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Modo: Corpus Pro

INFORME PREVIO, LA ADMISION DE LA CERTEZA DEL ACTO DE PROMULGACION Y PUBLICACION DE LA LEY IMPUGNADA NO IMPLICA QUE DEBAN TENERSE POR CIERTOS DIVERSOS ACTOS O HECHOS. * * * SUPLENCIA DE LA QUEJA. PARA DETERMINAR LA MISMA DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. * * * AMPARO CONTRA LEYES. SUSPENSION IMPROCEDENTE, CUANDO SE IMPUGNA SU APLICACION Y NO SE ACREDITA ESTAR EN LAS HIPOTESIS PREVISTAS EN LAS MISMAS. - - -

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 47/94. · Registro digital (IUS): 560
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LUCILDA PEREZ SALAZAR Y COAGRAVIADOS.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, , Pág. 419.

AMPARO EN REVISION 47/94. LUCILDA PEREZ SALAZAR Y COAGRAVIADOS.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Los anteriores agravios son en parte inoperantes y en parte infundados.

Tocante al desechamiento de la prueba de inspección ocular ofrecida por los quejosos inconformes, son inoperantes los agravios relativos.

Previo al estudio de tales argumentos, cabe precisar que, este órgano jurisdiccional federal advierte que no obra en el cuaderno incidental el escrito de Mario Amaya Chávez, autorizado por los quejosos en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en el que ofreció la prueba de inspección ocular motivo del desechamiento, sin embargo, toda vez que el secretario adscrito al Juez de amparo, dio cuenta con él en la audiencia incidental y lo describe ampliamente, podemos deducir fundadamente su existencia. De esa descripción se advierte que la prueba se ofreció en los términos siguientes: "... e inspección para el extremo que se consideren insuficientes las documentales que se agregan al cuaderno principal, a fin de que el actuario de la adscripción, se constituya en el departamento de personal de la secretaría de educación y en el departamento de nóminas de la tesorería del Estado y dé el 'número de empleado' de cada uno de los quejosos ...".

Como se ve, la inspección ocular se ofreció condicionada al caso de que no se considerarán suficientes las documentales allegadas al expediente original, esto es, al cuaderno principal, y esa circunstancia, por sí sola, hace inatendible dicho ofrecimiento, pues las anotadas documentales no fueron exhibidas en el incidente y en consecuencia, el Juez de Distrito no tenía por que tomarlas en cuenta en la audiencia relativa para los efectos pretendidos por la parte quejosa y menos establecer en ese momento si eran o no suficientes para acreditar los hechos aducidos por el oferente, como condición de que se tuviera o no por ofrecida la inspección ocular, cuenta habida que en dicha audiencia es inadmisible establecer el alcance de las pruebas. En otras palabras, si el ofrecimiento de la inspección se sujetó a una condición irrealizable desde el punto de vista legal impuesta por el propio oferente; entonces, éste debe soportar las consecuencias relativas, es decir, tener por no ofrecida la referida probanza condicionada a semejante requisito. Así, a nada práctico conduce dilucidar si, a la luz de los agravios enderezados por la parte inconforme, las razones y fundamentos en que se apoyó el Juez de Distrito para desechar la inspección son o no correctos, pues por las consideraciones antes apuntadas, necesariamente se llegaría al mismo resultado, y de ahí la inoperancia de dichos agravios.

En cuanto al fondo de la resolución que negó la suspensión definitiva, son infundados los motivos de inconformidad esgrimidos.

En efecto, el Juez del amparo negó la suspensión definitiva contra los actos reclamados consistentes en la expedición, promulgación, publicación y refrendo del decreto que contiene la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, por tratarse de actos consumados contra los cuales es improcedente conceder la suspensión, pues de otorgarse, implicaría darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia de amparo. Tocante a los actos de aplicación de la ley, también negó la suspensión definitiva, por estimar que los peticionarios no demostraron estar dentro de los supuestos establecidos en la referida legislación y por ende, no se satisfizo el requisito contenido en el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo.

En principio, es importante subrayar que los inconformes sólo combaten la negativa de la suspensión definitiva, tocante a los actos de aplicación de la ley reclamada, aspecto éste al que debe constreñirse la materia de la revisión, pues por lo que hace a la negativa de la suspensión en contra del proceso formativo de dicha ley, los inconformes no expresaron agravio alguno.

Establecido lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte que, contrariamente a lo sostenido en los agravios, el Juez del amparo sí tomó en cuenta el informe previo del gobernador del Estado, y es inexacto que su contenido evidencia la condición jurídica alegada por los quejosos, es decir, su calidad de trabajadores de la educación al servicio del Estado y consecuentemente, que están dentro de los supuestos del ordenamiento legal cuya ejecución pretenden se suspenda, pues aunque el Ejecutivo de la entidad admita en su informe la certeza de los actos que se le atribuyen (promulgación y publicación), esa manifestación no implica que deban tenerse por ciertos actos diversos a esa parte del proceso formativo de la ley; en otras palabras, es inaceptable que el reconocimiento anotado de la responsable tenga el alcance de probar la condición jurídica de los recurrentes en relación con los actos de ejecución o aplicación de los preceptos legales reclamados.

En lo concerniente a la prueba presuncional en su doble aspecto, los peticionarios afirman infundadamente que el Juez de Distrito omitió el análisis y valoración de la misma. Efectivamente, de las constancias que integran el cuaderno incidental de donde emana la resolución recurrida, no se colige presunción legal o humana alguna que hubiere obligado al a quo a emitir pronunciamiento en ese sentido, y tocante a los hechos públicos y notorios relativos a la magnitud del movimiento magisterial que, en concepto de los impetrantes, debió invocar el Juez de Distrito, en observancia a lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe decirse que ese hecho notorio no tiene el alcance de probar que los recurrentes se encontraran dentro del supuesto de la ley reclamada.

Por último, cabe señalar que no se está en el caso de suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracciones IV y VI de la Ley de Amparo, como infundadamente lo aduce la parte recurrente, pues en cuanto a la fracción IV, ésta sólo rige en materia laboral, y para determinar la misma debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados que, en la especie, son de índole administrativa, en donde no se discuten aspectos vinculados a aquella materia, y respecto a la fracción VI, este órgano colegiado no advierte la existencia de una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa a los quejosos.

En las apuntadas condiciones, si los quejosos inconformes no acreditaron estar dentro de las hipótesis previstas en la legislación reclamada y por ende, que son sujetos de su aplicación, es correcta la determinación del Juez Federal que les negó la suspensión solicitada en contra de dicha aplicación, pues al no demostrar ni en forma presuntiva el interés que tienen en que se suspendan tales actos, no se da el requisito de procedibilidad invocado por el propio resolutor.

En iguales términos se pronunció este Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito al resolver los incidentes en revisión números 45/94, 48/94, 49/94 y 50/94, mediante las ejecutorias pronunciadas el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

Por tanto, se impone confirmar la resolución recurrida.

Por lo expuesto y con apoyo además, en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

UNICO.-Se confirma la resolución recurrida.

Notifíquese.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito que integran los Magistrados Enrique Arizpe Narro, Leandro Fernández Castillo y Arturo Barocio Villalobos, siendo relator el primero de los nombrados.

Firman los Magistrados y el secretario de acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/560-078c1b98/informe-previo-la-admision-de-la-certeza-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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