FUSIÓN DE SOCIEDADES. EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO, QUE ESTABLECE QUE LOS DERECHOS A REALIZAR ACREDITAMIENTOS Y DEVOLUCIONES SON PERSONALES DEL CONTRIBUYENTE, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1729/95. GRUPO REPA, S.A. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ADRIANA ESCORZA CARRANZA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En su primer agravio aduce la recurrente, en esencia, que la sentencia impugnada es ilegal porque el Tribunal Colegiado introdujo argumentos y violaciones a disposiciones constitucionales no expresados por la quejosa, sin explicar las razones o motivos que tuvo para suplir la deficiencia de la queja.
Manifiesta, que el órgano colegiado determinó que el último párrafo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo no atiende a los principios de justicia tributaria consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, toda vez que sólo permite que las sociedades mercantiles no fusionadas sí puedan obtener la devolución de su saldo a favor, mientras que las fusionadas pierden ese derecho a partir de la fusión precisamente; no obstante, la parte quejosa, en su demanda de garantías, expresó que dicho precepto legal es inconstitucional en razón de que otorga un trato inequitativo y desproporcional a las empresas que se fusionan al transmitir a la empresa fusionante sólo obligaciones y privarla de derechos.
Sigue diciendo, que el Tribunal Colegiado no tomó en cuenta, que la devolución del impuesto pagado es personalísimo y por ello la empresa fusionante carece de interés jurídico para solicitarla; asimismo que la quejosa no puede ejercer derechos respecto de personas morales que ya no existen en la vida jurídica, y si en un momento dado existió un impuesto a favor de la empresa fusionada, al no haber solicitado su devolución o acreditamiento, antes de la fusión, perdió ese derecho por ser personalísimo.
Finalmente agrega, que la violación a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, nunca fue alegada por la amparista, por lo que es indebido que el órgano colegiado haya estimado que, el numeral combatido transgrede esa garantía al limitar los derechos de las empresas fusionantes, mientras subsisten sus obligaciones en relación a la fusión.
Pues bien, resulta infundado lo alegado por el recurrente en el sentido de que el Tribunal Colegiado introdujo argumentos no expresados por la quejosa en relación con el principio de justicia tributaria.
Efectivamente, si bien es verdad que en la sentencia combatida se determinó que el último párrafo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo rompe con el principio de justicia tributaria porque permite que las sociedades no fusionadas sí puedan obtener la devolución de su saldo a favor, mientras que las que sí lo estén pierden ese derecho, también lo es que la amparista sí expresó un argumento relativo a este punto, pues en la última parte de su único concepto de violación manifestó lo siguiente:
"El aceptar el contenido de la parte última del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, viola la garantía de igualdad, ya que mientras una empresa no se fusione puede ejercer sin limitante sus derechos y obligaciones, sin embargo y dadas las condiciones del país, varias empresas -como en el caso- se ven obligadas a unirse para poder seguir laborando y en este caso se ven castigadas con la limitante de no poder ejercer los derechos que como empresas independientes ya habían adquirido, y sí, sin embargo, a enfrentar las obligaciones que dejaron pendientes."
Con independencia de lo que antecede, la parte quejosa también adujo en su único concepto de violación, que el numeral combatido era violatorio del artículo 31, fracción IV constitucional, por otorgar un trato desproporcional e inequitativo a las empresas que se fusionan, al transmitir al fusionante sólo obligaciones y privarla de sus derechos y asimismo manifestó, que para que pudiese existir un trato equitativo, la empresa fusionante debía estar en posibilidad no sólo de cumplir con las obligaciones pendientes de las fusionadas, sino también de ejercer sus derechos.
Por lo anterior, en la sentencia impugnada el órgano colegiado consideró, al inicio del estudio de la inconstitucionalidad planteada, que la norma reclamada violaba los principios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución, al no permitir que las empresas fusionadas transmitan a las fusionantes el derecho a la devolución del impuesto a su favor, pese a que aquéllas desaparecen y ésta asume la titularidad en sus derechos y la responsabilidad de cumplir sus obligaciones pendientes. Asimismo estimó que el precepto legal combatido, inequitativamente sólo permite que las sociedades mercantiles no fusionadas puedan obtener la devolución, mientras que las que sí se fusionan pierden ese derecho, lo que implica que éstas tributen en mayor proporción para los gastos públicos que las no fusionadas, sin que se justifique esa discriminación.
Por otra parte, resulta inatendible lo alegado por la recurrente en relación a que el Tribunal Colegiado no tomó en cuenta que la quejosa carece de interés jurídico para solicitar la devolución del impuesto pagado, porque es personalísimo y que no puede ejercer derechos de personas morales que ya no existen en la vida jurídica.
En efecto, el órgano colegiado no podía declarar que la quejosa carece de interés jurídico para solicitar la devolución de impuestos, porque precisamente ese fue el motivo por el que acudió al juicio de garantías, reclamando la norma que le impide ejercer el derecho al acreditamiento y a la devolución de impuestos, por ello, deviene en inatendible el argumento de la recurrente, ya que lo establecido por el precepto legal combatido no puede servir de base para impedir que la quejosa lo impugne de inconstitucional, pues lo dispuesto en el numeral es lo que le causa perjuicios en su esfera jurídica.
El último argumento hecho valer por la recurrente en la parte final de su primer agravio, resulta fundado, ya que efectivamente la quejosa nunca reclamó la violación a la garantía de audiencia y no obstante ello, el Tribunal Colegiado se pronunció al respecto; pese a lo anterior, el argumento aducido resulta insuficiente para revocar la sentencia recurrida, tomando en cuenta que el órgano colegiado, para otorgar la protección constitucional respecto del artículo 9o. reclamado, no sólo se apoyó en que dicho precepto era violatorio del artículo 14 constitucional sino que además, como antes se dijo, estimó que rompía con el principio de justicia tributaria; en tal virtud, aunque se considere fundada la manifestación alegada por la agraviada, no es suficiente para estimar que el dispositivo legal no es inconstitucional, pues aún quedaría en pie la determinación del tribunal en el sentido de que sí lo es, por transgredir el referido principio de justicia tributaria, cuestión que por lo demás, será analizada en los siguientes considerandos.
CUARTO. En el segundo agravio la recurrente sostiene lo siguiente:
Que lo resuelto por el Tribunal Colegiado en el sentido de que el último párrafo del artículo reclamado es violatorio del diverso artículo 31, fracción IV constitucional, en virtud de que no cumple con el principio de equidad al no permitir que en el caso de fusión de sociedades, las empresas fusionadas transmitan a la fusionante el derecho a la devolución de impuesto a su favor, pese a que legalmente aquéllas desaparecen y ésta asume la titularidad en sus derechos y la responsabilidad de cumplir sus obligaciones pendientes, es incorrecto, pues el principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, disminución de pérdidas fiscales, plazos de pago, etcétera.
Que en el caso se hace una interpretación del principio de equidad que no es correcta, toda vez que dicho principio habla de una igualdad de los sujetos pasivos ante la ley tributaria, dándoles a todos los sujetos el mismo tratamiento, sin distinción alguna y en la especie, el precepto combatido establece una hipótesis general para el acreditamiento y devolución del impuesto, que son derechos personales del contribuyente y que no pueden ser transmitidos a otra persona ni como consecuencia de la fusión, sin que ello implique violación al principio de equidad, ya que tal disposición contiene una situación de derecho que es aplicable para todas aquellas personas que se encuentran dentro de la hipótesis que contiene, sin que contenga un trato especial para determinados contribuyentes.
Que de existir alguna distinción entre el trato que se da a las empresas fusionadas y las que no lo están, se debe al hecho de que con la fusión se genera una situación totalmente distinta que no puede darse cuando la fusión no existe, basta tener presente que si no se obliga legalmente a transmitir las obligaciones de las fusionadas a la fusionante, se podría utilizar dicha figura para evadir su cumplimiento y a su vez, si se permitiera transmitir los derechos, se podría utilizar esa figura para beneficiar a otros, pero dando por resultado siempre un perjuicio para el fisco federal.
A efecto de analizar el anterior agravio se estima pertinente hacer una transcripción de los siguientes numerales de la Ley General de Sociedades Mercantiles:
"Artículo 222. La fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada una de ellas, en la forma y términos que correspondan según su naturaleza."
"Artículo 223. Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio y se publicarán en el Periódico Oficial del domicilio de las sociedades que hayan de fusionarse. Cada sociedad deberá publicar su último balance, y aquella o aquellas que dejen de existir, deberán publicar, además, el sistema establecido para la extinción de su pasivo."
"Artículo 224. La fusión no podrá tener efecto sino tres meses después de haberse efectuado la inscripción prevenida en el artículo anterior. Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan podrá oponerse judicialmente, en la vía sumaria, a la fusión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada. Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado oposición, podrá llevarse a cabo la fusión, y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión, tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas."
"Artículo 225. La fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción, si se pactare el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o se constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito, o constare el consentimiento de todos los acreedores. A este efecto, las deudas a plazo se darán por vencidas. El certificado en que se haga constar el depósito, deberá publicarse conforme al artículo 223."
"Artículo 226. Cuando de la fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta, su constitución se sujetará a los principios que rigen la constitución de la sociedad a cuyo género haya de pertenecer."
De lo que se colige que la empresa que subsista o resulte de la fusión, tomará a su cargo los derechos y obligaciones de las sociedades extinguidas.
Por lo tanto, las sociedades fusionadas necesariamente desaparecen al reunirse en una sola persona jurídica (la fusionante) los fines y los patrimonios de las fusionadas.
Hay dos clases de fusión:
Aquella en la que diversas empresas, que desaparecen, se integran a otra, que subsiste. A ésta se le conoce como fusión por absorción. Y aquélla en la que las sociedades fusionadas desaparecen para formar una nueva. A ésta se le conoce como fusión pura.
La Ley General de Sociedades Mercantiles alude a ambas clases de fusión al referirse en el artículo 224 a la "sociedad que subsista" (fusión por absorción), y a la que resulta de la fusión (fusión pura).
Por su parte el último párrafo, del artículo reclamado de la Ley del Impuesto al Activo, establece:
"Artículo 9o. ...
"Los derechos al acreditamiento y a la devolución previstos en este artículo son personales del contribuyente y no podrán ser transmitidos a otra persona ni como consecuencia de fusión. En el caso de escisión, estos derechos se podrán dividir entre la sociedad escindente y las escindidas, en la proporción en que se divida el valor del activo de la escindente en el ejercicio en que se efectúa la escisión, determinando éste después de haber efectuado la disminución de las deudas deducibles en los términos del artículo 5o. de esta ley."
Atento a lo anteriormente relatado este Tribunal Pleno estima fundado el agravio hecho valer por la autoridad responsable en cuanto aduce que el principio de equidad radica en que se dé un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales y que el mismo tribunal a quo al señalar que existe una trato inequitativo en el precepto impugnado "entre la empresa que subsiste a la fusión y aquellas que no se han fusionado", está aceptando que, aunque se trata de sujetos que se ubican en la misma hipótesis de causación del impuesto, son diferentes, motivo por el que la ley les da un trato acorde con su situación jurídica.
En efecto, según se conoce de autos el tribunal del conocimiento consideró que el artículo reclamado atenta contra el principio de justicia tributaria que consagra el artículo 31, fracción IV constitucional, al otorgar un trato inequitativo a sujetos pasivos del impuesto, que se sitúan en un mismo plano, pues "inequitativamente sólo permite que las sociedades mercantiles no fusionadas sí puedan obtener la devolución, mientras que las que se fusionan, pierden ese derecho a partir de la fusión precisamente, lo cual implica que éstas tributen en mayor proporción para los gastos públicos que las no fusionadas, sin que se justifique esa discriminación, porque los efectos fiscales de la fusión sólo consisten en considerar que no se trata de una enajenación, según lo dispuesto por el artículo 14-A, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.".
Este Tribunal Pleno considera que son situaciones desiguales en las que se encuentran una empresa que no se ha fusionado, con otra que se ha fusionado.
Ello es así, en virtud de que una empresa fusionada se convierte en inexistente para efectos legales, según se desprende del artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Por otra parte, los efectos de una fusión consisten en la transmisión del patrimonio de las empresas fusionadas a una sociedad nueva o subsistente (fusionante) con la consecuente resolución de los vínculos jurídicos que tuvieran establecidos con terceros y con sus propios socios, en la sustitución del deudor respecto de los acreedores de las fusionadas, y en el establecimiento de nuevos vínculos jurídicos entre la fusionante y los socios de las fusionadas. Todo ello derivado de la extinción legal de la empresa fusionada.
Consecuencias jurídicas, todas ellas, que no se observan en una empresa no sujeta a fusión.
En esta tesitura, es inconcuso que una sociedad no fusionada no puede estar en el mismo plano de igualdad que una fusionada, ya que ésta ha desaparecido jurídicamente.
En tal virtud, es fundado el agravio de la autoridad recurrente en el sentido de que el principio de igualdad radica en un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales y que el mismo tribunal a quo aceptó al señalar que existe un trato inequitativo entre una empresa que subsiste a la fusión y otra que no se ha fusionado, que son diferentes, razón por la que la ley da a la empresa fusionada un trato acorde a su situación jurídica.
Conforme a lo anteriormente manifestado, no es el caso de que el artículo reclamado sea inequitativo, en cuanto establece que el derecho al acreditamiento y a la devolución es personal del contribuyente y que no podrán ser transmitidos a otra persona ni como consecuencia de fusión, en virtud de que para que exista inequidad es preciso que a sujetos iguales se les trate en forma desigual y a sujetos desiguales se les dé un trato igual ante la ley, extremo que no ocurre en la especie, pues si bien el artículo reclamado da un trato diverso a aquellas empresas fusionadas respecto de aquellas que no lo están, es precisamente porque su situación jurídica es desigual.
Por otra parte, es inexacto que el artículo sea inequitativo por permitir a las sociedades mercantiles, no fusionadas, el derecho al acreditamiento y a la devolución del impuesto, mientras que las que se fusionan pierden esos derechos, toda vez que al tratarse de una empresa fusionada, ésta legalmente ya se ha extinguido, diferencia jurídica esencial que tiene en relación con aquellas que no se han fusionado.
Asimismo, carece de exactitud el que se otorgue un trato inequitativo a sujetos que se sitúan en un mismo plano, ya que el hecho de que tanto la empresa no fusionada como la fusionada estén obligadas a pagar impuestos ello no las sitúa en un mismo plano, pues su tratamiento fiscal es siempre acorde a la situación jurídica en que legalmente se encuentran, y, como se ha señalado, la situación jurídica de una empresa fusionada, la cual se ha extinguido jurídicamente, es esencialmente diversa a una que no lo está, y la cual permanece como existente en la vida jurídica.
Así pues, habida cuenta que en el caso no se está ante sujetos iguales, el tratamiento que el artículo reclamado otorga a las empresas fusionadas no es inequitativo.
Es aplicable a la anterior consideración la tesis de jurisprudencia P./J. 42/97 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, página 36 que a la letra dice:
"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegios ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."
Es igualmente aplicable la tesis de jurisprudencia 275 publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, que a la letra dice:
"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula."
Atento a lo anterior, al resultar fundado el agravio analizado, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa que estimó inconstitucional el último párrafo del artículo 9o., de la Ley del Impuesto al Activo, en razón de que como ya se demostró, dicho precepto no vulnera el principio de equidad tributaria a que se refiere el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.
No es óbice a lo anterior el que el Tribunal Colegiado asevere que el artículo reclamado también es desproporcional pues permite que las empresas que se fusionen tributen en mayor proporción para los gastos públicos que las no fusionadas; toda vez que esta consideración deriva del hecho de que el precepto reclamado es inequitativo, violación que, según se ha señalado con anterioridad, no existe, ya que las empresas no fusionadas no están en pie de igualdad con las fusionadas, razón por la que el trato diverso que fiscalmente reciben va de acuerdo a su condición legal.
En tal virtud, se hace innecesario el estudio del tercer concepto de agravio en el que se combate la consideración del órgano colegiado, referido a que el precepto reclamado es contrario al artículo 14 constitucional, pues cualquiera que fuera el resultado de ese análisis en nada variaría el sentido de las consideraciones relativas a que el precepto combatido no es violatorio del artículo 31, constitucional; consideraciones que son suficientes para declarar su constitucionalidad, revocar la sentencia recurrida y negar el amparo a la quejosa, sin que tampoco sea necesario ejercer la facultad de atracción o bien, reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado, para analizar aspectos de legalidad, pues éstos no fueron hechos valer en la demanda de garantías.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Grupo Repa, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acto reclamado de la autoridad precisada en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y en su oportunidad archívese el presente toca.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de seis votos de los señores Ministros: Azuela Güitrón, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero y Silva Meza; los señores Ministros Aguirre Anguiano, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel y presidente Aguinaco Alemán votaron en contra y manifestaron que formularán voto de minoría.
Nota: La tesis de rubro: "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL." citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 256, tesis 275.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5455-a59a1b5d/fusion-de-sociedades-el-articulo-9o-ultimo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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