VÍAS DE COMUNICACIÓN. QUEDAN COMPRENDIDAS EN ESE CONCEPTO LAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO Y FUERA DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN (CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 51/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del acuerdo plenario 1/1997, de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que la pugna de criterios se presentó en la materia penal.
SEGUNDO.-La ejecutoria pronunciada el siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el amparo en revisión 151/95, promovido por Raúl Miranda Villegas, en la parte relativa a la temática de contradicción, contiene estas consideraciones:
"QUINTO.-Son fundados los anteriores conceptos de violación.-Al ahora quejoso, se le decretó auto de formal prisión como presunto responsable del delito de ataques a las vías de comunicación, previsto y sancionado por el artículo 125 del Código Penal para el Estado de Jalisco. A su vez el referido numeral, establece que: ‘Se impondrán de tres meses a seis años de prisión al que por cualquier medio destruya, deteriore, obstaculice o impida el funcionamiento de las vías de comunicación o medios de transporte de uso público de jurisdicción estatal ilegalmente.-Se impondrá de un mes a un año de prisión al que quite, corte, inutilice, apague, cambie o destruya las señales o luces de seguridad de una vía de comunicación estatal o coloque en la misma alguna no autorizada.’.-Ahora bien, la conducta específica que se le atribuye al promovente del amparo, consiste en que el treinta de junio de mil novecientos noventa y cuatro, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, acompañado de otras personas, con unos camiones, obstaculizó las calles Nance, Seis, Siete, Ocho, Nueve, Diez, Once, Doce, Trece, Catorce, Quince, Dieciséis y la denominada Nuez, de la ciudad de Guadalajara, con lo cual impidió el acceso al Mercado de Abastos de esta ciudad; sin embargo, esa conducta, como acertadamente se afirmó, no puede ser constitutiva del antisocial por el que se le procesa, toda vez que, aun cuando con su proceder impidió el funcionamiento de unas calles de esta ciudad, tal conducta, se reitera, no configura el tipo en comento, ello si se toma en consideración, que como no existe en el Código Penal para el Estado de Jalisco, definición de lo que es una vía general de comunicación, se debe tomar en cuenta el concepto genérico, que al respecto define la Ley de Vías Generales de Comunicación, al sostener que se consideran como tales (vía general de comunicación), entre otras, aquellas que entroncan alguna vía con un país extranjero; las que comunican a dos o más entidades federativas entre sí, y que sean construidas en su mayor parte por la Federación. Por otra parte, de acuerdo a lo que establece el Diccionario Jurídico Espasa, por vía pública se entiende lo que es del dominio y uso público, construido para la circulación de personas y vehículos y le corresponde construirlas a los Municipios; a su vez, define como calle, el espacio que queda entre las edificaciones de un poblado y sirve para el tránsito de personas, animales y vehículos.-Una recta interpretación de lo antes transcrito, permite concluir, que en el caso, no se configura uno de los elementos que integran el tipo penal que se le atribuye al promovente del amparo, relativo a que se obstaculizó una vía de comunicación de jurisdicción estatal, toda vez que, cuando con su proceder haya obstaculizado algunas calles o vías públicas de la ciudad de Guadalajara, éstas no pueden ser consideradas como vías de comunicación, menos aún de jurisdicción estatal, porque, se insiste, para que tenga esa categoría se requiere que sea de aquellas que comunican a un Estado o más entre sí, o en su caso, uno o más Municipios, y en la especie, conforme a las referidas definiciones, las obstaculizadas son calles o vías públicas que sirven para la circulación de personas o vehículos, además son de jurisdicción municipal, porque fueron construidas por el Municipio dentro de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, de ahí que, por esa razón no pueden ser consideradas como vías de comunicación, de jurisdicción estatal.-Sentado lo anterior, como no se configura uno de los elementos necesarios para la integración del tipo que se analiza, al haber considerado lo contrario el tribunal responsable en la resolución que se combate, es indudable que infringió en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, estatuidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que en reparación de las mismas, procede concederle la protección de la Justicia Federal solicitada."
Consideraciones que fueron condensadas en esta tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, página 596:
"ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, LA OBSTRUCCIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD NO MATERIALIZA EL DELITO DE (LEGISLACIÓN DE JALISCO).-El artículo 125 del Código Penal para el Estado de Jalisco, establece: ‘Se impondrán de tres meses a seis años de prisión al que por cualquier medio destruya, deteriore, obstaculice o impida el funcionamiento de las vías de comunicación o medios de transporte de uso público de jurisdicción estatal ilegalmente.-Se impondrá de un mes a un año de prisión al que quite, corte, inutilice, apague, cambie o destruya las señales o luces de seguridad de una vía de comunicación estatal o coloque en la misma alguna no autorizada.’. Ahora bien, el obstaculizar con varios camiones diversas calles de la ciudad de Guadalajara, lo que impidió el acceso a un mercado de esta ciudad, no es constitutivo del antisocial de ataques a las vías de comunicación, toda vez que, aun cuando se impidió el funcionamiento de unas calles, no se configura el tipo, porque como en el Código Penal para el Estado de Jalisco, no existe definición de lo que es una vía general de comunicación, se debe tomar en cuenta el concepto genérico que establece la Ley de Vías Generales de Comunicación, que considera como tales, entre otras, aquellas que entroncan alguna vía con un país extranjero; las que comunican a dos o más entidades federativas entre sí, y que sean construidas en su mayor parte por la Federación. Por otra parte, las calles son espacios que quedan entre las edificaciones de un poblado y sirven para el tránsito de personas, animales y vehículos, además de que son de jurisdicción municipal, de ahí que, si con la obstaculización de las citadas calles no se interrumpió la comunicación de una o varias poblaciones del propio Estado o hacia otra entidad, sino que solamente se obstruyó la circulación de personas o vehículos, dentro de una ciudad, es indudable que no se actualizan los elementos que integran el tipo penal en comento."
TERCERO.-Por su parte, la ejecutoria emitida el once de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el juicio de amparo directo 286/97, promovido por Maximiano Barbosa Llamas y otro, en la parte que interesa dice textualmente:
"IV.-Los conceptos de violación antes transcritos son infundados.-En efecto, al llevar a cabo un minucioso análisis de la sentencia materia de la litis constitucional, y de los elementos de convicción aportados al sumario, se advierte que fue acertado el criterio de la Sala responsable al considerar acreditados plenamente los elementos del tipo penal del delito de ataques a las vías de comunicación, previsto en el artículo 125 del Código Penal para el Estado de Jalisco, así como la responsabilidad penal de Maximiano Barbosa Llamas y Héctor Martín Madera Godoy en su comisión, ya que para ello tomó en cuenta el caudal probatorio aportado a la causa, mismo que obra transcrito en el considerando II de esta ejecutoria, y que se da por reproducido en obvio de repeticiones, el cual valoró de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 262, 263, 264, 266, 269, 271 y 272 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, lo que resulta correcto, ya que dichos elementos de convicción son aptos y suficientes para considerar penalmente responsables a los aquí quejosos en la comisión del antisocial mencionado, puesto que tal y como lo estimó la Sala responsable, de dichas pruebas se pone de manifiesto que Maximiano Barbosa Llamas y Héctor Martín Madera Godoy, el día doce de octubre de mil novecientos noventa y tres, encabezaron a un grupo de aproximadamente trescientas personas, denominado el Barzón, que en obediencia a ellos obstaculizaron e impidieron el funcionamiento de una vía de comunicación, en este caso el tramo carretero estatal Guadalajara-Chapala, a la altura del kilómetro 4-400 metros, y según obra en la denuncia respectiva, cerraron dicha vía por completo desde las trece hasta las diecisiete horas de dicho día, habiéndolo repetido al día siguiente, siendo indudable que para ello hubo consciente voluntad de los activos.-En cuanto al capítulo de individualización de la pena y las sanciones de tres meses de prisión que les fueron impuestas a cada uno de los impetrantes de amparo, no les irrogan perjuicio alguno, en virtud de que el grado de culpabilidad estimado en el mínimo, y la sanción es acorde con el quántum establecido por el artículo 125 del Código Penal para el Estado de Jalisco, que señala de tres meses a seis años de prisión; al respecto se comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia que aparece con el número 639, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, consultable bajo el rubro: ‘PENA MÍNIMA, NO ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU IMPOSICIÓN.-Cuando el juzgador, haciendo uso de su arbitrio, estima justo imponer como pena la mínima que contempla la ley para el delito que corresponda, es evidente que tal proceder no es violatorio de garantías, ya que en este caso ni siquiera es necesario razonar la imposición de la misma en base al grado de peligrosidad o circunstancias en que se efectuó el delito, en virtud de que estos elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una sanción mayor, pero no cuando se aplica la mínima, pues es inconcuso que no podría aplicarse una menor a ésta.’.-Ahora bien, carecen de razón los impetrantes de garantías, al asegurar que se violaron en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que además de no precisar en qué consistió tal violación, al analizar detenidamente las constancias de autos y la resolución reclamada, no se advierte que exista violación a dichos dispositivos. Lo mismo debe decirse respecto al argumento de la parte quejosa, en el que alega la contravención de los artículos 116 y 117 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, ya que incurre en el mismo defecto de precisión, y del análisis oficioso del acto reclamado no se advierte la transgresión de dichos ordenamientos legales.-Por otra parte, el artículo 125 del Código Penal para el Estado de Jalisco, dispone en lo que aquí interesa: ‘Se impondrán de tres meses a seis años de prisión al que por cualquier medio destruya, deteriore, obstaculice o impida el funcionamiento de las vías de comunicación o medios de transporte de uso público de jurisdicción estatal ilegalmente.’; de lo que se advierte que los elementos del tipo penal son: a) que por cualquier medio, b) se destruya, deteriore, obstaculice o impida el funcionamiento; c) que alguna de las mencionadas acciones recaiga en una vía de comunicación o en un medio de transporte; d) que éstos sean de uso público; y e) de jurisdicción estatal; en consecuencia, en el caso se actualiza la citada hipótesis delictiva, ya que se obstaculizó e interrumpió el funcionamiento de un tramo de la carretera Guadalajara-Chapala de jurisdicción estatal, misma que sin duda es una vía de comunicación pública, pues el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española en su vigésima edición, tomo II, página 1,382 define como vía pública a la ‘calle, plaza u otro sitio por donde transita o circula el público.’; y siendo un hecho notorio que por la carretera Guadalajara-Chapala, circula el público, ya sea a pie o en automotores, no cabe duda, de que dicho tramo carretero es una vía de comunicación, aun en el supuesto no demostrado de que se tratase de la calzada de la Solidaridad Iberoamericana, perteneciente a Tlaquepaque o a la zona metropolitana de Guadalajara, como lo afirma la parte quejosa, pues independientemente de la denominación que en el caso tenga la vía (camino, calle o carretera) de que se trata, lo demostrado es que es de jurisdicción del Estado de Jalisco y que es pública, es decir que cualquier persona puede usarla para transitar; sin que exista razón legal, ni circunstancia que obligue a tener como vías de comunicación sólo a las que encuadren en la definición que se da en la Ley de Vías Generales de Comunicación, dado que ésta sirve para delimitar la jurisdicción federal sobre vías generales de comunicación y lógicamente se refiere a las funciones específicas y características de los caminos o vías federales, lo que no sucede necesariamente con las estatales, por lo que la definición de que se trata, no tiene aplicación al Código Penal del Estado de Jalisco, aunque éste no defina expresamente la expresión ‘vías de comunicación’, de ahí que las calles y avenidas de una ciudad o población sí son vías de comunicación y también son de uso público y de jurisdicción estatal, pues los vocablos ‘jurisdicción estatal’, se refieren exclusivamente a que no se trate de una vía de comunicación de jurisdicción federal, o de otro Estado de la República, ya que en esos casos la competencia para conocer del ilícito en cuestión recaería lógica y legalmente en una autoridad del fuero federal o en la del fuero común del Estado en donde se llevara a cabo el delito; por tanto, tratándose como en el caso, de caminos o vías de comunicación públicas del Estado de Jalisco es obvio que al haberse obstaculizado e impedido su funcionamiento, con la conducta de los quejosos, se actualizó la hipótesis delictiva del invocado artículo 125, sin que obste en contrario, lo alegado en el sentido de que la vía de que se trata, pudiera ser de jurisdicción municipal, ya que de cualquier manera, perteneciendo tanto Guadalajara como Tlaquepaque al Estado de Jalisco, resulta aplicable el Código Penal para el Estado de Jalisco. En virtud de lo anterior, este tribunal difiere del criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, en la tesis invocada por los quejosos, bajo el rubro: ‘ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, LA OBSTRUCCIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD NO MATERIALIZA EL DELITO DE (LEGISLACIÓN DE JALISCO).-El artículo 125 del Código Penal para el Estado de Jalisco, establece: «Se impondrán de tres meses a seis años de prisión al que por cualquier medio destruya, deteriore, obstaculice o impida el funcionamiento de las vías de comunicación o medios de transporte de uso público de jurisdicción estatal ilegalmente.-Se impondrá de un mes a un año de prisión al que quite, corte, inutilice, apague, cambie o destruya las señales o luces de seguridad de una vía de comunicación estatal o coloque en la misma alguna no autorizada.». Ahora bien, el obstaculizar con varios camiones diversas calles de la ciudad de Guadalajara, lo que impidió el acceso a un mercado de esta ciudad, no es constitutivo del antisocial de ataques a las vías de comunicación, toda vez que, aun cuando se impidió el funcionamiento de unas calles, no se configura el tipo, porque como en el Código Penal para el Estado de Jalisco, no existe definición de lo que es una vía general de comunicación, se debe tomar en cuenta el concepto genérico que establece la Ley de Vías Generales de Comunicación, que considera como tales, entre otras, aquellas que entroncan alguna vía con un país extranjero; las que comunican a dos o más entidades federativas entre sí, y que sean construidas en su mayor parte por la Federación. Por otra parte, las calles son espacios que quedan entre las edificaciones de un poblado y sirven para el tránsito de personas, animales y vehículos, además de que son de jurisdicción municipal, de ahí que, si con la obstaculización de las citadas calles no se interrumpió la comunicación de una o varias poblaciones del propio Estado o hacia otra entidad, sino que solamente se obstruyó la circulación de personas o vehículos, dentro de una ciudad, es indudable que no se actualizan los elementos que integran el tipo penal en comento.’ ..."
Criterio que se formalizó en la tesis aislada que puede consultarse en la misma Novena Época de la fuente oficial de publicación jurisprudencial antes citada, Tomo VII, junio de 1998, página 618, bajo este tenor:
"ATAQUE A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, OBSTACULIZAR O IMPEDIR EL FUNCIONAMIENTO DE CALLES, AVENIDAS O CARRETERAS UBICADAS EN EL ESTADO DE JALISCO ACTUALIZA EL DELITO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-De la correcta interpretación del artículo 125 del Código Penal para el Estado de Jalisco, se advierte que los elementos que integran este tipo penal son: a) que por cualquier medio; b) se destruya, deteriore, obstaculice o impida el funcionamiento; c) que alguna de las mencionadas acciones recaiga en una vía de comunicación o medio de transporte; d) que éstos sean de uso público y e) de jurisdicción estatal; en el entendido de que para definir lo que debe entenderse por vía de comunicación, no existe razón legal, ni circunstancia que obligue a tener como vías de comunicación sólo a las que encuadren en la definición que se da en la Ley de Vías Generales de Comunicación, dado que ésta sirve también para delimitar la jurisdicción federal sobre vías generales de comunicación y lógicamente se refiere a las funciones específicas y características de los caminos o vías federales, lo que no sucede necesariamente con las estatales, por lo que esta definición no tiene aplicación al Código Penal del Estado de Jalisco, aunque éste no defina expresamente la expresión ‘vías de comunicación’, y en cambio, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española en su vigésima edición, tomo II, página 1,382, define como vía a la ‘calle, plaza u otro sitio por donde transita o circula el público’, de ahí que todas las calles y avenidas del Estado de Jalisco son vías de comunicación de uso público pues es un hecho notorio que por ellas circula el público, ya sea a pie o en automotores, y de jurisdicción estatal por estar ubicadas en el territorio del Estado de Jalisco, aun en el supuesto de que la vía en donde sucedieron los hechos pertenezca a Tlaquepaque o a la zona metropolitana de Guadalajara, pues no obsta en contrario, que pudiera ser de jurisdicción municipal, ya que de cualquier manera, perteneciendo tanto Guadalajara como Tlaquepaque al Estado de Jalisco, resulta aplicable en ambos Municipios el Código Penal para el Estado de Jalisco, de lo anterior deriva que es incuestionable que el delito se integra desde el instante en que los activos del ilícito obstaculizan o impiden una vía de comunicación ubicada en territorio del Estado de Jalisco."
CUARTO.-Es procedente que esta Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente, aun sin contar con la opinión del procurador general de la República, pues debe entenderse que dicho funcionario no estimó pertinente intervenir en el asunto, facultad que le confiere el artículo 197-A, párrafo primero de la Ley de Amparo.
Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia sustentada por la anterior Tercera Sala, y publicada bajo el número 183 en las páginas 124 y 125 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo este tenor:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-En el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo se concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia debe interpretarse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito."
QUINTO.-Antes de proceder al análisis correspondiente es preciso establecer, si en el caso sujeto a estudio, existe contradicción entre las tesis sustentadas por los mencionados Tribunales Colegiados, al resolver los juicios de amparo en revisión y directo, cuyas consideraciones relativas recién se han transcrito, ya que sólo en tal hipótesis será posible efectuar pronunciamiento en relación al fondo del asunto.
Resulta importante recordar al respecto la tesis jurisprudencial sustentada por la Cuarta Sala de este Máximo Tribunal del país en su anterior integración, visible a fojas 22 y 23 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, octubre de mil novecientos noventa y dos que a la letra dispone:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda, deben decidir cuál tesis debe prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En la especie, sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que en el delito de ataques a las vías generales de comunicación, previsto y sancionado por el artículo 125 del Código Penal del Estado de Jalisco, no se define el concepto de vía de comunicación, de modo que debe tomarse como referente el concepto genérico contenido en la Ley de Vías Generales de Comunicación, y conforme a ello, tienen esa calidad, en la legislación local, únicamente las vías que comunican a una o varias poblaciones del mismo Estado de Jalisco entre sí, o a éstas con otra entidad estatal; obteniendo por conclusión que no se configura esa hipótesis delictiva cuando se obstaculiza el tránsito de personas, animales o vehículos, por diversas calles del interior de las ciudades o poblaciones de esa entidad.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de ese mismo Tercer Circuito, estableció que si bien en el aludido delito no se define el concepto de vía de comunicación, no existe razón legal ni circunstancia que obligue a tener como vía de comunicación sólo las que encuadran en la definición de la Ley de Vías Generales de Comunicación, dado que ésta sirve también para delimitar la jurisdicción federal sobre vías generales de comunicación y lógicamente se refiere a las funciones específicas y características de los caminos o vías federales, de modo que debe estarse a la definición común de ese vocablo, conforme al cual, todas las calles y avenidas del Estado de Jalisco son vías de comunicación, pues son de uso público, en tanto que por ellas circula el público, ya sea a pie o en automotores, y de jurisdicción estatal por estar ubicadas en el territorio del Estado de Jalisco, sin importar si éstas pertenecen a un Municipio, pues aun en ellos resulta aplicable el Código Penal para el Estado de Jalisco.
Como se aprecia, al confrontar ambas posturas se evidencia la concurrencia de los ingredientes necesarios para arribar a la conclusión de que en la especie existe contradicción de criterios.
Ciertamente, al resolver ambos negocios se analizan cuestiones jurídicas iguales, pues concurren en la tarea de examinar la configuración típica del delito de ataques a las vías de comunicación, previsto en el artículo 125 del Código Penal para el Estado de Jalisco; específicamente se ocupan de definir el alcance del vocablo "vías de comunicación" utilizado en esa figura típica.
Y al realizar esa labor de interpretación adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes, pues el Primer Tribunal Colegiado establece que en ese concepto quedan incluidas todas las calles y avenidas del Estado de Jalisco, ubicadas dentro y fuera de las poblaciones sin importar si éstas pertenecen a un Municipio, pues aun en ellos resulta aplicable el Código Penal para el Estado de Jalisco, mientras que el Segundo Tribunal Colegiado sostiene que esa acepción únicamente comprende las vías que comunican a una o varias poblaciones del mismo Estado de Jalisco entre sí, o a éstas con otra entidad estatal y, por ende, no hay delito cuando se obstaculiza el tránsito de personas, animales o vehículos, por diversas calles del interior de las ciudades o poblaciones de esa entidad. Es decir, la discrepancia de criterios se circunscribe a los alcances que para los efectos del delito en comento tiene la palabra "vía de comunicación".
No es obstáculo a ello el hecho de que ambos puntos de vista en conflicto no constituyan jurisprudencia, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, porque los artículos 107, fracción XII, párrafos primero y tercero constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para dirimirlo, no exige dicho requisito.
Es oportuno traer a colación la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala, que puede verse en la página 127 del tomo y Apéndice referido en párrafos previos, de estos rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN. PROCEDE LA DENUNCIA CUANDO EXISTEN TESIS OPUESTAS, SIN QUE SE REQUIERA QUE SEAN JURISPRUDENCIAS.-Es inexacto que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente cuando las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una misma cuestión, en la materia de su exclusiva competencia, no constituyan jurisprudencia, ya que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XII, párrafos primero y tercero, de la Constitución General de la República y 195 bis de la Ley de Amparo, para que dicha denuncia proceda, sólo se requiere, tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito, que éstos sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pero no que las tesis denunciadas constituyan jurisprudencia."
SEXTO.-Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en lo esencial es el adoptado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.
El título tercero, denominado "Atentados a las comunicaciones", del Código Penal para el Estado de Jalisco se compone de dos capítulos, que comprenden los artículos 125 a 127, en estos términos:
"Título Tercero
"Atentados a las comunicaciones
"Capítulo I
"Ataques a las vías de comunicación.
"Artículo 125. Se impondrán de tres meses a seis años de prisión al que por cualquier medio destruya, deteriore, obstaculice o impida el funcionamiento de las vías de comunicación o medios de transporte de uso público de jurisdicción estatal ilegalmente.
"Se impondrá de un mes a un año de prisión al que quite, corte, inutilice, apague, cambie o destruya las señales o luces de seguridad de una vía de comunicación estatal o coloque en la misma alguna no autorizada."
"Artículo 126. Se impondrán de uno a seis años de prisión e inhabilitación para manejar vehículos de motor, de uno a cinco años, al que ponga en movimiento cualquier vehículo y lo abandone, o de cualquier modo haga imposible el control de su velocidad o dirección y pueda causar daño."
"Capítulo II
"Reglas generales
"Artículo 127. Las disposiciones de este título sólo tendrán aplicación cuando se trate de vías de comunicación propiedad del Estado o que funcionen con su autorización."
Como se aprecia, esta figura que se denomina "ataques a las vías de comunicación" y no como erradamente lo designan ambos colegiados, "ataques a las vías generales de comunicación", tiene varias hipótesis delictivas, una de ellas es la que deriva de los artículos 125, primer párrafo y 127, dado que en el primero se establecen elementos propios del tipo básico, que vienen a complementarse con un elemento genérico, contemplado en el segundo numeral; así pues, de la conjugación de ambos preceptos resulta esta hipótesis delictual:
Se impondrán de tres meses a seis años de prisión al que por cualquier medio destruya, deteriore, obstaculice o impida el funcionamiento de las vías de comunicación propiedad del Estado o que funcionen con su autorización o medios de transporte de uso público de jurisdicción estatal ilegalmente.
Todavía más, dentro de esa hipótesis legal pueden identificarse dos supuestos factibles de s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5617-f2d78156/vias-de-comunicacion-quedan-comprendidas-en-ese-concepto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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