAMENTA, PUES ALTERA EL CONCEPTO DE "EXCEDENTES", LO QUE IMPLICA, ADEMÁS, APARTARSE DE LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA PARTE FINAL DEL SEXTO PÁRRAFO DEL DIVERSO ARTÍCULO 27 DE LA NORMA FUNDAMENTAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 22/2001. CONGRESO DE LA UNIÓN.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIA: GUILLERMINA COUTIÑO MATA.
MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de abril de dos mil dos.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio presentado el cuatro de julio de dos mil uno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Enrique Jackson Ramírez, Ricardo García Cervantes, Tomás Torres Mercado, Ricardo Gerardo Higuera, Sara Isabel C. Castellanos Cortés y Manuel Medellín Milán, quienes se ostentan con el carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y de la Cámara de Senadores, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, respectivamente, promovieron controversia constitucional demandando la invalidez de los actos que a continuación se señalan, emitido por las autoridades que se mencionan en el párrafo siguiente:
"II. Demandados. Tienen el carácter de demandados las siguientes autoridades. 1. C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, titular del Poder Ejecutivo Federal. 2. C. Secretario de Energía, titular de la secretaría, dependiente del Poder Ejecutivo Federal. 3. Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía y, por tanto, autoridad integrada y dependiente de la administración pública federal. 4. C. Secretario de Gobernación, titular de la Secretaría de Gobernación, dependencia del Ejecutivo Federal. ... IV. Norma general y actos cuya invalidez se reclaman: Es materia de la presente controversia, la invasión a la competencia del H. Congreso de la Unión que realiza el titular del Poder Ejecutivo Federal, con la expedición del 'Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica', de fecha veintidós de mayo de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de mayo del mismo año, del que se acompaña un ejemplar al presente escrito como (anexo cinco). El referido decreto se atribuye al C. Presidente de la República por cuanto a su expedición; al C. Secretario de Energía por cuanto a su refrendo; al C. Secretario de Gobernación por cuanto a su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y al C. Secretario de Energía y a la H. Comisión Reguladora de Energía por cuanto a su aplicación particular."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son los siguientes:
"VII. Hechos que constituyen antecedentes de la norma general y actos cuya invalidez se demanda. 1. Los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgan al Estado mexicano la rectoría en materia de energía eléctrica, indicándose expresamente que 'corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines'. 2. La propia Constitución en su artículo 25 establece que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto (energía eléctrica), manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso establezcan para cumplir con dichos fines. 3. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73, fracción X, confiere al Congreso de la Unión la facultad para legislar en toda la República sobre energía eléctrica. 4. En ejercicio de la facultad que el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere al Congreso de la Unión, éste expidió la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y cinco. En términos de la citada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se crean las instituciones, figuras, competencias y al organismo que se va a encargar de cumplir las tareas que, en materia de energía eléctrica, establece la ley en todo el ámbito nacional. El citado ordenamiento legal ha sido reformado por el Congreso de la Unión en cinco ocasiones; la primera, en términos del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres; la segunda, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis; la tercera, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del trece de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve; la cuarta, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y dos; y, la quinta, en términos del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres. 5. En ejercicio de la facultad reglamentaria que le otorga el artículo 89, fracción I, de la Ley Suprema, mediante decreto de fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Diario Oficial del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y tres, el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En este reglamento, como en cualquier otro, el presidente de la República debe proveer, en lo conducente, en la esfera administrativa a su cargo para la exacta observancia de la ley, siempre sujeto a las limitaciones que la misma Constitución establece, así como con la ley que reglamenta. El citado reglamento, a partir de su vigencia, ha tenido tres reformas, a saber: 5.1. La primera reforma se realizó mediante decreto de fecha diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve del mismo mes y año. 5.2. La segunda reforma se realizó mediante decreto de fecha veintidós de julio de mil novecientos noventa y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco del mismo mes y año. 5.3. La tercera reforma se realizó mediante decreto de fecha veintidós de mayo de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de mayo del año en curso, y constituye la norma general cuya invalidez se reclama en esta controversia constitucional. 6. Es el caso que con las modificaciones y adiciones al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de mayo del año en curso, el C. Presidente de la República se aparta y se excede de lo que debe contener un reglamento federal, según se expondrá en el capítulo respectivo de este escrito de demanda, invadiendo con ello la esfera de competencia que la Ley Suprema le otorga en forma exclusiva al Congreso de la Unión. 7. Es por todo lo anterior que la autoridad demandante se ve precisada a acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la búsqueda de una resolución con efectos generales, por parte de este Alto Tribunal, que determine, clarifique y transparente el orden jurídico alterado por el titular del Poder Ejecutivo quien, con la expedición del 'Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica', de fecha veintidós de mayo de dos mil uno, invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión, al margen del Estado de derecho."
TERCERO. En la demanda se señalaron como violados los artículos 49, 73, fracción X, 89, fracción I y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se expresó como concepto de invalidez el siguiente:
"Único. Los actos que se imputan a las autoridades demandadas infringen lo dispuesto por los artículos 49, 89, fracción I y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de los siguientes argumentos: 1. La división de poderes es uno de los principios cardinales del gobierno democrático. Su implantación en el país acompaña nuestra evolución constitucional, y está directamente vinculada con la idea misma de la independencia y la libertad de México. Inspirada originalmente en las ideas de Locke y Montesquieu, fue adoptada desde la precursora Constitución de Apatzingán. Ratificada luego en la Carta Constitucional de 1824, ha estado presente desde entonces en todas nuestras Cartas Fundamentales. La división de poderes nunca ha sido concebida en nuestra práctica constitucional como una mera división del trabajo, sino como una técnica al servicio de la libertad de los habitantes del país. Se trata de hacer realidad el principio de que los poderes constituidos por la Constitución deben limitarse mutuamente entre sí, mediante un sistema de pesos y contrapesos que den seguridad, certidumbre y legalidad a todos los actos del gobierno. La viciosa práctica de otorgar al Ejecutivo Federal facultades extraordinarias para legislar, de la que se hizo extenso uso en una etapa de debilidad institucional, fue en su momento y hasta la fecha prohibida terminantemente por la Constitución, pues su práctica vulnera, precisamente, un principio que está asociado a la convivencia democrática, la que debe estar sujeta a controles de los poderes constitucionales constituidos. Es en el marco de las ideas expuestas que el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye lo siguiente: (se transcribe). 2. En este orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina la competencia de cada uno de los Poderes de la Federación, atribuyendo al Poder Legislativo, que se deposita en el H. Congreso de la Unión, la facultad de expedir leyes, en su artículo 73, fundamentalmente, y al titular del Poder Ejecutivo, la facultad reglamentaria de las leyes, conforme a la fracción I del artículo 89. En relación con las facultades precisadas que la Ley Suprema confiere al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, cabe destacar lo siguiente: 2.1. La facultad de expedir las leyes del país es de tal trascendencia, que al confiársele la Constitución del (sic) Congreso de la Unión, no sólo detalla la estructura y funcionamiento de este poder, sino que establece cuidadosamente las facultades que se le otorgan; las personas que pueden iniciar el proceso legislativo; el mecanismo que va de la iniciativa a la formación de las normas; el proceso de discusión y votación; la interacción con el órgano ejecutivo; y, en suma, una amplia variedad de principios que robustecen la idea de que la expedición de normas de carácter general es, sin duda, una de las manifestaciones más relevantes de la soberanía nacional. La facultad y correlativa obligación del Congreso de la Unión de formular normas jurídicas de carácter general y obligatorias dentro del ámbito de su competencia, excluye la posibilidad de que el Ejecutivo Federal lo suplante en tan importante y exclusiva tarea, resultando, en consecuencia, que de ninguna manera el Ejecutivo Federal puede crear leyes, sino simplemente proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de éstas. En efecto, el Ejecutivo Federal, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está impedido para ejercer la función legislativa. Entre las materias que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos corresponde legislar al Congreso de la Unión, se comprende la relativa a la energía eléctrica, según lo dispuesto por el artículo 73, fracción X. 2.2. Según quedó precisado, el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere al titular del Poder Ejecutivo Federal la facultad de 'promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia'. Los tribunales federales han establecido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que los reglamentos únicamente pueden y deben expedirse dentro de los límites que la ley señala, sin que puedan ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos, y han señalado que la facultad reglamentaria no puede ser utilizada como instrumento para llenar lagunas de la ley, ni para reformarla, ni para remediar olvidos u omisiones del legislador, según se confirma con el criterio que a continuación se transcribe: 'REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. SUS LÍMITES.' (se transcribe). En el mismo orden de ideas, Felipe Tena Ramírez (Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa, trigésimaprimera edición, México, 1997, página 467), sostiene que lo característico del reglamento es su subordinación a la ley, y al efecto, expone lo que a continuación se transcribe: (se transcribe). 3. Resulta claro que por su contenido y alcance, las recientes reformas al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, introducidas a través del decreto de fecha veintidós de mayo de dos mil uno, expedido por el C. Presidente de la República, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de los mismos mes y año, no nada más exceden, sino que también contravienen las disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, transgrediendo con ello el principio de división de poderes que consagra el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 73, fracción X y 89, fracción I, de la Ley Suprema, como a continuación se expone: 3.1. En ejercicio de la facultad que el artículo 73, en su fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere al Congreso de la Unión, expidió la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En relación con el citado ordenamiento legal, cabe destacar lo siguiente: 3.1.1. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica no es una ley marco que únicamente dé principios generales susceptibles de ser desarrollados por un reglamento. En efecto, es un ordenamiento jurídico que contiene disposiciones que cuidadosa y detalladamente señalan las características y condiciones en que debe prestarse el servicio público de energía eléctrica y establecen, minuciosamente, los requisitos, modalidades, características y grado de participación que corresponden o pueden corresponder a los sectores público, privado y social, a efecto de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 25, 27 y 28, que disponen que corresponde exclusivamente a la nación, y que el sector público tendrá de manera exclusiva la facultad de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. 3.1.2. Lo dispuesto por los artículos 1o., 2o. y 4o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica corroboran lo antes expuesto en el sentido de que corresponde al Estado, en forma exclusiva, la generación, transformación y distribución de la energía eléctrica, en los siguientes términos: (se transcriben). 3.1.3. Los artículos 3o., 36, 36-bis, 37 y 38 de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establecen los supuestos en que, a manera de excepción, los particulares pueden participar en la generación de energía eléctrica, así como los principios, requisitos y modalidades para cada uno de los casos, todos ellos de carácter subsidiario, en los términos siguientes: (se transcriben). De las disposiciones legales anteriormente transcritas, se desprende lo siguiente: A. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece como casos excepcionales y subsidiarios en los que los particulares pueden participar en la generación de energía eléctrica, los siguientes: a) Generación para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción. b) Generación por productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). c) Generación para exportación. d) Importación para abastecimiento de usos propios. e) Generación para usos en emergencias derivadas de interrupciones en la prestación del servicio público. B. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica induce el fortalecimiento del servicio público de energía eléctrica, a través del organismo paraestatal Comisión Federal de Electricidad, aunque permitiendo las citadas excepciones para mejorar la prestación del servicio. Sin embargo, de ello no se puede seguir que a través de las figuras de excepción se sustituya o altere el esquema de participación creado por la propia ley. C. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica prevé que cuando resulte conveniente suministrar la energía eléctrica para servicio público por parte de particulares, en atención a criterios comparativos de costos dichos particulares deberán ser llamados para el propósito, a través de una convocatoria en la que se señalarán las necesidades específicas de la Comisión Federal de Electricidad, las condiciones de entrega, calidades, seguridades, plazos, precios y demás características propias de una licitación. 3.2. Mediante decreto de fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de mayo del mismo año, el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en ejercicio de la facultad que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere. El texto de los artículos 126 y 135 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, previamente a que se reformara con motivo del decreto que ahora se reclama en esta vía, eran los siguientes: (se transcriben). 3.3. Mediante decreto de fecha veintidós de mayo de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que constituye la norma general cuya invalidez se reclama, el titular del Poder Ejecutivo reformó y adicionó los artículos 126 y 135 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En efecto, con motivo del citado decreto se reforman los artículos 126, segundo párrafo y 135, fracción II, y se adicionan con un párrafo tercero el artículo 126, y con tres párrafos el artículo 135, para quedar como siguen: (se transcriben). 3.4. Cotejando el sentido y teleología de las reformas combatidas con la letra y espíritu de las disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con las que necesariamente tendrían que corresponderse, se llega a la conclusión de que con las citadas reformas reglamentarias el titular del Ejecutivo Federal invade y vulnera las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere al Congreso de la Unión en su artículo 73, fracción X. En efecto, la reforma que nos ocupa transgrede las facultades del Congreso de la Unión, al tenor de las siguientes consideraciones: 3.4.1. La fracción II, inciso c), del artículo 135 del reglamento dispone, en contra de lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y sin limitación alguna, que la Comisión Federal de Electricidad podrá, y en cierto modo deberá, adquirir hasta la totalidad de la producción excedente de los permisionarios de cogeneración; la adquisición hasta por 20 MW en los casos de autoabastecimiento, siempre y cuando tengan una capacidad instada hasta de 40 MW; y hasta el cincuenta por ciento de su capacidad total cuando se trate de autoabastecimiento, siempre y cuando se tenga una capacidad instalada superior a 40MW. Lo anterior en sí mismo trasciende las facultades reglamentarias del Ejecutivo Federal, dado que a través de esta reforma se está llevando a cabo una apertura absoluta para que los particulares generen energía eléctrica y la vendan irrestrictamente a la Comisión Federal de Electricidad, sustituyendo los cometidos de la misma, en contra de lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 3.4.2. Lo anterior queda más claro cuando se lee el último párrafo de la fracción II del artículo 135, porque en ésta se establece que el porcentaje indicado en el inciso b) de dicha fracción, podrá ser modificado por la Secretaría de Energía conforme a las necesidades de energía que requiera la prestación del servicio público y al nivel de reserva de energía del Sistema Eléctrico Nacional. De lo anterior, resulta clara la alteración que se pretende dar al marco creado por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, puesto que el Ejecutivo Federal, haciendo uso extensivo y no sustentado en derecho que le confieren su propias facultades reglamentarias, autoriza a la expresada secretaría para modificar a través de un mero acto administrativo los porcentajes establecidos en la ley, sin limitación alguna. Sufre así el Congreso de la Unión de la afectación de sus facultades, ya que de aceptarse dicha reforma quedaría en manos de la Secretaría de Energía la determinación política y el manejo indiscriminado, sin regulación legal alguna, de la energía generada por los particulares, transgrediendo el ámbito competencial que tiene el Congreso para legislar exclusivamente en materia de energía eléctrica, tal como lo dispone el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3.4.3. La reforma a los artículos 126 y 135 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, suprime el requisito de convocatoria para adquirir energía eléctrica de toda clase de permisionarios, al autorizar a la Comisión Federal de Electricidad para que adquiera, fuera de convocatoria, esto es, de licitación pública, los excedentes de energía generada por los permisionarios, lo que de ninguna manera es permisible, puesto que se vulnera la disposición contenida en el artículo 36-bis, fracción II, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, no nada más se contraviene lo que la propia Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica dispone en cuanto a la adquisición de los excedentes de energía generada por los particulares, sino que también se atenta contra el fin último del precepto constitucional invocado, al no tener el Estado, y en este caso la administración pública paraestatal, la posibilidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. A mayor abundamiento, la propia Constitución establece que cuando la vía de licitación no sea idónea para asegurar dichas condiciones 'las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado', lo que en el caso de la reforma que nos ocupa de ninguna manera acontece, puesto que ninguna ley y menos aún la del Servicio Público de Energía Eléctrica establecen tales bases, procedimientos, reglas y requisitos, no siendo dable hacerlo por vía reglamentaria, y menos aún por vía derivada de la reglamentaria, esto es, a través de la Secretaría de Energía. 3.4.4. En suma, las reformas al reglamento ponen de manifiesto que el titular del Poder Ejecutivo desborda sus facultades reglamentarias e invade las facultades que tiene atribuidas el Congreso de la Unión en la materia, habida cuenta de que: A. Vienen a modificar las definiciones de la ley, puesto que implican, en primer lugar, allanar las limitaciones que en función de su capacidad instalada (volúmenes de mega watts) tienen los particulares permisionarios para contratar con la Comisión Federal de Electricidad la venta de sus excedentes de energía; y, en segundo lugar, porque cancelan las convocatorias a que se refiere la fracción II del artículo 36-bis de la ley, necesariamente previas a la adquisición de posibles excedentes privados por parte de la Comisión Federal de Electricidad. La posibilidad de realizar convenios de venta de energía para el servicio público sin que medie convocatoria, prevista para el caso de productores que tengan una pequeña instalación, es de explicarse en función precisamente de la cantidad a adquirir por parte de la Comisión Federal de Electricidad, con la misma razón e intención con que operan también otras llamadas compras menores; pero el sentido de ese procedimiento cambia completamente si se trata de volúmenes considerables, pues entonces se está estableciendo una política de la materia que sólo a la ley emanada del Congreso corresponde, en su caso, establecer. Antes de la reforma, el párrafo segundo del artículo 126 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, sólo eximía de convocatoria para efectos de adquisición de excedentes de energía generada por particulares a 'los permisionarios de 20 MW o menos'. Ahora, en cambio, las reformas que se combaten generalizan la suspensión de dicha convocatoria para toda clase de productores, con lo que en la práctica se unifica, para estos importantes efectos, a todos los permisionarios en una sola categoría, y se echa por tierra todo el sistema limitativo que establece la ley. B. Una tendencia semejante, y aun ampliada, se constata en las adiciones y reformas al artículo 135 del reglamento. Así, la fracción II de dicho precepto disponía que la Comisión Federal de Electricidad podría celebrar convenios 'con los permisionarios con excedentes de energía de 20 MW o menos, en los casos en que resulte conveniente'. En virtud de la reforma en cuestión, en cambio, toda clase de permisionarios de autoabastecimiento y de cogeneración son elegibles para celebrar convenios de capacidad y adquisición de energía. Se confirma de esta manera la intención de alterar esencialmente la relación graduada, sujeta al requisito de convocatoria que establece la ley aprobada por el Congreso de la Unión. C. Aún más, en el mismo artículo 135 del reglamento en cuestión, se añade un párrafo antepenúltimo, que señala: 'La comisión (CFE) sólo podrá negarse a convenir con los permisionarios a que se refieren las fracciones II y III cuando las condiciones o términos que éstos ofrezcan no satisfagan los requisitos de los artículos 36-bis de la ley y 124 de este reglamento, o cuando la prestación del servicio público de energía no requiera de dichos excedentes.'. En relación con lo anterior, cabe señalar que los requisitos de la ley, a que las reformas se refieren, no son sino los que corresponde observar en términos generales a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía, respectivamente, para realizar la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, y para determinar las necesidades de crecimiento o de sustitución de la capacidad de generación del sistema. Se trata, en todo caso, de meros actos administrativos que, por virtud de las adiciones introducidas por el Ejecutivo Federal en el reglamento, permitirán extender ilimitadamente la participación de los particulares en la generación de energía para el servicio público. Se demeritarían gravemente, así, las atribuciones que tienen los organismos públicos en la materia, especialmente en cuanto a cuidar los intereses de la nación como un todo. D. La intención de las reformas reglamentarias es clara. Se trata de eludir las limitaciones que la ley en vigor tiene para que los particulares generen energía eléctrica en cualquier volumen y vendan sus excedentes, destinados al servicio público, usando para ello un trámite reglamentario. No obstante, es indiscutible que el Ejecutivo no puede, en virtud del principio de división de poderes, que es decisión política fundamental de nuestra Constitución, incluir como parte de sus facultades reglamentarias la de modificar los principios de una ley del Congreso, como en la especie lo hizo. 4. De lo antes expuesto, se advierte con toda claridad que, con las modificaciones y adiciones al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de mayo del año en curso, el Ejecutivo Federal se aparta y se excede de lo que debe contener un reglamento federal, invadiendo con ello la esfera de competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga en forma exclusiva al Congreso de la Unión, en violación a lo dispuesto en sus artículos 49, 73, fracción X y su fracción I. 5. En virtud de los anteriores razonamientos, los actos que se imputan a las autoridades demandadas resultan ilegales, y así deben ser declarados por no respetar los niveles de competencia que, en la especie, consigna de manera clara la Constitución General de la República y, en consecuencia, debe declararse la invalidez de los actos de referencia."
CUARTO. Por acuerdo de cinco de julio de dos mil uno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentada la demanda de mérito, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional, correspondiéndole el número 22/2001, y por razón de turno designó como instructor al Ministro Juan N. Silva Meza.
Por auto de la misma fecha, el Ministro instructor tuvo por presentado al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y de la Cámara de Senadores, al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y a los secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara Senadores y a los secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17084-bcfe76de/servicio-publico-de-energia-electrica-el-decreto-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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