VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. EL APERCIBIMIENTO GENÉRICO QUE CONTIENE, VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD.
REVISIÓN FISCAL 226/98. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS NÚMERO 15 DE TORREÓN, COAHUILA, EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y AUTORIDADES DEMANDADAS.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los agravios que expresa el recurrente resultan ser infundados.
En efecto, consta en autos que con fecha 17 de julio de 1996, el administrador local de Auditoría Fiscal de Torreón, Coahuila, ordenó la práctica de una visita domiciliaria al contribuyente, Gabriel Hugo de la Mora Esquivias, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que se encuentra afecto como sujeto directo y responsable solidario en materia del impuesto sobre la renta e impuesto al activo, por el ejercicio fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1994, apoyándose para ello en las facultades de comprobación que le conceden los artículos 42 fracción III del Código Fiscal de la Federación y 111 apartado B, fracciones IV y XXVI y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, la autoridad administrativa autorizó para llevar a cabo la visita domiciliaria, a personal adscrito a dicha administración, designando los nombres y cargos correspondientes y, por último, apercibió al causante para que en caso de que no diera a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la orden de visita domiciliaria, se opusiera a la práctica de la misma, no pusiera a su disposición la contabilidad o no proporcionara los informes, datos y documentos que se le solicitaran para el ejercicio de las facultades de comprobación, se procedería de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.
De igual forma, se advierte que los visitadores designados dieron a conocer al contribuyente, los hechos u omisiones detectados en la visita domiciliaria, mediante la última acta parcial, de fecha 20 de marzo de 1997, concediéndole un plazo de quince días hábiles para que presentara documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos consignados en dicha acta, en términos de lo dispuesto por el artículo 46 fracción IV del Código Fiscal de la Federación. Posteriormente, mediante acta final de auditoría se hicieron constar las pruebas que ofreció el causante y los hechos acontecidos en la visita domiciliaria, y con fecha 30 de junio de 1997, una vez valoradas las pruebas y argumentos aducidos por el contribuyente para desvirtuar las irregularidades detectadas en la visita domiciliaria, la autoridad administrativa determinó un crédito fiscal en su contra, por la cantidad de $1'640,313.20. Por escrito presentado ante la Sala Regional Norte-Centro del Tribunal Fiscal de la Federación el 7 de noviembre de 1997, el contribuyente Gabriel Hugo de la Mora Esquivias, interpuso juicio de nulidad y entre otros conceptos de anulación hizo valer la indebida fundamentación y motivación de la resolución que determinó el crédito fiscal, porque la orden de visita domiciliaria contiene un apercibimiento en el que no se le hizo saber el precepto legal que sería aplicable en caso de desobediencia del mismo; por su parte, la Sala responsable en su sentencia, declaró la nulidad lisa y llana, porque consideró que el apercibimiento era ilegal al no encontrarse fundado en los preceptos que preveían como infracción las conductas aludidas en ese documento, y en consecuencia la orden de visita era un acto viciado que como tal engendraba la nulidad de todo lo actuado desde su origen.
Ahora bien, puntualizado lo anterior, debe decirse que la autoridad recurrente esencialmente alega que la sentencia de la Sala Fiscal le causa agravio, porque dicha autoridad omitió tomar en consideración que la orden de visita domiciliaria cumplía con los requisitos exigidos por los artículos 16 constitucional, 38 fracción III y 43 del Código Fiscal de la Federación, puesto que se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que se señaló el objeto de la misma, los preceptos legales aplicables al caso y los de la competencia de la autoridad que la suscribió, así como la expresión de circunstancias que se tomaron en cuenta para emitirla; y el hecho de que en el apercibimiento del que se duele el actor, se hubiere omitido citar el dispositivo legal en el cual se contenga en forma concreta y específica la sanción por un determinado incumplimiento de su parte a lo requerido por los visitadores durante una visita domiciliaria, no causa agravios al causante, pues sólo se trata de un acto secundario que no es una consecuencia inmediata del objeto de la visita, es decir, es un acto futuro e incierto que cuando ocurriera, hasta entonces la autoridad se encontraría obligada a citar el motivo y fundamento de la sanción correspondiente.
Los anteriores argumentos se estiman infundados, pues aun cuando la orden de visita domiciliaria se hizo constar por escrito, en donde se señala la autoridad que la emitió, se expresa su objeto o propósito, así como que ostenta la firma del funcionario competente y el nombre de la persona a quien va dirigida y se indica el lugar donde debía efectuarse y el nombre de la persona o personas que la debían llevar a cabo; sin embargo, también es verdad que en el mismo documento se realizó un apercibimiento al causante en el que se omitió precisar el precepto legal que prevenía la infracción de las conductas del actor, en el caso de que no diera a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la orden, o se opusiera a la práctica de la visita, así como que no pusiera a su disposición todos los elementos que integraban la contabilidad o no proporcionara al personal autorizado los informes, datos y documentos que solicitaran para el ejercicio de las facultades de comprobación, puesto que únicamente la autoridad se concretó a manifestar que se procedería de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, sin expresar ningún fundamento legal en el que se apoyara, a fin de que el causante pudiera estar en aptitud de deducir si la omisión de alguna de esas conductas era motivo de infracción y cuál precepto legal disponía alguna sanción; luego entonces, tal como lo consideró la responsable, debe decirse que el apercibimiento resulta ilegal, por no encontrarse fundado, máxime que se trata de un acto de autoridad que constituye una forma de constreñir al gobernado para que dé cumplimiento a un mandato, por lo cual debe contener el ordenamiento en que se apoya y el precepto legal que establece la sanción correspondiente.
Tiene aplicación al caso, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tomo LII, Tercera Parte, página 61, bajo el rubro de: "APERCIBIMIENTOS COMO ACTOS DE AUTORIDAD. DEBE CITARSE EL ORDENAMIENTO EN QUE SE APOYAN.-Si un oficio de la autoridad administrativa impone deberes a la quejosa y la apercibe con sancionarla en caso de desacato, se constituirá un típico acto de autoridad, por unilateralidad, obligatoriedad y coercitividad. Todo ‘apercibimiento’ es una comunicación, una forma de constreñir al gobernado para que dé cumplimiento a un mandato autoritario, de manera que si éste es desobedecido, la medida con que se amenaza a aquél a quien se dirige dicho mandato, habrá de realizarse. La citada resolución no se limita, consecuentemente, a ser una simple llamada de atención para que la quejosa se ajuste a los reglamentos en vigor, sino que, como antes se dice, configura un acuerdo que dicha quejosa está obligada a cumplir, so pena de sufrir la sanción, que viene a ser, por consiguiente, un acto inminente, condicionado al no acatamiento del mandato en cuestión, por lo que resulta necesario que el mencionado mandato mencione el ordenamiento legal en que se apoya, a fin de que el afectado esté en aptitud de deducir si la citada sanción es violatoria de las disposiciones establecidas en el referido ordenamiento o si por el contrario se apega a él, en cuyo caso debe combatir el ordenamiento mismo. Es pues correcta la determinación del Juez a quo en el sentido de que no debe estimarse improcedente un juicio por el hecho de que no se reclame un ordenamiento que la quejosa ignoraba que le hubiese sido aplicado.".
No se opone a lo anterior, el argumento de la recurrente, en el sentido de que el apercibimiento constituye una manifestación de la autoridad que debe considerarse de carácter secundario y que ninguna relevancia tiene con el objeto principal e inmediato de la orden de visita, como lo es que la autoridad administrativa ejerciera sus facultades de comprobación de disposiciones fiscales por medio del dictado de esa orden, pues debe tenerse en cuenta que en el mismo documento se apercibió al causante para que otorgara todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de la orden, o en su caso se procedería conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, y como tal apercibimiento forma parte integrante del acto emitido por la autoridad, por ende, debía contener las disposiciones legales en que se apoyaba para dictar ese apercibimiento, y que a la vez permitiera conocer al contribuyente las sanciones que en su caso podrían imponerse por su incumplimiento, de tal manera que al no haberlo hecho así la autoridad administrativa, con ello causa agravios al causante; ante todo porque contrario a la estimación de la recurrente, el apercibimiento no puede considerarse como un acto secundario de la autoridad, en virtud de que se encuentra incluido en la propia orden de visita domiciliaria, por ello resultaba necesario que ésta reuniera las formalidades exigidas por el artículo 16 constitucional para su dictado, entre las que se encuentran que el acto esté debidamente fundado y motivado, y no basta que se precise el objeto o propósito de la visita, toda vez que la orden constituye un todo en el que debía mencionarse el precepto legal que servía de apoyo a la autoridad para emitir ese apercibimiento y las consecuencias del incumplimiento.
En este mismo orden de ideas, cabe puntualizar que este Tribunal Colegiado no comparte el criterio que cita el recurrente en su primer agravio, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece publicado en la página 310, del Tomo XIII-Marzo, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro de: "APERCIBIMIENTO. DISTINCIÓN ENTRE EL APERCIBIMIENTO COMO ACTO DE MOLESTIA Y EL APERCIBIMIENTO COMO SIMPLE ADVERTENCIA O INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES QUE IMPONE LA LEY A LOS CONTRIBUYENTES."; porque aun cuando en dicho criterio se hace una distinción entre el simple apercibimiento que produce sólo una llamada de atención o advertencia, y el apercibimiento como acto de molestia, en el que se previene con la aplicación de una medida disciplinaria ante el incumplimiento de una determinación de la autoridad, y se establece también que el simple apercibimiento no constituye un acto de molestia; sin embargo, en la especie el apercibimiento que se le hizo a la contribuyente en la orden de visita domiciliaria, no constituye una simple advertencia o llamada de atención, como pretende hacerlo valer la autoridad recurrente, pues en la orden de visita, se le impone al causante, actor en el juicio de nulidad, determinadas obligaciones, como son el de otorgar todas las facilidades necesarias a los visitadores y que proporcionaran la documentación que éstos requirieran para la práctica de la visita domiciliaria, y se le apercibió y constriñó para que diera cumplimiento a ese mandato de autoridad, de manera que si era desobedecido, se procedería en su contra de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación; las que constituyen circunstancias que ponen de relieve que el apercibimiento que se hizo en esos términos, no implica una simple llamada de atención, sino que produce las consecuencias de constreñir, coaccionar u obligar a los contribuyentes a que cumplan con ese mandamiento de autoridad; y la ilegalidad de dicho apercibimiento estriba, como correctamente lo estimó la Sala Fiscal, en que la autoridad no le previno o hizo saber al obligado, cuál era el o los artículos específicos del Código Fiscal de la Federación que contemplan las consecuencias o sanciones que se le aplicarían en caso de desobediencia o incumplimiento; y ante tales circunstancias, resulta evidente que el mencionado acto de autoridad carece de una correcta fundamentación y motivación; por lo tanto, debe decirse que no tiene aplicación la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a que se ha hecho alusión, y en cambio resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribió con anterioridad.
De igual forma, en relación con la tesis que cita la recurrente bajo el rubro de "MEDIDAS DE APREMIO. EL REQUERIMIENTO, CON APERCIBIMIENTO GENÉRICO DE IMPONERLAS, ES ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY RECLAMADA, QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.", cabe decir, que tampoco tiene aplicación en la especie, toda vez que dicho criterio se refiere al caso de aplicación de una norma reclamada en el juicio de amparo, situación que no tiene relevancia ni se equipara con la cuantía planteada en esta revisión.
Tampoco le asiste la razón a la recurrente, al sostener que el apercibimiento es un acto futuro e incierto y que en caso de que sucediera, sería el momento en que la autoridad estuviera obligada a citar el motivo y fundamento de la sanción que correspondiera, pues en este aspecto cabe decir, que los actos futuros son aquellos que aún no se han realizado y no existe una certeza clara y fundada de que se realicen; empero, en la especie tal circunstancia no se actualiza, porque el acto de autoridad ya fue dictado en esa orden de visita domiciliaria, y a lo que se refiere la inconforme, son los efectos que pudiera acarrear ese apercibimiento, en el sentido de que en el supuesto de que el contribuyente incurriera en alguna de las conductas señaladas en el mismo, entonces la obligación de fundar y motivar se establecería en la sanción, lo cual resulta ser un acto independiente de la orden de visita domiciliaria; por consiguiente contrario a lo estimado por la recurrente, cabe concluir que en la propia orden emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal debieron citarse los fundamentos legales que apoyaran el dictado del apercibimiento impugnado, para que el causante estuviera en posibilidades de conocer las consecuencias de su incumplimiento.
Por otra parte, se alega que el apercibimiento de mérito, se hizo como una advertencia o prevención que da a conocer al contribuyente las consecuencias que se generarían de no acatar una obligación que le impone la propia ley y, por ende, no constituye un acto de molestia; afirmaciones las anteriores que se estiman infundadas, si se toma en consideración que el apercibimiento es una comunicación, una forma de constreñir al gobernado para que dé cumplimiento a un mandato autoritario, de manera que si éste es desobedecido, la medida con que se amenaza a aquel a quien se dirige dicho mandato, habrá de realizarse; y si en la especie se encuentra demostrado que al contribuyente se le apercibió para que otorgara todas las facilidades necesarias a los visitadores y proporcionara la documentación que éstos requirieran para la práctica de la visita domiciliaria, y que en caso contrario se actuaría conforme a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, es inconcuso, que no se le hizo solamente una advertencia, además de que concretamente tampoco se expresaron los preceptos legales que prevenían las obligaciones del causante y las consecuencias de su incumplimiento; a lo que habría de añadir, que si bien en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación el visitado tiene la obligación de permitir a los visitadores designados, el acceso al lugar objeto de la visita, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales; sin embargo, también es verdad que dicho precepto no fue citado por la autoridad administrativa en apoyo del apercibimiento dictado, y por tanto esas obligaciones las desconocía el contribuyente, motivo por el cual tampoco puede estimarse que únicamente se realizó una advertencia o prevención de las consecuencias que se generarían por no acatar las obligaciones que impone la ley, en virtud de que a la autoridad le corresponde fundamentar los actos de molestia que emite en contra de los gobernados, y por esa circunstancia debieron darse a conocer los preceptos legales que prevenían las obligaciones del causante y las consecuencias de su incumplimiento, y al no haberlo hecho así el administrador local de Auditoría Fiscal, con ello causó agravios al contribuyente.
Por otro lado, y con relación a la falta de análisis de los argumentos vertidos en la contestación de la demanda de nulidad, cabe mencionar que la responsable en forma acertada consideró que al ser suficiente el agravio de la falta de fundamentación de la orden de visita domiciliaria por las razones expresadas con anterioridad, con ello se declaraba la nulidad lisa y llana de la resolución combatida en el juicio de nulidad, y por ende, resultaba innecesario entrar al estudio y resolución del resto de los conceptos anulatorios aducidos por la parte actora, ya que no conducirían a que se variara el sentido de la resolución, pues lo anterior lleva a concluir, que si bien el Tribunal Fiscal no menciona los argumentos de la contestación a la demanda, esgrimidos por la autoridad hacendaria, sin embargo, tal circunstancia no le irroga agravio alguno a dicha autoridad, toda vez que cuando se alegan violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de legalidad por la falta de fundamentación de la orden de visita domiciliaria, y tales inconformidades resultan ser fundadas, es de explorado derecho que no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto del nuevo acto que emita la autoridad, a quien no se le puede impedir que lo dicte purgando los vicios formales del anterior.
En el segundo de los agravios sostiene la recurrente, que no debió decretarse la nulidad lisa y llana, como se establece en la sentencia combatida, sino la nulidad para efectos, por tratarse de un vicio de forma. Lo anterior es infundado, ya que el artículo 238, fracción II, del Código Fiscal Federal establece lo siguiente: "Artículo 238. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: ... II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.".
Así como que, ante tal hipótesis, procede el decretar la nulidad para efectos, en términos de lo dispuesto por el artículo 239, fracción III, en su primer y último párrafo, de dicho código, que establece lo siguiente: "Artículo 239. La sentencia definitiva podrá: ... III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales ... Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 238 de este código, el Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales.".
Sobre el particular, cabe señalar que los citados preceptos, se refieren a que debe decretarse la nulidad para efectos, en los casos de violaciones formales cometidas al dictarse la resolución administrativa, y en las hipótesis que nos ocupa, los vicios se contienen en la orden de auditoría, por lo que no procede el decretar la nulidad para efectos, si la autoridad fiscal no ha iniciado aún sus facultades de comprobación, lo que impide que la nulidad se declare para efectos, como si se tratara de vicios en el procedimiento de fiscalización, ya que tal decisión sólo puede decretarse ante un procedimiento que jurídicamente se inició, mas no de aquel que no llegó a instaurarse, por estar viciado de origen, por lo que es correcto que se decretara la nulidad lisa y llana, en términos de lo dispuesto por el artículo 238, fracción IV, del citado Código Fiscal. Resultan aplicables al presente caso, la tesis jurisprudencial No. 881, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, páginas 676 y 677, bajo el rubro de: "ORDEN DE AUDITORÍA. LA SENTENCIA FISCAL QUE DECLARA SU NULIDAD DEBE SER LISA Y LLANA Y NO PARA EFECTOS.-El procedimiento de auditoría encuentra su origen en la orden de visita que tenga por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se inicia con la notificación de dicha orden y culmina con la decisión de la auditoría fiscal en que se determinan las consecuencias legales de los hechos u omisiones que se advirtieron en la auditoría. Por tanto, si la nulidad de la resolución fiscal impugnada se suscitó a consecuencia de que la orden de auditoría que la antecedió contiene vicios, por haberse dictado en contravención de las disposiciones aplicadas o por haberse dejado de aplicar las debidas, tal nulidad debe ser lisa y llana, en términos del artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que al ser nula la orden de visita es nulo todo el procedimiento de fiscalización desde su origen y, en estas circunstancias, válidamente puede decirse que la autoridad fiscal no ha iniciado sus facultades de comprobación, pues éstas se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente a fin de comprobar si ha cumplido con las disposiciones fiscales, como lo señala el artículo 42 del citado cuerpo legal. Luego, la ilegalidad en la orden de auditoría impide que la nulidad se declare para efectos, como si se tratara de vicios en el procedimiento de fiscalización, puesto que tal decisión sólo puede justificarse ante un procedimiento que jurídicamente se inició, pero no respecto de aquel que no llegó a instaurarse por haber estado viciado desde su origen."; y la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII-Marzo, página 408, bajo el rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA. PRODUCE SU NULIDAD LISA Y LLANA.-Si la Sala Fiscal declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada con apoyo en los artículos 237 y 238, fracción IV, y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, tal determinación es correcta, si se toma en consideración que la omisión de expresar en la orden de visita las obligaciones fiscales que van a verificarse se traducen en una violación al artículo 16 constitucional; orden que además constituye un acto primigenio a la visita domiciliaria y al acta respectiva cuya ilegalidad invalida todos los actos subsecuentes. También debe considerarse correcta la nulidad lisa y llana decretada por la Sala, y no la nulidad para efectos que pretende la autoridad inconforme, con apoyo en la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, ya que de acuerdo a este precepto legal no se deben fijar efectos cuando se trate de facultades discrecionales, y es claro que la facultad para emitir una orden de visita es discrecional, emanada del imperativo consignado en el artículo 16 constitucional, que dice que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias para cerciorarse de que se han cumplido las disposiciones fiscales. La anterior conclusión no está en desacuerdo con lo dispuesto en la parte final del artículo 239 del Código Fiscal que dice: ‘El Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se emita nueva resolución cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, y en su caso, V del artículo 238 de este código.’. Las fracciones que interesan en el caso son la II y la III. La primera de éstas determina que una resolución es ilegal, por omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución, inclusive, la ausencia de fundamentación y motivación en su caso. En asuntos como el que nos ocupa no se comete la violación formal al dictarse la resolución impugnada sino en la orden de visita, de manera que no se está en el supuesto de la fracción II aludida. Asimismo, la violación directa al artículo 16 constitucional se dio en la orden de visita y no en el procedimiento respectivo y, por ende, tampoco se actualiza la hipótesis a que se refiere la fracción III del artículo invocado que dice ‘Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: ... III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.’. Lo anterior es así, pues la orden de visita no se produce durante la secuela del procedimiento, ya que es la orden la que en todo caso da lugar a que se forme ese procedimiento, previsto y regulado por los artículos 44, 45, 46 y 47, y demás relativos del Código Fiscal Federal, en cuyas disposiciones se contemplan las reglas y requisitos que deben contener las visitas así como el procedimiento a seguir para culminarlas en un acta final; de manera que al no quedar comprendida como un ‘vicio del procedimiento’, la violación relativa no encuadra en las fracciones II y III del pluricitado artículo 238, por lo que la Sala no tenía por qué ordenar que se repusiera la emisión de tal orden. Sin embargo, lo antes dicho no significa que la nulidad de que se trata restrinja el imperio de la autoridad para emitir otra orden de visita en uso de sus propias atribuciones pero en un nuevo acto, ya que es criterio reiterado que cuando una orden de visita no reúne las formalidades constitucionales no se puede impedir a la autoridad que emita las que considere necesarias; pero eso sí, independientemente de la que fue declarada nula.".
Alega la recurrente, que conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, se persigue el propósito de que la autoridad hacendaria subsane el vicio formal, como debió decretarlo la Sala Fiscal; a lo que cabe decir, que tal situación no es aplicable al presente tema, ya que se refiere a los supuestos de nulidad previstos por los artículos 238, fracciones II y III, de dicha ley y, en la especie se trata de la fracción IV, del propio numeral, en el que procede la nulidad lisa y llana.
Por lo que toca a los criterios que citan a fojas 18 y 19 de sus agravios, emitidos por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 275/95 y el emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 916/96, no son de tomarse en consideración, ya que no está acreditada su existencia en autos, ni tampoco indican si de dichos fallos se hubiere pronunciado alguna tesis al respecto que los identifique, como lo establece el artículo 196 de la Ley de Amparo.
En mérito de lo anterior, y al no conculcarse agravio alguno en perjuicio de la recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa, que declaró la nulidad de la resolución combatida en el juicio de nulidad.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, 104 fracción I-B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la resolución que se revisa, pronunciada por la Sala Regional Norte-Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila, en el juicio de nulidad, expediente 1191/97, promovido por Gabriel Hugo de la Mora Esquivias.
SEGUNDO.-Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, expediente número 1191/97, promovido por Gabriel Hugo de la Mora Esquivias.
Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de registro, con testimonio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad archívese este expediente.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran al Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, licenciados Marco Antonio Arroyo Montero, Teresa Munguía Sánchez y Pablo Camacho Reyes, siendo ponente el tercero de los nombrados.
Nota: La tesis de rubro: "MEDIDAS DE APREMIO. EL REQUERIMIENTO, CON APERCIBIMIENTO GENÉRICO DE IMPONERLAS, ES ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY RECLAMADA, QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.", citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, agosto de 1997, página 156, tesis 2a./J. 36/97.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6209-2a3da2de/visita-domiciliaria-orden-de-el-apercibimiento-generico-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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