AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS.
AMPARO EN REVISION 212/92. VICTOR MANUEL FLORES DENICIA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-La parte considerativa de la sentencia de la sentencia recurrida textualmente expresa: "Primero.-Las autoridades responsables señaladas en la demanda de garantías rindieron su informe justificado negando la existencia de los actos reclamados. Segundo.-Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las partes aleguen su existencia o se oficio por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo dispuesto por la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo. A juicio del suscrito, debe sobreseerse en el juicio con base en lo dispuesto por los artículos 11, 73, fracción XVIII y 74, fracciones III y IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. En efecto, como se advierte de la demanda de garantías, el quejoso reclama del presidente, secretario y síndico del Municipio de Puebla, directores de Desarrollo Urbano y Ecología, de Obras Públicas y de Servicios Públicos del propio Municipio, la expedición y ejecución del decreto expropiatorio, expedido el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno; sin embargo, tales autoridades al rendir su informe justificado categóricamente negaron haber emitido de mutuo proprio el referido acto, aduciendo que quien lo emitió fue el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, fracción XV de la Ley Orgánica Municipal, sin que l quejoso se haya ocupado de aportar alguna prueba que desvirtuara esa negativa, por lo que procede sobreseer en el juicio con base en los ordenamientos legales antes citados. Se llega a la conclusión anterior porque aun cuando el demandante aportó en este juicio la prueba testimonial y la pericial que se desahogaron en los términos que constan en autos, tales pruebas no están encaminadas a desvirtuar lo informado por las autoridades en cita, sino a demostrar que el mismo quejoso es propietario del inmueble afectado, y que se han realizado trabajos de mantenimiento, situación que permite concluir que no se desvirtuó en manera alguna la negativa de las autoridades responsables y que por lo mismo imposibilita al suscrito para analizar la inconstitucionalidad que planteó respecto del decreto que reclamó, con mayor razón si se toma en cuenta que no llamó a juicio a la autoridad que lo emitió. A ese respecto cabe señalar, que según lo dispone el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de garantías deben expresarse entre otros requisitos, la autoridad o autoridades responsables; en tanto que el artículo 11 de la Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado, por lo que si el decreto expropiatorio combatido fue emitido por el Ayuntamiento de Puebla, integrado como cuerpo colegiado en términos de lo dispuesto por el capítulo III de la Ley Orgánica Municipal. En tal virtud, al no haberse llamado a juicio a la autoridad que emitió el acto reclamado, cuya inconstitucionalidad se reclama, debe sobreseerse en el juicio con base en lo dispuesto por el artículo 11, de la Ley de Amparo, siendo aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 77, visible a página 124, del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1985, Octava Parte, rubro: '-Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída.'".
SEGUNDO.-El recurrente expresa como agravios lo siguiente: "En la solicitud de amparo hecha por mi representado de fecha cinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno en el que pide el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Honorable Ayuntamiento, y a través del cual señala como acto reclamado el decreto expropiatorio expedido el cuatro de octubre del año de mil novecientos noventa y uno, y atribuye tal acto reclamado a los C.C. Presidente, secretario y síndico del Municipio de Puebla, como autoridades ordenadoras, y a los C.C. Directores de Desarrollo Urbano y Ecología, de obras Públicas y Servicios Públicos del propio Municipio de Puebla como ejecutoras. La violación de los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio mio se produce en virtud desde el momento mismo en que el Ayuntamiento aprobó y publicó el decreto expropiatorio a través del cual se destina que por causa de utilidad pública dicho inmueble pase a ser propiedad del Ayuntamiento de Puebla, sin tomar en cuenta que existen otros bienes inmuebles que de acuerdo a su funcionalidad podrían resultar más susceptibles de ser expropiados que el inmueble de mi propiedad, más aún si tomamos en cuenta que el procedimiento seguido por el Honorable Ayuntamiento no está debidamente fundado no motivado y mucho menos justificado ya que en dicho decreto expropiatorio no se encuentra justificada la causa de utilidad pública para expropiar dicho inmueble, mas sin embargo se me despojó del mismo y actualmente en poder del Ayuntamiento. Por lo que hace al artículo 11 de la Ley de Amparo, me causa agravio porque indebidamente el juzgador cataloga al acto reclamado como inexistente al señalar que 'las autoridades responsables señaladas en la demanda de garantías rindieron su informe justificado negando la existencia de los actos reclamados', de lo cual se concluye que efectivamente las autoridades responsables al rendir sus informes justificados niegan la existencia del acto reclamado, pero también de los mismos informes se desprende que en parte sí reconocen tal existencia, al decir que si bien es cierto no es un acto de autoridad que de mutuo proprio hayan hecho, pero sí señalan que es un acto propio del Honorable Ayuntamiento, de lo que se desprende que luego entonces si están reconociendo la existencia de los actos reclamados, pues confiesan otro acto cuyo contenido sustancialmente es el mismo, al respecto cabe la aplicación de la tesis jurisprudencial número seis página diecinueve del Apéndice 1975 Tribunales Colegiados de Circuito que dice: ACTOS RECLAMADOS. EXISTENCIA DE LOS.-No pueden considerarse inexistentes los actos reclamados cuya existencia niegan las autoridades responsables, si éstas confiesan la existencia de actos de contenido sustancialmente igual a los señalados en la demanda o que traerán como consecuencia legalmente lógica el que se tenga que dictar los actos que se reclamaron, u otros sustancialmente semejantes. Manifiesta el a quo, que previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo dispuesto por la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que a juicio del suscrito debe sobreseerse en el juicio con base en lo dispuesto por los artículos 11, 73 fracción XVIII y 74 fracciones III y IV de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Está comprobada la existencia del acto reclamado, por tanto el Juez del conocimiento antes de analizar las causales de improcedencia debió haber tomado en cuenta y analizado literalmente los informes de dichas responsables y concluir que de alguna manera sí se encontraba probada la existencia del acto reclamado y por consiguiente debió adentrarse al estudio del fondo del negocio, y nunca sobreseer el presente juicio pues con dicho razonamiento me deja sin posibilidad alguna de poder demostrar mis derechos que estoy alegando en contra del acto reclamado. Asimismo es de señalarse que el a quo no tomó en cuenta lo dispuesto por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo que le atribuye la facultad discrecional de suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, pues es clara y marcada la deficiencia que existía en el planteamiento de la solicitud de amparo al no señalar inicialmente como autoridad responsable al Ayuntamiento de Puebla, en esa circunstancia era cuando el a quo debió aplicar este artículo y más aún lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, que también señala la obligatoriedad que tienen los Jueces de observar y cumplir dicho ordenamiento, pues si bien es cierto que en la demanda de amparo no se señala como autoridad responsable al Ayuntamiento de Puebla dentro del capítulo relativo al de autoridades responsables, sí se señala a dicha autoridad en otro inciso de la misma y si tomamos en cuenta que la demanda de amparo forma un todo que debe considerarse en su conjunto, por lo que debe estimarse como actos reclamados todos los que con tal carácter aparezcan en la demanda, aunque no estuvieran señalados en el capítulo relativo, pues basta que en alguna parte de la demanda se menciona un acto y se le impugne como violatorio de garantías, al respecto cabe aplicar la siguiente jurisprudencia número 136. AUTORIDADES RESPONSABLES, SEÑALAMIENTO DE LAS.-Si en alguna parte de la demanda se señala a una autoridad diciéndose que de ella procede un acto, y si ese acto es impugnado en la propia demanda como violatorio de garantías, no puede decirse, si incurrir en un formalismo exagerado, que dicha autoridad, no fue señalada como responsable en la demanda, por no habérsele mencionado en el capítulo destacado de autoridades responsables, pues satisfacer los requisitos que debe llenar una demanda, la ley no exige formalidades solemnes así pues, tal autoridad debe en principio ser llamada al juicio a defender la constitucionalidad de su acto y la sentencia debe ocuparse de ella y del acto que realizó. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Boletín año II abril y mayo, 1975. Números 16 y 17. Tribunales Colegiados de Circuito. Página 91. De lo anteriormente narrado se infiere que el Juez del conocimiento debió haber llamado a juicio a la autoridad responsable, más aún si se toma en cuenta que la solicitud de amparo aparece claramente en el inciso B se señala que me fue entregado un instructivo con copia y sin firmas del decreto expropiatorio derivado del expediente E-139 incoado por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, por lo que desde ese mismo momento debió tenerse como autoridad responsable al referido Ayuntamiento, por lo tanto dicha autoridad debió haber sido llamada a juicio a defender la constitucionalidad de su acto, y como consecuencia la sentencia que el a quo dictó, debió haberse ocupado de tal autoridad, y como se desprende de la misma el Juez del conocimiento, no se ocupa de tal autoridad ni del acto que realizó, causándome con dicho razonamiento un agravio de consecuencias irreparables, pues el sostener la inadecuada interpretación y aplicación de los artículos con que el a quo fundamenta su sentencia, equivaldría a mantener la violación a los artículos señalados en mi agravio, por lo que el fallo debe revocarse para el efecto de que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. Por lo que respecta a los artículos 73 fracción XVIII y 74 fracciones III y IV de la Ley de Amparo, se violan y dicha violación me causa agravio debido a su inexacta aplicación, toda vez que ha quedado demostrado en mi escrito la inexistencia del acto reclamado y en consecuencia no existe la causal de improcedencia señalada y que da margen al sobreseimiento".
TERCERO.-Los agravios transcritos son infundados.
Víctor Manuel Flores Denicia hizo consistir el acto reclamado en el decreto expropiatorio de cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, por virtud del cual se declara de utilidad pública y se ordena la expropiación del inmueble de su propiedad ubicado en calle catorce norte número mil doscientos seis, de esta ciudad.
El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías con apoyo en los artículos 11, 73, fracción XVIII y 74 fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, porque el quejoso reclamó dicho acto al presidente, secretario, síndico, director de Desarrollo Urbano y Ecología, director de Obras Públicas y Director de Servicios Públicos, todos del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, quienes al rendir su informe justificado negaron haber emitido motu proprio el referido acto, aduciendo que fue el Ayuntamiento del referido Municipio quien lo pronunció, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, fracción XV, de la Ley Orgánica Municipal, sin que el quejoso desvirtuara esa negativa, pues aun cuando aportó pruebas testimonial y pericial, con ellas pretende demostrar que es propietario del bien afectado y que se han realizado trabajos de mantenimiento por lo cual, es decir, por no haberse llamado a la autoridad que emitió el decreto el juzgador está imposibilitado para analizar la inconstitucionalidad alegada.
Ahora bien, por referirse al fondo del asunto es inatendible el argumento del recurrente, de que la violación a los artículos 14 y 16 constitucionales se produce en el momento en que Ayuntamiento aprobó y publicó el decreto expropiatorio, mediante el cual determina que, por causa de utilidad pública, dicho inmueble pasa a ser propiedad de esa autoridad, sin tomar en cuenta que existen otros bienes que de acuerdo a su funcionalidad podían ser idóneos para ser expropiados, más aún si se toma en cuenta que el procedimiento expropiatorio seguido no está fundado ni motivado y menos justificada la causa de utilidad pública. Tales manifestaciones son inatendibles porque el sobreseimiento decretado en el juicio de garantías no permite entrar al estudio del fondo del asunto.
Por otra parte aduce el inconforme que la aplicación del artículo 11 de la Ley de Amparo le causa agravios porque el a quo cataloga como inexistente el acto reclamado, por haberlo negado las autoridades señaladas como responsables, sin embargo, agrega el recurrente, de los mismos informes se desprende que las autoridades reconocen en parte la existencia del acto, es decir, aunque no se trata de actos que motu proprio hayan realizado las autoridades señaladas como responsables, de todos modos se indicó que es un acto del Ayuntamiento, de lo que se desprende que están reconociendo la existencia de los actos reclamados, pues confiesan un acto cuyo contenido sustancialmente es el mismo, y que al respecto cabe la aplicación de la "tesis jurisprudencial número 6, página 19, del Apéndice 1975, Tribunales Colegiados de Circuito que dice: ACTOS RECLAMADOS. EXISTENCIA DE LOS ..."
No tiene razón al sostener que las autoridades están reconociendo la existencia de los actos reclamados porque confiesan otro acto cuyo contenido, sustancialmente, es el mismo. Lo cierto es que de las constancias de los autos se desprende claramente que el decreto expropiatorio reclamado fue pronunciado por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y no sólo por las autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías; en esas condiciones, si se señalaron como únicas autoridades ordenadoras, al presidente, secretario, síndico del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y el acto reclamado se hizo consistir en el decreto expropiatorio de cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno dictado por el Ayuntamiento del Municipio mencionado, integrado por todos sus miembros, resulta inconcuso que no quedó demostrada la existencia de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, pues, como es bien sabido, de acuerdo con los principios que rigen a la institución de amparo, no puede admitirse que sea materia del juicio constitucional un acto que se atribuye a una autoridad distinta de la que se señale como responsable en el juicio, el cual por esta razón debe sobreseerse en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, siendo por tanto inaplicable la tesis que transcribe el inconforme.
Por consiguiente, si los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables no son ciertos en la forma planteada por el quejoso, es inexacta la afirmación del recurrente en el sentido de que el Juez Federal antes de analizar las causales de improcedencia debió haber tomado en cuenta los informes justificados y concluir que de alguna manera se encontraba probada la existencia del acto reclamado, y debió entrar al estudio del fondo del negocio y no sobreseer en el juicio porque se deja al quejoso sin posibilidad de demostrar sus derechos. Además, debe decirse que tomando en cuenta los informes justificados, se llega a la conclusión que el decreto expropiatorio efectivamente fue pronunciado por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de manera que el a quo no podía entrar al estudio del fondo del asunto porque la autoridad que emitió el acto no fue llamada al juicio, por tanto, por esta razón también es improcedente el juicio, como lo advirtió el Juez Federal, siendo aplicable al caso el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, al resolver los juicios de amparo en revisión 377/89, 184/90, 327/91 y 581/91, que dice: "-Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída, por tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5 fracción II y 114 fracción III del mismo ordenamiento legal.".
Finalmente el inconforme aduce que el a quo no tomó en cuenta el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, es decir, el Juez Federal al advertir la marcada deficiencia que existía en la solicitud de amparo por no señalar al Ayuntamiento del Municipio de Puebla como autoridad responsable, el resolutor debió aplicar ese dispositivo y suplir la deficiencia de los conceptos de violación, y aunque no se precisa a esa autoridad responsable en el capítulo relativo, sí se señala en otro inciso, y si se toma en cuenta que la demanda de amparo es un todo, debió llamarse al Ayuntamiento del Municipio de Puebla como autoridad responsable pero el Juez del conocimiento no se ocupa de esa autoridad ni del acto que realizó; en apoyo a lo anterior el recurrente invoca y transcribe el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis intitulada: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SEÑALAMIENTO DE LAS" (que aparece publicada en la página 18, del volumen 52, Séptima Epoca, del Semanario Judicial de la Federación).
Son infundados los motivos de inconformidad esgrimidos, pues en materia administrativa la suplencia de la queja no tiene los alcances que pretende el recurrente, es decir, el artículo 76 bis, de la Ley de Amparo en modo alguno contempla la obligación para el Juez de Distrito, de llamar a la autoridad ordenadora que no fue señalada como responsable, además, en la especie se advierte que en auto de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y uno, el Juez de Distrito no acordó de conformidad la solicitud del quejoso para que se tuviera como autoridad responsable al Ayuntamiento del Municipio de Puebla y el amparista no impugnó tal determinación, es decir la consintió, así que los argumentos que ahora hace valer los debió haber esgrimido en el recurso correspondiente; por otra parte, el recurrente invoca como aplicable el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; sin embargo, la aplicación de dicho criterio no es obligatorio para este tribunal, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sentido, porque procede de un Tribunal Colegiado de diverso Circuito, además conforme a los artículos 5, fracción II, y 116, fracción III, de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías sólo es posible examinar la constitucionalidad de los actos emanados de las autoridades llamadas a juicio como responsables, en consecuencia, debe ser señalada como responsable precisamente aquella autoridad de la que haya emanado el acto reclamado.
En tal situación, lo procedente es confirmar la sentencia sujeta a revisión.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 89, 90, 91, de la Ley de Amparo, 43 y 44 Capítulo IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por VICTOR MANUEL FLORES DENICIA, contra los actos que reclamó del presidente, secretario, síndico municipal, director de Desarrollo Urbano y Ecología, director de Obras Públicas y director de Servicios Públicos, todos del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese este toca.
Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, José Galván Rojas y Arnoldo Nájera Virgen, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6304-d0713f72/autoridades-responsables-no-designadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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