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Modo: Corpus Pro

DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 114/98-PS. · Registro digital (IUS): 6867
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, , Pág. 18.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 114/98-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 738/93, promovido por Jesús Perezlete Gutiérrez, sostuvo el siguiente criterio:

"... TERCERO.-Este órgano colegiado no estudiará la resolución combatida, ni los agravios expuestos en su contra, en virtud de que se advierte que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, cuyo análisis debe realizarse aun de oficio, por ser la procedencia del amparo una cuestión de orden público, según lo establecido por la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, Segunda Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe).

"En efecto, del examen a las constancias que se remitieron a este tribunal para la sustanciación del recurso, las cuales tienen eficacia probatoria plena por tratarse de documentos públicos, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se advierte en lo conducente:

"1. Que el hoy quejoso fue demandado por su cónyuge -entre otros- por la custodia y pérdida de la patria potestad de su menor hijo Jesús Perezlete González.

"2. Que mediante escrito de veinticuatro de abril mil novecientos noventa y tres, el demandado hoy quejoso, solicitó al a quo se denunciara el juicio a Jesús Perezlete del Real y Celia Guillermina Gutiérrez de Perezlete, para el efecto de que les perjudicara la sentencia respectiva, en virtud de que el referido menor fue entregado en custodia a dicha pareja, desde los cinco o seis meses de edad.

"3. Que por auto de diecisiete de mayo del precitado año, el Juez del conocimiento admitió tal denuncia.

"4. Que la actora interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo anterior, mismo que se resolvió mediante el auto que constituye el acto reclamado en el presente juicio, en el cual se determinó no admitir el escrito de denuncia de mérito.

"Ahora bien, el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: (se transcribe).

"Luego, la jurisprudencia emanada de la contradicción de tesis 3/89, entre las sustentadas por el Cuarto y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 291 del Tomo IV, Primera Parte, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, señala:

"‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).

"En este orden de ideas, es evidente que el acto reclamado, es decir, el acuerdo que desechó la denuncia del juicio a terceros, no puede ser considerado como de ejecución de imposible reparación, toda vez que dicho proveído no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por las garantías individuales, sino que sólo entraña una transgresión a derechos adjetivos que tienen efectos formales o intraprocesales, los que se podrán actualizar hasta el dictado de la sentencia correspondiente, y hasta ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada, trascendió y afectó al quejoso, pues bien puede ocurrir que éste obtenga sentencia favorable, con lo que se subsanaría el posible perjuicio del cual se dolió; y si no le favoreciere la referida sentencia, deberá hacerlo valer como agravio en la apelación respectiva y en su caso, alegarlo como violación procesal en amparo directo.

"No pasa desapercibido para este tribunal la jurisprudencia emanada de la contradicción de tesis 5/91, entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en las páginas 11 y 12 de la Gaceta Número 59 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título dice: ‘CUSTODIA DE MENORES. LA MEDIDA PROVISIONAL RELATIVA, ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.’, misma que no resulta aplicable al caso al no presentarse el supuesto que éste prevé.

"En esa tesitura, procede revocar la resolución recurrida y sobreseer en el juicio de garantías con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo."

Asimismo, el propio Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión 218/97, promovido por Bienes Raíces "El Olmo", S.A. de C.V., consideró lo siguiente:

"... CUARTO.-Los agravios expuestos por la recurrente, son infundados.

"En efecto, de las actuaciones judiciales que se tienen a la vista y concretamente de su demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama sustancialmente la resolución de fecha catorce de junio de mil novecientos noventa y seis, por la que la Sala responsable confirmó la diversa dictada por el Juez de primer grado a través de la cual confirmó el auto que le negó a tener por denunciado el juicio a terceros.

"Ahora bien, el criterio que sostiene la recurrente que hace consistir en la imposibilidad de que la violación procesal pueda ser analizada nuevamente en una etapa posterior del procedimiento, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías en cuanto a que si se sigue al pie de la letra, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además que la aceptación del criterio que se propone, traería como consecuencia que hasta las violaciones procesales que sólo deben impugnarse en amparo directo (las del 159 de la ley de la materia), fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente los derechos fundamentales del quejoso, lo que no es acorde con la sistemática del juicio constitucional."

Las anteriores ejecutorias dieron origen a la tesis sustentada por el propio Tribunal Colegiado, que dice:

"DENUNCIA DE JUICIO A TERCEROS, AUTO QUE DESECHA LA PETICIÓN DE HACERLA. NO ES ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE QUE HAGA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.-El auto que desecha la petición de hacer denuncia del juicio a terceros, no puede considerarse como ejecución de imposible reparación que permita ocurrir al amparo indirecto ante los Jueces Federales, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal, toda vez que dicho proveído no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por las garantías individuales, sino que sólo entraña una transgresión a derechos adjetivos que tienen efectos formales o intraprocesales, los que se podrán actualizar hasta el dictado de la sentencia correspondiente, siendo en ese momento donde se podrá apreciar si la violación procesal alegada trascendió y afectó al quejoso; pues bien puede ocurrir que se obtenga sentencia favorable, con lo que se subsanaría el posible perjuicio del cual se dolió; y si le fuere adversa la referida sentencia, debe hacerlo valer como agravio en la apelación respectiva y, en su caso, alegarlo como violación procesal en el amparo indirecto."

CUARTO.-Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al fallar el amparo en revisión 213/97, promovido por Anselmo López Padilla y otros, sostuvo, en esencia, lo siguiente:

"... III.-Son fundados los agravios hechos valer, aunque para ello deba suplirse parcialmente la deficiencia de los mismos en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.

"Los inconformes aducen en esencia que les agravia el desechamiento de la demanda de garantías, que de primera intención realizó el resolutor, dado que contrario a lo sustentado por dicha autoridad de control, el acuerdo que se reclama sí es un acto de imposible reparación, puesto que el Juez responsable al pronunciar la sentencia correspondiente, no podrá modificar la decisión tomada, acerca de no llamar a juicio al notario público como tercero.

"Al respecto cabe señalar que un acto de imposible reparación es todo aquel que produce de manera directa e inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por las garantías individuales. Sin embargo, al tenor del criterio sustentado por el Máximo Tribunal del país que aparece publicado en las páginas ciento treinta y siete, ciento treinta y ocho y ciento treinta y nueve, del Tomo IV, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y seis de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y que interrumpió de manera parcial la jurisprudencia bajo la voz ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, también procede la vía indirecta, como excepción, contra aquellas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuya afectación sea de tal gravedad que trascienda al resultado del fallo. Pues dicha jurisprudencia establece: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.»).’ (se transcribe).

"De acuerdo con lo apuntado, este tribunal estima que no es notoria la causa de improcedencia invocada por el Juez Federal, en virtud de que si bien se reclama el auto que no admitió el recurso de revocación contra el diverso proveído que a su vez negó llamar a juicio, como tercero interesado, al licenciado Jesús Manzanares Lejarazu, lo cierto es que con el desechamiento del referido medio de defensa, el a quo al dictar la sentencia correspondiente, ya no abordará lo atinente al llamado del citado tercero, por lo que la sentencia que llegare a dictar, aunque resultara favorable a los peticionarios, no remediaría de manera alguna la irregularidad reclamada. De ahí que el citado acto sí sea de imposible reparación.

"En ese orden de ideas, procede revocar el auto que se revisa y ordenar la admisión de la demanda, cuyo desechamiento se combate, salvo que exista otra causa distinta de improcedencia de la analizada."

Asimismo, el propio órgano jurisdiccional al resolver el amparo en revisión 943/97, promovido por Banco del Centro, S.A., Institución de Banca Múltiple, sostuvo el criterio que a continuación se transcribe:

"... III.-Son sustancialmente fundados los agravios que se estudiarán a continuación, los cuales se analizarán en forma conjunta por la íntima relación que guardan entre sí, en tanto que, por las razones que más adelante se expondrán, se hará innecesario el examen de los demás.

"Este propio tribunal en sesión de veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, al resolver el toca de revisión relativo a la improcedencia 213/97, formado con motivo del recurso interpuesto por Anselmo López Padilla y Jesús Mireya Godínez Llanes de López, sustentó el siguiente criterio: (se transcribe).

"Ahora bien, de lo acabado de transcribir es fácil deducir que en aquel asunto se ventiló una hipótesis similar a la que ahora se resuelve, pues, en efecto, en aquella ocasión el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado, decidió desechar la demanda de garantías por estimar que no es un acto de ejecución irreparable la negativa de revocar el proveído por el que el juzgador natural, inadmitió la denuncia del juicio a tercero, promovida por los mencionados López Padilla y Godínez Llanes, decisión que, según se vio, no fue compartida por este Tribunal Colegiado, quien en la ejecutoria invocada aparte de que consideró que la omisión de llamar a juicio a un tercero sí es un acto que causa un perjuicio de imposible reparación, ordenó al Juez de Distrito referido que admitiera la demanda respectiva.

"Luego, si en el presente negocio se plantea también una situación idéntica al asunto de que se trata, o sea, que en la hipótesis que se revisa el Juez de Distrito resolvió que la resolución reclamada que confirmó la negativa a denunciarle el juicio a José de Jesús Navarro Castellanos, solicitada por el banco recurrente, no ocasionaba a éste un perjuicio irreparable, es indudable que por ello cobran aplicación los argumentos sustentados en el aludido expediente 213/97, lo cual, además, acarrea la consecuencia de que la causa de improcedencia invocada por el Juez en el fallo recurrido para sobreseer en el juicio tampoco sea aplicable.

"Consiguientemente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y en su lugar entrar al estudio del fondo del asunto.

"Como ha quedado insubsistente la resolución impugnada con el examen de los anteriores agravios, ya no es necesario estudiar los demás con base en la jurisprudencia 602 del Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AGRAVIOS. SI EL EXAMEN DE UNO LLEVA A LEVANTAR EL SOBRESEIMIENTO. ES INNECESARIO ESTUDIAR LOS RESTANTES.’ (se transcribe).

"En el concepto de que como el criterio que sustentó este tribunal tanto en el referido expediente 213/97, el cual, según se vio, fue reiterado en el presente asunto, se encuentra en contradicción con la opinión emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de este propio circuito, en la ejecutoria publicada en la página 355 del Tomo XIII, correspondiente a abril de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación del rubro: ‘DENUNCIA DE JUICIO A TERCEROS, AUTO QUE DESECHA LA PETICIÓN DE HACERLA. NO ES ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE QUE HAGA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe) ..."

Las ejecutorias de referencia dieron origen a la tesis que se reproduce a continuación:

"DENUNCIA DE JUICIO A TERCEROS. EL AUTO QUE LA NIEGA CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CONTRA EL QUE SÍ PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.-Si en un juicio mercantil ordinario, al contestar la demanda, el reo plantea la denuncia del juicio a un tercero y el Juez de la causa no la admite, se considera que es un acto de imposible reparación porque, en primer lugar, el a quo ya no abordará lo relativo al llamado de ese tercero y, en segundo término, aunque la sentencia le fuere favorable de todas suertes no se remediaría la irregularidad apuntada, lo cual acarrea la consecuencia de que sí es procedente el amparo indirecto que se intente, de conformidad con la fracción IV del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales."

QUINTO.-Previamente al estudio de la cuestión planteada, debe decirse que al interpretar los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que dichos preceptos regulan la contradicción de tesis sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia y que por tesis debe entenderse la posición que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias, adopta el juzgador en la solución de un negocio jurídico.

De igual modo, el propio tribunal ha estimado que para que exista materia sobre la cual pronunciarse, esto es, para que se pueda dilucidar cuál tesis debe prevalecer en un caso determinado de contradicción, debe existir, cuando menos formalmente, oposición de criterios jurídicos respecto de una misma situación jurídica controvertida; asimismo, para que se surta la procedencia de la contradicción, la oposición debe suscitarse entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, pues precisamente esas consideraciones constituyen la tesis sustentada por los órganos jurisdiccionales.

Finalmente, la determinación que se adopte al resolver la contradicción debe precisar el criterio que en el futuro deberá prevalecer con el carácter de jurisprudencia, sin afectar las situaciones jurídicas concretas resultantes de las sentencias opuestas. De lo expuesto, se infiere que para la procedencia de la contradicción de tesis se requiere la concurrencia de los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior se desprende de lo decidido en la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 178, página 120."

Ahora bien, el análisis de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los amparos en revisión citados, pone de manifiesto la existencia de la contradicción de tesis denunciada por el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, que se produce porque mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostiene el criterio de que el acuerdo que desecha la denuncia del juicio a terceros, no puede ser considerado como un acto de ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto, toda vez que dicho proveído no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por las garantías individuales, sino que sólo entrañan una transgresión a derechos adjetivos que tienen efectos formales o intraprocesales, los que se podrán actualizar hasta el dictado de la sentencia correspondiente y, que hasta ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada, trascendió y afectó al quejoso; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sostiene lo contrario, es decir, que el auto que niega la denuncia del juicio a terceros, constituye un acto de imposible reparación contra el que sí procede el amparo indirecto, dado que el a quo al dictar la sentencia correspondiente, ya no abordará lo atinente al llamado del citado tercero, por lo que la sentencia que llegare a dictar, aunque resultara favorable a los peticionarios, no remediaría la irregularidad reclamada.

De lo anterior, resulta incuestionable la existencia de la contradicción de tesis denunciada, dado que los Tribunales Colegiados de Circuito sustentan criterios contrarios, respecto de cuestiones jurídicas esencialmente iguales; de ahí que, lo procedente es que esta Primera Sala se aboque al estudio de la presente contradicción, a fin de determinar cuál de los criterios que sustentan los mencionados Tribunales Colegiados, es el que debe prevalecer.

SEXTO.-Precisado el tema de la contradicción, y examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, esta Primera Sala considera que debe prevalecer, sustancialmente, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en mérito de las consideraciones que se pasan a exponer:

En la especie, debe determinarse si la resolución que niega la denuncia del juicio a un tercero, es impugnable por la vía del amparo indirecto ante el Juez de Distrito o si, por el contrario, debe combatirse hasta que se dicte la sentencia definitiva a través del amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito; para ello, se considera pertinente analizar los preceptos tanto de la Constitución, como de la Ley de Amparo, que señalan los supuestos en que procede una u otra vía.

El artículo 107, fracción III, incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia.

"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera del juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan."

Por su parte, los artículos 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, establecen:

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"...

"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación."

"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

"Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.

"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio."

De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación (de acuerdo con el inciso b) de la fracción III del artículo 107 constitucional), o que tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación (en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo).

Ahora bien, el Tribunal Pleno ha establecido criterio jurisprudencial en el sentido de que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. La tesis jurisprudencial 24/1992, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo 56, agosto, página 11 establece:

"EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.-El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ‘ejecución irreparable’ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.

"Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Ángel Castañeda Niebla.

"El Tribunal en Pleno en su sesión privada celebrada el miércoles diecinueve de agosto en curso, por unanimidad de diecinueve votos de los señores Ministros presidente Ulises Schmill Ordóñez, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 24/1992, la tesis de jurisprudencia que antecede. Ausentes: Carlos de Silva Nava y José Antonio Llanos Duarte. México, D.F., a 20 de agosto de 1992.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 244, página 164."

La jurisprudencia en cuestión se sustenta en las premisas fundamentales siguientes:

a) Los actos procesales dentro de juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6867-cb4d6afb/denuncia-del-juicio-a-terceros-el-auto-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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