INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARÓ INEXISTENTE O INFUNDADA LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA SUPREMA CORTE DEBE EFECTUAR UN EXAMEN OFICIOSO, POR LO QUE NO SE REQUIERE LA FORMULACIÓN DE ARGUMENTOS O AGRAVIOS POR PARTE DE QUIEN LA HACE VALER.
INCONFORMIDAD 342/98. FÉLIX MUÑOZ GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-En principio, es pertinente destacar que de las constancias de autos, en especial del ocurso por el que se hace valer esta inconformidad contra la decisión jurisdiccional de que no existe repetición del acto reclamado, se desprende que el quejoso se concretó a solicitar la remisión de los autos a esta Suprema Corte de Justicia, pero no hizo valer argumento alguno de inconformidad o agravio en contra de las consideraciones de esa determinación, lo que impide conocer los motivos por los que se encuentra en desacuerdo con ésta.
Sin embargo, esa omisión no basta para declarar infundada la inconformidad, toda vez que este Máximo Tribunal de la nación está constreñido a realizar un estudio oficioso del asunto.
En efecto, los numerales 108 y 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, estatuyen:
"108. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por parte interesada ante la autoridad que conoció del amparo, la cual dará vista con la denuncia, por el término de cinco días, a las autoridades responsables, así como a los terceros, si los hubiere, para que expongan lo que a su derecho convenga. La resolución se pronunciará dentro de un término de quince días. Si la misma fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, la autoridad remitirá de inmediato el expediente a la Suprema Corte de Justicia; de otro modo, sólo lo hará a petición de la parte que no estuviere conforme, la cual lo manifestará dentro del término de cinco días a partir del siguiente al de la notificación correspondiente. Transcurrido dicho término sin la presentación de la petición, se tendrá por consentida la resolución. La Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes.
"Cuando se trate de repetición del acto reclamado, así como en los casos de inejecución de sentencia de amparo a que se refieren los artículos anteriores, la Suprema Corte de Justicia determinará, si procediere, que la autoridad responsable quede inmediatamente separada de su cargo y la consignará al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente."
"113. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. El Ministerio Público cuidará del cumplimiento de esta disposición."
De lo así mandado por el legislador se desprende que existen diversas razones que de manera engarzada llevan a sostener que la inconformidad contra la decisión de inexistencia de repetición del acto reclamado no se puede gobernar por el derecho estricto, sino que prevalece el examen oficioso:
a) Es una figura que se rige por el principio consignado en el artículo 113 antes insertado, según el cual el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, ya que si bien no existe contumacia de la autoridad responsable, sí se está cuestionando si la sentencia se ha acatado en sus términos, o si por el contrario, se ha emitido un nuevo acto de autoridad que lejos de someterse a la potestad federal tiende a burlarla con la reiteración de aquel que motivó esa concesión. Interés público que por otro lado se manifiesta en la facultad que se otorga a este Máximo Tribunal para allegarse de los elementos que estime convenientes, naturalmente, para dilucidar ese planteamiento.
b) Conforme a la segunda parte del primer párrafo del artículo 108 reproducido también con antelación, el envío del expediente a esta Suprema Corte sólo se hará a petición de la parte que no estuviere conforme. Es decir, la obligación hacia el disconforme es singular: que pida la remisión de los autos al Máximo Tribunal del país; no compuesta: que solicite ese envío y, adicionalmente, que formule los motivos de inconformidad.
Es cierto que la petición de envío de los autos a la instancia superior presupone un descontento con lo resuelto en principio, pero para que el órgano superior reanalice la cuestión, en el caso de la inconformidad la ley no exige la externación de las causas o razones que lo originaron.
c) La figura de los agravios coexiste con la de los recursos, forman una dualidad inescindible, en donde el recurso es el medio para encausar el disentimiento, y los agravios las razones en que se funda éste. Por ello, salvo en los casos en que existe suplencia de la queja, la expresión de los agravios es elemento sin el cual no se puede someter a examen la decisión recurrida.
Sin embargo, en el juicio de amparo, por disposición expresa del artículo 82 de la ley que lo regula, los recursos son tres: el de revisión, el de queja y el de reclamación. Así, no queda sino concluir que la inconformidad regulada por el artículo 108 de la ley de la materia no es un recurso y, por consecuencia, no es factible exigir la formulación de agravios.
En suma, la interrelación de esos tres elementos lleva a considerar sin duda que la inconformidad no exige la formulación de motivos de inconformidad o agravios, sino que basta que ésta se externe para que el examen se haga de manera oficiosa.
OCTAVO.-Es correcta la decisión que provocó esta inconformidad, pues la autoridad responsable no repitió el acto reclamado.
A fin de exponer con claridad las razones que sustentan tal aserto, es conveniente precisar lo siguiente:
El incidente de repetición del acto reclamado que reglamentan los artículos 108, 110 y 111 de la Ley de Amparo, tiene por objeto sancionar aquellos desajustes en los que incurre la autoridad responsable cuando, pretendiendo cumplimentar una ejecutoria de amparo, emite un nuevo acto en el que vierte las mismas consideraciones en que fundó su original acto ya declarado violatorio de garantías. Así, para que exista repetición del acto reclamado no basta que la nueva decisión produzca el mismo resultado del acto juzgado en amparo, sino que es necesario que los supuestos, motivos y consecuencias sean idénticos, pues de no existir tal identidad, no existe el elemento básico para que se configure la reiteración.
Luego, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido por su mero efecto, con independencia de su causa, motivo o fundamento, o aun de la competencia de su autor, el análisis del acto novedoso debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior. Por el contrario, si se estimó inconstitucional el acto por estar viciado en uno de sus elementos formales, motivo y fundamento, por ejemplo, el estudio del nuevo acto debe hacerse considerando exclusivamente ese elemento formal, para saber si entre ambos existe o no identidad en ese aspecto; esto es, debe dejarse de lado cualquier otra similitud o divergencia en lo que se refiere al resto de los elementos del fallo, entre ellos el fondo mismo, pues quedan fuera de la litis de la repetición del acto reclamado.
Esos son los lineamientos generales que sobre esta institución se han recogido por diversas tesis de las Salas Tercera y Cuarta de la anterior integración, entre las que destacan las publicadas bajo los números 455, 457 y 458, en las páginas 302, 304 y 305 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tituladas: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CUÁNDO SE CONFIGURA.", "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGÓ EL AMPARO." y "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. MATERIA DEL INCIDENTE RELATIVO.".
Así las cosas, el examen obligado que debe efectuarse para dilucidar si existe o no la repetición alegada, estriba: Primero. En la precisión de la concesión del amparo: así en sus causas como en sus efectos; y, Segundo. Con vista del parámetro anterior, en realizar una confrontación o comparación entre la resolución original, que fue contra la que se otorgó el amparo, y la nueva determinación, que se estima repetidora de la anterior.
Así también lo propone la Segunda Sala de esta Suprema Corte en la tesis que puede leerse en la página 372 del Tomo III, junio de 1996, de la compilación jurisprudencial antes citada, bajo el rubro:
"REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR."
A fin de ajustar el caso a estudio a esas bases, conviene referirnos a las resoluciones involucradas, ya transcritas en apartados previos.
1. El Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Valles, en la orden de aprehensión reclamada, estableció, en esencia, que con base en una serie de pruebas documentales, testimoniales y declaración del inculpado, se acreditaba el delito de abuso de confianza, previsto y sancionado en los artículos 388 y 387, fracción II, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, dado que en ejecución de un laudo dictado en un juicio laboral seguido contra una empresa representada por el querellante, se trabó embargo sobre un automotor propiedad de éste, entregándolo en depósito a Félix Muñoz González, y posteriormente, cuando éste fue requerido para que lo devolviera debido a que el procedimiento de ejecución había quedado insubsistente a virtud de que se otorgó el amparo contra el laudo referido, el depositario señaló que no podía acatar esa orden porque lo había entregado a la parte del juicio laboral que lo designó depositario, quien a su vez lo vendió a una tercera persona.
2. El Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, al conocer del juicio de garantías contra esa orden de captura, estimó que carecía de fundamentación y motivación y otorgó el amparo contra la misma, aclarando que el Juez responsable no quedaba impedido para emitir un nuevo mandamiento aprehensorio, siempre y cuando lo hiciera con respeto del artículo 16 de la Carta Magna.
Dijo que carecía de motivación porque: a) sólo se hacía una relación de probanzas pero no se valoraban; b) no se dijo en qué consistió el acto de disposición; c) no se precisaron las fechas de los requerimientos hechos al depositario para la devolución del bien secuestrado; d) no se dijo con qué medios se acredita cada uno de los elementos del tipo penal de abuso de confianza.
Señaló que no tenía debida fundamentación porque sólo se mencionaron algunos preceptos constitucionales y legales, pero para que se estime debidamente fundado es necesario que se razone el porqué son aplicables al caso concreto y por qué se configuran las hipótesis normativas previstas en cada uno de esos numerales.
3. En la nueva orden de aprehensión que emitió el Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, destacó en principio que los requisitos para librarla estaban consignados en los artículos 16 de la Carta Magna y 204 del Código de Procedimientos Penales del Estado aludido, procediendo a desglosarlos cada uno de ellos y exponiendo por separado las razones por las que se estimaban colmados; enseguida destacó que el delito de abuso de confianza se encuentra previsto por el artículo 387, fracción II y sancionado por el diverso numeral 386, párrafo segundo del Código Penal estatal; que sus elementos típicos son los que destacó en tres incisos y seguidamente relacionó las pruebas con que se demuestran uno a uno esos elementos; externó una serie de razones para justificar esa aseveración e invocó los preceptos adjetivos que regulan el valor demostrativo de esos elementos, en especial; señaló que el acto de disposición consistió en entregarlo al apoderado legal de la actora del juicio laboral, quien a su vez lo enajenó en favor de tercera persona, y de esa manera el quejoso, como depositario, no pudo cumplir con su obligación de ponerlo a disposición de la autoridad que se lo confió en depósito. Por separado hizo lo propio respecto de la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión de los hechos delictivos, habida cuenta que aludió a las probanzas que sirvieron a la demostración de ese extremo, plasmó las razones y citó los preceptos procesales que se refieren al valor de las mismas, cobrando relevancia la aseveración de que el hecho de haber sido requerido por la autoridad jurisdiccional laboral de la devolución de la unidad motriz se demostró con la propia confesión del inculpado, pues expresamente reconoció que ocurrió tal evento.
De lo antes destacado deriva que la concesión de amparo fue por la presencia de un vicio de forma, a saber: falta de motivación y deficiente fundamentación, en tanto que el efecto de esa protección constitucional fue el de dejar insubsistente la orden de captura, reasumiendo así el juzgador responsable, como lo dijo el Juez de amparo, la libertad para emitir una nueva orden de aprehensión, con tal que no reincidiera en esas deficiencias formales.
Las reflexiones que anteceden permiten establecer, como primera conclusión, que la circunstancia de que el Juez responsable dictara otro mandato privativo de libertad y que éste tenga el mismo sentido de aquél respecto del que se concedió el amparo, no es suficiente para estimar actualizada la repetición alegada.
Por otro lado, sobre la base de que el amparo se otorgó por ese desajuste formal, tampoco se configura la repetición denunciada por lo que a este elemento corresponde, toda vez que basta una simple comparación entre las consideraciones que dieron sustento a la primera decisión y los que ahora sirven de soporte a la nueva, para percatarse de que difieren ostensiblemente. Basta de ejemplo sólo recordar que en la ulterior decisión sí se hace expresa consideración encaminada a superar las cuatro causas de inmotivación destacadas por el Juez de amparo: Las pruebas ya no sólo fueron relacionadas, sino que también se expresaron razones y fundamentos encaminados a aquilatarlas; se señaló lo que a juicio del juzgador responsable constituía el acto de disposición, así como de las pruebas de los requerimientos de devolución del bien dado en depósito, y como ya se dijo, se indicó qué probanzas servían a la demostración de los elementos del tipo penal de abuso de confianza y de la probable responsabilidad del inculpado.
Es decir, externar consideraciones enfocadas a subsanar las deficiencias que motivaron la concesión de amparo, son el mejor medio para demostrar que no existe la repetición, pues se constituyen en un nuevo ingrediente que le proporciona individualidad al nuevo acto y lo hacen diferente del primero.
Por último, no está demás acotar que el análisis de si ese nuevo componente es correcto o no, deberá hacerse no en esta inconformidad, sino en su caso en un nuevo juicio de garantías que llegara a plantearse, ya que, como se dijo en párrafos precedentes, la figura jurídica de la repetición del acto reclamado sólo busca impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una violación de garantías en las mismas condiciones en que antes lo hizo.
En suma, como el examen oficioso realizado no pone al descubierto razón alguna que lleve a considerar la existencia de repetición del acto reclamado, debe declararse infundada la inconformidad que se hizo valer contra la decisión del Juez de Distrito que así lo consideró.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Es infundada la inconformidad a que este toca se refiere.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Humberto Román Palacios (ponente). Ausente el Ministro Juan N. Silva Meza.
Nota: La tesis de rubro: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR.", citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el número 2a./J. 68/98, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 412.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6000-391a26fb/inconformidad-en-contra-de-la-resolucion-que-declaro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARÓ INEXISTENTE O INFUNDADA LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA SUPREMA CORTE DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE Y EXAMIN (RECURSO DE INCONFORMIDAD)
- INCONFORMIDAD. NO PROCEDE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO. (RECURSO DE INCONFORMIDAD)
- INCONFORMIDAD. EL PLAZO PARA PROMOVERLA ES EL DE CINCO DÍAS, SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA. (RECURSO DE INCONFORMIDAD)
- INCONFORMIDAD POR DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE QUE EN ELLA SE PLANTEE DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA Y CAUSACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. (RECURSO DE INCONFORMIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- INFORME CON JUSTIFICACION. (s/clave)
- INFORME CON JUSTIFICACION. (s/clave)
- INFORME CON JUSTIFICACION. (s/clave)
- INFORME CON JUSTIFICACION. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis