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Modo: Corpus Pro

DERECHOS AGRARIOS. RESOLUCIONES DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECIDEN SOBRE LA NULIDAD DEL REGISTRO DE TRASLADO DE DOMINIO ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. AMPARO IMPROCEDENTE, SI NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/99. · Registro digital (IUS): 6360
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, , Pág. 221.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Con el propósito de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben.

El criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, los juicios de amparo directo números 1100/97, promovido por Octaviano Servín Martínez y su relacionado número 1101/97, promovido por José Oswaldo Hernández Mejía, se sustenta en las consideraciones siguientes:

Amparo directo 1100/97.

"QUINTO.-La parte quejosa aduce como conceptos de violación los siguientes: (se transcriben).-SEXTO.-Son infundados e inoperantes los conceptos de violación que hace valer el apoderado del quejoso.-Para mejor comprensión del caso y por derivar de un amparo en materia agraria, se hará una breve relación de hechos, con base en las constancias que integran el expediente número N-182/95, del índice del Tribunal Unitario del Décimo Sexto Distrito, con sede en esta ciudad, a fin de concluir que la sentencia que se reclama, contrariamente a la opinión del que pide amparo, no le causa algún agravio.-Así, mediante escrito presentado el siete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, en la Oficialía de Partes del Tribunal Unitario Agrario, Patricia Martínez Martínez, aquí tercera perjudicada, con fundamento en la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, planteó demanda en contra de su hijo Octaviano Servín Martínez, hoy quejoso, y del Registro Agrario Nacional, solicitando la declaratoria de nulidad, del traslado de dominio efectuado el cinco de junio de mil novecientos noventa y cuatro, que expidiera la segunda, en favor del primero de los demandados, respecto del certificado de derechos agrarios números 102510, que correspondiera al extinto Delfino Servín Gámez, esposo de la actora, respecto de la unidad de dotación, identificada con el número ocho, del núcleo ejidal ‘San Cayetano’, Municipio de Celaya y como consecuencia, la entrega física y material de las fracciones que la integran, anexando a la demanda para acreditar su acción, entre otras pruebas, el original del certificado de referencia, en que aparece la actora como sucesora preferente, copia certificada del acta de matrimonio (para demostrar la situación de esposa del de cujus) y del acta de defunción de este último.-La demanda fue admitida mediante auto del propio mes y año, ordenándose el legal emplazamiento de los demandados, a fin de que acudieran al juicio a defender sus derechos y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia prevista por el artículo 185, de la Ley Agraria. Durante la secuela del procedimiento, Octaviano Servín Martínez, se apersonó ante el tribunal, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, según aparece asentado en el acta de esa misma fecha, con lo que se hizo sabedor de la existencia de la demanda que la actora entabló en su contra; en tanto que la directora en jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en México, Distrito Federal, mediante oficio de primero de agosto de ese mismo año, dio contestación a la demanda, sosteniendo la legalidad del traslado de dominio y acompañando como pruebas de su parte, para acreditarlo, la historia registral del título y copia certificada de diversas documentales, que le fueron solicitadas por el Tribunal Unitario Agrario, al radicar la demanda y correrle traslado con la misma.-El cinco de agosto de mil novecientos noventa y seis, la parte actora, por conducto de su apoderado licenciado Francisco Estrada Canchola, solicitó del tribunal responsable, se le tuviera por ampliando su demanda, en contra del propio Octaviano Servín Martínez, en cuanto a la nulidad del convenio que suscribieron, actora y demandado, el diecinueve de julio de mil novecientos noventa, ante el entonces delegado agrario en el Estado, para dar por terminado el conflicto que enfrentaban y conforme al cual, la primera se quedaría con una fracción de 5-05-98 hectáreas y su hijo Octaviano con las restantes 3-05-86 hectáreas; y toda vez que, según afirmó la demandante, los terrenos materia de la acción deducida, al parecer habían sido enajenados en favor del ingeniero Enrique Andrius, José Oswaldo Hernández Mejía y Mario Cabrera Castillo, es por lo que los señaló como demandados en dicho juicio, pidiendo al Tribunal Agrario, procediera a su legal emplazamiento. Con el aludido escrito de ampliación, se les corrió traslado a los demandados y si bien, no se agregó el ocurso de la ampliación a los autos del expediente original, ello se subsanó, en la audiencia de seis de mayo de mil novecientos noventa y siete, en que se detectó la omisión, lo que a criterio de este Tribunal Colegiado, la anterior circunstancia no incidió el sentido del fallo ni dejó en estado de indefensión a los demandados, al grado de que les hubiera impedido inconformarse de las prestaciones que les reclamó la actora, ya que al ser emplazados al juicio, para que acudieran a defender sus derechos, según se desprende de las cédulas de notificación, que obran agregadas a fojas 50, 51 y 104, del expediente original, la actuaria les entregó copia de la demanda y del escrito de ampliación.-Después de múltiples diferimientos, el seis de mayo de mil novecientos noventa y siete, tuvo verificativo la audiencia prevista por el artículo 185, de la vigente Ley Agraria, en la que estuvieron presentes, únicamente la actora Patricia Martínez Martínez y su apoderado, así como el demandado José Oswaldo Hernández Mejía, no así los demás codemandados Octaviano Servín Martínez, Enrique Andrius y Mario Cabrera Castillo, no obstante su legal emplazamiento, por ese motivo, la responsable los tuvo por no contestada la demanda y la ampliación entabladas en su contra y por aceptadas como ciertas las afirmaciones hechas por la actora, aquí tercera perjudicada, por perdido su derecho a ofrecer pruebas y por confesos de las posiciones que fueron calificadas de legales, al no acudir al desahogo de la prueba confesional que a su cargo ofreció la demandante, con excepción de Enrique Andrius, respecto del cual la parte interesada se desistió de la demanda y de la ampliación, en la propia audiencia levantada con esa fecha.-Seguido el juicio por todas sus etapas y desahogadas las pruebas que ofrecieron las partes, el quince de mayo de mil novecientos noventa y siete, se dictó la sentencia correspondiente, en la que la Magistrada responsable, al fijar la litis de la controversia, determinó que la materia del juicio consistía en la petición de nulidad de actos y documentos que contravenían leyes agrarias, así como un conflicto por la tenencia y posesión de la unidad de dotación, acciones que estaban previstas por las fracciones VI y VIII, del artículo 18, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.-Por lo que una vez hecho lo anterior, la responsable abordó el fondo del asunto, concluyó que las acciones de nulidad y conflicto de posesión, planteadas por la actora Patricia Martínez, se encontraban acreditadas, ya que de las pruebas por ella aportadas, las que exhibieron los demandados Octaviano Servín Martínez y el Registro Agrario Nacional, se deducía de que el primero de los antes señalados, el cinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, había tramitado y obtenido, del Registro Agrario Nacional, el traslado de dominio en su favor, respecto de los derechos agrarios, amparados con el certificado número 102510, que correspondió a Delfino Servín Gámez, esposo de la actora y padre de Octaviano Servín Martínez, del núcleo ejidal ‘San Cayetano’, perteneciente al Municipio de Celaya. Empero, apreció la responsable en su sentencia, que de los medios de prueba que obraban en las actuaciones del juicio, no se infería, de manera alguna, que el original titular, hubiera modificado su testamento agrario inicial, en donde designó como sucesora preferente de los derechos, a su esposa Patricia Martínez Martínez; pues además, agregó, que de los documentos que exhibiera en copia certificada el órgano registral, al contestar la demanda, solamente se desprendía, que el solicitante del traslado de dominio Octaviano Servín Martínez, había realizado petición por escrito acompañando a la misma, actas de asamblea de dependencia económica respecto del ejidatario titular, actas de nacimiento y de defunción del de cujus, pero no aparecía alguna otra constancia que pusiera de manifiesto que Delfino Servín Gámez, expresamente haya dejado sin efectos su decisión original, es decir, que en su relación de sucesores hubiera señalado, en primer orden, a su hijo Octaviano Servín, sino que antes bien, contrariamente a la opinión vertida por el Registro Agrario Nacional, a fojas setenta y cinco del expediente, de los datos del registro e inscripción del certificado de derechos agrarios 102510, a nombre de Delfino Servín Gámez, aparecía asentado en forma manuscrita como sucesora preferente, la actora Patricia Martínez y en segundo orden, al entonces demandado Octaviano Servín.-Así las cosas, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario concluyó en su fallo, que el demandado Octaviano Martínez y el Registro Agrario Nacional, violaron el artículo 81, de la Ley Federal de la Reforma Agraria, en aquel entonces vigente, que otorgaba la facultad al ejidatario, para designar a las personas que lo sucedieron (sic) en sus derechos y además, establecía un orden de preferencia al que debería sujetarse, estando en primer lugar, su esposa y posteriormente, sus hijos; por tal razón, si en ejercicio de dicha facultad, el entonces titular del certificado nombró a su esposa, actora en el juicio agrario, como sucesora preferente, entonces resultaba obvio que el traslado de dominio materia del juicio debía declararse nulo por contravenir no únicamente la ley, sino además la voluntad del finado y por ende, a quien habría de reconocérsele derechos con el carácter de titular, era a la actora Patricia Martínez Martínez, atento a que su designación, como sucesora preferente, nunca fue cambiada por el de cujus.-Por otra parte y respecto del convenio de diecinueve de julio de mil novecientos noventa, que suscribiera la actora y su hijo Octaviano Servín Martínez, ante el entonces delegado agrario, respecto de la parcela de su ascendiente Delfino Servín, con superficie de 8-09-57 hectáreas, para poner fin al conflicto que enfrentaban y que constituyó la materia del escrito de ampliación de la demanda; estuvo en lo correcto la autoridad responsable, en declarar su inexistencia, ya que en dicho convenio se establecía que Patricia Martínez Martínez, se quedaría con una superficie de 5-05-98 hectáreas y su hijo Octaviano Servín Martínez, de una fracción compuesta de 3-05-86 hectáreas, por lo que tal convenio se llevó a cabo en el año de mil novecientos noventa, bajo la vigencia de la anterior Ley Federal de Reforma Agraria, la actora del juicio no podía enajenar, bajo ningún concepto, todo o parte de los derechos de explotación que de la unidad de dotación le correspondían, por así prohibirlo el artículo 75 de la citada ley.-En esa tesitura, le asiste razón a la Magistrada responsable, al afirmar en su sentencia, que sí había quedado acreditada, de manera fehaciente, con el original del certificado agrario número 102510, expedido el treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, en favor de Delfino Servín Gámez, que amparó la unidad de dotación número ocho, del núcleo ejidal denominado ‘San Cayetano’, perteneciente al Municipio de Celaya, Guanajuato (foja 6), así como de la copia certificada, ante el Registro Agrario Nacional, de cinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro (foja 75), que la titularidad de los derechos sobre la unidad de dotación, en efecto, correspondían a la parte actora, por lo que resultaba evidente que era también ella, quien debía contar con los derechos para poseer y usufructuar la totalidad de la parcela, tal como lo establece el artículo 14, de la vigente Ley Agraria; por lo que así las cosas, la Magistrada responsable, al declarar fundada la pretensión que planteó en su demanda y dispusiera le fueran entregadas las fracciones que indebidamente detentaban los demandados Mario Cabrera Castillo, José Oswaldo Hernández y Octaviano Servín, con las medidas y colindancias que se precisan en la sentencia reclamada, ningún agravio causa al que ahora acude a pedir el amparo, Octaviano Servín Martínez.-No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que la Magistrada responsable, declarara en la sentencia reclamada, la inexistencia de los actos y no su nulidad, como lo planteó la actora en su demanda, ya que lo anterior resulta irrelevante, atento a que, la distinción entre una y otra institución, en la práctica, no tiene ningún efecto, pues en ambos se invalidan los actos jurídicos impugnados de nulos o de inexistentes.-Es fundado pero inoperante lo que alega el apoderado del quejoso en el concepto de violación que identifica en su demanda de amparo como ‘1’, en el sentido de que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías, en agravio de su representado, ya que la responsable no debió radicar la demanda y darle trámite, pues la misma carecía de firma, atento a que en ella sólo aparecía una huella digital, supuestamente estampada por la actora y una razón levantada por el licenciado Francisco Estrada Canchola, jefe del Departamento de Defensoría de la Delegación Estatal de la Procuraduría Agraria, en que hizo constar, que la huella fue estampada ante su presencia por Patricia Martínez, sin que dicho funcionario justificara contar con la fe pública para ese fin, razón por la cual, si la demandante no sabía escribir ni firmar, bien podía solicitar que alguna otra persona firmara a su ruego, o en su defecto, que el Tribunal Agrario, antes de dar entrada a la demanda, la requiriera para que ante su presencia manifestara bajo protesta de decir verdad, si reconocía como suya la huella dactilar que calzaba el escrito, lo que no ocurrió así.-Se sostiene lo anterior, pues con independencia de que la demanda no haya sido firmada por la actora y sólo apareciera en ella una huella dactilar y asimismo, que no obstante lo anterior, la Magistrada responsable, diera trámite a la demanda, sin requerir a la promovente para que bajo protesta de decir verdad, hiciera el reconocimiento de la huella y ratificara el contenido del escrito; lo cierto es que, la anterior circunstancia carece de transcendencia para los resultados del juicio, si se toma en consideración que la demandante estuvo presente en casi todas las ocasiones en que se citó a las partes al juicio, como es el caso de la audiencia levantada el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y seis, a la que también acudió el demandado, hoy quejoso, Octaviano Servín Martínez, en cuya ocasión el tribunal agrario, los exhortó para que llegaran a un arreglo conciliatorio y la demandante manifestó que ya le había propuesto a su hijo una solución, la cual consistía en que le dejara a ella una fracción de cinco hectáreas y él se quedara con las tres hectáreas restantes, pero el demandado dijo no estar conforme (foja 23). La actora volvió a comparecer materialmente ante el aludido tribunal, en las audiencias llevadas a cabo el veinte de febrero y cinco de agosto de mil novecientos noventa y seis, el dieciocho de febrero, tres y veintiséis de marzo, veintinueve de abril y veintiséis de mayo, de mil novecientos noventa y siete, todo lo cual hace más que evidente, que la actora, aquí tercera perjudicada, de manera tácita, ratificó el contenido de la demanda y ampliación, así como también, resulta notorio el interés que ésta puso de manifiesto para que se resolviera el juicio por ella iniciado, al asistir a casi la totalidad de las audiencias levantadas por la responsable, lo que no hubiera ocurrido en la hipótesis de que la huella dactilar que calza el escrito de demanda, no fuera la suya y mucho menos, de que no contara con interés en la tramitación del juicio.-De ahí que, tampoco le asista razón al quejoso, en lo que argumentó en los puntos ‘6’ y ‘7’, de sus conceptos de violación, en el sentido de que la actora del juicio de origen carecía de personalidad y de falta de acción, ya que aparte de que no lo hizo valer en vía de excepción, pues inclusive no contestó la demanda, de cualquier manera, el hecho de que el licenciado Francisco Estrada Canchola, con la calidad de jefe del Departamento de Defensoría de la Delegación Estatal de la Procuraduría Agraria, no hubiera contado con facultades para ejercer funciones de fedatario, esa sola circunstancia carece de relevancia, pues como ya se dijo, aun de existir esa violación formal, en nada trascendió al sentido del fallo, toda vez que la demandante, hizo evidente en todo momento, su interés para que se tramitara y siguiera el juicio por ella iniciado, que en última instancia, es el fin que se pretende, al mandar ratificar su escrito o promoción, cuando se tiene seria duda, sobre la identidad de su signatario y de su voluntad para accionar o impulsar el procedimiento.-Respecto de lo que alega en el punto ‘2’, de sus motivos de inconformidad, tampoco le asiste razón al apoderado del quejoso, ya que contrariamente a lo que arguye su representado, sí fue legalmente emplazado a juicio, conforme a lo que establecen los artículos 170, 171, 172 y 173 de la Ley Agraria, pues basta ver la cédula de notificación, que obra a fojas doce y ochenta y ocho del expediente del juicio original, para darse cuenta de que la actuaria del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, entendió la diligencia de emplazamiento directamente con el interesado, a quien le hizo entrega de una copia de la demanda y de la ampliación, quien además firmó de conformidad. Luego, no es correcto de que dejara a su representado en estado de indefensión, ya que aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de que el hoy quejoso tuvo conocimiento del juicio seguido en su contra, tanto es así que acudió personalmente a las diligencias de veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco y dieciséis de enero de mil novecientos noventa y seis y presentó promoción el ocho de octubre del año citado en segundo término, a la que acompañó testimonio de un poder notarial, expedido en favor del licenciado Eleazar Frade Pozos, para que lo representara en juicio, carácter con el que el aludido profesionista compareció al juicio original, mediante escrito de veintidós de ese mismo mes y año.-Deviene infundado lo que también alega la parte quejosa en los puntos ‘3’ y ‘4’, de sus conceptos de violación, ya que atendiendo a la naturaleza de la acción de nulidad y conflicto por la posesión de una unidad de dotación, no era necesario que la actora Patricia Martínez, ahora tercera perjudicada, justificara que tuvo la posesión de la parcela, desde mil novecientos ochenta y dos en que falleciera su esposo Delfino Servín hasta el año de mil novecientos noventa, en que según señaló en su demanda, le fue privada por su hijo Octaviano Servín Martínez, hoy quejoso; pues lo que en realidad interesaba, era que aquélla demostrara en juicio, que el traslado de dominio que expidió el Registro Agrario Nacional, en favor del demandado, se encontraba viciado, por realizarse en contra de disposiciones de la Ley Agraria vigente en aquella época, como así ocurrió. Argumento que, en lo medular, resulta además aplicable, en lo conducente, al convenio de diecinueve de julio de mil novecientos noventa, que suscribieron la actora y el demandado, ante el entonces delegado agrario en el Estado, respecto del cual también se pidió la nulidad.-Por otra parte, la autoridad responsable, contrariamente a lo que afirma el inconforme, no estaba obligada a recabar de oficio, copia certificada de las constancias que integraban la averiguación previa y del proceso penal que se le siguió por el delito de despojo, en virtud de que para los efectos de la acción de nulidad, no interesaba quién tuvo o tenía actualmente la posesión, sino en todo caso, si el documento de traslado de dominio en el que el demandado Octaviano Servín Martínez, detentaba su derecho para detentar y usufructuar la unidad de dotación, se había expedido respetando los requisitos que exige la Ley Agraria; por lo que, si el entonces demandado, tenía interés de que se tomaran en cuenta dichas constancias, bien podía haberlas aportado directamente como prueba al juicio agrario, lo que no hizo.-Por último, cabe declarar carente de fundamento el concepto de violación identificado con 5 (sic), en cuanto arguye el quejoso, que la Magistrada debió percatarse de que la acción que ejerció la actora, se encontraba prescrita, por no haberla hecho valer dentro del plazo a que aludía el artículo 75, de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria; ya que al respecto, debe decirse al inconforme, que el anterior precepto, en ninguna parte de su texto hacía referencia a la existencia de un término para que operara la prescripción de las acciones en él consideradas, por lo que así las cosas, los interesados podían hacerlas valer, conforme a las disposiciones legales de la mencionada ley, en cualquier momento.-En las relatadas circunstancias, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación expresados por el quejoso y además, no advirtiendo este tribunal colegiado que se hubiera cometido una violación manifiesta de la ley que lo dejara sin defensa, entonces lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que pide.-En el entendido de que la negativa del amparo, se hace extensiva también a los actos que reclamó de la autoridad responsable ejecutora, por no impugnarlos por vicios propios, atento a la jurisprudencia número 654, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 438, del Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, la cual hace suya este tribunal y que dice: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.-Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios.’."

En la parte que interesa del amparo directo número 1101/97, se contienen idénticas consideraciones que en el diverso número 1110/97, motivo por el cual, se omite su transcripción.

El criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito al resolver el trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el amparo directo número 271/98, promovido por Roberto Pérez Aguacaliente, se sustenta, en la parte relativa, en las consideraciones siguientes:

"PRIMERO.-Este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, b) (sic), de la Constitución Federal, en relación con los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, b) (sic), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por haberse promovido contra una sentencia definitiva (sic) en materia administrativa.-SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe rendido por el tribunal responsable y con los autos del expediente 99/97, que remitió como justificación del informe mencionado.-TERCERO.-La sentencia reclamada en esta vía constitucional contiene las siguientes consideraciones: ‘... II. Que el presente asunto, de acuerdo con las pretensiones de las partes, versa sobre una nulidad de actos y documentos que contravienen las leyes agrarias, así como una controversia por la posesión y tenencia de una parcela ejidal, acciones reguladas perfectamente por el artículo 18, fracciones V, VI y VIII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en el que Roberto Pérez Aguacaliente, demanda la nulidad de la solicitud e inscripción del traslado de derechos agrarios de veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos que el Registro Agrario Nacional realizó a favor de su señora madre Victoria Aguacaliente Contreras, así como el traslado de dominio que con posterioridad se efectuó a favor de José Eleazar Pérez Aguacaliente, respecto del certificado de derechos agrarios número 880495, que perteneció a su finado padre Gerardo Pérez Morales; ...’ QUINTO.-Resulta improcedente el juicio de garantías promovido por Roberto Pérez Aguacaliente, en contra del acto que reclama del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, que se precisó en el resultando primero de esta ejecutoria, por las siguientes razones: El acto reclamado en esta vía constitucional se hizo consistir en la sentencia pronunciada por el Tribunal Unitario Agrario en fecha trece de octubre de mil novecientos noventa y siete, en el expediente número 99/97.-La resolución combatida determinó en su primer punto resolutivo: ‘Resultó improcedente la acción de nulidad de actos y documentos y de controversia por la posesión y tenencia de una parcela ejidal que ejercitó Roberto Pérez Aguacaliente; en consecuencia se absuelve al Registro Agrario Nacional y a José Eleazar Pérez Aguacaliente, de las pretensiones que se les reclamaron en este juicio, de conformidad con los considerandos de este estudio.’.-Ahora bien, el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria a la letra dice: ‘El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los Tribunales Agrarios que resuelvan en primera instancia sobre: ... III. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.’.-Así las cosas, toda vez que el acto reclamado, en un aspecto, versa respecto de la improcedencia de la nulidad de una resolución de autoridad en materia agraria, como lo es el Registro Agrario Nacional, resulta incuestionable que el juicio de garantías que en esta vía se intenta resulta improcedente, a virtud de actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: ‘El juicio de amparo es improcedente: ... XIII. Contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiere hecho valer oportunamente ...’.-Por último, cabe precisar que no pasa inadvertido a este tribunal federal que la resolución que constituye el acto reclamado se determinó también respecto de diversa cuestión que le fue planteada por el actor -hoy quejoso- al ejercitar la acción de conflicto por posesión y goce de parcela ejidal, misma que también declaró improcedente por las razones emitidas en el propio fallo impugnado en esta vía constitucional; no obstante lo anterior, dicha acción es derivada de la diversa principal de nulidad de la resolución de traslado de derechos, por lo que al resultar ésta susceptible de ser recurrida a través del medio ordinario de defensa que prevé el artículo 198 de la Ley Agraria, la resolución que se determinó también a este respecto no es combatible a través del juicio de garantías que se intenta ..."

CUARTO.-En principio, es pertinente tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República; 197 y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.

Ahora bien, la existencia de la contradicción de tesis precisa de la reunión de los siguientes supuestos:

a) Dos o más ejecutorias dictadas, respectivamente, por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, al resolver los negocios jurídicos sometidos a su consideración, en las que examinen, sobre los mismos elementos jurídicos, cuestiones jurídicas esencialmente iguales, cuyas hipótesis, con características de generalidad y abstracción, pueden actualizarse en otros asuntos.

b) Que de tal examen arriben a posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

c) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 22/92, sustentada por la Cuarta Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, octubre de 1992, página 22, cuyo texto es:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En relación con el supuesto de divergencia de criterios, es pertinente destacar, que no es necesario que esta diferencia deriv

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6360-9bf662a0/derechos-agrarios-resoluciones-de-primera-instancia-que-deciden · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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