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Modo: Corpus Pro

CONTRATOS DE CRÉDITO SIMPLE DE HABILITACIÓN O AVÍO CON GARANTÍA HIPOTECARIA. DEBEN CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA PARA DEMANDARSE SU CUMPLIMIENTO EN LA VÍA SUMARIA CIVIL POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/98. · Registro digital (IUS): 5917
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, , Pág. 40.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los puntos segundo y tercero, fracción V, del Acuerdo 1/1997, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis ya que como sucede en el caso, se trata de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados de Circuito en la Materia Civil, competencia de esta Primera Sala, y que se refieren a la celebración de contratos de habilitación o avío con garantía hipotecaria, tema que corresponde a las materias civil y mercantil.

SEGUNDO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos que dieron motivo a la tesis de jurisprudencia que se formuló, en la parte que interesa consideró:

I. Amparo directo 1309/96:

"QUINTO.-Supliendo sus deficiencias con base en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, se consideran fundados los conceptos de violación hechos valer.-Este Tribunal Colegiado encuentra incorrecta la consideración que sustenta la improcedencia de la vía al estimar que conforme a los artículos 2822 y 2845 del Código Civil del Estado de Jalisco, los contratos fundatorios de la acción (de apertura de crédito refaccionario y de avío 004812 y 004826, debieron otorgarse en escritura pública para que procediera la vía hipotecaria, pues, como acertadamente lo alega la quejosa, la acción se fundó en contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria celebrados conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que no exige el requisito de la escritura pública.-En efecto, los artículos 1o. y 2o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, respectivamente disponen: ‘Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su emisión, expedición, endoso, aval, o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen, son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o trasmisión de títulos de crédito, o se hayan practicado con éstos, se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2o., cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título, y por la ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos, en los demás casos.-Las operaciones de crédito que esta ley reglamenta son actos de comercio.’ y ‘Los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior, se rigen: I. Por lo dispuesto en esta ley, y en las demás leyes especiales relativas; en su defecto, II. Por la legislación mercantil general; en su defecto, III. Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos, IV. Por el derecho común, declarándose aplicable en toda la República, para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal.’. De los preceptos transcritos se desprende que los títulos y operaciones de crédito (como los que se consignan en los contratos fundatorios de la acción), son actos de comercio que, en principio, están regulados por la propia ley mencionada. En la especie, los actos de comercio se consignarán en contratos de apertura de crédito de avío y refaccionario, con garantía hipotecaria y suscripción de pagarés.-Asimismo el artículo 326, fracciones III y IV, de la citada ley especial, dispone: ‘Los contratos de crédito refaccionario o de habilitación o avío: ... III. Se consignarán en contrato privado que se firmará por triplicado ante dos testigos conocidos y se ratificará ante el encargado del registro de que habla la fracción IV; IV. Serán inscritos en el registro de hipotecas que corresponda, según la ubicación de los bienes afectos en garantía, o en el Registro de Comercio respectivo, cuando en la garantía no se incluya la de bienes inmuebles.-Los contratos de habilitación o refacción no surtirán efectos contra tercero, sino desde la fecha y hora de su inscripción en el registro.’.-Atendiendo a las disposiciones especiales que son las que deben regir para resolver la controversia natural, es evidente que el tribunal de alzada carecía de base legal para declarar improcedente la vía hipotecaria, habida cuenta que los invocados preceptos legales no exigen el requisito de que los actos de comercio a que se contraen los contratos de apertura de crédito fundatorios de la acción, deban otorgarse en escritura pública, por el contrario, el citado numeral 326, en su fracción III, autoriza expresamente a que dicha clase de contratos consten en escritura privada ratificada ante el encargado del Registro Público, requisito que sí satisfacen los fundatorios de la acción.-Cabe agregar que el artículo 669 del Código de Procedimientos Civiles en la entidad, en su redacción anterior (aplicable al caso para normar la procedencia de la vía sumaria hipotecaria, a la cual sí pudo válidamente acceder la institución de crédito demandante con base en el artículo 72 de la Ley General de Instituciones de Crédito), si bien establece que: ‘Cuando se trate del pago o prelación de un crédito hipotecario, es requisito indispensable que conste en escritura debidamente registrada ...’. No puede desconocerse que sólo utiliza la palabra ‘escritura’ como sinónimo de documento escrito, mas nunca se refiere a ‘escritura pública’. Aquí es aplicable la ejecutoria publicada en las páginas 468 a 469 del Tomo I, junio, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que señala: ‘JUICIO HIPOTECARIO. LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO ESTÁN IMPEDIDAS PARA PROMOVERLO.-El artículo 640 del Código de Comercio, dispone que las instituciones de crédito se regirán por una ley especial. Ahora bien, esta ley especial que resulta ser la Ley de Instituciones de Crédito, no contiene disposición alguna que limite a las referidas instituciones de crédito a la tramitación de los procedimientos regulados exclusivamente por el Código de Comercio, sino que por el contrario, en su artículo 72 las autoriza para ejercitar sus acciones, ya sea en el juicio ejecutivo mercantil, en el ordinario, o bien en el que en su caso corresponda; por lo que la regla general establecida en el artículo 1050 del Código de Comercio, que dispone que cuando para una de las partes un acto tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que se derive, se regirá conforme a las leyes mercantiles, no puede servir de único apoyo legal para impedirles que acudan al juicio hipotecario.’."

II. Amparo directo 619/97:

"IV. Los conceptos de violación son fundados en parte, infundados en otra y en el resto inoperantes.-Son fundados en el orden formal, porque la sentencia de segunda instancia contraviene el principio de congruencia consignado en los artículos 79 y 80 del enjuiciamiento civil local, ya que adolece de falta de claridad y aborda el estudio relativo a la procedencia de la vía en infracción a las normas que regulan el trámite de la apelación, toda vez que lo realiza de manera oficiosa en un caso no permitido por la ley.-En efecto, por razones técnicas la responsable no debió calificar el agravio a que alude en su fallo como fundado, preponderante y suficiente para revocar la resolución apelada, puesto que su afirmación indujo a suponer que habría de ser declarada próspera la impugnación y se invertiría el sentido del fallo en beneficio del recurrente lo cual no aconteció, puesto que bajo su nuevo enfoque jurídico sólo modificó la parte considerativa de la sentencia que había estimado la acción improcedente, para declarar que se trataba de un caso de improcedencia de la vía hipotecaria. En estas condiciones es evidente que el agravio, en realidad recibió el tratamiento de fundado pero inoperante, ya que el sentido de la resolución de primer grado no fue revocado en favor del apelante y sólo se modificó con el objeto de adecuarlo a la declaración de improcedencia de la vía dejando a salvo los derechos de la actora, de ahí que el fallo se estime falto de claridad.-Aunado a esa incorrección, asiste la razón al quejoso, al sostener que el tribunal ad quem debió constreñirse a examinar los fundamentos del fallo de primer grado que desconocieron la procedencia de la acción hipotecaria bajo el argumento de que el crédito reclamado no se hizo constar en escritura pública, frente a los agravios de la institución apelante, que desde luego se circunscribían a ese tema y en ningún caso se manifestaban en contra de la procedencia de la vía, dejando al margen ese estudio por no formar parte de la litis en segunda instancia en la que no puede ser abordado de oficio, como indebidamente lo hizo. Sobre este particular es conveniente remitirse al contenido de la tesis 91, publicada en el Informe de 1982, Segunda Parte, páginas 103, 104 y 105, que a la letra dicen: ‘VÍA EJECUTIVA. SU EXAMEN EN SEGUNDA INSTANCIA REQUIERE DE AGRAVIO EXPRESO.-Si bien es cierto que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia número 379, visible a fojas 1163 de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 1965, transcrita por el quejoso en el primero de los conceptos de violación, según la cual tratándose de juicios ejecutivos, aun cuando no se haya contestado la demanda ni se hayan opuesto excepciones al respecto, el Juez o en su caso el tribunal de alzada, tiene obligación por así imponerlo los artículos 461 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales y 1407 del Código de Comercio, de estudiar en la sentencia, de oficio, si el documento fundatorio de la acción justifica la procedencia de la vía ejecutiva intentada; también lo es, que con posterioridad se modificó la referida jurisprudencia, con relación a la facultad del tribunal de apelación, estableciéndose que sólo puede éste abordar el estudio de la procedencia de la vía, cuando ha sido motivo de agravio en la apelación, puesto que tal instancia no es libre sino limitada a los agravios. Esta modificación impide la aplicación, en el caso, de la jurisprudencia de mérito, precisamente por no haber atacado el demandado la procedencia de la vía ejecutiva en la apelación interpuesta en contra de la sentencia del a quo, como se puede apreciar de la transcripción que de los agravios hizo la Sala responsable en el fallo reclamado y que se reproduce en el considerando tercero de esta ejecutoria. El criterio que modificó parcialmente la jurisprudencia a que antes se ha hecho referencia, se encuentra publicado, como tesis, en las páginas 51 y 52 del Informe rendido por el presidente de esta Sala al terminar el año de 1967, que es del tenor siguiente: «VÍA EJECUTIVA. SÓLO EN PRIMERA INSTANCIA PROCEDE ESTUDIAR OFICIOSAMENTE SU PROCEDENCIA, Y PARA QUE SE EXAMINE EN LA SEGUNDA, SE REQUIERE SU IMPUGNACIÓN EN LOS AGRAVIOS.-Tratándose de juicios ejecutivos, entre los que se comprende el hipotecario, aun cuando no se haya contestado la demanda ni opuesto excepciones al respecto, el juzgador en la primera instancia tiene obligación por imponérsela los artículos 461 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales y 1407 del Código de Comercio, de estudiar en la sentencia, de oficio, si el documento fundatorio de la acción reúne las características de un título que justifique la procedencia de la vía ejecutiva. Pero esta procedencia sólo puede examinarse en la segunda instancia cuando el demandado la ataque, porque la apelación no es libre sino limitada a los agravios.». Amparo directo 1259/66. Banco Nacional de Crédito Agrícola. 22 de septiembre de 1967. Unanimidad de 4 votos. Ponente: José Castro Estrada.’-Establecido lo anterior, es pertinente señalar que el ejercicio del arbitrio judicial en infracción a las normas que regulan el trámite de la alzada vulnera las garantías de los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio de la institución quejosa, lo cual hace procedente el otorgamiento de la protección federal, a efecto de que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita nuevo fallo en el que se abstenga de pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la vía ejercitada, por ser ajena a la materia de la segunda instancia y se limite a decidir la controversia conforme a derecho, pero además de esa deficiencia formal que deberá subsanar, es pertinente desde ahora examinar algunos de los razonamientos del fallo que se combate que atañen al fondo de la cuestión debatida en el juicio natural y que a la luz de los conceptos de violación se observan contrarios a la ley y a su interpretación jurídica.-En efecto, este Tribunal Colegiado ha sostenido el criterio de que la acción hipotecaria ejercitada por una institución de banca de desarrollo, como la hoy quejosa, que como tal debe regirse por leyes especiales al igual que las instituciones de banca múltiple, según lo dispuesto por los artículos 1o. y 2o. de la Ley de Instituciones de Crédito, no debe considerarse improcedente por el hecho de que se funde en un contrato privado, por más que las operaciones que realice una entidad de esa naturaleza deban regirse por las leyes mercantiles y éstas no prevean esa vía privilegiada, y es que, aun reconociendo que las operaciones bancarias deban conceptuarse como actos de comercio, la acción derivada de su cumplimiento debe resolverse aplicando las normas especiales que regulan la actividad de dichas instituciones y los actos de que se trata, a saber, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cuyos artículos 72 y 326, fracciones III y IV, respectivamente, les autorizan a ejercitar sus acciones en la vía ejecutiva, ordinaria mercantil o la que en su caso proceda (incluida la sumaria hipotecaria elegida).-En igual forma se ha estimado impropio condicionar la procedencia de la acción hipotecaria al requisito de que el contrato se haga constar en escritura pública, como equivocadamente lo exige la Sala, ya que la disposición contenida en el artículo 2845 del Código Civil local, que impone esa formalidad tratándose de créditos hipotecarios que excedan de dos mil pesos, en su condición de regla general se ve desplazada por la regla especial contenida en el artículo 66 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta a dichas entidades a celebrar esa clase de contratos con sujeción a las disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y a las bases que el citado numeral establece en su fracción I, misma que en cuanto a la forma previene que dichos contratos ‘Se consignarán, según convenga a las partes y cualquiera que sea su monto, en póliza ante corredor público titulado, en escritura pública o en contrato privado, que en este último caso se firmará por triplicado ante dos testigos y se ratificará ante notario público, corredor público titulado, Juez de primera instancia en funciones de notario o ante el encargado del Registro Público correspondiente.’.-De lo anterior se sigue que ni la disposición del Código Civil mencionado, ni el artículo 669 del Código de Procedimientos Civiles, que en lo conducente señala: ‘Cuando se trate del pago o prelación de un crédito hipotecario, es requisito indispensable que conste en escritura debidamente registrada ...’, constituyen impedimento para que las instituciones de crédito tengan acceso al juicio hipotecario cuando los contratos respectivos no se hayan hecho constar en escritura pública, si en cambio éstos cumplen con los requisitos que establecen las leyes especiales que regulan su actividad.-Este criterio fue sustentado en el amparo directo 1309/96, y dio origen a la tesis aislada 77, aprobada por el Pleno de este tribunal en sesión de trece de febrero de mil novecientos noventa y siete, misma que a la letra dice: ‘CONTRATOS MERCANTILES CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PUEDEN CONSTAR EN ESCRITURA PRIVADA Y DEMANDARSE SU CUMPLIMIENTO EN LA VÍA SUMARIA CIVIL PARA EJERCITAR LA ACCIÓN DERIVADA DE LOS.-La disposición general contenida en los artículos 2822 y 2845 del derogado Código Civil del Estado de Jalisco (artículos 2517 y 2519 del vigente), referente a que cuando la garantía hipotecaria recaiga sobre inmuebles y exceda de dos mil pesos debe constar en escritura pública, no rige tratándose de contratos mercantiles con garantía hipotecaria constituida en bienes raíces, debido a que atendiendo tanto a que toda ley especial debe prevalecer sobre la norma general, como a la circunstancia de que tales referidos contratos mercantiles fueron celebrados por un banco cuyos actos son de comercio, la acción derivada de su cumplimiento debe resolverse aplicando las normas especiales que regulan a dichas instituciones y a los actos de que se habla, como son la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cuyos artículos 72 (de la primera legislación), y 326, fracciones III y IV (de la segunda), autorizan a las susodichas instituciones para ejercitar sus acciones en la vía ejecutiva, en la vía ordinaria mercantil, o bien en la que en su caso corresponda (como la sumaria hipotecaria que eligió la demandante), así como a que la constitución de una garantía hipotecaria pueda otorgarse en contrato privado. Sin que sea óbice que el artículo 669 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (en su redacción anterior), señalara que: «Cuando se trate del pago o prelación de un crédito hipotecario, es requisito indispensable que conste en escritura debidamente registrada ...», dado que el vocablo «escritura» que ahí se contiene debe entenderse como sinónimo de documento escrito pero no de «escritura pública».’.-La incorrecta apreciación de la Sala a que se ha hecho mención ocasionó que ésta, al declarar improcedente la vía incurriera en omisión en el estudio de los agravios, pero el concepto de violación en ese aspecto sólo es parcialmente fundado, pues conviene dejar establecido que aun cuando éstos fueron propuestos en número de cinco, dos de ellos (tercero y cuarto), sí fueron objeto de estudio por parte de la Sala, uno por ser relativo a la forma del contrato, que dio causa a que la acción se declarara improcedente en primera instancia y en la alzada se desconociera la procedencia de la vía hipotecaria, bajo argumentos que la Sala habrá de enmendar, atento a los lineamientos de esta ejecutoria y el otro tendiente a que se declararan derechos a salvo en caso de prevalecer la improcedencia decretada en primera instancia, propuesta que por cierto fue adoptada por la Sala en su fallo, pero que igualmente habrá de ser suprimida al prescindir del estudio oficioso por las razones ya expuestas, en tanto que el quinto agravio se refiere a la procedencia de la condena en gastos y costas, siendo éste un aspecto que deberá quedar reservado por tratarse de una prestación accesoria, cuya definición está condicionada a la resolución que se emita en torno a la controversia principal, de ahí que el concepto de violación se declare fundado únicamente por lo que ve a la omisión en el estudio de los agravios primero y segundo del libelo respectivo, ambos tendientes a justificar la ilegalidad de la sentencia de primer grado, en la parte en que alude a la existencia del llamado litisconsorcio pasivo necesario y decide que el juicio no se concertó adecuadamente al haber demandado sólo a los garantes hipotecarios sin llamar al deudor directo, siendo ésta una cuestión trascendental, ya que por sí misma podría definir el sentido del fallo y por ello requiere ser examinada y resuelta por el ad quem, ante la imposibilidad de que este tribunal lo haga de primera mano sustituyéndose en funciones que están reservadas a la potestad común, teniendo aplicación el contenido de la tesis de jurisprudencia 31, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, página 21 que a la letra dice: ‘AGRAVIOS. EXAMEN QUE DE ELLOS DEBE HACER LA RESPONSABLE.-La renuncia injustificada del tribunal ad quem a estudiar parte de los agravios expuestos por los perdidosos en la sentencia de primer grado, es motivo suficiente, cuando se reclama en amparo esa violación, para otorgar el amparo al quejoso; y máxime cuando los agravios desdeñados se dirigieron a impugnar lo que el a quo estimó fundamento esencial de su sentencia recurrida. Si bien es cierto que es del todo razonable y jurídico abstenerse de analizar cierta clase de agravios secundarios, cuya eficacia está subordinada al examen que se haga de los principales que los rigen, tal abstención resulta injustificada cuando se dejan de examinar agravios que pudieran considerarse como principales.’."

III. Amparo directo 779/97:

"IV. Los conceptos de violación son inoperantes e infundados.-Por razón de orden conviene dejar aclarado que los quejosos expresaron conceptos de violación en un capítulo específico y además en el concerniente a la ley que estimaron aplicada inexactamente, también hicieron consideraciones que tienen las características de conceptos de violación los cuales deberán ser objeto de examen, toda vez que la demanda de amparo constituye un todo unitario lo que forzosamente obliga a estudiarla en su integridad. Sobre el particular tiene aplicación la tesis 741, consultable en el Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: ‘DEMANDA DE AMPARO. ACTOS RECLAMADOS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ORDENACIÓN.-La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, y la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación, deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo destacado correspondiente, ya que aunque se acostumbre señalar cada elemento en un lugar destacado, no hay precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda.’.-En efecto, el problema toral que se plantea en el amparo atañe a la improcedencia de la vía civil sumaria hipotecaria en que la accionante reclamó un criterio a su favor; cuestión que el Juez de grado resolvió de manera por demás enfática, bajo la estimativa de que la vía privilegiada a la que accedió la demandante para reclamar el cumplimiento de las obligaciones no era la idónea, habida cuenta que el trámite de los juicios sumarios hipotecarios debía sujetarse a lo previsto por el artículo 669 del enjuiciamiento civil del Estado, antes de sus reformas; que necesariamente el contrato de origen debió constar en escritura pública pasada ante la fe del notario, sin que fuera suficiente que se hubiera comparecido ante el registrador de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a inscribir el contrato, porque así lo ordenaba el artículo 2845 del Código Civil de la entidad, que en lo conducente decía: ‘Cuando el crédito hipotecario ascienda de $2,000.00 (dos mil pesos) debe constituir la hipoteca en escritura pública ...’. Que esa disposición resultaba obligatoria con independencia de lo que estableciera el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito; que si bien las instituciones bancarias podían ejercitar las acciones que se derivaran de los contratos que hubieran celebrado, no menos cierto era que el ejercicio de ese derecho no podía estar por encima de la ley, porque añadió, para acceder a la vía privilegiada en cita era requisito indispensable que el contrato constara en escritura pública, y que el estado de cuenta suscrito por el contador del banco no era documento supletorio del aludido instrumento público. Estos argumentos fueron objeto de impugnación por la institución bancaria, los que se resolvieron por el tribunal de apelación, hoy autoridad responsable, al pronunciar la sentencia que es objeto de examen, en base a las siguientes consideraciones: ‘... Este cuerpo colegiado considera que le asiste la razón al apelante, toda vez que la ley que rige a las instituciones bancarias, es precisamente la Ley de Instituciones de Crédito; que el tipo de contrato celebrado entre las partes contendientes es un contrato de crédito de habilitación o avío industrial con garantía hipotecaria el cual se encuentra debidamente ajustado a los extremos del artículo 66 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual determina entre otras cosas, que los contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío que celebren las instituciones de crédito se ajustará a lo que dispone la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual se consignará según convenga a las partes, en contrato privado que se firmará por triplicado, ante dos testigos y se ratificará ante el Registro Público correspondiente, además dicho contrato debe celebrarse en los términos ordenados en el arábigo 326 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito expresándose en ellos el objeto de la operación, duración y la forma en que el beneficiario podrá disponer del crédito materia del contrato; fijándose los bienes que se afecten en garantía, consignándose en contrato privado que se firmará por triplicado ante dos testigos conocidos y ratificado ante el Registro Público; y será inscrito en el registro de hipotecas que corresponda; elementos estos que se dan en el contrato fundatorio de la acción, porque se encuentran debidamente satisfechos los extremos de los preceptos legales antes referidos.-Precisamente el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, autoriza a las instituciones bancarias cuando el crédito tenga garantía real, puedan ejercitar sus acciones en el juicio ejecutivo mercantil, ordinario o bien en el que a su caso corresponda conservando la garantía real y su preferencia aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución.-De tal suerte, si la ley especial que regula las actividades y operaciones de las instituciones de crédito las faculta o les concede el derecho de elegir cuando existe garantía real, la vía prevista para la procedencia de sus acciones, es indudable que la que eligió el actor en el juicio natural es perfectamente legal; sin que por ello pueda considerarse que cobra especial aplicación la ley genérica que en efecto viene siendo la ley mercantil, pues no debe perderse de vista que, la regla especial cobra vigencia sobre la general.’.-Según se vio, la improcedencia de la vía que decretó el Juez se sustentó en el argumento sustancial de que el contrato de hipoteca debió constar en escritura pública, lo que, acorde a la anterior transcripción, fue superado por el ad quem, criterio que además es compartido por este tribunal según se infiere del contenido de la tesis aprobada por el Pleno del propio Tribunal Colegiado en sesión de trece de febrero de mil novecientos noventa y siete, al resolver el amparo directo 1309/96, mismo que a la letra dice: ‘CONTRATOS MERCANTILES CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PUEDEN CONSTAR EN ESCRITURA PRIVADA Y DEMANDARSE SU CUMPLIMIENTO EN LA VÍA SUMARIA CIVIL PARA EJERCITAR LA ACCIÓN DERIVADA DE LOS.-La disposición general contenida en los artículos 2822 y 2845 del derogado Código Civil del Estado de Jalisco (artículos 2517 y 2519 del vigente), referente a que cuando la garantía hipotecaria recaiga sobre inmuebles y exceda de dos mil pesos debe constar en escritura pública, no rige tratándose de contratos mercantiles con garantía hipotecaria constituida en bienes raíces, debido a que atendiendo tanto a que toda ley especial debe prevalecer sobre la norma general, como a la circunstancia de que tales referidos contratos mercantiles fueron celebrados por un banco cuyos actos son de comercio, la acción derivada de su cumplimiento debe resolverse aplicando las normas especiales que regulan a dichas instituciones y a los actos de que se habla, como son la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cuyos artículos 72 (de la primera legislación) y 326, fracciones III y IV (de la segunda), autorizan a las susodichas instituciones para ejercitar sus acciones en la vía ejecutiva, en la vía ordinaria mercantil, o bien en la que en su caso corresponda (como la sumaria hipotecaria que eligió la demandante), así como a que la constitución de una garantía hipotecaria pueda otorgarse en contrato privado. Sin que sea óbice que el artículo 669 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (en su redacción anterior), señalara que: «Cuando se trata del pago o prelación de un crédito hipotecario, es requisito indispensable que conste en escritura debidamente registrada ...», dado que el vocablo «escritura» que ahí se contiene debe entenderse como sinónimo de documento escrito pero no de «escritura pública».’.-Así las cosas, acorde a lo contenido en los conceptos de violación que se tienen a la vista, los inconformes refieren: que el caso debió ventilarse en la vía mercantil por tratarse de operaciones bancarias conforme se prevé en el artículo 75 del Código de Comercio, ya que tales actos se reputan como de comercio; que no hay supletoriedad del Código Civil; que la actora bien pudo elegir cuatro vías (sic), o procedimientos mercantiles idóneos, a saber: la mercantil ejecutiva, la mercantil ordinaria, la convencional o la arbitral, pero nunca la vía hipotecaria, ya que en materia de comercio no existe; que eso es contrario a lo que establecen los artículos 66, 68, 69 y 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, numerales que, añadieron, fueron aplicados e interpretados en forma inexacta; que en la especie también se violaron los artículos 1049, 1050, 1051, 1052, 1053 y 1054 del Código de Comercio, explicando, según su criterio, en qué estribó dicha violación: que además el estado de cuenta que acompañó la actora no reunía los requisitos a que se alude en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, que a su vez se cumplimenta con diversas ejecutorias del Alto Tribunal de Justicia de la nación en cua

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5917-733899b3/contratos-de-credito-simple-de-habilitacion-o-avio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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