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Modo: Corpus Pro

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. TIENE FACULTADES PARA ABROGAR LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. EL EMPLEO DE LOS VOCABLOS EXPEDIR, LEGISLAR Y NORMAR EN EL ARTÍCULO 122, APARTADO C, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL SE REFIEREN A SU FACULTAD DE EXPEDIR LEYES. INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL. COMPETE AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL REGLAMENTAR LA LEY RELATIVA Y NO AL EJECUTIVO FEDERAL. INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EXPIDIÓ LA LEY RELATIVA EN USO DE SUS FACULTADES EXPRESAS. INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL TIENE FACULTADES PARA EXPEDIR LA LEY RELATIVA. INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA POSIBLE PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD FEDERAL EN LA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA NO DETERMINA LA COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR LA LEY RELATIVA. ASISTENCIA SOCIAL. LA ASISTENCIA PÚBLICA Y PRIVADA FORMAN PARTE DE ELLA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/99. · Registro digital (IUS): 5950
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, , Pág. 871.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/99. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIOS: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ Y PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doce de enero de mil novecientos noventa y nueve, Aguilera Gómez Manuel, Aus Den Rutthen Haag Arne Sidney, Benítez Gil José Luis, Bravo Martínez Esveida, Castellanos Cortés Sara Isabel, De Anda Márquez Pablo, De la Vega García Netzahualcóyotl, Escobedo Miramontes José Eduardo, Galván Muñoz Jesús, Garay y Arenas Fernando, Hernández Labastida Miguel, Hiroishi Suzuki María del Pilar, Islas León Irma, Jiménez Barranco Pablo Jaime, Levin Coppel Óscar, Luna y Parra y Trejo Lerdo María Angélica, Minjarez Jiménez José Manuel, Ortiz Haro Amieva Luis Miguel, Pérez Noriega Fernando, Rivera Domínguez José Alfonso, Saldaña Hernández Margarita, Salinas Torre Armando, Toledano Landero Jesús Eduardo, Vázquez Enríquez Alejandro, West Silva Octavio Guillermo, Rodríguez Ruiz René y Narro Céspedes José, en su carácter de diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuación se señalan:

"Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna: 1. Órgano legislativo que emitió la norma general de la cual se solicita la declaración de inconstitucionalidad e invalidez: Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 2. Órgano ejecutivo que promulgó la norma general de la que se solicita la declaración de inconstitucionalidad e invalidez: jefe de Gobierno del Distrito Federal. Norma general cuya inconstitucionalidad e invalidez se reclama y medio oficial en que se publicó: Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, de fecha 10 de diciembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 14 de diciembre del mismo año y que entró en vigor el día 15 de los mismos mes y año."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso, son los siguientes:

"1. Con fecha 3 de noviembre de 1998, la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acordó turnar para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención Especial a Grupos Vulnerables, la iniciativa de Ley de Instituciones de Asistencia Privada presentada por las diputadas Sara Murúa Hernández y Virginia Jaramillo Flores en sesión del día 27 de octubre de 1998, turnada originalmente sólo a la Comisión de Desarrollo Social. Con fecha 5 de noviembre de 1998, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acordó enviar para su análisis y dictamen, a las Comisiones de Desarrollo Social y de Atención Especial a Grupos Vulnerables, la iniciativa de Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, presentada por la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés en la sesión de la misma fecha. Con fecha 26 de noviembre de 1998, la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acordó turnar para su análisis y dictamen, a la Comisión de Atención Especial a Grupos Vulnerables, la iniciativa de Ley de Asistencia Privada del Distrito Federal, presentada por el diputado Alejandro Rojas Díaz Durán en sesión del 29 de octubre de 1998. Los documentos que acreditan lo anterior se anexan a este escrito en copia simple y de los cuales se ha solicitado al oficial mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, extender las certificaciones correspondientes. 2. Integrantes de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Grupos Vulnerables y de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizaron con fecha 7 de diciembre de 1998, una supuesta sesión a efecto de discutir y en su caso aprobar el dictamen relativo a las iniciativas de Ley de Instituciones de Asistencia Privada presentadas. Es conveniente manifestar que, como será explicitado en líneas posteriores, las actividades desarrolladas en dicha sesión sobre este punto por parte de las comisiones anteriormente enunciadas, violaron el procedimiento establecido en las disposiciones que regulan la función legislativa de la asamblea. 3. Con fecha 10 de diciembre de 1997, se dio cuenta al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su discusión y aprobación, con un documento que pretendió ser un dictamen con proyecto de Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, mismo que se anexa en copia simple a este escrito al igual que la versión estenográfica correspondiente, y de los cuales se ha solicitado al oficial mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, extender las certificaciones correspondientes. Dicho supuesto dictamen fue votado por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y aprobado por 37 votos a favor de los 66 miembros que conforman dicho órgano. 4. Con fecha 11 de diciembre de 1998, el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, promulgó la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, con el refrendo de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y de la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social, siendo publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 14 de diciembre de 1998, con entrada en vigor el día 15 de diciembre de 1998. 5. La hoy promulgada Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, es una norma general cuya contradicción con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se plantea ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 105 de la propia Constitución y de su ley reglamentaria. Al efecto, es importante resaltar el mandato del artículo 122 constitucional contenido en el apartado A, fracción I: ‘Corresponde al Congreso de la Unión: Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa.’; y por lo que hace a las facultades del órgano local de que se trata, en su apartado C, base primera, fracción V, la enunciación de las materias de tal carácter que hace el precepto mencionado, en la cual no se comprende la de legislar o normar sobre instituciones de asistencia privada. Por su parte, el artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al enunciar las facultades de la Asamblea Legislativa no considera la ley que ahora se impugna. En adición a lo anterior, el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aún vigente en los términos del artículo decimotercero transitorio del decreto por el que se reforma la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, señala que: 'La asamblea está facultada para expedir normas de observancia general y obligatoria en el Distrito Federal con el carácter de leyes o decretos en las materias expresamente determinadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ...’. De manera evidente, la ley cuya inconstitucionalidad e invalidez se demandan por esta vía, se ubica en el supuesto constitucional necesario para ello, se trata de un producto legislativo de la asamblea que contradice los textos constitucionales que otorgan al Congreso de la Unión facultades para legislar en lo relativo al Distrito Federal, y que a la propia asamblea le confieren facultades legislativas expresas y limitadas entre las que no está la relativa a instituciones de asistencia privada. La ley que se impugna carece de fundamento constitucional. La Asamblea Legislativa al expedirla, ha excedido las facultades que le corresponden, y con ella misma, el órgano ejecutivo ha sido omiso en formular observación sobre la carencia de facultades constitucionales para expedir la ley de mérito. Se trata de una ley que conforme a las disposiciones constitucionales que se verán más adelante, debe concebirse como una reserva constitucional en favor del Congreso de la Unión."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte promovente en síntesis son los siguientes:

1. La Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, contradice los artículos 16, 27, segundo párrafo, fracciones III y VI, segundo párrafo, 89, fracción I, 122, apartado A, fracciones I y V, y apartado C, base primera, fracción V, de la Constitución Federal, por las siguientes razones:

1.1. Las facultades legislativas de la competencia de la Asamblea Legislativa están expresa y limitativamente establecidas en la Constitución Federal -artículo 122, apartado C, base primera, fracción V-, por tanto aquellas que no le son atribuidas deben entenderse reservadas exclusivamente en favor del Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto por el apartado A, fracciones I y V, del mismo artículo 122.

El régimen constitucional de facultades legislativas de la Asamblea Legislativa se ha venido modificando de manera reciente, sin embargo, desde el otorgamiento primo hasta el marco vigente, la enunciación y por tanto el límite expreso de las mismas, ha sido uno de los aspectos fundamentales en que se basa el diseño de la organización jurídico-política del Distrito Federal, como se expone a continuación:

a) La reforma constitucional de octubre de 1993 creó una nueva organización jurídico-política para el Distrito Federal, encargándose su gobierno a los Poderes de la Unión, por sí y a través de órganos específicos de gobierno de la entidad, disponiéndose para cada uno de ellos sus respectivas atribuciones, pero facultándose al Congreso de la Unión para legislar en lo relativo al Distrito Federal, salvo en las materias expresamente conferidas a la Asamblea de Representantes.

A la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se le otorgaron facultades legislativas sólo en determinadas materias, mismas que constituyeron y constituyen excepciones a la atribución legislativa genérica del Congreso de la Unión.

El artículo 122 constitucional, fracción IV, incisos a) al h), vigente en ese entonces, establecía limitativamente las facultades de la Asamblea de Representantes, quedando comprendidas las siguientes:

"Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes; presupuesto de egresos; Ley de Ingresos; revisión de la cuenta pública del gobierno de la entidad; presentar iniciativas de ley o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión; Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia; Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; legislar en el ámbito local, en lo relativo al Distrito Federal en los términos del Estatuto de Gobierno en materias de: administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos; de presupuesto, contabilidad y gasto público; regulación de su contaduría mayor; bienes del dominio público y privado del Distrito Federal, servicios públicos y su concesión, así como de la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio del Distrito Federal; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; participación ciudadana; organismo protector de los derechos humanos; civil; penal; defensoría de oficio; notariado; protección civil; prevención y readaptación social; planeación del desarrollo; desarrollo urbano y uso del suelo; establecimiento de reservas territoriales; preservación del medio ambiente y protección ecológica; protección de animales; construcciones y edificaciones; vías públicas, transporte urbano y tránsito; estacionamientos; servicio público de limpia; fomento económico y protección al empleo; establecimientos mercantiles; espectáculos públicos; desarrollo agropecuario; vivienda; salud y asistencia social; turismo y servicios de alojamiento; previsión social; fomento cultural, cívico y deportivo; mercados, rastros y abasto; cementerios y función social educativa, así como las demás que expresamente le otorga esta Constitución."

Desde la iniciativa presidencial se planteó que la Asamblea de Representantes contaría con las facultades legislativas enunciadas en la fracción IV, pero que "Las no conferidas a dicho órgano, se entienden reservadas al Congreso de la Unión en términos de la fracción VI del artículo 73 constitucional que se propone." (Honorable Cámara de Diputados. LV Legislatura. Crónica de la Reforma Política del Distrito Federal, págs. 21 y 22).

En el dictamen de las comisiones de la Cámara de Diputados a dicha iniciativa se hicieron las siguientes consideraciones:

"Concerniente a los órganos locales de gobierno del Distrito Federal, las dos iniciativas que ahora se dictaminan coinciden en que la función legislativa debe recaer, en materias de interés estrictamente local y expresamente determinadas, en la Asamblea de Representantes. En virtud del ejercicio local de las facultades legislativas y respecto de aquellas materias no atribuidas, cuya competencia corresponde al Congreso de la Unión, se dota a la asamblea de la facultad de iniciar leyes o decretos ante ese Poder Federal, siempre que se trate de materias relativas al Distrito Federal. Con la integración de todo lo relativo al Gobierno del Distrito Federal en el título quinto de la Constitución General, resulta indispensable la reforma a la fracción VI de su artículo 73, para considerar en ella sólo las facultades legislativas del Congreso de la Unión respecto de esa misma entidad. Con el sentido de establecer un ámbito local de actuación del Gobierno del Distrito Federal, se establece para el Congreso de la Unión, en la fracción VI del artículo 73 de la iniciativa de que se trata, la facultad tanto de expedir el Estatuto de Gobierno de esta entidad como la de legislar en lo relativo a esta entidad, excepto en las materias que le son conferidas expresamente al órgano local denominado Asamblea de Representantes." (Honorable Cámara de Diputados. LV Legislatura. Crónica de la Reforma Política del Distrito Federal, págs. 46 y 47).

Finalmente se dispuso en el artículo transitorio décimo primero que "El Congreso de la Unión conservará la facultad de legislar, en el ámbito local, en las materias de orden común, civil y penal para el Distrito Federal, en tanto se expidan los ordenamientos de carácter federal correspondientes, a cuya entrada en vigor, corresponderá a la Asamblea de Representantes legislar sobre el particular, en los términos de este decreto.".

De lo anterior se deduce que en el Distrito Federal existen dos ámbitos de actuación legislativa -sistema de facultades expresas- el originario y abierto que corresponde al Congreso de la Unión, y el derivado y limitado que corresponde a la Asamblea de Representantes.

b) La reforma constitucional de 31 de diciembre de 1994, reafirma el carácter limitativo y expreso de la actuación legislativa de la Asamblea de Representantes a la que se facultó para designar dos consejeros para el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.

c) Con la reforma constitucional de agosto de 1996, se modificaron de manera importante algunos aspectos del esquema de organización jurídico-política del Distrito Federal; así, entre otras cosas, la facultad del Congreso de la Unión para expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y legislar en lo relativo al Distrito Federal a que se refería la fracción VI del artículo 73 fue derogada, y su contenido quedó previsto en las fracciones I y II del apartado A del nuevo artículo 122 quedando como sigue:

"A. Corresponde al Congreso de la Unión: I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa; II. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal."

Con esta reforma se establece a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como órgano legislativo local, conservándose el sistema de facultades expresas que se había previsto.

De esta manera la fracción V de la base primera del apartado C del artículo 122 constitucional dispone que la Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

"a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publicación; b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Dentro de la Ley de Ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. La facultad de iniciativa respecto de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre. La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste lo incluya en su iniciativa. Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de esta Constitución; c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción IV del artículo 74 en lo que sean aplicables. La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la Ley de Ingresos y el proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la asamblea; d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al jefe de Gobierno del Distrito Federal; e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la contaduría mayor y el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal; f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución. En estas elecciones sólo podrán participar los partidos políticos con registro nacional; g) Legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos; h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio; i) Normar la protección civil, justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social; j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso de suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal; k) Regular la prestación y la concesión delos servicios públicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios; l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos, fomento cultural, cívico y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII del artículo 3o. de esta Constitución; m) Expedir la ley orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos de dichos órganos; n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal; ñ) Presentar iniciativas de ley o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión; y o) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución."

Las demás facultades que la Constitución confiere expresamente a la Asamblea Legislativa son las de decidir sobre la propuesta que haga el jefe de Gobierno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y su ratificación, así como la de nombrar los consejeros en el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (art. 122, apartado C, base cuarta, fracción I, párrafo segundo y fracción II, párrafo primero); y, conocer del informe que rinda el jefe del Distrito Federal sobre el ejercicio de los recursos provenientes del endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público (artículo 73, fracción VIII). Transitoriamente también se le facultó para expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal a partir del 1o. de enero de 1998, así como para legislar en materia civil y penal para el Distrito Federal, a partir del 1o. de enero de 1999, sin que pueda algún otro ordenamiento u órgano atribuirle alguna otra facultad que no esté expresamente comprendida en la propia Constitución.

Por ello, afirmar que la asistencia social comprende a las instituciones de asistencia privada o a la asistencia privada es tanto como admitir la existencia de facultades implícitas por la Asamblea Legislativa, tales como las que el Congreso de la Unión posee en términos de la fracción XXX del artículo 73 constitucional.

d) La ley que se impugna no sólo contradice la disposición constitucional relativa a la reserva del Congreso de la Unión en el ámbito legislativo del Distrito Federal, sino también la contenida en la fracción I del artículo 89 constitucional, esto es, la denominada facultad reglamentaria del presidente de la República que se ejerce respecto de leyes expedidas por el Congreso Federal.

No es extraña la injerencia del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal en la administración pública del Distrito Federal, si se considera que conforme al artículo 122, apartado C, base tercera constitucional, le corresponde, vía el Estatuto de Gobierno, la determinación de la organización de la administración pública local en el Distrito Federal; determinar los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados; establecer los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal; fijar los criterios para efectuar su división territorial, la competencia de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como su relación con el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

1.2. Siendo necesaria la previsión expresa en la Constitución Federal para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ejerza una facultad, no se desprende fundamento alguno que le permita expedir una ley de instituciones de asistencia privada.

Ejemplos que acreditan la necesidad de la previsión constitucional:

En la reforma constitucional de 1996 se facultó expresamente a la Asamblea Legislativa para expedir la Ley sobre Adquisiciones y Obra Pública del Gobierno Local, de lo que se infiere que al Constituyente Permanente no le bastó la facultad que tenía y tiene la administración pública local para legislar respecto de su régimen interno y de procedimientos administrativos.

Similar situación se dio respecto de la facultad para normar el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, pues no obstante de que pudiera estimarse contemplada en la facultad sobre la materia civil, el Constituyente Permanente consideró necesaria su enunciación expresa.

Por otra parte, pese a contar la asamblea con facultad de legislar en materia de administración pública local, carece de facultades para expedir la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de manera que la reserva a favor del Congreso de la Unión fue ejercitada por dicho poder mediante la expedición el 1o. de abril de 1996, así como la correspondiente del Ejecutivo Federal en cuanto a la expedir su reglamento con fecha 15 de julio de 1996.

Tampoco la facultad para legislar en materia de administración pública autoriza a que la asamblea regule lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, pues salvo los servidores de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, éstos se regulan por la ley federal de la materia en los términos del título cuarto de la Constitución Federal.

La reforma constitucional de 1993 confirió a la Asamblea de Representantes facultades para legislar en materias de bienes de dominio público y privado del Distrito Federal así como de la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio del Distrito Federal; pero en la reforma de 1996 se limitó tal facultad exclusivamente a la explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal, de manera que operó la reserva del Congreso de la Unión sobre la determinación de qué bienes constituyen el dominio público y cuáles el dominio privado del Distrito Federal.

Destaca la determinación del Congreso de la Unión en la fracción V del artículo 67 del Estatuto de Gobierno (decreto de reformas publicado en el D.O.F., el 4 de diciembre de 1997) en cuanto a la previsión como facultad del jefe de Gobierno del Distrito Federal para "Nombrar y remover al presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, de acuerdo con lo que disponga la ley", si no fuera competencia del Congreso de la Unión esta materia específica de instituciones de asistencia privada, no tendría por qué prever como lo hizo, un órgano del Gobierno del Distrito Federal. El Congreso de la Unión es el órgano competente que determina que habrá una Junta de Asistencia Privada, que es regulada en ley que el propio Congreso expide.

El sustento para tal determinación es precisamente que siendo la Ley de Instituciones de Asistencia Privada una materia de reserva para el Congreso de la Unión, solamente este poder está facultado para variar el sistema del nombramiento de su titular, eliminando la posibilidad de que dicho nombramiento y remoción sean libres. Aún más, si ese no fuera el sentido, el Congreso de la Unión en el decreto de reformas citado, que también incluyó a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, hubiere suprimido para la Secretaría de Salud del Gobierno Federal la facultad prevista en el artículo 39, fracción IV relativa a "Organizar y vigilar las instituciones de beneficencia privada, en los términos de las leyes relativas, e integrar sus patronatos, respetando la voluntad de los fundadores.".

La congruencia legislativa de las facultades del Congreso de la Unión, tratándose de las instituciones de asistencia privada se manifiesta en la previsión de la participación de dependencias de la administración pública federal en un órgano desconcentrado del Distrito Federal encargado de la vigilancia de dichas instituciones, y precisamente de las encargadas de los sectores educación, salud y tributario federales, ámbitos de particular importancia para el desarrollo de esas corporaciones.

Si la materia de instituciones de asistencia privada fuera local no habría necesidad de que el Congreso de la Unión dispusiera de una facultad propia del Ejecutivo Local, como sucede respecto del nombramiento del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, supuesto que sí es competencia de la Asamblea Legislativa.

Si la Asamblea Legislativa regulara las instituciones de asistencia privada tal como corresponde a los Congresos de los Estados, se estaría desconociendo no sólo el régimen constitucional del Distrito Federal, sino también el de los Estados, pues conforme al artículo 124 constitucional tienen la reserva en su favor sobre todo lo no previsto expresamente para la Federación, de modo que al no considerarse como una facultad del Congreso de la Unión la regulación en la materia para toda la República, ha correspondido a los Estados su asunción y ejercicio.

1.3. La entidad propia de la materia de instituciones de asistencia privada fue destacada por el presidente Carranza en el mensaje ante el Constituyente de 1917; al referirse al artículo 27 de la Constitución de 1857 señaló que:

"... el artículo en cuestión, además de dejar en vigor la prohibición de las Leyes de Reforma sobre la capacidad de las corporaciones civiles y eclesiásticas para adquirir bienes raíces, establece también la incapacidad en las sociedades anónimas, civiles y comerciales, para poseer y administrar bienes raíces, exceptuando de esa incapacidad a las instituciones de beneficencia pública y privada, únicamente por lo que hace a los bienes raíces estrictamente indispensables y que se destinen de una manera inmediata y directa al objeto de dichas instituciones, facultándolas para que puedan tener sobre los mismos bienes raíces, capitales, impuestos e intereses, los que no serán mayores, en ningún caso, del que se fije como legal y por un término que no exceda de diez años ... Finalmente, el artículo en cuestión

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5950-693ebc23/asamblea-legislativa-del-distrito-federal-tiene-facultades-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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