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Modo: Corpus Pro

JACTANCIA. EL JUICIO EN EL QUE SE EJERCE DICHA ACCIÓN ES DE CUANTÍA INDETERMINADA, PARA EFECTO DEL ARANCEL PARA ABOGADOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/98. · Registro digital (IUS): 5621
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, , Pág. 213.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-Las ejecutorias pronunciadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en las que trata el punto denunciado como motivo de contradicción, en la parte medular respectivamente dicen a la letra:

Amparo directo civil 783/91, promovido por Ana María Franco Rosas, en la ejecutoria pronunciada el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y uno:

"En cambio es fundado el concepto violatorio, reiterado por cierto en la mayor parte de la demanda de garantías, en que se sostiene que la Sala omitió contestar directamente el agravio que se hizo consistir en que siendo de cuantía indeterminada el juicio de matrimonio que fue justo donde la ahora tercera perjudicada prestó sus servicios profesionales a la quejosa, los honorarios que aquélla debe devengar son los previstos por el artículo 5o. y no por los del 3o., ambos del Arancel para Abogados del Estado de Jalisco. Porque efectivamente el ad quem, aun cuando dio muchas explicaciones, dejó de responder frontalmente el agravio indicado. Mas se estima que ningún resultado práctico acarrearía otorgar la protección federal para que dicha autoridad subsanara la irregularidad apuntada, ya que ella misma, o bien el Tribunal Colegiado a quien correspondiera conocer del nuevo amparo que en su caso se promoviera, tendría que resolver, como ahora se hace, estimando que ciertamente el aplicable es el artículo 3o. y no el 5o. del arancel invocado.-Conviene tener presente que el segundo de tales dispositivos establece, en lo conducente, que las tarifas que ahí se señalan se aplicarán a los juicios civiles, criminales, de trabajo, de amparo, u otros semejantes que tengan valor pecuniario o que no se pueda determinar ... Para los asuntos de cuantía determinada se aplica el aludido artículo 3o.-Ahora bien, no hay duda de que el juicio de nulidad de matrimonio donde la actora prestó sus servicios profesionales ciertamente es de cuantía indeterminada, ya que es obvio que una acción del estado civil no se puede cuantificar, pero el artículo 5o. del arancel invocado únicamente se puede aplicar a aquellos negocios que, además de no tener cierto valor pecuniario no se pueda determinar éste, pues así lo previene el mismo precepto. Esto es, aun cuando para fijar la competencia un determinado asunto sea de cuantía indeterminada, sí la tendrá, en cambio, para el efecto de cobrar honorarios, siempre que se pueda determinar con cualquier dato existente sobre el particular en el propio proceso, habida cuenta que el susodicho artículo 5o. del arancel previene que las costas que en él se señalan se aplicarán en aquellos juicios que no tengan valor pecuniario o que no se pueda determinar, y sucede que en el caso sí hay datos que dan cierto valor pecuniario al juicio de nulidad de matrimonio, como son las cantidades en que se valoraron los bienes que, en la liquidación de la sociedad conyugal, correspondieron a la cliente (la ahora demandada y quejosa) y a la actora.-De no opinarse en la forma anterior se llegaría al extremo de que un juicio reivindicatorio por ejemplo carece de valor, porque la acción reivindicatoria en sí ciertamente es de valor indeterminado, como lo sería también la publiciana, el interdicto de retener o de recuperar la posesión, o bien el juicio en que se reclame el derecho a una servidumbre de paso. Pero, se insiste, si en esa clase de juicios, que son de cuantía indeterminada, se allegan elementos que proporcionan los valores de los bienes cuestionados (del bien a reivindicar, del que es objeto de la acción plenaria de posesión, de la servidumbre, etcétera), éstos deben tenerse en cuenta para precisar los honorarios. En la inteligencia de que ya en su negocio relacionado con un derecho de paso, en cuanto a la posibilidad de precisar su valor, la Suprema Corte estimó lo que se ha venido explicando, según se deduce de la lectura de la ejecutoria visible en la Cuarta Parte del tomo de Precedentes que no han integrado jurisprudencia 1969-1986, página 362, que dice: ‘CUANTÍA INDETERMINADA, INCOMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA POR RAZÓN DE.’ (y la transcribe).-Por tanto, al no encuadrar el caso en las hipótesis contempladas por el multicitado artículo 5o. del arancel, debe necesariamente aplicársele el 3o., por disponerlo así el 2o.-Consiguientemente, resulta aplicable la jurisprudencia 445 de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que prevé: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.’ (y la transcribe).-Si bien es verdad que, según el artículo 367, fracción VII, del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, en la demanda se expresarán, entre otros requisitos ‘en su caso el valor de lo demandado’, se estima que en el caso, aun cuando expresamente no señaló una cantidad precisa, la actora cumplió con tal obligación desde el momento en que refirió los valores de los bienes de los cuales debía deducirse el porcentaje correspondiente por concepto de sus honorarios. Además de que esos valores estaban sujetos a prueba.-En otra parte de sus conceptos de violación la quejosa se concreta a afirmar: que no es cierto que se hubiera tramitado formalmente el incidente de liquidación de la sociedad legal; que fueron los propios cónyuges quienes presentaron un convenio sobre tal cuestión, y que ese convenio se celebró extrajudicialmente. Pero con esas afirmaciones se omite combatir el siguiente razonamiento del tribunal de alzada: ‘y si bien hubo un convenio para efectos de la liquidación de los bienes incorporados a la sociedad legal derivada del matrimonio; no se acreditó que hubiere sido de manera extrajudicial, pues si bien fue sancionado por notario público, las partes concurrieron ante el órgano jurisdiccional en cumplimiento a la propia sentencia y lo que es más se sancionó por el órgano jurisdiccional elevándolo a la categoría de sentencia ejecutoriada condenándoseles a estar y pasar por el mismo; prueba concluyente de lo anterior es el escrito del incidente propuesto y firmado por los excónyuges vinculados al juicio de nulidad de matrimonio; por consecuencia inatendible el agravio.’. Así resulta aplicable la tesis jurisprudencial 449 de la parte y Apéndice invocados, que previene: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.’ (y la transcribe)."

Amparo directo 949/94, promovido por Francisco Javier Navarro Flores, en ejecutoria pronunciada el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro:

"IV.-Los conceptos de violación son fundados en parte e infundados en el resto.-En efecto, para afirmar que el concepto de violación es fundado es importante traer a colación una porción del capítulo considerativo de la sentencia de veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y uno, pronunciada en el toca 4/90, emanada del juicio civil ordinario 1380/88, tramitado ante el Juez Segundo de lo Familiar de esta ciudad, por la nulidad de matrimonio, que vino a resolver la litis en la que el hoy quejoso y otros profesionistas prestaron sus servicios: ‘... Ahora bien, reiterándose la circunstancia de que el cónyuge señor Marco Antonio Santamaría Luna, procedió de mala fe, lo conducente es aplicar los bienes adquiridos por las partes, durante la vida que hicieron en común, en favor de la actora, los cuales consisten en los siguientes inmuebles: a) Lote de terreno marcado con el número ocho, de la manzana 457 cuatrocientos cincuenta y siete, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, con frente a la calle Jacarandas entre Manuel M. Dieguez y Francisco Rodríguez, con superficie aproximada de 250.42 metros cuadrados y las siguientes medidas y linderos: al norte en 24.80 metros con el lote número siete; al sur en 26.56 metros con el lote número nueve; al oriente en 9.96 metros con la calle de Jacarandas; al poniente en 9.72 metros con manzana 456 cuatrocientos cincuenta y seis de la colonia Emiliano Zapata con frente a la calle Manuel M. Dieguez, esquina con Aguacate de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, con extensión superficial de 614.33 metros cuadrados y las siguientes medidas y linderos: al norte en 23.73 metros con el lote número diez; al sur en 23.38 metros con la calle Manuel M. Dieguez; al oriente en 26.00 metros con la calle Aguacate; y al poniente en igual medida que la anterior con el lote número tres.’.-Ahora bien, la autoridad responsable en el justiciable, luego de tener por acreditada la relación contractual del hoy amparista con la tercero perjudicada María Lucía Flores López, no así a los términos y porcentajes señalados por los actores en su demanda, que según eso se comprometió la actora a pagar, y una vez que examinó las pruebas desahogadas por esta parte, resolvió que de lo actuado no se desprendía que hubiera quedado determinada la cuantía del juicio de donde se generaron los honorarios, concluyendo ‘... conforme lo establece el artículo 5o. del arancel aludido, en los juicios civiles como en el multicitado en donde no se puede determinar su valor pecuniario como sucedió en la especie, procedía que los honorarios se regulen con la estimación de mil a cien mil viejos pesos ...’.-Así las cosas, el artículo 3o. del Arancel para Abogados del Estado de Jalisco dice: ‘Por todo juicio contencioso, por cantidad determinada desde su principio hasta su conclusión por pago, convenio o sentencia definitiva, incluyéndose consultas, conferencias, consultas, juntas, vistas de autos y documentos, escritos, informes y cuanto trabajo se relacione con el asunto, cobrarán un 25% del valor del negocio si no pasa de $15,000 (quince mil pesos), un 15% de lo que exceda hasta la cantidad de $60,000 (sesenta mil pesos) un 10% de lo que exceda de la anterior cantidad hasta $300,000.00 (trescientos mil pesos) y un 5% de lo que rebase esta cifra, sea cual fuere la cantidad.’. Por su parte el numeral 5o. del mismo arancel dispone: ‘En los juicios civiles, penales, laborales, administrativos, de amparo u otros semejantes que no tengan valor pecuniario, o que no se pueda determinar, se regularán los honorarios con la estimación de $1,000.00 a $100,000.00 según la importancia del derecho y del asunto que se ventile, los trabajos que se presenten, el éxito que se obtenga, las circunstancias personales del cliente y todo aquello que sirve para hacer una justa regulación de los honorarios.’.-De la anterior transcripción, conviene destacar que el segundo de los dispositivos establece en lo que interesa, que las tarifas que en el mismo se contienen se aplicarán a ‘los juicios civiles, criminales, de trabajo, de amparo u otros semejantes que tengan valor pecuniario o que no se pueda determinar ...’; en cambio, para los asuntos de cuantía determinada se aplica el aludido artículo tercero.-Contrario a lo resuelto por la responsable, se estima que el juicio de nulidad de matrimonio donde el quejoso prestó, en unión de otros abogados, sus servicios profesionales, aun cuando es de cuantía indeterminada, ya que es obvio que las acciones del estado civil no se pueden cuantificar, sí puede llegar a determinarse y el numeral 5o. del arancel invocado, sólo puede llegar a aplicarse en aquellos negocios en los que además de no tener valor pecuniario ‘no se pueda determinar éste’; esto es, aunque para aspectos como la competencia, un asunto es de cuantía indeterminada, sí la tiene en cambio para el efecto del cobro de honorarios, siempre que se pueda determinar con cualquier dato existente sobre el particular en el propio juicio su valor, y sucede que según se vio en la primera de las anteriores transcripciones, en el caso sí hay datos que dan cierto valor pecuniario a la contienda de nulidad de matrimonio, como son las cantidades en que lleguen a valorarse los bienes que correspondieron a la cliente (que es la tercero perjudicada), concretamente, los inmuebles adquiridos por la mencionada y su excónyuge durante el tiempo en que hicieron vida en común, los cuales fueron aplicados a la referida María Lucía Flores López, por haber procedido de buena fe en la celebración de dicho matrimonio.-De estimar lo contrario, se llegaría al extremo de que, por ejemplo, como en un juicio reivindicatorio, se carece de valor porque ciertamente, tal acción es de cuantía indeterminada, no se cobrarían honorarios conforme a la cuantía del juicio, lo mismo ocurriría con la acción publiciana, los interdictos de retener o recuperar la posesión, o de obra nueva, o bien aquellos en los que se reclamara el derecho a una servidumbre de paso, pues en ellos, se insiste, se trata de acciones de cuantía indeterminada; empero, sí determinable cuando se allegaran elementos acerca de los valores de los bienes cuestionados, como el valor de la cosa a reivindicar o aquel que corresponde al objeto de la acción plenaria de posesión o de las interdictales, así como de la servidumbre, etcétera. Esto debe traerse a colación para precisar los honorarios, pues su cuantía sí puede llegar a determinarse, de ahí que en la especie se ubique precisamente en la hipótesis jurídica prevista por el artículo 3o. del Arancel para Abogados, en aplicación del artículo 2o. del mismo cuerpo de leyes, que dice: ‘Los servicios profesionales que no estén comprendidos en este arancel, pero que tengan analogía con alguno de los especificados en el mismo, causarán las cuotas del que presente mayor semejanza.’, y no del artículo 5o. del aludido arancel, como inexactamente lo consideró la autoridad responsable. Es aplicable al caso la tesis que este colegiado sustentó con antelación, consultable en las páginas 513 y 514 del Tomo IX de abril de mil novecientos noventa y dos, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, al resolver el amparo directo 783/91 que a continuación se transcribe: ‘HONORARIOS PROFESIONALES, SON ASUNTOS DE CUANTÍA DETERMINADA, PARA EL EFECTO DE SU COBRO, SI PUEDE PRECISARSE VALOR PECUNIARIO EN EL PROCESO RESPECTIVO (ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DEL ARANCEL PARA ABOGADOS DEL ESTADO DE JALISCO).’ (y la transcribe).-Sin que por otra parte, pueda llegar a determinarse la cuantía del juicio en base a lo declarado por el apoderado general judicial de la tercero perjudicada, en el escrito presentado ante la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el toca de apelación 4/90, el cinco de septiembre de mil novecientos noventa, en el que a efecto de que se fijara a su contraria fianza para la suspensión del acto reclamado que aquél pidió, expresara bajo protesta de decir verdad que el valor del juicio en el que se actuaba era de tres mil millones de viejos pesos supuesto que aun cuando la afirmación de la responsable en el sentido de que la aludida expresión del apoderado resultaba una declaración unilateral, es desafortunada, dado que lo sostenido por las partes (en el caso, el mencionado apoderado lo hacía a nombre de su poderdante, parte actora en el juicio donde se generaron los honorarios que ahora se reclaman) en cualquier estado del juicio y bajo protesta de decir verdad, constituye una confesión expresa en términos del artículo 395 del enjuiciamiento civil de Jalisco, de todas formas su argumento es infundado, habida cuenta que esa confesión no puede producir eficacia probatoria plena; en todo caso, sólo constituye un indicio, dado que en el juicio se exhibieron otras pruebas que le restan credibilidad (está probado que la tercero perjudicada sólo recibió dos lotes de terreno), y se requiere prueba de su valor, pues por más que los mismos se ubiquen en Puerto Vallarta, y de que ambos sumen 864.75 metros cuadrados, no es creíble que su precio ascienda a la cantidad de tres millones de nuevos pesos, pues ello implicaría que tales inmuebles se justipreciarán a razón de tres mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos metro cuadrado, lo que se insiste, no resulta verosímil, dado que es un hecho notorio que tal valor es sumamente elevado, de ahí que deba concluirse que estando probada la relación contractual, esto es, estando justificado que el hoy quejoso prestó sus servicios profesionales a la tercero perjudicada, en términos del artículo 2536 del Código Civil de Jalisco, por lo que tiene derecho al pago de sus honorarios y dado que el monto del juicio en el que intervino sí resulta determinable, debe cuantificarse el mismo en la etapa de ejecución de sentencia, tomando en consideración los beneficios obtenidos por la tercero perjudicada, y así debió estimarlo la responsable al resolver en la sentencia que ahora se examina. Debe aplicarse por las razones que la informan, la tesis jurisprudencial 58, visible en las páginas 1000 y 1001 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: ‘DAÑOS Y PERJUICIOS. CONDENA GENÉRICA.’ (y la transcribe).-La omisión en que incurrió el tribunal de alzada obviamente implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que debe convenirse en que lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que dicho tribunal deje insubsistente la resolución impugnada y en su lugar, pronuncie otra en la que estudie los agravios vertidos considerando los argumentos contenidos en esta ejecutoria y decida como en derecho corresponda."

Amparo directo 349/98, promovido por Jesús Carlos González Durán González, en ejecutoria pronunciada el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho:

"IV.-Los conceptos de violación son infundados, los cuales se analizarán en forma conjunta dada la íntima relación que guardan entre sí.-Previamente para una mayor comprensión del asunto, se considera útil copiar el primer punto de hechos que el ahora quejoso expresó en su demanda natural, justo en donde sostuvo que: ‘1. Con fecha 2 dos de septiembre, del año que corre, el que suscribe recibió de la hoy demandada Banca Promex, S.A., por medio de sus representantes legales Asesoría en Cobranza Extrajudicial, Judicial e Investigaciones, S.A. de C.V., un requerimiento de cobro extrajudicial de la cuenta número 5429-7710-0004-3206, por la cantidad de $32,317.04 (treinta y dos mil trescientos diecisiete pesos 04/100 M.N.), en donde se me invita a reestructurar el supuesto adeudo.’.-Ahora bien, aun cuando asiste la razón al peticionario de garantías en lo tocante a que en el juicio natural no demandó a su contraparte por el pago de pesos, sino en ejercicio de la acción de jactancia prevista por el artículo 28 del código procesal civil de Jalisco, es inexacto, en cambio, que en dicho procedimiento no existan bases para poder asegurar que el asunto de que se trata sí es de cuantía determinada, sin que importe la forma como se contestó la demanda porque la litis la planteó el actor y en ella expresó el monto del asunto, dado que como el propio promovente lo reconoce, según se vio, el banco señaló la suma que le reclamaba. Así es, obvio entonces que sí puede precisarse el valor pecuniario del proceso, de acuerdo con lo dispuesto por la ejecutoria sustentada por este tribunal, la cual aparece publicada en la página 513, del Tomo IX, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y dos, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, aplicada por las razones que la informan, que dice: ‘HONORARIOS PROFESIONALES, SON ASUNTOS DE CUANTÍA DETERMINADA, PARA EL EFECTO DE SU COBRO, SI PUEDE PRECISARSE VALOR PECUNIARIO EN EL PROCESO RESPECTIVO (ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DEL ARANCEL PARA ABOGADOS DEL ESTADO DE JALISCO).’."

TERCERO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en ejecutoria pronunciada el primero de abril de mil novecientos noventa y dos, en el juicio de amparo en revisión número 55/92, promovido por Bodega de Colchones, S.A. de C.V., en la parte que interesa determinó lo siguiente:

"En cuanto a los agravios que controvierten la legalidad de la sentencia recurrida en lo concerniente al fondo del negocio, los mismos carecen de eficacia.-La quejosa cuestionó la aplicación que en la resolución reclamada hizo la responsable ordenadora de los artículos 6o. y 14 de la Ley Arancelaria para Abogados de Nuevo León, al establecer el monto de los gastos y costas a que fue condenada en el incidente respectivo, con motivo de haberse declarado en segunda instancia la improcedencia de la acción de jactancia ejercitada en contra de la ahora tercera perjudicada negociación denominada Don Colchón, Sociedad Anónima de Capital Variable.-Los referidos preceptos textualmente establecen: ‘Art. 6o. En los juicios contenciosos de cuantía determinada o determinable, cobrarán los abogados por concepto de honorarios, por todos sus trabajos desde la iniciación del juicio hasta que se pronuncie sentencia ejecutoria, una cuota fija consistente en un porcentaje sobre lo obtenido conforme a la siguiente tarifa: Hasta 180 cuotas 20%, sobre el excedente de 180 cuotas hasta 1800 cuotas, 15%; sobre el excedente de 1800 cuotas 10%.’.-‘Artículo 13. Por los actos prejudiciales que establece el Código de Procedimientos Civiles, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 8o., se cobrará: a) Si fuere de cuantía indeterminada el equivalente de 4 a 40 cuotas; b) Si fuere de cuantía determinada o determinable una tercera parte de lo señalado para el juicio principal; c) Si mediante ello se concluye el negocio se cobrarán 2/3 de lo correspondiente al juicio principal ...’.-La sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho al precisar que en el caso no resultan aplicables los citados preceptos de la referida ley arancelaria, porque de su texto se puede advertir que están relacionados con los gastos y costas que originen en negocios de cuantía determinada o determinable, y en la especie nos encontramos que derivan de un juicio en el que se intentó una acción de jactancia que no prosperó, negocio este que como bien lo razona el resolutor de amparo no es de cuantía determinada o determinable, aun cuando el accionante hubiere mencionado en su demanda que la parte demandada se jactaba de que se le habían causado daños y perjuicios por la cantidad de cuatrocientos millones de pesos, en tanto que dicha aseveración no puede conferirle el carácter de negocio de cuantía determinada, sino que debe estarse a la naturaleza de la condena implícita en la sentencia que en su oportunidad llegare a pronunciarse respecto a las pretensiones de las partes, que tratándose de la acción de jactancia no puede ser otra que la de declarar la existencia o inexistencia de la referida acción y en su caso a obligar al demandado a intentarla dentro del plazo que al efecto se le fije con el apercibimiento de tenerlo por desistido de ella si no lo hiciere.-Ninguna trascendencia jurídica tiene para lo expuesto lo aducido por la impugnante en cuanto a que la acción de jactancia intentada tiene relación con una diversa acción principal (la de daños y perjuicios por cuatrocientos millones de pesos), motivo de la jactancia, que de haber prosperado debía ejercitarse necesariamente por el jactancioso y que por eso aquélla se traduce en un acto prejudicial respecto de un negocio de cuantía determinada, y que además el hecho de haber obtenido sentencia absolutoria la demandada implica la conclusión de la contienda legal, actualizándose el supuesto previsto en el inciso c) del artículo 13 de la Ley Arancelaria para Abogados de Nuevo León; pues tampoco la circunstancia precisada le da a la acción de jactancia la característica de un negocio de cuantía determinada o determinable en tanto que, como ya se estableció en el párrafo que antecede y se considera en la sentencia en examen, su finalidad es meramente declarativa en cuanto a la procedencia o no de la acción que se pretende se ejercite y de condena cuando, de proceder se imponga la obligación al demandado de instaurar la acción dentro de cierto tiempo; y por otra parte, tampoco se está en presencia de un acto prejudicial antecesorio de un juicio principal, como lo prevé el inciso del precepto señalado, toda vez que la acción de jactancia tiene las características de un juicio autónomo propiamente dicho, que culmina con una sentencia definitiva independiente totalmente del juicio que resulte de la acción que se obligue a ejercitar al jactancioso en el evento de que se declare procedente esta última; sin que la sentencia absolutoria de la multicitada acción impida que de todas maneras la demandada, ahora tercera perjudicada, pueda o no demandar a la quejosa el pago de daños o perjuicios si lo estima pertinente, no dándose entonces el supuesto planteado por la impugnante."

CUARTO.-Con motivo de lo anterior, los Tribunales Colegiados sustentaron las siguientes tesis:

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

"HONORARIOS PROFESIONALES, SON ASUNTOS DE CUANTÍA DETERMINADA, PARA EL EFECTO DE SU COBRO, SI PUEDE PRECISARSE VALOR PECUNIARIO EN EL PROCESO RESPECTIVO (ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DEL ARANCEL PARA ABOGADOS DEL ESTADO DE JALISCO).-Si la tercera perjudicada prestó sus servicios profesionales a la quejosa en un juicio de nulidad de matrimonio y al reclamar el pago de honorarios profesionales en el procedimiento respectivo, allegó datos que dan cierto valor pecuniario al aludido juicio, como son las cantidades en que se valoraron los bienes que en la liquidación de la sociedad conyugal correspondieron a dicha quejosa, resulta claro que los honorarios que aquélla debe devengar son los previstos para los asuntos de cuantía determinada señalados en el artículo 3o. del Arancel para Abogados del Estado de Jalisco, sin que importe tanto que el referido juicio en sí ciertamente es de cuantía indeterminada, dado que es obvio que las acciones del estado civil no se pueden cuantificar, como lo que dispone el artículo 5o. del arancel invocado, porque éste sólo se puede aplicar a aquellos negocios que, además de no tener cierto valor pecuniario ‘no se puede determinar’, y sucede que en el caso sí se puede precisar."

Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.

"ACCIÓN DE JACTANCIA. NO ES UN NEGOCIO DE CUANTÍA DETERMINADA O DETERMINABLE, PARA LOS EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y COSTAS.-La acción de jactancia no queda comprendida en los negocios de cuantía determinada o determinable, para los efectos de la liquidación de gastos y costas a cuyo pago se condene a una de las partes con motivo de su ejercicio, pues de acuerdo con la naturaleza de la condena implícita en la sentencia que llegare a pronunciarse respecto de las pretensiones de los contendientes, dicha condena no puede ser otra que la de declarar la procedencia o improcedencia de la referida acción, y en el primero de los casos, a obligar al demandado a intentar su reclamación dentro del plazo que al efecto se le fije, con el apercibimiento de tenerlo por desistido de ella si no lo hiciere, según se desprende de lo preceptuado por el artículo 5o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado."

QUINTO.-De manera preliminar, se estima conveniente establecer si en el presente asunto, existe o no la contradicción de criterios denunciada, lo que determina señalar si el contenido de todas las ejecutorias pronunciadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, reúnen elementos esenciales en su conformación, para obtener de ellas la contraposición de criterios requeridos.

Ahora bien, a este respecto es pertinente destacar que las ejecutorias dictadas por el Tribunal Colegiado denunciante en los juicios de amparo directo números 783/91 y 949/94, en sus elementos e interpretaciones jurídicas, tienen diferencias conceptuales y de fondo, que no pueden confrontarse con consideraciones y elementos distintos que se encuentran inmersos en la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.

Al respecto es conveniente invocar los criterios sustentados en las siguientes tesis:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 178, página 120."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5621-2f7ab991/jactancia-el-juicio-en-el-que-se-ejerce · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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