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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). LA MANIFESTACIÓN DE QUE SE CUMPLE CON EL REQUISITO "... DE OTRAS QUE IMPIDAN GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO", DEBE PRECISARSE Y DEMOSTRARSE.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 20/98. · Registro digital (IUS): 5858
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, , Pág. 18.

COMPETENCIA 20/98. SUSCITADA ENTRE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-Esta Primera Sala estima que la competencia radica en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en la ciudad de Monterrey, para seguir conociendo de la causa penal 107/97, instruida en contra de Jorge Lankenau Rocha, Karla Gabriela Ángeles Garza y Guadalupe Grauzas Rubio, por el delito previsto en el artículo 111, en relación con los diversos 103 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y por el tipo penal de asociación delictuosa, previsto y sancionado en el artículo 164 del Código Penal Federal, en relación con el 64, último párrafo, y en términos de los diversos 7o., 8o., 9o. y 13, fracciones I y III del mismo ordenamiento legal, en atención a las siguientes consideraciones:

El conflicto competencial planteado por la Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, se hace depender de la competencia territorial, que como excepción a la regla general establece el artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales, para lo cual previamente al análisis del conflicto, procede transcribir los artículos 6o. y 10 del ordenamiento legal antes citado:

"Artículo 6o. Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 10.

"Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas, será competente el Juez de cualquiera de éstas o el que hubiera prevenido."

"Artículo 10. Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes, cualquiera de los tribunales en cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o se hayan realizado actos constitutivos de tales delitos.

"En el caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los Jueces Federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.

"También será competente para conocer de un asunto, un Juez de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público Federal considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubica dicho centro."

De lo anterior, se aprecia que conforme al tercer párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, la excepción a la competencia territorial a que alude el artículo 6o., del mismo ordenamiento legal, opera siempre y cuando se actualicen los siguientes requisitos:

1. Razones de seguridad de las prisiones;

2. Características del hecho imputado;

3. Circunstancias personales del hecho imputado; y,

4. Otras que impidan garantizar el desarrollo del proceso.

Tales exigencias las puede hacer valer y acreditar el Ministerio Público Federal al concluir la averiguación previa a consignar ante el Juez, o bien la autoridad judicial una vez iniciado el proceso penal, de oficio o a petición de parte, pero en ambos casos deberán satisfacerse todas las exigencias, ya que de no cumplirse con la justificación de los citados requisitos, no resultará aplicable la excepción de mérito.

Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierte que el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Mesa XI, de la Fiscalía Especial de Delitos Patrimoniales y de Banca, consignó la averiguación previa, en contra de Jorge Lankenau Rocha, Eduardo Camarena Legaspi, Javier Chávez Elizondo, Raúl Monter Ortega, Ernesto Guzmán Valdez, Adrián Benítez Doria, Hans P. Sloyser, Sergio R. Sliberia, Juan Carlos Aguerre Pérez, Karla Gabriela Ángeles Garza, Guadalupe Grauzas Rubio, Edmundo Gil Garza, Claudia María Conde López, Manuel Felipe Fernández Gómez, Óscar Lozano Guerra, María Cecilia Marcos Zarur, Héctor Javier Del Bosque Padilla, Marcela Nader de la Garza, Juan Jorge Robles Senkosky y Gilberto Echeverría Cabanillas, por los delitos previstos y sancionados por los artículos 103 y 111 de la Ley de Instituciones de Crédito y por el tipo penal de asociación delictuosa previsto y sancionado en el artículo 164 del Código Penal Federal, en relación con el 64, último párrafo y en términos de los diversos 7o., 8o., 9o. y 13, fracciones I y III del mismo ordenamiento legal, argumentando por lo que corresponde a la competencia territorial de excepción, que correspondía conocer a la Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, ya que:

"... los presentes hechos deben ser conocidos por un Juez de Distrito distinto al del lugar de los hechos ya que debemos considerar y es del conocimiento público la gran influencia económica de que goza en el Estado de Nuevo León, el ingeniero Jorge Lankenau Rocha, así como la magnitud del daño patrimonial ocasionado por la conducta de aquél, mismo que asciende a la cantidad de 153'373,491.57 millones de dólares americanos, amén de la reticencia que ha mostrado el mencionado para acudir ante el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en donde ya existe orden de aprehensión en su contra, luego entonces se estima que las circunstancias antes indicadas pudiesen estar influyendo para cumplir cabalmente con la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, por ende esta representación social federal considera que se encuentra en la hipótesis a que se refiere el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y es estrictamente necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez, para que garantice el desarrollo adecuado del proceso y proteger los intereses jurídicos consagrados por la ley."

Por su parte, la Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, dictó auto de formal prisión, en contra de Jorge Lankenau Rocha, el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, y aceptó su competencia para conocer de la causa penal número 107/97, tomando en cuenta las consideraciones hechas por el Ministerio Público Federal.

Posteriormente, al resolver el incidente de competencia que le fue promovido, el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, dicha Juez Federal resolvió procedente declinar su competencia en favor del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, para seguir conociendo de la causa penal número 107/97, instruida en contra de Jorge Lankenau Rocha y otros, por considerarlos probables responsables en la comisión del delito previsto y sancionado por los artículos 103 y 111 de la Ley de Instituciones de Crédito y por el tipo penal de asociación delictuosa previsto y sancionado en el artículo 164 del Código Penal Federal, en relación con el 64, último párrafo y en términos de los diversos 7o., 8o., 9o. y 13, fracciones I y III, del mismo ordenamiento legal.

En esencia consideró que de las constancias que obran en autos no se satisfacen todos los requisitos a que alude el numeral 10 antes mencionado, atendiendo a lo siguiente:

a) En cuanto a las razones de seguridad de las prisiones; ni la autoridad judicial de oficio o a petición de parte, han estimado necesario el traslado del procesado a un centro de reclusión de máxima seguridad, pues Jorge Lankenau Rocha goza de libertad provisional, misma que se corrobora con el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación, de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete (fojas 11 del cuaderno incidental).

De lo anterior, se advierte, dice, que habiéndose cometido los delitos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y las circunstancias que determinó el Ministerio Público para que el proceso se llevara en el Distrito Federal, no eran las relativas a las razones de seguridad de las prisiones, dado a que las prisiones del Estado de Nuevo León sean inseguras, y en todo caso los reclusorios preventivos del Distrito Federal puedan tener mayor seguridad.

b) En cuanto a las características del hecho imputado, sostuvo que el tipo penal del delito imputado, previsto y sancionado en el artículo 111 en relación con el 103 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, no considerado como delito grave de conformidad con el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues del delito imputado no se desprende que afecten los valores fundamentales de la sociedad, como la paz y seguridad pública.

c) En cuanto a las circunstancias personales del hecho imputado; estimó que en autos no existe elemento alguno para presumir la conducta del inculpado como negativa, por haber fungido antes de su enjuiciamiento como presidente del Grupo Financiero Abaco, lo cual no es sancionable, y actualmente se encuentra desempleado, por tanto al no tener facultades para realizar actividades bancarias, no puede seguir contraviniendo lo previsto en el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito.

d) Por cuanto al último requisito, relativo a "otras que impidan garantizar el desarrollo del proceso", la a quo consideró que sí se cumple, pues consideró que es del conocimiento público en el Estado de Nuevo León, lugar donde ocurrieron los hechos, que el procesado goza de gran influencia económica, y en atención a la magnitud del daño patrimonial que asciende a 153'373,491.57 millones de dólares americanos, y a la reticencia que ha mostrado el inculpado a acudir ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León, en donde existe orden de aprehensión en su contra.

El análisis de los requisitos anteriores, condujo a la Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, a la conclusión de que no se surtía la competencia territorial de excepción, pues no se cumplían todos los requisitos, para su procedencia, y así determinó declinar su competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en la ciudad de Monterrey, en turno, sobre todo en atención al criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 13/97, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, abril de 1997, página 29, cuyo rubro es: "COMPETENCIA INEXISTENTE, CONFLICTO DE.".

De lo anterior se advierte que, si el tercer párrafo del artículo 10 del Código de Procedimientos Penales establece determinados requisitos para que se surta la competencia territorial por excepción ante un determinado Juez, y el agente del Ministerio Público Federal consigna la averiguación ante un Juez diferente al del lugar en que se cometieron los hechos delictivos, estará obligado a satisfacer los requisitos mencionados en el artículo 10 del código adjetivo. De no ser así, debe estimarse incompetente a la autoridad judicial ante quien se consignó y rehusó seguir conociendo de la causa penal de que se trata, y en consecuencia remitir los autos del juicio al Juez del lugar en que se cometieron los hechos, pues de aceptar lo contrario, bastaría la apreciación subjetiva del representante social, para determinar el lugar de radicación de las causas penales, contrariando las reglas de competencia que establece el Código Federal de Procedimientos Penales.

No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que la Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, haya aceptado inicialmente su competencia al dictar el auto de formal prisión, el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, por considerar que se observaba la causa de excepción a la competencia territorial que marca el tercer párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, consistente en "otras que impidan garantizar el desarrollo del proceso", pues al declinar su competencia advirtió que no se colmaban los requisitos a que se refiere el artículo 10 del código adjetivo, por lo que no aceptaba seguir conociendo del presente asunto.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que en la especie no se satisfacen ninguno de los requisitos a que hace referencia el tercer párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que se surta la competencia territorial por excepción en favor de la Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, por lo que ésta debe recaer en el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en la ciudad de Monterrey.

En primer lugar, toda vez que no se alude, ni se encuentra acreditado que la consignación se haya motivado por estimar que las prisiones del Estado de Nuevo León sean inseguras, y en todo caso, porque los reclusorios preventivos del Distrito Federal puedan tener una mayor seguridad.

En segundo lugar, por cuanto a los hechos imputados, se advierte que estos sucedieron en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, como se aprecia a fojas 2 a 16, del escrito de denuncia, de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y siete, presentado por el señor Carlos Antonio Ungo Hervias, ante el agente del Ministerio Público Federal investigador número cuatro, de esa misma ciudad, en contra de Jorge Lankenau Rocha y otros, y el delito que se le imputa se encuentra previsto en el artículo 111 en relación con el 103 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y asociación delictuosa, no considerados como delitos graves, independientemente de la importancia de su cuantía.

En tercer lugar, por cuanto hace al requisito consistente en las circunstancias personales del hecho imputado, no consta en autos que los procesados hayan sido condenados por delito grave, ni aparece que tengan antecedentes penales, y el delito por el que se persigue no acredita que se consideren como de alto grado de peligrosidad.

En cuarto lugar, en cuanto a otras que impidan garantizar el desarrollo del proceso, tampoco se satisface, en tanto que no está demostrado objetivamente como la ley lo requiere, que la influencia económica del inculpado Jorge Lankenau Rocha, pueda interferir en la marcha regular del proceso, en tanto que la autonomía, objetividad, independencia e imparcialidad son los principios que rigen las actuaciones de los órganos federales para impartir justicia, de conformidad con lo que establece el artículo 100 de la Constitución General de la República, y estos principios rigen por igual a todos los órganos integrantes del Poder Judicial Federal. Además que conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la cuantía del negocio no es un elemento que se tome en cuenta, como en otras materias o legislaciones, para determinar la competencia de los tribunales federales, de tal suerte que, en el caso la Procuraduría General de la República no demostró que estas circunstancias podrían influir en el ánimo del juzgador para cumplir cabalmente con la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, en la inteligencia de que de haberlo probado ello conduciría al planteamiento de un impedimento, en su caso.

Consecuentemente, al no haber quedado acreditado ninguno de los requisitos a que alude el párrafo tercero, del artículo 10, del Código Federal de Procedimientos Penales, procede determinar que debe conocer de la causa penal 107/97, instruida en contra de Jorge Lankenau Rocha, Karla Gabriela Ángeles Garza y Guadalupe Grauzas Rubio, por el delito previsto en el artículo 111, en relación con los diversos 103 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y por el tipo penal de asociación delictuosa, previsto y sancionado en el artículo 164 del Código Penal Federal, en relación con el 64, último párrafo, y en términos de los diversos 7o., 8o., 9o. y 13, fracciones I y III del mismo ordenamiento legal, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey.

CUARTO.-Por otra parte, en relación con las consideraciones hechas por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, quien actúa por ministerio de ley, respecto de que no acepta la competencia del presente asunto, por lo siguiente:

a) Que la Juez declinante se pronunció en dos ocasiones en relación a su competencia, la primera al resolver la situación jurídica del inculpado, el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete; y la segunda en resolución incidental de siete de noviembre pasado; que la primera resolución es combatible a través del recurso de apelación, de conformidad con el artículo 367, fracción VIII de la ley adjetiva.

b) Que el abogado del quejoso interpuso juicio de amparo indirecto, sólo en cuanto a la resolución de prisión preventiva mas no en cuanto a la competencia. Sostiene el anterior argumento en la tesis de Tribunal Colegiado, y cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL FALLO QUE DECLINE COMPETENCIA.".

c) Que existen pendientes de resolver varios recursos de apelación en Tribunales Unitarios en Materia Penal del Primer Circuito.

Debe decirse que lo que estima en relación al doble pronunciamiento de la Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, que al conocer de la averiguación previa que le fue consignada por el agente del Ministerio Público Federal, dictó auto de formal prisión, e hizo pronunciamiento de su competencia, por cumplirse con uno de los requisitos que se exige en la excepción, el artículo 6o., en relación con el numeral 10 del código adjetivo, no obstante a lo anterior, por interlocutoria de veintisiete de noviembre pasado la declinó por advertir que no se cumplían con todos los requisitos para su procedencia, de conformidad con el criterio jurisprudencial de esta Primera Sala. Además, considerando que el artículo 429 del Código Federal de Procedimientos Penales precisa que la competencia por declinatoria es posible promoverla en cualquier estado del procedimiento judicial, siempre y cuando no se haya dictado sentencia y ésta esté ejecutoriada. A continuación se transcribe:

"Artículo 429. La declinatoria podrá promoverse en cualquier estado del procedimiento judicial. Si se opusiera durante la instrucción, el tribunal que conozca del asunto podrá seguir actuando válidamente hasta que el Ministerio Público y la defensa formulen conclusiones."

Por tanto, la Juez puede declinar, al advertir que no es competente para conocer de un asunto, cuando le sea promovida la declinatoria en cualquier estado del procedimiento, a condición de que sea antes de que se dicte la sentencia y ésta se encuentre ejecutoriada.

Por otra parte, el secretario del juzgado afirma "que las resoluciones de competencia son combatibles a través del recurso de apelación"; de lo anterior cabe hacer mención que la determinación de competencia es una cuestión de orden público, y el procedimiento para determinarla por declinatoria se encuentra contemplada en la ley, para dirimir las cuestiones que por este motivo surjan; por tanto, puede iniciarse y sostenerse de oficio por los tribunales, esto es, en cuanto se advierta que no es competente para conocer de un asunto. Así lo sostiene el artículo 431 del código adjetivo, que es del tenor literal siguiente:

"Artículo 431. La declinatoria puede iniciarse y sostenerse de oficio por los tribunales, y para el efecto se oirá la opinión del Ministerio Público y se resolverá lo que se estime procedente, remitiéndose, en su caso, las actuaciones por conducto del Ministerio Público a la autoridad que se juzgue competente."

Cabe hacer mención que el numeral 432 del mismo ordenamiento legal, sostiene que la competencia por declinatoria no podrá resolverse hasta después de que se hayan practicado las diligencias que no admitan demora y en el caso de que exista detenido debe dictarse el auto de formal prisión o de libertad por falta de elementos, motivo por el cual, en el caso la a quo actuó adecuadamente, pues de conformidad con este numeral, las cuestiones de competencia por declinatoria se resolverán con posterioridad a la práctica de diligencias que no admitan demora, dicho numeral dice:

"Artículo 432. La competencia por declinatoria no podrá resolverse hasta después de que se practiquen las diligencias que no admitan demora, y en caso de que haya detenido, de haberse dictado el auto de formal prisión o el de libertad por falta de elementos para procesar."

En cuanto a lo sostenido por el secretario del juzgado, de que están pendientes de resolver varios recursos de apelación en Tribunales Unitarios en Materia Penal en el Primer Circuito, debe decirse que las cuestiones de competencia son de orden público, y el hecho de que estén pendientes de resolverse los anteriores recursos, en nada impide la determinación de esta Primera Sala, acerca de la competencia para conocer de la causa penal número 107/97, y en su momento serán resueltos por los órganos a que correspondan dichos recursos y su competencia.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en la ciudad de Monterrey, es competente para conocer de la causa penal número 107/97.

SEGUNDO.-Remítanse los autos al juzgado precisado en el anterior resolutivo y, comuníquese esta ejecutoria a la Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal.

Notifíquese; y en su oportunidad archívese el expediente, como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza (ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Humberto Román Palacios.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5858-da72cde2/competencia-territorial-de-excepcion-articulo-10-parrafo-tercero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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