POLICÍAS FISCALES. CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEVANTAR ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA.
REVISIÓN FISCAL 628/98. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS DE TORREÓN, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Resultan infundados los conceptos de agravio propuestos, por el administrador local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila.
En primer término se precisa que con el fallo impugnado, se vulneran los artículos 14 y 16 constitucionales y 237, 239, fracción I por su inobservancia y 238, fracción II y 239, fracción III, todos del Código Fiscal de la Federación, por su indebida aplicación; debido a que en ninguna parte de la resolución se señala, por qué se actualizó la hipótesis prevista en las fracciones I y IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación.
Sin embargo, en forma precisa razonó la autoridad responsable, que se actualizaba la hipótesis prevista en la fracción IV, sin citar la fracción I, del artículo 238 invocado, ya que quienes llevaron a cabo el procedimiento administrativo del cual deriva la resolución combatida, no demostraron su competencia para efectuar tales actos, porque se ostentaron como jefe y agente "C" de la Policía Fiscal Federal, reteniendo bienes que tenía en su poder Leopoldo Parra Santos y citaron como fundamento de su actuación, los artículos 60 y 150 de la Ley Aduanera y el artículo 114 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, preceptos de los cuales, no se deduce, competencia a favor de funcionarios como los aludidos, para efectuar tales actos. Por ende, contrario a lo que inicialmente se afirma, sí se anotaron las razones merced a las cuales, se estimó actualizada la causa de anulación, máxime que la propia parte recurrente así lo reconoce expresamente al señalar, después de transcribir parte de la sentencia:
"De lo anterior se desprende que la a quo para declarar la nulidad de la resolución impugnada concluye que si bien es cierto que conforme los numerales que se citan en el acta de constancia de hechos No. 112/96, levantada el día 3 de septiembre de 1996, misma en la que se apoya la autoridad para emitir su resolución, ésta es competente entre otros para inspeccionar, vigilar, supervisar y practicar la verificación y secuestro de mercancías de comercio exterior, incluidos los vehículos; pero también lo es que al ejercer la autoridad dicha facultad debe cumplir con lo dispuesto en los numerales que han quedado precisados; esto es que previo al ejercicio de dicha facultad deberá existir de por medio una orden y/o mandamiento escrito de autoridad competente debidamente fundado y motivado."
Respecto de la transcripción anterior, se expresa que el razonamiento que contiene es incorrecto, porque la revisión que se realiza en las garitas aduanales o recintos fiscales, es distinta a la práctica de una visita domiciliaria y se trata del ejercicio de otra facultad de comprobación, por lo que la jurisprudencia que cita la responsable no es aplicable, por referirse a la práctica de visitas domiciliarias y en ellas sí debe existir previa orden de autoridad competente y que, en el caso, no se invade el domicilio y de acuerdo a la ley, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece puntos de revisión cerca de los límites de franjas fronterizas y zonas libres, para comprobar que las mercancías que se pretenden introducir, cumplieron con los requisitos legales, por lo que no puede aceptarse, que la verificación aduanera constituya un acto de molestia y deba observarse el artículo 16 de la Norma Fundamental, en el sentido de que exista orden de autoridad.
De igual manera carecen de eficacia tales aseveraciones, resultando aplicable la jurisprudencia citada por la autoridad recurrida, pues en ésta se refiere que todo acto de autoridad debe emitirse por quien esté facultado para ello, expresando su carácter y el dispositivo, acuerdo o decreto que lo faculte o legitime, pues con independencia de que en la especie, el acto que dio inicio al procedimiento, no sea una visita domiciliaria, de cualquier manera, debe observarse la garantía establecida en el artículo 16 del Mandato Constitucional, en el sentido de que los actos para ser legales deben imprescindiblemente ser emitidos por autoridad competente, lo que significa que todo acto de autoridad debe contener en su texto mismo el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue legitimación a la autoridad para actuar como lo hace, pues en caso contrario, el particular se encontraría en estado de indefensión y no estaría en posibilidad de examinar si la actuación de la autoridad, se encuentra dentro de su ámbito competencial respectivo, máxime que en el caso, se trata del acta de hechos que sirven de base para iniciar un procedimiento administrativo en contra de un particular, y por lo tanto, no basta con que el acta sea levantada, y se hayan citado varias disposiciones legales, sino que debe adecuarse a lo preceptuado por la Carta Magna.
Es de aplicarse al caso, la jurisprudencia consultable en la página 338, del Tomo II, noviembre de 1995, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio comparte este tribunal federal, que es del tenor literal siguiente:
"COMPETENCIA. FUNDAMENTACIÓN DE LA.-Haciendo una interpretación conjunta y armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídicas que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación requieren para ser legales, entre otros requisitos, e imprescindiblemente, que sean emitidos por autoridad competente cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica; lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello está legitimado, expresándose como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculta a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecua exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la Ley Fundamental."
También es aplicable a lo considerado con anterioridad, la tesis sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado, número VIII.2o.26 A, al resolver la revisión fiscal número 686/97, que aparece publicada en las páginas 527 y 528, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, que literalmente dice:
"-Si bien es verdad que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, se dio a conocer el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual, en su artículo 77 se consignaban las facultades que correspondían a la Policía Fiscal Federal, entre las que se encontraban la de poner en conocimiento de la Administración Fiscal Federal los resultados de sus actuaciones y la de procurar el cumplimiento estricto de la legislación aduanera, no menos cierto es que mediante decreto de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres, se derogó el precepto legal citado, sin que a la fecha tales facultades se hubieran consignado en una diversa disposición del reglamento aludido; por tanto, tomando en consideración que el artículo 114, apartado A, fracción VIII, del propio ordenamiento legal, expresamente concede facultades al administrador de la aduana para sustanciar y resolver el procedimiento relacionado con la determinación provisional a que se refiere la Ley Aduanera, y que en el apartado C del mismo precepto, se establece que cada aduana estará a cargo de un administrador del que dependerán un subadministrador general, los subadministradores ‘A’, ‘B’ y ‘C’, el jefe de la Policía Fiscal Federal de la aduana y el personal que las necesidades del servicio requiera; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 del citado reglamento, el administrador será suplido en sus ausencias por los subadministradores; en consecuencia, ante la ausencia del administrador de la aduana, las facultades que a éste concede la ley, únicamente podrá ejercerlas el subadministrador que autorice para que lo supla, no así el jefe de la Policía Fiscal Federal o el resto del personal que las necesidades del servicio aduanero requiera, razones por las que válidamente puede afirmarse que los elementos de la Policía Fiscal Federal carecen de facultades para levantar el acta de inicio que servirá de base al procedimiento administrativo en materia aduanera, en virtud de que su proceder en ese sentido, no encuentra sustento en ningún precepto del mencionado ordenamiento legal, por lo que de no estimarse así equivaldría a sostener que aun empleados que realicen funciones meramente administrativas o de mantenimiento, por el solo hecho de formar parte del personal que integra la aduana, pudieran intervenir en un acto de naturaleza trascendental, como lo es la elaboración del acta de referencia."
Además sí se trata de un acto de molestia, pues en el caso, los referidos funcionarios de la Policía Fiscal Federal, de acuerdo al acta de hechos que levantaron, se decretó la retención administrativa de diversos bienes, de fojas 26 a 27 de autos del juicio de nulidad, consistentes a la letra en: "vehículo marca Ford, tipo estacas, modelo 1973, número de serie AC5JNP51784, placas de circulación WY-27821 del Estado de Tlaxcala, color verde, transportando mercancía descrita en el cuerpo de la presente acta. Misma que se encuentra anotada en las boletas de pago de impuestos números 0153, 0154 y 0155, que se anexan.".
Por otra parte se señala, que no se invadió el domicilio del actor, sino que éste llegó al punto de revisión o garita aduanal, la que fue creada para comprobar o verificar que las mercancías que se pretenden introducir a territorio nacional, han cumplido con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, en términos de los artículos 60, 146 y 144 de la Ley Aduanera. Sin embargo, en el acta de hechos que se levantó, por elementos de la Policía Fiscal Federal, no se indicaron los preceptos que permitan establecer la competencia de tales funcionarios, para realizar el acta, que dio inicio al procedimiento administrativo, pues de ninguno de los numerales que se invocan, 60 y 150 de la Ley Aduanera, y 114 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigentes en el momento en que sucedieron los hechos, se advierte que tales funcionarios están facultados para tal efecto, por lo que carece de eficacia la aseveración aludida.
En lo que atañe a las manifestaciones vertidas en el segundo de los motivos de inconformidad, en esencia se señala, que en la contestación a la demanda se demostró la existencia de la aduana de Puerto Palomas, Chihuahua. A lo anterior cabe señalar, que tal punto lo consideró la autoridad responsable, a mayor abundamiento, al expresar que no se acreditó la existencia de la citada aduana, a la que dijeron los funcionarios actuantes en el acta de hechos estaban adscritos, y, aun en el supuesto sin conceder, de que tal como se expresa, se acreditara la existencia de la referida aduana, no debe perderse de vista, que de acuerdo al acta de hechos, el aspecto capital que motivó la nulidad de la resolución impugnada, consistió en que los preceptos invocados en el acta de mérito, no dotan de competencia a los actuantes para tal efecto, y no contaban con orden expedida por el administrador de la aduana correspondiente, sin que se hubiese demostrado lo contrario, dado que la parte inconforme se limita a señalar que una de las facultades que expresamente regula el artículo 144 de la Ley Aduanera, es la de inspeccionar y vigilar permanentemente, el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados; lo que no acredita en medida alguna, que el personal que levantó el acta de hechos, tuviese competencia para tal efecto, como se acaba de expresar.
Este tribunal federal, sostuvo criterio similar, al resolver las revisiones fiscales números 686/97 y 537/98.
En tal virtud, al resultar infundados los conceptos de agravio, deberá confirmarse en sus términos, la resolución impugnada.
PRIMERO.-Se confirma la sentencia que se revisa.
SEGUNDO.-Se declara la nulidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad 1763/97, promovido por Leopoldo Parra Santos por su propio derecho, dictada por la Administración Local Jurídica de Ingresos de Ciudad Juárez, Chihuahua, precisada en el resultando primero de la presente ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Elías Álvarez Torres, Elías H. Banda Aguilar y Jesús R. Sandoval Pinzón, lo resolvió este Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, siendo ponente el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5655-3a8998d4/policias-fiscales-carecen-de-competencia-para-levantar-acta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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