COMPETENCIA PENAL. AUN CUANDO NO SE HUBIERE PLANTEADO CORRECTAMENTE, PROCEDE RESOLVERLA.
COMPETENCIA 157/98. SUSCITADA ENTRE EL JUEZ DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, EL JUEZ VIGÉSIMO SEGUNDO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y EL JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Con el propósito de determinar si existe el conflicto competencial planteado, se tiene presente el criterio que informa la tesis de esta Primera Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, julio de 1995, página 52, que a continuación se transcribe:
"CONTROVERSIA POR RAZÓN DE COMPETENCIA. INEXISTENCIA DE LA.-Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción, por lo que al no existir la decisión de uno de ellos en tal sentido, es claro que no existe este tipo de controversia."
Los antecedentes de este asunto son los siguientes:
a) El Juez Primero de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos el uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se declaró incompetente para conocer de la causa penal seguida en contra de ... en lo referente al delito de robo, toda vez que la conducta respectiva se realizó en el Distrito Federal, por lo que le solicitó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado remitiera a su similar del Distrito Federal, el procedimiento respectivo para que éste lo hiciera llegar al Juez del Ramo Penal de Primera Instancia que esté de turno.
b) Por razón de turno, le tocó conocer de la causa penal de referencia al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Federal, quien mediante auto de doce de febrero del año en curso, dio vista con las copias de la averiguación previa 32/5877/97-11 al agente del Ministerio Público adscrito (folio 124 anverso).
c) El agente del Ministerio Público, Javier Ávila Sánchez, por escrito presentado el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, desahogó la vista que le fue dada solicitando se remitiera la causa penal a la autoridad federal, en virtud de ser parte ofendida la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (folio 134 expediente 3/98).
d) En auto de dieciséis de febrero del año en curso, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Federal señaló que por haberse cometido el delito de robo en perjuicio de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, dada la naturaleza jurídica de esa dependencia, ordenó remitir los autos de la causa penal al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que por su conducto la hiciera llegar al Juez Primero Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos.
e) A fojas 136 del expediente de la causa penal 3/98 remitido, obra el pedimento 53/98, de veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho, suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación, Fernando Origel Coutiño, dirigido al Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, presentado en la misma fecha, que a continuación se transcribe:
"C. Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal.-Presente.-El que suscribe, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a ese H. Juzgado a su digno cargo, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo: Que adjunto al presente le remito el original de la causa penal 3/98, instruida en contra de ... por el delito de robo; constante de 133 fojas útiles, en virtud de que el C. Juez Vigésimo Segundo del fuero común, se declaró incompetente para seguir conociendo de dicho asunto.-Por lo anteriormente expuesto; a usted C. Juez, atentamente solicito: Único: Tenga a bien recibir el original de la causa a que me refiero en el cuerpo del presente escrito, y en su oportunidad resolver lo que en derecho corresponda.-Atentamente.-México, D.F., a 20 de marzo de 1998.-El C. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (firma) Lic. Fernando Origel Coutiño."
f) El Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, en proveído de cuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, consideró innecesario analizar si le corresponde o no la competencia legal para conocer de la causa penal que nos ocupa, pues el Juez Vigésimo Segundo Penal del Distrito Federal, no siguió el trámite previsto por los artículos 449, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y 239 del código procesal penal del Estado de Morelos, ya que si dicho juzgador se consideró incompetente así debió manifestarlo al Juez que le declinó competencia y no remitírselo directamente, ya que ese conflicto se le planteó a él y no al Juez Federal.
De todo lo que se lleva dicho, se puede advertir que aun cuando no hubo pronunciamiento expreso del Juez Vigésimo Segundo Penal del Distrito Federal en el sentido de que es incompetente, debe entenderse que así se consideró ya que proveyó que la causa penal se remitiera al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para devolverla al Juez Primero Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos; sin embargo, en lugar de devolverse la causa penal a éste, le fue remitida al Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, el cual decidió no resolver si es o no competente, pues no se siguió el procedimiento establecido para dilucidar las cuestiones competenciales.
También debe tenerse en cuenta que al no haberse devuelto al Juez Primero Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos el expediente relativo a la causa penal que nos ocupa, éste no estuvo en posibilidad de pronunciarse sobre la determinación del Juez Vigésimo Segundo Penal de Distrito Federal, de no aceptar la competencia que le declinó.
Entonces, al no existir pronunciamiento del Juez de Distrito sobre si es o no competente, es evidente que en este caso es aplicable el criterio que informa la tesis transcrita en el sentido de que no existe conflicto competencial.
Sin embargo, la actual integración de esta Primera Sala, tomando en cuenta que las cuestiones de competencia son de interés general y se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con los gobernados y los demás Estados, y que cuando tales cuestiones son entre autoridades judiciales se traducen en un reflejo de los atributos de decisión e imperio de que están investidas, estima que, en la medida de lo posible, no debe existir tardanza en establecer en qué fuero radica o a qué juzgador le corresponde el conocimiento.
Ha sido criterio reiterado en este Alto Tribunal el que para poder resolver un conflicto competencial son requisitos indispensables: que éste exista y que para su planteamiento se haya seguido el procedimiento legal correspondiente; sin embargo, esta Primera Sala, en su actual integración, ha tenido y tiene la inquietud de que el retraso en la decisión sobre a cuál órgano judicial corresponde conocer de una causa penal, pueda ocasionar un perjuicio al interés social del ofendido y, desde luego, del probable responsable.
La inquietud antes señalada ha llevado a este órgano colegiado a cuestionarse sobre qué beneficio se obtiene al declarar inexistente el conflicto competencial, porque alguna autoridad judicial no se pronunció sobre si es o no competente para conocer de la causa penal o bien, de ordenar la reposición del procedimiento cuando no se siguieron las formas previstas para el planteamiento del conflicto, en los casos en que con los elementos con que se cuenta, al momento de dictar la resolución correspondiente, resulta claro y, por tanto, no hay lugar a dudas sobre en qué fuero radica la competencia o a qué Juez corresponde su conocimiento atendiendo a las reglas respectivas.
Dicho de otra manera, si al momento en que se va a resolver una competencia sobre una causa penal no existe duda sobre qué juzgador debe conocer de la misma, esta Primera Sala considera que la decisión de declarar la inexistencia del conflicto o de ordenar la reposición del procedimiento, produciría un retardo o demora injustificada en perjuicio del interés general, del ofendido y del indiciado, sobre todo de éste, en aquellos casos en que se encuentra privado de su libertad.
Las anteriores afirmaciones se avalan con el hecho de que, en la mayoría de los casos, al devolver los autos de la causa penal para que alguno de los juzgadores se pronuncie sobre si se considera o no competente para conocer del proceso respectivo o para que se siga el procedimiento previsto para el planteamiento del conflicto, los elementos con los que va a contar el juzgador, ya sea para lo uno o lo otro, serán los mismos que se tienen al momento de declarar la inexistencia del conflicto competencial o de ordenar la reposición del procedimiento.
Es conveniente resaltar que la decisión de determinar qué juzgador debe conocer de la causa penal cuando el conflicto competencial es inexistente o no se ha seguido el procedimiento legal previsto para su planteamiento, solamente deberá emitirse en casos, como el que se resuelve, en que con los elementos que obran en el expediente se puede establecer la competencia en determinado fuero o juzgador, no así en aquellos otros en que exista duda sobre la determinación de la competencia, ya que de aplicar el criterio del que se viene hablando en estos últimos casos, se ocasionaría el efecto contrario al que se pretende, es decir, en lugar de cuidar el orden público y de lograr prontitud en la administración de justicia, se ocasionaría un mayor retraso en la solución del asunto.
TERCERO.-En atención a la conclusión a la que se llegó en el considerando que antecede, esta Primera Sala se aboca al estudio del asunto con objeto de determinar en qué fuero radica la competencia.
Es conveniente tener presente que la determinación de la competencia es solamente para conocer de la causa penal seguida en contra de ... en lo referente al delito de robo de vehículo.
También se tiene presente que en la determinación de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, emitida por el agente del Ministerio Público adscrito a la Subdirección de Determinaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, Francisco Javier López Figueroa, en que éste decidió:
"Segundo. Con esta fecha se ejercita acción penal en contra de ... como probable responsable del delito de robo de vehículo cometido en agravio de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal representada por Miguel Ángel Carmona Cortés y asimismo por el mencionado delito cometido en agravio de Gerónimo Espinoza Castañeda ..." (folios 46 a 51).
El delito de robo que se le atribuye al inculpado es respecto de dos vehículos, los cuales fueron robados en la Ciudad de México, según se advierte de las denuncias correspondientes a las averiguaciones previas números CRV/022/04152/97-10 y CRV/032/05877/97-11, presentadas el veintitrés de octubre y el siete de octubre de mil novecientos noventa y siete, respectivamente (folios 114 a 123 y 126 a 133).
Ahora bien, el conocimiento de una causa penal por delito de robo corresponde a los tribunales del fuero común, salvo que el caso concreto pudiera ubicarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en que se le puede considerar delito federal.
Se toma en cuenta que el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Vigésimo Segundo Penal del Distrito Federal, Javier Ávila Sánchez, por escrito presentado el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en que desahogó la vista que le fue dada por el titular de ese órgano jurisdiccional, solicitó se remitiera la causa penal a la autoridad federal, en virtud de ser parte ofendida la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (folio 134 expediente 3/98), y que por auto de diecisiete de febrero del año en curso, el citado juzgador de primera instancia ordenó remitir los autos de la causa penal al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que por su conducto la hiciera llegar al Juez Primero Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, precisando que tal determinación se debía a que el delito de robo se cometió en perjuicio de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, dada la naturaleza jurídica de esa dependencia.
De lo anterior pareciera que se actualiza la hipótesis de competencia para los Jueces Federales contenida en el artículo 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual es del tenor siguiente:
"Artículo 50. Los Jueces Federales penales conocerán:
"I. De los delitos del orden federal.
"Son delitos del orden federal:
"...
"e) Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo."
Ahora bien, no cabe lugar a dudas de que la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal es una dependencia de la administración pública federal y que los daños que se ocasionen en su patrimonio afectan a la Federación; sin embargo, en el expediente relativo a esta competencia no existen medios de convicción que acrediten que el vehículo marca Nissan, submarca Tsuru, color blanco, modelo 1991, serie 1LB1251461, motor número E16410576M, de origen nacional, sea propiedad de la mencionada dependencia gubernamental.
En efecto, lo único que obra en el expediente 3/98, en relación con el citado vehículo es la denuncia presentada por Miguel Ángel Carmona Cortés en la Agencia Investigadora Vigésima Segunda de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a las 11:44 horas del veintitrés de octubre de 1997, a la que le correspondió el número de averiguación previa CRV/022/04152/97-10, en dicha denuncia se advierte lo siguiente:
"... contestando el denunciante que sí protesta conducirse con verdad y por sus generales manifiesta: que responde al nombre de Miguel Ángel Carmona Cortés, ser de 38 años de edad, estado civil casado, originario del Distrito Federal, de ocupación empleado federal, con domicilio habitacional actual en Mariano Escobedo lote 14, Mzn. 24, colonia Hidalgo Miguel (sic), Delegación Ecatepec, con código postal 55490, y tiene como número telefónico 5401515 y 7903901, identificándose en este acto, con credencial de Secofi, y en relación con los hechos que viene a denunciar.-Manifestó.-Que en este acto formula denuncia en contra de quien resulte responsable por el delito de robo de vehículo cometido en agravio de la Sría. Energía, Minas Ind. Paraes (sic) toda vez que entre el día 22 y el día 23 del mes de octubre del año de 1997, entre las 22 horas con 0 minutos en que estacionó el vehículo, y las 8 horas con 0 minutos, tiempo en que se percató que el vehículo ya no se encontraba en el lugar donde lo estacionó, en México, Distrito Federal, en las calles de Santo Tomás, entre la calle de Cafetales y Santa Cecilia, de la colonia Culhuacán CTM Obrero, sección 1, con código postal 04939, de la Delegación Coyoacán, lugar que se conoce como unidad habitacional, se apoderaron del vehículo, marca Nissan, submarca Tsuru, clase automóvil tipo sedán, modelo 1991, de color blanco, cuyo uso es ‘particular’, de origen nacional, con número de placas de circulación 229 ALD emitidas en México, Distrito Federal, número de motor E16410576M, número de serie 1LB1251461, que usa combustible del tipo gasolina, presentando como señas particulares un golpe en el costado izquierdo parte trasera, el cual se encuentra asegurado por la compañía Asemex, y tiene un valor declarado en $30,000.00 pesos, agregando que el día de ayer 22 de octubre del año en curso, el de la voz siendo las 22:00 horas, el de la voz dejó estacionado el vehículo en la calle de Santo Tomás en la colonia CTM Culhuacán, es el caso que el día de hoy 23 de octubre del año en curso siendo las 08:00 horas, el emitente se percató que el vehículo ya no estaba estacionado por lo que buscó el mismo por los alrededores sin encontrarlo por ningún lado. Por lo anterior en este acto denuncia el delito de robo cometido en su agravio y en contra de quien resulte responsable. Siendo todo lo que desea manifestar ..." (folios 116 y 177).
La transcripción anterior de la denuncia hecha por Miguel Ángel Carmona Cortés no permite establecer de manera indubitable que la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal es la propietaria de uno de los vehículos cuyo robo se atribuye al indiciado, ya que si bien el citado denunciante manifestó que el delito de robo de vehículo se cometió en agravio de esa dependencia, tal afirmación, por sí sola, es insuficiente para considerarla como cierta, ya que no se encuentra corroborada por medio de convicción alguno.
A mayor abundamiento, en la citada denuncia se advierte que la mencionada persona, que se identificó con una credencial de Secofi (de la que no se asientan más datos), manifestó ser empleado federal y que el uso del vehículo es particular, concluyendo que el delito se cometió en su agravio, datos que en opinión de esta Primera Sala permiten plantear los siguientes cuestionamientos: por una parte, el denunciante es empleado de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, pues dijo que el robo de vehículo que denunciaba se cometió en agravio de ésta o es empleado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, pues se identificó con credencial expedida por dicha dependencia, y por otra, el vehículo robado es de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal o del denunciante, ya que éste señaló que su uso era particular y concluyó que el delito fue en su agravio. Consecuentemente, al no poderse establecer de manera indubitable si la propiedad de uno de los vehículos es de una dependencia federal, no existen elementos para considerar que en este caso el sujeto pasivo sea la Federación, debiendo declararse que la competencia radica en el fuero común y como el delito se perpetró en el Distrito Federal, corresponde a un Juez Penal de primera instancia de este lugar.
El criterio anterior fue sostenido por esta Primera Sala al resolver la competencia 309/97, el uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, bajo la ponencia de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en que se declaró competente al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal en el Distrito Judicial de Azueta, Estado de Guerrero, para conocer de la causa auxiliar 24/97 o 52-1/97, pues se sostuvo que la competencia radica en el fuero común al existir insuficiencias de pruebas para establecer de manera indubitable que la secuela pertenezca a la Federación.
La conclusión a la que se llegó, es sin perjuicio de que de obtenerse otros elementos durante la secuela procesal se pueda plantear la competencia en distinto fuero o juzgador.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-En el fuero común radica la jurisdicción.
SEGUNDO.-Es legalmente competente para conocer de la causa penal, registrada con el número 3/98, que se instruye a ... por el delito de robo de vehículo, el Juez Vigésimo Segundo Penal del Distrito Federal, a quien deberán remitirse los autos para que conozca del aludido proceso. Comuníquese esta resolución al Juez Primero Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos y al Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, para su conocimiento.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.
Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza (ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Humberto Román Palacios.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6338-9b0cbc9c/competencia-penal-aun-cuando-no-se-hubiere-planteado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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