REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE INTERVENIR OFICIOSAMENTE EN EL INCIDENTE RELATIVO, DICTANDO TODAS AQUELLAS MEDIDAS U ORDENANDO LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS QUE TIENDAN A ESCLARECER SI EFECTIVAMENTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRIÓ O NO EN VIOLACIÓN A LA SENTENCIA DE AMPARO.
INCONFORMIDAD 277/98. EPIFANIO FLORES MORALES Y OTRO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Debe revocarse la resolución impugnada y ordenarse se admita a trámite la denuncia de repetición del acto reclamado, por las razones que enseguida se expresan.
Como puede apreciarse del resultando primero de esta resolución, en el juicio de amparo los quejosos reclamaron del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal de Tepic, Nayarit y del Juez Mixto de Primera Instancia de Acaponeta, Nayarit, el auto de formal prisión de fecha doce de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, emitido por el primero de los nombrados y la continuación del juicio penal 212/1994, del segundo de ellos.
En la sentencia de amparo, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, concedió la protección constitucional a los quejosos, por considerar que el acto reclamado era violatorio del artículo 16 constitucional, porque no se había demostrado la legal detención de los quejosos, ya que de las constancias remitidas por las responsables no se acreditaba que para llevar a cabo la detención hubiese mediado orden de aprehensión, hubiera existido flagrancia o se hubiese dictado mandamiento por tratarse de un caso de urgencia.
En cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable demostró haber dirigido un oficio al director del Centro de Rehabilitación Social "Venustiano Carranza", de Tepic, Nayarit, ordenando se pusiera en libertad a los quejosos, con las reservas de ley, por tal motivo, el Juez del conocimiento ordenó darles vista con el contenido de dicho oficio para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y al no haberse desahogado la vista, dictó un acuerdo teniendo por cumplido el fallo protector.
Ahora bien, el artículo 108 de la Ley de Amparo dispone:
"Art. 108. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por parte interesada ante la autoridad que conoció del amparo, la cual dará vista con la denuncia, por el término de cinco días, a las autoridades responsables, así como a los terceros, si los hubiere, para que expongan lo que a su derecho convenga. La resolución se pronunciará dentro de un término de quince días. Si la misma fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, la autoridad remitirá de inmediato el expediente a la Suprema Corte de Justicia; de otro modo, sólo lo hará a petición de la parte que no estuviere conforme, la cual lo manifestará dentro del término de cinco días a partir del siguiente al de la notificación correspondiente. Transcurrido dicho término sin la presentación de la petición, se tendrá por consentida la resolución. La Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes.
"Cuando se trate de la repetición del acto reclamado, así como en los casos de inejecución de sentencia de amparo a que se refieren los artículos anteriores, la Suprema Corte de Justicia determinará, si procediere, que la autoridad responsable quede inmediatamente separada de su cargo y la consignará al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente."
Del texto del dispositivo legal transcrito se desprende, entre otras cosas, que cuando se denuncia la repetición del acto reclamado, la autoridad que conozca del amparo debe dar vista a las autoridades responsables y a los terceros, para que expongan lo que a su derecho convenga; que si existe repetición del acto reclamado, se remitirá de inmediato el expediente a la Suprema Corte de Justicia, quien resolverá allegándose los elementos que estime convenientes.
Pues bien, de las constancias que obran en el cuaderno de amparo, se advierte que el Juez del conocimiento sustentó la improcedencia de la denuncia de que se trata, contraviniendo los principios rectores de las sentencias de amparo, plasmados en los artículos 107 y 108 de la Ley de Amparo (este último antes transcrito), que imponen la obligación de vigilar el cabal cumplimiento de dichas ejecutorias, y desatendiendo que se trata de una cuestión de orden público, como se desprende de los referidos numerales y de los demás relativos a dicha figura de la propia ley.
Lo anterior en virtud de que declaró que la denuncia de repetición del acto reclamado era improcedente, tomando en cuenta para hacerlo el sólo dicho del denunciante, pues no existe en el expediente elemento de prueba alguno que permita corroborar lo alegado por el promovente.
En efecto, en la parte considerativa de la sentencia de repetición del acto reclamado, el Juez de Distrito manifestó, que del escrito de denuncia y del informe de la autoridad responsable, se desprendía que esta autoridad, luego de haber dictado auto de libertad en favor de los quejosos, emitió una orden de aprehensión con la cual se les sujetó nuevamente a procedimiento, basado en aquel auto de formal prisión contra el que se concedió el amparo, por lo que determinó, que la actuación de la responsable, no incurría en repetición, sino en un defecto en el cumplimiento del fallo protector, pues aun cuando había dejado en libertad a los quejosos, al sujetarlos nuevamente a procedimiento en esa misma causa penal, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión, sin haber anulado el auto de formal prisión contra el que también se concedió la protección constitucional, y fundando tal sujeción precisamente en ese auto, ello no podía ser combatido mediante la denuncia de repetición del acto, sino a través del recurso de queja, previsto en la fracción IV del artículo 95 de la Ley de Amparo.
Es decir, el Juez consideró que se trataba de un cumplimiento defectuoso, porque si bien es cierto que la autoridad responsable había dejado en libertad a los quejosos y posterior a ello, había dictado una orden de aprehensión en su contra, también lo es que se les sujetó a proceso con base en el mismo auto de formal prisión que fue reclamado en el juicio de garantías y respecto del cual se concedió el amparo.
Por ello, el Juez estimó que más que repetir la acción inconstitucional, mediante la emisión de otro acto que incurriera en la misma violación, la autoridad dejó vigente el acto reclamado, lo que hacía procedente la queja por defecto en el cumplimiento de la resolución de amparo.
Con estas consideraciones, declaró improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado.
Ahora bien, de la revisión de las constancias de autos puede verse, que tal como se estableció en la sentencia que se analiza, los quejosos manifestaron en su escrito de denuncia que la autoridad responsable había repetido el acto reclamado, porque si bien había dictado una orden de aprehensión en cumplimiento de la referida ejecutoria, se encontraban sujetos a proceso en virtud del mismo auto de formal prisión que reclamaron en el juicio de amparo; sin embargo, contrariamente a lo que expresó el Juez de Distrito en su sentencia, la autoridad responsable al rendir su informe respectivo, no reconoció que los quejosos estuvieran sujetos a proceso en virtud del mismo auto de formal prisión reclamado en el juicio constitucional, ya que lo único que manifestó es que no existía la repetición del acto reclamado, porque el amparo se había concedido por la ilegal detención de los quejosos y en cumplimiento del fallo protector, giró un oficio al director del Centro Estatal de Rehabilitación Social "Venustiano Carranza", para que los pusiera en libertad y posteriormente el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco, giró una orden de aprehensión por la que los quejosos fueron puestos a disposición de la propia autoridad.
Por otra parte, como antes se dijo, no existen en el expediente medios de prueba que permitan corroborar lo alegado por las partes en relación con la denuncia de repetición, ya que lo único que consta en autos, es el oficio del Juez responsable por el que ordena se ponga en libertad a los quejosos, documento éste, que fue tomado en cuenta por el Juez de Distrito para declarar cumplida la ejecutoria de amparo, pero no existe algún otro elemento que lleve a la convicción de que la autoridad responsable efectivamente dictó una orden de aprehensión y sobre todo que los quejosos siguen sujetos a proceso por el mismo auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, respecto del cual se otorgó la protección constitucional.
En este orden de ideas, resulta evidente que el Juez de Distrito sustentó la improcedencia de la denuncia de que se trata, únicamente con base en el alegato de una de las partes, sin tomar en consideración que tratándose del cumplimiento de las sentencias de amparo está de por medio el interés público y no el particular de las partes que intervienen en el juicio, por ello resulta insostenible que se haya decretado la improcedencia con el sólo dicho de una de las partes.
En esas condiciones, no existen elementos para determinar, que en la especie, los quejosos están sujetos a proceso en virtud del mismo auto de formal prisión combatido en el juicio de amparo, ni tampoco podría establecerse que se trata de un auto de formal prisión ajeno al juicio constitucional. Por lo mismo, no asiste razón al Juez del conocimiento al sostener que debió interponerse queja y no denuncia de repetición del acto reclamado, dado que no hay pruebas para determinarlo; máxime si en el caso concreto, el Juez de Distrito ya declaró cumplida la ejecutoria, lo que de suyo hace improcedente la queja por defecto o exceso en la ejecución de sentencia, lo que no sucede con la repetición del acto reclamado que tiene lugar una vez que el Juez declara cumplido el fallo protector.
Así las cosas, si del contenido del artículo 108 de la Ley de Amparo se desprende que la Suprema Corte debe allegarse los elementos que estime convenientes para resolver la repetición del acto reclamado, con mayor razón el Juez de Distrito se encuentra obligado a recabar esas pruebas, pues de esta manera se entiende que está vigilando el cabal cumplimiento de la ejecutoria, a lo que se encuentra constreñido según el aludido numeral y los demás relativos de la ley de la materia referidos a dicho cumplimiento.
Por tal motivo, procede revocar la resolución combatida y ordenarse al Juez de Distrito se admita a trámite la denuncia de repetición del acto reclamado, a fin de que recabe las pruebas necesarias y, con vista en estas últimas, resuelva lo que en derecho proceda, salvo que advierta alguna otra causa que haga improcedente la denuncia de repetición aludida.
Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por esta Segunda Sala, publicada con el número CXII/95, en la página 406, del Tomo II, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO, OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE INTERVENIR OFICIOSAMENTE EN EL INCIDENTE RELATIVO, DICTANDO TODAS AQUELLAS MEDIDAS U ORDENANDO LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS QUE TIENDAN A ESCLARECER SI EFECTIVAMENTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRIÓ O NO EN VIOLACIÓN A LA SENTENCIA DE AMPARO.-De la interpretación armónica de los artículos 80, 105, 108 y 111 de la Ley de Amparo, se desprende que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público y que los Jueces de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, no sólo tiene la potestad sino el deber de intervenir oficiosamente, dictando todas aquellas medidas u ordenando la práctica de las diligencias necesarias que tiendan a esclarecer si realmente se ha dado cumplimiento o no a la ejecutoria de amparo. Por ello, no puede considerarse que una interpretación literal de la última parte del primer párrafo del artículo 108 de la Ley de Amparo, conduzca al equívoco de estimar que en estos incidentes sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de resolver allegándose los elementos que estime convenientes, sino que también la tienen el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, dado que atendiendo al principio de derecho de que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, se sigue que la finalidad que persiguen los órganos jurisdiccionales federales, en estos casos, es la misma, esto es, determinar si efectivamente la autoridad responsable incurrió o no en violación a la sentencia de amparo al repetir el acto reclamado, respecto del cual se otorgó la protección constitucional."
Por lo expuesto y fundando, se resuelve:
PRIMERO.-Es fundada la inconformidad a que este expediente se refiere.
SEGUNDO.-Se revoca la resolución impugnada.
TERCERO.-Se ordena reponer el procedimiento en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado, formulada por Epifanio Flores Morales y Ernesto Torres González, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su procedencia, para los efectos precisados en el último considerando y, en su oportunidad, archívese el presente toca.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Genaro David Góngora Pimentel y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente el Ministro Juan Díaz Romero, previo aviso dado a la presidencia. Fue ponente el cuarto de los señores Ministros antes mencionados.
Nota: La tesis 2a. CXII/95, citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 406.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5508-5456bbbc/repeticion-del-acto-reclamado-obligacion-del-juzgador-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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