PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. PROCEDE CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO EN PARCIALIDADES EN QUE INCURRE EL CONTRIBUYENTE QUE AUTODETERMINÓ EL CRÉDITO FISCAL SI EXISTE UNA RESOLUCIÓN EJECUTIVA DE LA AUTORIDAD DEBIDAMENTE NOTIFICADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL QUINTO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-De las copias fotostáticas certificadas de las resoluciones remitidas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, se advierte que el criterio adoptado por dicho tribunal deriva de las consideraciones que se reproducen a continuación (se transcribe únicamente la resolución recaída en la revisión fiscal número 15/97, por ser muy similar a las diversas pronunciadas por dicho órgano colegiado).
Revisión fiscal número 15/97:
"CUARTO.-Son infundados los agravios expresados.-Dada la extensión de los mismos, conviene resumir que en el inciso a), la autoridad inconforme alega en esencia tres aspectos fundamentales, consistentes en: I. Que la sentencia recurrida infringe el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, porque la autodeterminación de adeudo por parte del contribuyente, se hizo exigible en términos de los diversos artículos 66, fracción III, inciso c) y 151 del citado ordenamiento legal; II. Que la Sala a quo condicionó de hecho y no de derecho, la instauración del procedimiento administrativo de ejecución, confundiendo el acto de autoridad con la exigibilidad de un crédito fiscal, que puede ser determinado tanto por el particular como por la autoridad, de manera que si aquél deja de pagar resulta intrascendente quién lo hubiese cuantificado; y, III. Que ninguno de los artículos 4o., 65, 144, 145 y 151 del Código Fiscal de la Federación, establecen que para la exigibilidad de un crédito, se requiera la determinación de autoridad y sí por el contrario, los artículos 4o. y 6o. señalan qué debe entenderse por créditos fiscales y que corresponde a los contribuyentes la determinación de los mismos, lo cual se corrobora en su concepto, con el criterio que este Tribunal Colegiado sostuvo al resolver el amparo directo 298/96.-Estos argumentos son infundados, pues en relación con la primera cuestión, debe decirse que el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y seis, que resulta ser el aplicable porque la resolución impugnada es de fecha veintiséis de septiembre de ese año, establece la facultad de las autoridades fiscales, para autorizar el pago en parcialidades de contribuciones omitidas y de sus accesorios, señalando los conceptos que integrarán cada parcialidad, esto es la contribución omitida, recargos, multas y actualización; asimismo que al autorizar el pago a plazos, deben exigir que se garantice el interés fiscal en los términos de este código y de su reglamento; por último, la fracción III, inciso c), establece: ‘Quedará revocada la autorización para pagar a plazo en forma diferida o en parcialidades, cuando: ... c) El contribuyente no pague tres parcialidades sucesivas.-No procederá la autorización a que se refiere este artículo, tratándose de contribuciones que debieron pagarse en los tres meses anteriores al mes en el que se solicite la autorización, excepto cuando se cumpla con los requisitos que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general o en los casos de aportaciones de seguridad social.-No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la autorización a que se refiere este artículo no procederá tratándose de contribuciones pagaderas en los plazos a que se refiere dicho párrafo, cuando las mismas se adeuden con motivo de importación o exportación.-La autoridad fiscal podrá determinar y cobrar el saldo insoluto de las diferencias que resulten por la presentación de declaraciones, en las cuales, sin tener derecho al pago en parcialidades, los contribuyentes hagan uso en forma indebida de dicho pago en parcialidades.’.-Por otra parte, el artículo 151 del Código Fiscal referido, establece las reglas para el procedimiento de pago y embargo, señalando en lo conducente que las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y de no hacerlo en el acto, procederán al embargo de bienes; y la última parte de esta disposición legal, establece: ‘Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga, o de la autorización para pagar en parcialidades, por error aritmético en las declaraciones o por situaciones previstas en la fracción I del artículo 41 de este código, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento.’.-Ante tal situación, es inexacto que un crédito fiscal autodeterminado por el contribuyente y autorizado su pago en parcialidades, por las autoridades fiscales, se haga exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución, por el solo hecho de que el contribuyente deje de pagar tres parcialidades sucesivas, pues sobre este aspecto el artículo 66, fracción III, inciso c) del Código Fiscal en comento, sólo establece que quedará revocada la autorización para pagar en parcialidades y en el último párrafo señala, que la autoridad fiscal podrá determinar y cobrar el saldo insoluto de las diferencias que resulten por la presentación de declaraciones, en las cuales sin tener derecho al pago en parcialidades, los contribuyentes hagan uso indebido de esa forma de pago. Es decir, esta disposición legal establece que la falta de pago de tres parcialidades sucesivas conducirá a la revocación de dicha autorización y deja abierta la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda determinar y cobrar el saldo insoluto de las diferencias que resulten por la presentación de declaraciones.-Respecto del segundo aspecto, cabe decir que si bien en términos del artículo 4o. del Código Fiscal en comento, son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena; y que el artículo 6o. del mismo ordenamiento legal establece, en lo que interesa, esto es en su tercer párrafo, que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario, y que si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria para ello, lo que implica que ciertamente la determinación de un crédito fiscal puede realizarse tanto por el particular como por la autoridad; sin embargo, la única pero fundamental diferencia estriba, en que la primera no da origen al procedimiento administrativo de ejecución y la segunda sí, tan es así que respecto de aquella que formula el contribuyente, no es definitiva puesto que la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación, puede verificar que las declaraciones o autocorrecciones se encuentren ajustadas a la ley y de no ser así, determinarán las diferencias existentes a través de una resolución, que debe ser notificada al particular y en caso de que no pague la cantidad determinada por la autoridad, se hará exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución.-Lo antes considerado es justificable, porque si sólo existe una determinación del crédito fiscal por parte del contribuyente, por su propia naturaleza no puede tener ejecución coactiva; en cambio, como bien lo advirtió la Sala a quo, es necesaria la determinación del crédito a través de una resolución de autoridad, para que en su caso, de no cumplirse se haga efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución.-Cabe señalar que si el artículo 66, fracción III, inciso c) del Código Fiscal en consulta, no establece como sanción para el contribuyente que deje de pagar tres parcialidades sucesivas, la exigibilidad del crédito autodeterminado, sino únicamente la revocación de la autorización para pagar en plazos, carece de aplicación el último párrafo del artículo 151 del mismo ordenamiento legal, el cual debe entenderse que se refiere al caso en que previamente a la autorización del pago en parcialidades, ya existe una resolución de autoridad que determinó el crédito fiscal en cantidad líquida y únicamente se autorizó el pago en parcialidades en términos del citado artículo 66, ya que en este supuesto, si el contribuyente deja de pagar tres parcialidades sucesivas, no queda sujeto únicamente a la revocación de la autorización, sino desde luego a la exigibilidad del crédito previamente determinado.-No sucede lo mismo, en casos como el de la especie, en que como lo ha venido reconociendo la autoridad recurrente, no existe ninguna determinación de autoridad sobre el crédito fiscal autodeterminado por la contribuyente, de manera que si ésta dejó de pagar tres parcialidades sucesivas, solamente puede afectarle la sanción consistente en quedar revocada la autorización del pago a plazos, pero no es motivo para que se haga exigible el crédito en forma inmediata a través del procedimiento administrativo de ejecución, en virtud de que su determinación no es definitiva, dado que la autoridad fiscal en uso de sus facultades legales de verificación, puede corroborar si las declaraciones y la autocorrección respectivas, se ajustan o no a la ley y en su caso determinar y cobrar el saldo insoluto, ahora sí a través de dicho procedimiento.-De lo contrario, se daría pie para que un acto de particular se hiciera exigible a través del procedimiento administrativo de referencia, siendo que por regla general y en términos del artículo 151 del Código Fiscal en comento, las autoridades fiscales pueden hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, mediante dicho procedimiento, esto es cuando ya se encuentra determinado por la autoridad no solamente el importe de la contribución respectiva, sino que también como lo señala el artículo 66 de los conceptos que integrarán el monto de cada parcialidad.-Por cuanto al tercer aspecto, debe decirse que expresamente no existe disposición legal que establezca que únicamente una resolución de autoridad sobre un crédito fiscal, puede dar origen a la instauración del procedimiento administrativo de ejecución, sin embargo, esto se infiere de las disposiciones legales que se invocan en la sentencia recurrida, puesto que en primer lugar, el artículo 144 del Código Fiscal en consulta, establece entre otras cosas, que no se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación; por lo tanto, para que pueda notificarse un crédito fiscal al particular, es necesario que la autoridad lo determine, a fin de que tenga la oportunidad no solamente de cumplir en tiempo con el pago, sino principalmente de impugnarlo y la forma en que en el caso, la autoridad fiscal pretende llevar a efecto el cobro del crédito fiscal autodeterminado, implica que no habría determinación de autoridad que pudiera notificarse, ni mucho menos posibilidad de que el contribuyente la impugnara.-Asimismo, es inexacto que los argumentos de la autoridad recurrente se corroboren con la ejecutoria que pronunció este Tribunal Colegiado, dentro del expediente de amparo directo 298/96, pues de la parte que se transcribe por dicha autoridad, si bien se desprende que corresponde al particular la determinación de las contribuciones a su cargo, como lo prevé el artículo 6o. del Código Fiscal en comento, y que aun cuando exista la solicitud de autorización para el pago del adeudo en parcialidades de un crédito, no constituye resolución definitiva de autoridad que pudiera ser impugnable a través del juicio de nulidad precisamente porque se trata de actos de particulares, por lo que aplicando este mismo criterio al caso, resulta que la autodeterminación de un crédito por parte del mismo contribuyente, cuando éste deja de pagar tres parcialidades consecutivas, no puede dar origen de inmediato al procedimiento administrativo de ejecución, por tratarse de un acto de particular.-En los incisos B), C) y D) de los agravios que se examinan, la autoridad recurrente reitera prácticamente los mismos argumentos contenidos en el inciso A), con la salvedad de que se invocan dos tesis jurisprudenciales cuyos rubros dicen: ‘PRÓRROGA O AUTORIZACIÓN PARA PAGAR EN PARCIALIDADES, NO PUEDE SUBSISTIR EL PORCIENTO DE RECARGOS, PREVISTO PARA LOS SALDOS INSOLUTOS CON MOTIVO DE PAGOS PARCIALES, CUANDO SE PRODUCE EL CESE DE LA.’ y ‘PAGO DE CONTRIBUCIONES EN PARCIALIDADES, EL CONTRIBUYENTE NO PUEDE DESISTIR VOLUNTARIAMENTE DE LA OBLIGACIÓN DEL.’.-Esta otra parte de argumentos, que en realidad se reducen a lo mismo, esto es al punto concreto de que si la autodeterminación por parte del contribuyente, que solicita y se le autoriza el pago del adeudo en parcialidades, si al dejar de pagar tres de aquéllas en forma consecutiva, puede hacer exigible inmediatamente el crédito y dar origen al procedimiento administrativo de ejecución, para exigir el pago total, o bien si como lo consideró la Sala Regional a quo, debe emitirse una resolución a fin de que se notifique y de no ser impugnada, entonces sí se instaura el procedimiento referido para exigir el pago del crédito fiscal ya determinado por la autoridad.-Sobre esta cuestión principal, este Tribunal Colegiado estima correcta la consideración de la Sala Regional a quo, porque se encuentra acorde a las razones expresadas con antelación y porque se apoya en un criterio jurisprudencial que este Tribunal Colegiado comparte plenamente.-En efecto, la Sala Regional no sólo condicionó la instauración del procedimiento administrativo de ejecución, de hecho como lo alega la recurrente, sino de derecho, porque así se desprende de una sana interpretación de los artículos 65, 66, 144 y 145 del Código Fiscal referido, puesto que como ya se ha señalado, si un crédito fiscal debe pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación, y si no se puede ejecutar hasta que venza el plazo de cuarenta y cinco días, implica que tratándose de cualquier crédito fiscal, esto es, ya sea que se determine por la autoridad hacendaria en uso de sus facultades de comprobación, o bien que puede surgir con motivo de una declaración complementaria o de una autocorrección, deberá existir una resolución de autoridad en donde se precise la omisión de pago en que haya incurrido el contribuyente, o bien la falta de cumplimiento del pago de tres parcialidades sucesivas, determinando en cantidad líquida lo que se pretenda cobrar, que es lo que hace exigible al crédito y por consecuencia justificable el procedimiento administrativo de ejecución. Es aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este tribunal comparte, visible en las páginas 710 y 711, del Tomo IV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de mil novecientos noventa y seis, que dice: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. NO PUEDE INICIARSE EL. SI NO ESTÁ PREVIAMENTE DETERMINADO Y NOTIFICADO UN CRÉDITO FISCAL. AUN CUANDO EL CONTRIBUYENTE UNA VEZ QUE OPTÓ POR AUTOCORREGIRSE HAYA INCUMPLIDO CON EL PAGO EN PARCIALIDADES.’ (se transcribe).-No es obstáculo para lo anterior, la diversa tesis que invoca la autoridad recurrente, cuyo rubro dice: ‘PRÓRROGA O AUTORIZACIÓN PARA PAGAR EN PARCIALIDADES, NO PUEDE SUBSISTIR EL POR CIENTO DE RECARGOS, PREVISTOS PARA LOS SALDOS INSOLUTOS CON MOTIVO DE PAGOS PARCIALES, CUANDO SE PRODUCE EL CESE DE LA.’, puesto que de su contenido, se desprende que se apoya en el artículo 21, fracción III del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos ochenta, que además de la sanción para el contribuyente que dejaba de pagar algunas parcialidades, no solamente cesaba la prórroga o autorización para pagar en esa forma, sino que expresamente establecía que el crédito sería inmediatamente exigible, lo que no sucede actualmente con lo dispuesto por el artículo 66, fracción III, inciso c) del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y seis.-Tampoco es obstáculo la diversa tesis invocada por la autoridad recurrente, cuyo rubro dice: ‘PAGO DE CONTRIBUCIONES EN PARCIALIDADES, EL CONTRIBUYENTE NO PUEDE DESISTIR VOLUNTARIAMENTE DE LA OBLIGACIÓN DEL.’, que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 589, del Tomo II, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y cinco, porque si bien se refiere a que el particular no puede legalmente desistir a voluntad de su obligación de pago en parcialidades; sin embargo, no contempla la misma situación, es decir si el solo incumplimiento del pago en parcialidades, sin existir una determinación de autoridad, sobre un crédito autodeterminado, puede o no dar origen al procedimiento administrativo de ejecución por lo que resulta inaplicable.-Por último, cabe destacar que la propia autoridad recurrente señala que no podría ser materia de impugnación por el contribuyente, su propia autodeterminación, dado que sólo pueden recurrirse los actos de autoridad, de tal suerte que por lógica consecuencia tampoco podría servir de base para la iniciación del procedimiento administrativo de ejecución, la autocorrección que presentó el contribuyente, ya que de lo contrario, como se ha dicho, se llegaría al extremo de hacer efectivo un acto de particular a través de un procedimiento coactivo, que sólo es dable a instaurar en tratándose de actos o resoluciones de autoridad.-En las condiciones anteriores procede confirmar el fallo que se revisa."
QUINTO.-Por otra parte, de la copia fotostática certificada relativa a la revisión fiscal número 30/99, promovida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fallado con fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que se toma como modelo de entre las pronunciadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, se advierte que dicho órgano colegiado apoyó su criterio en las siguientes consideraciones:
Revisión fiscal número 30/99:
"SEXTO.- ... Son sustancialmente fundados los agravios esgrimidos, pues tal y como lo refieren las autoridades inconformes, en los casos en que el contribuyente se autodetermina no es necesario que la autoridad hacendaria emita resolución liquidatoria de un crédito, en atención a que en términos del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, corresponde originalmente al propio particular determinar el alcance de sus obligaciones fiscales, de modo que si éste ocurre ante la autoridad a manifestar a cuánto ascienden sus obligaciones, y para el efecto de su cumplimiento pide que se le permita enterar el importe de su obligación en mensualidades, y la autoridad accede a la petición, con tal actuación y por consenso de ambas (contribuyente y autoridad fiscal) queda establecido el importe del crédito a liquidar, por lo que no existe la necesidad de que el fisco ejerza sus facultades de comprobación, ni de que liquide un crédito que ya es líquido y determinado.-Luego, si precisamente el crédito C-00089860, que concierne a la autorización de pago en parcialidades solicitado por el contribuyente a la exactora, es el que se le requiere en pago en la resolución que se impugna, es incuestionable que, como lo aducen las autoridades inconformes, el actor en el juicio natural no puede argumentar válidamente la omisión de la emisión de la resolución liquidatoria del crédito cuyo pago se le requiere, puesto que corresponde precisamente al que de propia voluntad se autodeterminó, y después de informarlo a la autoridad hacendaria, le solicitó que le permitiera pagar en parcialidades el monto de su autodeterminada contribución.-Por otra parte, también asiste razón a las autoridades inconformes al sostener que el acto combatido, en el aspecto analizado, se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que los numerales 66 y 151 del Código Fiscal de la Federación, justifican el requerimiento de pago cuestionado, pues el primero de ellos establece, en su fracción III, que la autorización para pagar en parcialidades quedará revocada ante el impago de tres parcialidades consecutivas, y el segundo de los dispositivos prevé el derecho de la autoridad hacendaria de hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requiriendo de pago al deudor, y en caso de que no sea cubierto, podrá proceder al embargo en los términos que el propio artículo dispone, estableciendo en el cuarto párrafo de su fracción II, que: ‘Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga, o de la autorización para pagar en parcialidades ...’, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento; esto es, que tal disposición no remite, para hacer efectivo el crédito, a los términos y condiciones que refieren los artículos 144 y 145 del Código Fiscal, sino que le permite a la autoridad requerir al contribuyente cuando se revoque la autorización de pago en parcialidades, de lo que se concluye que como lo refieren las inconformes, tales disposiciones, sin lugar a dudas, establecen el fundamento para que la autoridad demandada formulara el requerimiento al actor, al haberse ubicado en el supuesto contemplado en la fracción III del artículo 66 citado, y por ende, para formular el requerimiento de pago no era necesario que la autoridad demandada agotara el procedimiento establecido en los artículos 144 y 145 del Código Fiscal de la Federación, para determinar en cantidad líquida el crédito, como lo estimó la autoridad sentenciadora, pues éste ya se encontraba determinado.-Sirve de apoyo en lo conducente la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal comparte, visible a foja 374, Parte II, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: ‘PARCIALIDADES. CON LA SOLICITUD DE CONVENIO DE PAGO, SE GENERA LA OBLIGACIÓN DE EMPEZAR A ENTERARLAS.’ (se transcribe).-Atento a lo razonado, procede declarar fundado el presente recurso, revocar la sentencia recurrida y devolver los autos a la Sala Fiscal, para que emita otra en la que atienda lo expuesto en la presente ejecutoria, y resuelva lo que en derecho corresponda respecto de los conceptos de anulación que se abstuvo de estudiar.-Lo que es acorde con la jurisprudencia por contradicción de tesis número 6/91, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 759 y vuelta, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, que dice: ‘REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe)."
SEXTO.-Del estudio de las ejecutorias transcritas se advierte que sí existe contradicción de tesis en los términos de la denuncia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, en virtud de que esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que para que exista materia sobre la cual pronunciarse, esto es, para que se pueda dilucidar cuál tesis debe prevalecer en un caso determinado de contradicción, debe existir discrepancia de criterios jurídicos respecto de una misma situación jurídica.
De las ejecutorias pronunciadas por los órganos colegiados contendientes se advierte que ambos analizaron un mismo problema jurídico, a saber, el relativo a determinar si el crédito fiscal autodeterminado por el contribuyente, respecto del cual se autorizó el pago en parcialidades, es exigible por las autoridades fiscales a través del procedimiento administrativo de ejecución con motivo de la falta de pago de tres de ellas, o bien, si para ello es menester que exista una resolución administrativa previa que lo determine en cantidad líquida.
Asimismo, se advierte que ambos tribunales llegaron a conclusiones divergentes, en tanto que mientras el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito sostuvo que la autodeterminación del contribuyente hace innecesaria la emisión de una resolución administrativa para la procedencia del trámite económico-coactivo, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito estimó que es necesaria la existencia de una resolución por parte de la autoridad hacendaria que, en uso de sus facultades de comprobación, determine el crédito y, así, pueda intentar el procedimiento ejecutivo.
SÉPTIMO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en el caso debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio definido al final de este considerando por los motivos que a continuación se exponen:
De los antecedentes del caso conviene destacar lo siguiente:
El criterio que sustenta el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, se centra en lo esencial, en que cuando el contribuyente se autodetermina no es necesario que la autoridad hacendaria emita una resolución liquidatoria del crédito fiscal, en atención a que en términos del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, corresponde originalmente al particular determinar sus obligaciones fiscales, de modo que si éste ocurre ante la autoridad a hacer de su conocimiento el monto de las contribuciones que adeuda y a solicitar la autorización para efectuar el entero en parcialidades, y la autoridad accede a la petición, con tal actuación queda establecido el importe del crédito por consenso entre ambas partes.
Que en mérito de lo anterior, es inconcuso que ante la falta de pago de tres parcialidades no debe estarse a los supuestos que prevén los artículos 144 y 145 del código tributario, sino que la autoridad hacendaria se encuentra facultada para requerir al contribuyente el pago del adeudo que previamente fue determinado.
En tanto, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, considera que:
a) De lo dispuesto en el artículo 66, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se sigue que la falta de pago de tres parcialidades sucesivas conducirá a la revocación de la autorización relativa, mas no a que el crédito autodeterminado sea exigible inmediatamente, pues en el caso referido se deja abierta la posibilidad de que la autoridad hacendaria determine y cobre el saldo insoluto de las diferencias que resulten por la presentación de declaraciones;
b) Si bien es cierto que la determinación de un crédito fiscal puede realizarse tanto por el particular como por la autoridad, existe una diferencia entre ambas situaciones, en tanto que la primera (autodeterminación), no da origen al procedimiento administrativo de ejecución y la segunda sí; ello, en virtud de que la actuación del particular, por propia naturaleza, carece de ejecución coactiva al no ser definitiva, pues la autoridad fiscal, en ejercicio de sus facultades de comprobación, puede verificar que las declaraciones o autocorrecciones se encuentren ajustadas a la ley;
c) Que para determinar el alcance del artículo 66, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en relación con el último párrafo del diverso 151 del propio ordenamiento legal, deben distinguirse dos situaciones:
- Si previamente a la autorización del pago en parcialidades, ya existe una resolución de autoridad que determinó el crédito fiscal en cantidad líquida; supuesto en el que la falta de pago de tres parcialidades sucesivas trae consigo no sólo la revocación de la autorización, sino la exigibilidad del crédito previamente determinado por la resolución de la autoridad.
- Si no existe determinación previa de la autoridad, sino únicamente la derivada de la actuación del contribuyente, la falta de pago de tres parcialidades se concreta a la revocación para efectuar el pago en mensualidades, sin que se haga exigible el crédito en forma inmediata a través del procedimiento administrativo de ejecución, en virtud de que la autodeterminación no es definitiva sino que queda sujeta a las facultades de verificación.
Que concluir lo contrario en esta hipótesis, daría lugar a que un acto de un particular origine el procedimiento coactivo, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 151 del código citado que establece que las autoridades fiscales pueden hacer exigible un crédito cuando ya se encuentra determinado por ellas, y que esto no solamente comprende el importe de la contribución respectiva sino los conceptos que integran el monto de cada parcialidad.
Sentado lo anterior, se advierte que la divergencia de criterios que se plantea en el caso concreto, deriva del argumento sintetizado previamente y que en forma expresa distingue el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consistente en determinar las consecuencias de la falta de pago de tres parcialidades en el supuesto de que no exista resolución liquidatoria del crédito fiscal emitida en forma previa por la autoridad, sino únicamente la actuación del contribuyente.
Lo anterior, en virtud de que el supuesto en que la autoridad fiscal determinó el crédito fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación no fue estimado necesario por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.
Ahora bien, para dilucidar el problema jurídico de que se trata es menester atender inicialmente a los diversos momentos que configuran el tributo.
El tributo se origina cuando se actualiza el hecho imponible, esto es, cuando el sujeto pasivo se coloca en la hipótesis normativa prevista en la ley, realizando el hecho generador, tal como lo establece el artículo 2o., fracción I, del Código Fiscal de la Federación, cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo 2o. Las contribuciones se clasific
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6255-1147dc17/procedimiento-administrativo-de-ejecucion-procede-con-motivo-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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