EMPLAZAMIENTO, FIRMAS EN EL ACTA DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO EN REVISIÓN 193/2000. AUSTREBERTA FLORES CONDE.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son inoperantes en una parte, infundados en otra y fundados en lo demás los agravios hechos valer en la presente revisión, supliendo en los mismos en el último aspecto indicado la deficiencia de la queja, en términos de lo previsto por el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, en virtud de que ha habido en contra de la recurrente una violación manifiesta de la ley que la dejó sin defensa.
Por cuanto hace a lo aducido por la inconforme respecto de que la sentencia recurrida resulta violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, cabe señalar que tal alegato deviene inoperante; en virtud de que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, el único medio de defensa para reclamar actos de autoridad que violen garantías individuales, lo es el juicio de amparo, de manera que en casos como el de la especie no puede legalmente examinarse lo relativo a una supuesta violación de las citadas garantías por parte de la resolución impugnada, pues el recurso de revisión no es un medio de control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, sino un instrumento técnico a través del cual se revisa la actuación del Juez Federal que conoce del juicio de amparo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 12/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 507 y 508, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo III, correspondiente al mes de marzo de 1996, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo.".
Por razón de método, deben analizarse a continuación los agravios en los que la inconforme plantea la existencia de violaciones a las leyes del procedimiento en el juicio de amparo, y así debe decirse, que inicialmente aduce que la audiencia constitucional del juicio de garantías cuyo fallo se revisa, primero fue fijada para que tuviera verificativo el veintiuno de febrero del año en curso, pero en esta fecha no se llevó a cabo la misma y fue diferida, señalándose como nuevo día y hora para que se celebrara el catorce de marzo siguiente, sin que el acuerdo correspondiente le fuera notificado en forma personal; y no obstante ello, en la fecha citada en último término tampoco se verificó la audiencia de que se trata, pues también se difirió; fijándose como nuevo día y hora para su celebración el veintisiete de marzo posterior, y el acuerdo en el que se ordenó tal diferimiento, tampoco le fue notificado de manera personal; lo cual en opinión de la inconforme resulta contrario a lo previsto en el artículo 30 de la Ley de Amparo.
Carece de razón la recurrente puesto que contra lo que aduce, ni en el artículo 30 de la Ley de Amparo, ni en ningún otro precepto del mismo ordenamiento legal, se establece que la notificación del acuerdo que señala día y hora para la celebración de la audiencia constitucional deba realizarse en forma personal al quejoso, salvo el criterio que se ha sostenido para el caso de que ésta se adelante, mismo que no se actualiza en la especie. En consecuencia, debe dejarse claramente establecido, que la juzgadora federal actuó legalmente en los proveídos de veintiuno de febrero y catorce de marzo, ambos del presente año, en los que difirió la audiencia constitucional al acordar correctamente que le fueran notificados a la quejosa por medio de lista, como en efecto se hizo, pues ninguna obligación legal tenía de ordenar que le fueran notificados en forma personal.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en Materia Civil ahora resuelve, publicada en la página 465, Tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. LA NOTIFICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO DEL DÍA Y HORA PARA QUE SE CELEBRE NO ES PERSONAL.-Ningún dispositivo de la Ley de Amparo establece que la notificación del acuerdo que señala día y hora para la celebración de la audiencia constitucional deba hacerse en forma personal al quejoso, salvo el criterio que se ha establecido para el caso de que ésta se adelante, siendo además una carga de la parte quejosa cerciorarse de la fecha en cuestión a través de la notificación que se le haga del acuerdo respectivo por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado.".
En tal virtud, al haberle sido notificados a la quejosa los acuerdos en que se proveyó el diferimiento de la audiencia constitucional en forma legal, no puede decirse que se le haya dejado en estado de indefensión, por no haberse enterado de las nuevas fechas fijadas para la celebración de la mencionada audiencia, pues pesaba sobre ella la carga procesal de cerciorarse de la fecha en cuestión, precisamente a través de la notificación que se le hizo de los autos correspondientes, mediante la lista que para tal efecto se fija en los estrados del Juzgado de Distrito; de ahí que si la amparista no tuvo conocimiento de los mismos, sino hasta después del dictado de la sentencia materia del presente recurso de revisión, tal cuestión no puede ser atribuida a la Juez Federal por alguna notificación ilegal, sino debe estimarse imputable a la propia recurrente, pues dicho desconocimiento no puede más que entenderse como falta de interés de su parte.
Asimismo, debe decirse que la recurrente pretende apoyar sus razonamientos en una "jurisprudencia", que aduce se publicó en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, sin que este tribunal de garantías cuente con elementos suficientes para valorar si la misma le beneficia o no a la inconforme, ya que al citarla, no cumple con lo previsto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, en virtud de que no expresa el órgano jurisdiccional que la emitió, el número, página y tomo en que se publicó, así como el rubro de la misma, por lo que, se insiste, no existen datos suficientes para analizar su aplicación.
Cobra aplicación sobre el particular, la jurisprudencia número 867, sustentada por el tribunal federal antes señalado, publicada en la página 594, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el epígrafe: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA O DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SU INVOCACIÓN POR LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO.-Cuando las partes invoquen en el juicio de amparo la jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo harán por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró y el rubro y tesis de aquélla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que si la quejosa no cumple con dichos requisitos, el Tribunal Colegiado se encuentra legalmente impedido para determinar si se ha violado o no, en su perjuicio, por el a quo el criterio que aquélla sostiene.".
Como diversa violación a las leyes del procedimiento en el juicio de amparo, la recurrente asevera en el segundo agravio que formula, que es ilegal que no se le hubiese notificado en forma personal el cambio de titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, pues ello infringe los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo y la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "TRIBUNALES, CAMBIOS EN LOS.".
En efecto, carece de razón la recurrente, puesto que por una parte, no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo, que disponga que el cambio del titular de un Juzgado de Distrito deba notificarse personalmente a las partes en el juicio de garantías; y si bien es verdad que es recomendable que tal cambio de titular le sea dado a conocer a las partes, para que en su caso puedan exponer alguna causa de impedimento, sin embargo no debe perderse de vista que en términos de lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Amparo, en los juicios de garantías no son recusables los Jueces de Distrito.
Además de lo anterior, debe indicarse que lo cierto es que del examen de los autos del juicio de garantías, concretamente a foja veinticuatro, se advierte con claridad, que el dieciséis de febrero de dos mil, la Juez de Distrito a quo, dictó el siguiente acuerdo: "Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del Juez Segundo de lo Civil de Cholula, Puebla, por el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho número 39/2000 de los del índice de este juzgado, mismo que le fue enviado a fin de que emplazara a la tercera perjudicada Clara Esperanza Cuanalo Ortega, lo anterior a fin de que surta sus efectos legales correspondientes en su momento procesal oportuno, esto es, al momento de celebrarse la audiencia constitucional.-Asimismo, hágase saber a las partes que con fecha dieciséis de febrero del presente año, la licenciada María Concepción Alonso Flores comenzó a fungir como nuevo titular de este Juzgado de Distrito, esto a fin de que expresen lo que a su interés convenga, teniendo además aplicación al respecto la tesis consultable en la página 303, del Tomo IV, Segunda Parte-1, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: ‘JUEZ DE DISTRITO, OBLIGACIÓN DE DAR A CONOCER A LAS PARTES EL CAMBIO DE TITULAR. FINALIDAD.-El hecho de que en el procedimiento de un juicio de garantías se haya celebrado la audiencia constitucional ante la presencia judicial, dejándose pendiente el dictado de la resolución, y en ese lapso hubiera operado un cambio de titular, no significa que el a quo, incurra en una omisión que deje sin defensa al recurrente, o pudiese influir en la sentencia que se dictó en definitiva al no notificar personalmente el cambio de titular ocurrido en el juzgado a su cargo, pues el objetivo que se persigue con esa notificación es dar oportunidad a las partes de poder hacer valer alguna causa de impedimento del nuevo titular, que ocasione que no deba conocer del asunto. Por tanto, si el quejoso no aduce que el Juez de Distrito que dictó la sentencia recurrida tenga algún motivo de impedimento para hacerlo, carece de objeto ordenar se reponga el procedimiento en el juicio de garantías para que se subsane la omisión cometida por el Juez del conocimiento, pues ningún fin práctico se obtendría.’. Notifíquese."; acuerdo que se advierte, le fue notificado a las partes por medio de lista, al día siguiente, esto es, el diecisiete de febrero del año en curso; y no fue sino hasta el veintisiete de marzo posterior, en que se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia que ahora se recurre.
Como se desprende de lo anterior, el cambio de titular sí les fue notificado a las partes en el presente juicio de garantías y, por ende, no se incurrió en ninguna omisión que hubiese dejado sin defensa a la recurrente, o que pudiese influir en la sentencia que se dictó en definitiva, al no notificarse personalmente el cambio de titular ocurrido en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla; siendo importante agregar que el objetivo que se persigue con esa notificación es dar oportunidad a las partes de poder hacer valer alguna causa de impedimento del nuevo titular, que ocasione que no deba conocer del asunto, lo que no aconteció en el caso sujeto a estudio, ya que inclusive con posterioridad al dictado del acuerdo antes transcrito, la ahora recurrente presentó tres escritos, uno el veintiuno de febrero siguiente, por el que solicitó el diferimiento de la audiencia constitucional, en razón de que el Juez responsable no le había expedido la copia certificada que previamente le solicitó; y los dos restantes el catorce de marzo posterior, uno por el que la referida quejosa expresó sus respectivos alegatos y el último, mediante el cual ofreció diversas pruebas documentales públicas, instrumentales de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, sin que en ningún momento cuestionara esa situación. A mayor abundamiento, debe decirse que la tesis que invoca la recurrente, en la parte que ésta transcribe, no se menciona que el cambio de titular del órgano jurisdiccional tenga que notificarse personalmente a las partes, por lo que dicha tesis no le beneficia.
Otra violación a las leyes del procedimiento en el juicio de amparo, se plantea en el sentido de que es ilegal lo acordado el veintiuno de febrero del presente año, por la Juez de Distrito, porque atenta contra el principio de igualdad procesal, ya que en ese proveído, dicha juzgadora razonó las pruebas que la tercera perjudicada Clara Esperanza Cuanalo Ortega ofreció, cuando lo correcto es que debió haber reservado el anuncio de tales probanzas hasta el momento de la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 151 de la Ley de Amparo.
No le asiste la razón a la quejosa, puesto que de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del citado artículo 151 de la Ley de Amparo, las pruebas en el juicio de garantías deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, con excepción de la documental, que puede presentarse con anterioridad a dicha audiencia, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la misma y se tenga por recibida en dicho acto, aun sin gestión expresa del interesado.
Ahora bien, de las constancias que forman el expediente de amparo cuyo fallo se revisa, se advierte que por proveído de tres de febrero de dos mil, el entonces Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, admitió la demanda de garantías promovida por la ahora recurrente, señalando inicialmente para que se celebrara la audiencia constitucional, las nueve horas con cuarenta minutos del día veintiuno de febrero siguiente; y en esta fecha a las nueve horas con veintisiete minutos, la tercera perjudicada Clara Esperanza Cuanalo Ortega, presentó un escrito apersonándose al juicio de garantías y ofreciendo como pruebas de su parte la instrumental pública, consistente en todo lo actuado en el juicio de amparo, así como la presuncional en su doble aspecto, la que hizo consistir en diversas cuestiones que en su opinión, se desprendían de las constancias del juicio generador del acto reclamado, y formulando sus respectivos alegatos. Escrito al que recayó el acuerdo de la misma fecha, en el que la Juez de Distrito a quo proveyó, en lo que interesa, que se tuviera por apersonada a la referida tercera perjudicada a la controversia constitucional, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales, por anunciadas las pruebas antes indicadas y por formulados los alegatos hechos valer, para ser tomados en cuenta en el momento de la celebración de la audiencia constitucional; misma que tuvo verificativo hasta el veintisiete de marzo del año en curso, en la que, atento lo establecido por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se hizo relación de las pruebas ofrecidas tanto por la quejosa (documentales públicas e instrumental de actuaciones), como por la tercera perjudicada, las cuales en la misma audiencia, la Juez Federal de mérito acordó tenerlas por ofrecidas y las admitió.
Sentado lo anterior, debe decirse que carece de razón la recurrente, puesto que en primer lugar, la Juez de Distrito a quo en el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil, únicamente tuvo por anunciadas las pruebas ofrecidas por la tercera perjudicada, y en ningún momento las admitió, pues ello ocurrió en la audiencia constitucional.
En otro orden de ideas, es menester dejar asentado, que resultan fundados los agravios quinto a séptimo, hechos valer por la recurrente, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, ya que se advierte la existencia de una violación manifiesta de la ley, que dejó sin defensa a la parte quejosa; y por ello, partiendo de la base de que la quejosa hace consistir los actos reclamados en la totalidad del procedimiento de origen, a partir del ilegal o nulo emplazamiento al mismo, además de que la falta de emplazamiento o su realización en forma contraria a la ley, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dado que evidentemente ocasiona la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, imposibilitando a la parte demandada a producir su contestación y a oponer sus excepciones y defensas, privándole en consecuencia de la oportunidad de presentar las pruebas que acrediten éstas y de contradecir las de su contraria; en tal virtud, debe destacarse que este tribunal de garantías aprecia que el emplazamiento al juicio generador respecto de la hoy quejosa es ilegal, y así en la especie procede suplir la deficiencia de la queja en su favor.
Se invocan por ser aplicables sobre el particular, las jurisprudencias VI.2o. J/166 y 247 emitidas la primera, por el tribunal de garantías antes citado, consultable en la página 1337, Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación; y la segunda, por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 168, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice 1917-1995, que dicen: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA, PROCEDENCIA DE LA.-De lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, se desprende que es procedente suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios ‘en otras materias’ cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa; de lo que se sigue, que la suplencia prevista en esa fracción opera en los amparos en las materias civil y administrativa, toda vez que el legislador, al emplear las palabras ‘en otras materias’, se refiere a las que no están expresamente reguladas en las primeras cinco fracciones del artículo citado, y que son, precisamente, la civil y la administrativa."; así como: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO.-La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia.".
En efecto, independientemente de lo sostenido por la Juez de Distrito a quo en la sentencia recurrida, debe estimarse ilegal el emplazamiento impugnado por la quejosa al no reunir el requisito que establece el artículo 49, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla.
El artículo 49, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla dice: "En la primera notificación se aplicarán las siguientes disposiciones: I. Se hará personalmente al interesado en la residencia designada, entregándole copia autorizada de la resolución que se notifica.".
Ahora bien, del precepto transcrito se desprende de manera clara que en la primera notificación, el diligenciario debe entregar al interesado una copia autorizada de la resolución que se notifica (en el caso, del auto admisorio de la demanda). Esto en la inteligencia de que si ese precepto emplea el término "autorizada", ello significa que necesariamente debe tratarse de una copia de la resolución que se notifica, certificada o autorizada por el secretario del juzgado, que es quien en los términos del artículo 77, fracciones II y IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, debe autorizar las actuaciones en que intervenga y expedir certificaciones, copias, testimonios e informes que se le prevengan.
En la especie, de la razón asentada en autos con motivo del emplazamiento de la demandada de veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se observa que el funcionario que la practicó, hizo constar que notificaba personalmente a la enjuiciada Austreberta Flores Conde el proveído de cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, asentado en la parte final de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, lo siguiente: "... Acto seguido, procedo a emplazar a juicio personalmente a la parte demandada, en términos de lo previsto por el artículo 723 del Código de Procedimientos Civiles, para que dentro del término de tres días, contados éstos a partir del día siguiente en el que se actúa, se presente al juzgado de autos, a hacer paga llana de las especies reclamadas o en su caso a oponerse a la ejecución si tuviere excepciones que hacer valer, y le hago entrega en siete fojas útiles, de la copia autorizada de la demanda y documentos base de la acción, así como copia simple de la presente diligencia, con lo que se dio por terminada esta diligencia, levantándose la presente acta para constancia que se firma por los que en ella intervinieron, pueden, saben y no se negaron a hacerlo, haciendo constar que no firma la parte demandada. Doy fe.". Como se comprueba con lo anterior, el diligenciario responsable incumplió con lo establecido en la citada fracción I de la disposición de que se trata, pues si bien asentó que dejó copia autorizada de la demanda y de los documentos base de la acción y copia simple de la diligencia de que se trata; sin embargo, el funcionario que practicó el emplazamiento no entregó a la interesada la copia autorizada del auto admisorio de la demanda.
Es importante destacar, que se estima indispensable la entrega al demandado de la indicada copia autorizada del acuerdo que se notifica, ya que de otra forma existiría la imposibilidad de determinar, a través del expediente, si la diligencia de emplazamiento satisfizo o no los requisitos que marca la ley; toda vez que no debe olvidarse que éste es un acto trascendental y, por lo mismo, el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos legales es de orden público, motivo por el que sería antijurídico estimar apegada a derecho una diligencia respecto de la cual se ignore si el demandado tuvo conocimiento preciso del contenido de la resolución materia del emplazamiento.
Cabe agregar, que el diligenciario responsable después de especificar el lugar en que se constituyó y describir a la persona con quien entendió el emplazamiento reclamado, expresó lo siguiente: "... a quien le hago saber el motivo de esta diligencia, notificándole personalmente la resolución que antecede de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, de todo lo cual manifiesta quedar debidamente entendido.".
De la anterior transcripción se desprende, que el funcionario que practicó el emplazamiento de que se trata, señaló que notificó "... la resolución que antecede ...", pero no especificó que hubiera entregado copia autorizada del acuerdo que debía dar a conocer a la hoy quejosa, ni que el mismo se encontrara autorizado; además de que antes en el acta en que consta esa diligencia, no se mencionó alguna determinación o acuerdo, por lo que no se tiene certeza de cuál es la "... resolución que antecede ...", anomalía que también lleva a establecer la ilegalidad del emplazamiento sujeto a estudio.
Asimismo, en la parte final del acta de emplazamiento, el funcionario que lo practicó asentó: "... con lo que se dio por terminada esta diligencia, levantándose la presente acta para constancia, que se firma por los que en ella intervinieron, pueden, saben y no se negaron a hacerlo, haciendo constar que no firma la parte demandada. Doy fe.".
Con base en lo anterior, debe decirse que también resulta ilegal el multicitado emplazamiento, porque el diligenciario no cumplió con lo previsto por el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cual es del tenor literal siguiente:
"Deben firmar las razones de sus notificaciones, las personas que las hacen y aquellas que las reciban; si éstas no supieren, no quisieren, o no pudieren firmar, se asentará en autos esta circunstancia."
En efecto, el diligenciario responsable no cumplió con el artículo antes transcrito, toda vez que únicamente asentó que la parte demandada no firmó, pero como se desprende del artículo antes invocado, es indispensable que se haga constar cuál fue la causa por la que la interesada no firmó, ya sea porque no supiere hacerlo, no quisiere o no pudiere, lo que no se anotó de manera pormenorizada, y así también por esta otra razón el emplazamiento reclamado es ilegal.
Es aplicable sobre el particular la tesis emitida por el ya mencionado tribunal federal, consultable en la página 193, Tomo IX, marzo de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe: "EMPLAZAMIENTO, FIRMAS EN EL ACTA DE.-No es ilegal el acta de emplazamiento que no contiene la firma de la persona con quien se entendió la diligencia, si al final de la misma se asentó que no firmaba por negarse a hacerlo, ya que tal situación está prevista por el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que establece que deberán firmar las razones de sus notificaciones, las personas que las hacen y aquellas que las reciben, pero si no quisieran, no supieran o no pudieran firmar, deberá asentarse esa circunstancia.".
De igual forma encuentra sustento lo antes razonado en la tesis emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 430, Tomo XII, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO. RAZÓN DEL DILIGENCIARIO RESPECTO DE LAS FIRMAS DEL ACTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-Del artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla se desprende, que si el demandado no supiere, no quisiere o no pudiere firmar el acta de emplazamiento, el diligenciario debe asentarlo así al calce de la misma. Ahora bien, si en una razón asienta ‘levantándose la presente acta, para constancia, que se firma por los que en ella intervienen, pueden, saben y no se negaron a hacerlo. Doy fe’; tal forma de proceder del diligenciario es violatoria del invocado precepto, en virtud de que era su obligación asentar en forma pormenorizada si el demandado firmó o no el acta y en este último supuesto, la causa de esa negativa. Esta es la correcta interpretación, que debe darse a la susodicha disposición.".
En tal virtud, es incuestionable que es ilegal el emplazamiento practicado a la hoy quejosa en el juicio generador, al no reunir los requisitos que prevén los artículos 49, fracción I, y 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, lo que trae como consecuencia que el mismo resulte violatorio de las garantías individuales de la amparista, toda vez que se le impidió ser oída y vencida dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen.
No es obstáculo para lo anteriormente concluido, lo concerniente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6538-8b6b82c3/emplazamiento-firmas-en-el-acta-de-legislacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. (AMPARO EN REVISIÓN)
- NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. (AMPARO EN REVISIÓN)
- SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE. (AMPARO EN REVISIÓN)
- SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE RESPECTO DEL ACTUARIO O DILIGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO PENAL, CUANDO SE LE ATRIBUYE ÚNICAMENTE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
- AMPARO. (s/clave)
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- AMPARO, JUICIO DE. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis