PAGARÉ, PROMESA INCONDICIONAL EN EL.
AMPARO DIRECTO 269/2000. UNIÓN DE CRÉDITO REGIONAL, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los conceptos de violación son parcialmente ineficaces y en parte infundados, como a continuación se demostrará.
El treinta de julio de mil novecientos noventa y nueve, los licenciados Marisela Meza Enríquez y Jaime Suárez Altamirano, ostentándose como endosatarios en procuración de Luz María Navarro Moreno, demandaron en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a la aquí quejosa, Unión de Crédito Regional, S.A. de C.V., ante el Juez Primero de Distrito en el Estado (exp. 4/99), el pago de las siguientes prestaciones: A) Seiscientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos, treinta y nueve centavos, por concepto de importe del capital del pagaré que anexan a su demanda. B) Once mil quinientos ochenta y un pesos, cincuenta y cuatro centavos, por concepto del interés ordinario neto producido por el citado pagaré en un plazo de veintiocho días, calculados con base en la tasa neta del veintiuno punto sesenta y cinco por ciento (anual). C) La cantidad que resultara por concepto de intereses moratorios hasta la total liquidación del adeudo, calculados sobre la misma tasa neta. D) Las costas del juicio.
Narraron como hechos constitutivos de su acción, en síntesis:
Que el primero de julio de mil novecientos noventa y nueve, la demandada suscribió a favor de su endosante un pagaré por seiscientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos, treinta y nueve centavos, pagaderos el día veintinueve de esos mismos mes y año, en el que se estipuló que durante ese plazo, que fue de veintiocho días, dicho capital causaría un interés ordinario del veintitrés punto sesenta y cinco por ciento bruto, menos dos puntos correspondientes al impuesto sobre la renta retenido, por lo que la tasa neta de interés ordinario, dentro del citado plazo, sería del veintiuno punto sesenta y cinco por ciento, o sea, once mil quinientos ochenta y un pesos, cincuenta y cuatro centavos, como lo acreditan con el pagaré que anexan a su demanda. Que como la suscriptora no liquidó el pagaré en la fecha de su vencimiento, el mismo fue endosado en procuración a favor de los de la voz el treinta de julio de mil novecientos noventa y nueve, para que hicieran su cobro, por lo que proceden a instaurar la demanda mercantil.
En su oportunidad, el licenciado Adrián Jaramillo Hernández, en su carácter de apoderado para pleitos y cobranzas de la aquí quejosa, contestó la demanda, manifestando en síntesis:
Que es falso que la demandada haya suscrito un pagaré, pues lo cierto es que la actora hizo una inversión a un plazo de veintiocho días por la cantidad que reclama como suerte principal, en atención a su calidad de socio de la unión de crédito, quien extendió a la actora un documento comprobatorio de tal inversión, mismo que los abogados de su contraparte pretenden hacer valer como si fuera un título de crédito, cuando no lo es, ya que no reúne los requisitos previstos por el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues tal comprobante no está concedido a la orden ni contiene la promesa incondicional de pagar una suma determinada, por lo que no puede considerarse "papel de comercio", sino una simple promesa de pago sujeta a las leyes civiles. Que si acaso al referido comprobante de inversión a plazo se le considerara título de crédito, debió cumplirse con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Instituciones de Crédito para que pudiera producir acción ejecutiva respecto de la emisora. Que el endoso en procuración que contiene el mencionado documento carece de valor porque el mismo no es endosable, por no ser un título de crédito. Que si bien es cierto que el citado comprobante tiene como fecha de vencimiento el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve y que el mismo no fue liquidado por la demandada, también lo es que dicho documento contiene "notas importantes", conforme a las cuales la demandada no recibió ninguna orden por parte del socio para que fuera renovado, ni para que se cancelara el día de su vencimiento, por lo que atendiendo a dichas "notas importantes", el documento denominado "pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento" quedó sujeto a lo establecido en las mismas. Que además debe decirse, que es del dominio público que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 601-I-VJ-44726/99, recibido por la unión de crédito el siete de julio de mil novecientos noventa y nueve, revocó la concesión para que la empresa operara como organización auxiliar de crédito, por lo que a partir de esa fecha ya no se podían realizar operaciones de captación ni efectuar reembolsos de inversiones, hasta en tanto no entrara en funciones el organismo liquidador que conforme a derecho realizara las operaciones de la liquidación. Como derivación de los narrados hechos, se opuso entre otras, la excepción de improcedencia de la acción, misma que se basó en que el documento fundatorio no reúne los requisitos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al no contener la promesa incondicional de pago de una suma determinada de dinero, así como en que para considerar a un comprobante de inversión como un título de crédito, debió cumplirse con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual dispone que los certificados de depósito a plazo serán título de crédito y producirán acción ejecutiva, previo requerimiento de pago ante fedatario público, lo cual no sucedió en la especie, porque la parte actora sólo presentó como documento fundatorio el que menciona en su demanda como anexo único.
El diecinueve de enero del año en curso, el a quo dictó su sentencia, determinando que la parte actora probó su acción y que la demandada no acreditó sus excepciones. En consecuencia, condenó a esta última al pago de las prestaciones reclamadas.
Con fecha veintisiete de marzo del año dos mil, el tribunal responsable dictó la sentencia reclamada en el toca número 62/2000-B, relativo al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia, confirmándola con base en las siguientes consideraciones torales:
a) Que los agravios tienden a combatir la sentencia recurrida en cuanto en ella se determinó que el documento fundatorio es un título que trae aparejada ejecución porque contiene los requisitos previstos por el artículo 170 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito para tener el carácter de pagaré, por lo que la litis de la alzada se concreta a dilucidar ese aspecto.
b) Que el documento fundatorio de la acción contiene la mención de ser pagaré, así como la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, la cual se desprende de su texto, en el que consta la siguiente leyenda: "pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento", estableciéndose en el número tres de las "notas importantes" lo siguiente: "el pago del capital e intereses se efectuará en el domicilio de la oficina de esta organización auxiliar de crédito.". Que contrariamente a lo aducido por el recurrente debe decirse, que en las citadas leyendas se contiene una promesa incondicional de pago, aun cuando no se indique precisamente con esas palabras, por no ser ello necesario, al existir expresiones análogas que llevan a establecer la citada promesa.
c) Que el documento también contiene el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, al establecerse que se trata de Luz María Navarro Moreno. Que no es óbice para estimarlo así, la circunstancia de que antes del nombre de esa persona aparezcan las leyendas "número de socio 2541" y "nombre del socio: Luz María Navarro Moreno", expresiones que el recurrente considera que si bien le reconocen a la actora la titularidad de los derechos incorporados en el documento, lo cierto es que los mismos son relativos a una inversión con rendimiento liquidable al vencimiento y no a un pagaré, por lo que no puede considerarse como tal, al carecer del nombre del beneficiario. Que tal argumento del apelante carece de fundamento, porque aun teniendo por cierto que la actora tuviera el carácter de socio de la empresa demandada, ello no impide que con independencia de esa calidad, la suscriptora pudiese emitir a su favor un título de crédito para garantizar un adeudo, al no impedirlo precepto legal alguno, y porque constituye un hecho notorio el que la demandada le dio ese carácter en el formato previamente impreso, sólo para justificar el adeudo o crédito ahí especificado, respecto del cual la actora es titular, por lo que en la especie no existe omisión alguna respecto del nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago.
d) Que el citado documento también contiene la época y el lugar de pago, porque en el mismo se estipuló lo siguiente: "fecha de vencimiento: 29/07/1999"; "lugar de pago: San Luis Potosí, S.L.P.". Que la fecha y el lugar de suscripción se desprenden de la parte que dice: "fecha de emisión: 01/07/1999" y de la circunstancia de que en la parte en la que se imprimieron el nombre y domicilio de la demandada, así como el sello correspondiente, se aprecia que el lugar fue esta ciudad de San Luis Potosí. Que por último, la firma del suscriptor se localiza en la parte que dice: "firmas autorizadas", porque en ese espacio aparece la firma del ejecutivo de promoción de nombre Gabriela Abad Sarquís, poniéndose a la derecha de su firma el sello de recibido de la demandada.
e) Que por tanto, como bien lo estimó el Juez Federal, el referido documento sí es un título de crédito, porque sí reúne los requisitos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que no puede sostenerse que se trata de un título de simple legitimación y meramente comprobatorio de inversión, al contener la promesa incondicional de pago y la suma de dinero a pagar.
f) Que es inexacto que la actora tuviera que llenar el documento en términos del artículo 15 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, pues para que ello ocurriera era menester que no estuvieran satisfechos todos los requisitos previstos por la ley, mismos que como ya se dijo, sí los contiene el pagaré base de la acción.
g) Que el hecho de que el a quo haya estimado que el documento fundatorio sí es un pagaré, no es contrario al criterio que dice el apelante que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la orden incondicional de pago es de observancia estricta. Que ello es así, porque el recurrente no precisa cuál es la tesis que sustenta esa afirmación, pues sólo se refiere de manera vaga al criterio que ha sostenido el Máximo Tribunal del país, por lo que no se está en la posibilidad jurídica de emitir algún juicio al respecto.
h) Que contrariamente a lo afirmado por el recurrente en el sentido de que el Juez no tomó en cuenta que de las "notas importantes" uno y cuatro, se desprende que el documento fundatorio es un mero comprobante de una inversión de dinero, debe decirse, que si bien fue dable expresar en su momento la causa generadora del pagaré, es decir, un acto de inversión monetaria, ya que ningún precepto legal lo impide, no menos lo es que ese hecho en forma alguna conlleva a establecer que por ese motivo el documento pierda su naturaleza de título de crédito con efectos ejecutivos, porque tampoco existe alguna disposición legal que así lo indique, además que es de explorado derecho que los títulos de crédito son autónomos y se desvinculan de la causa que les dio origen. Que el documento fundatorio es un pagaré, por más que en los agravios se diga que el mismo deriva de una inversión con intereses a plazo, porque a pesar de que así quedó plasmado, lo cierto es que dicha inserción no le hace perder el carácter anotado, cuenta habida de que lo que hizo la suscriptora fue consignar el negocio causal, o sea el origen del pagaré, sin que pueda considerarse que esta mención constituya una condición que afecte el carácter de título ejecutivo, por lo que la inserción en su texto de las referidas notas resulta irrelevante para restarle la calidad de título de crédito, pues las mismas deben entenderse como la causa generadora de su expedición, lo cual no desvirtúa su naturaleza en forma alguna.
En los conceptos de violación se aduce, en síntesis:
Que la autoridad responsable afirmó que el documento fundatorio reúne los requisitos del artículo 170 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, realizando un estudio superficial de dicho documento y supliendo las deficiencias que el mismo contiene, mismas que no fueron subsanadas oportunamente y que quedaron mencionadas en los agravios de la apelación. Que no obstante lo argumentado por el tribunal de alzada, el referido documento no reúne los requisitos del citado precepto legal (se mencionan). Que el documento base de la acción no contiene la promesa incondicional de pago, porque en su texto sólo se aprecia el nombre de la aquí quejosa, sucursal en la que se expidió, teléfono, registro federal de contribuyentes, nombre del socio, su dirección, teléfono y el mencionado registro, la leyenda "pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento", la fecha de emisión y vencimiento, plazo y lugar de pago, el capital invertido, las tasas de interés, impuesto sobre la renta retenido y la cantidad total al vencimiento de la inversión. Que por tanto, el tribunal responsable no debió concretarse a decir que el a quo valoró correctamente el documento fundatorio, al establecer que se trata de un pagaré, porque el citado artículo 170 establece los requisitos que el mismo debe contener, haciendo al igual que el a quo, un estudio superficial, cayendo en el mismo error de suplir las deficiencias que contiene el documento.
Los resumidos conceptos de violación son parcialmente ineficaces, por insuficientes, porque en ellos no explica la parte quejosa por qué, en su concepto, el tribunal responsable hizo un estudio superficial del documento base de la acción, ni por qué considera que dicha autoridad suplió las "deficiencias" que según su dicho, contiene el citado documento.
Con la aclaración de que el documento fundatorio, además de las menciones que señala la parte quejosa, contiene las que citó el tribunal responsable en su consideración toral resumida en el inciso b) precedente, de las que concluyó dicha autoridad que se desprendía la promesa incondicional de pago, sin que la aquí quejosa controvierta en forma concreta, con razonamientos lógico-jurídicos, lo argumentado por el tribunal de alzada para llegar a esa conclusión, pues se limita a afirmar que el citado documento no contiene la referida promesa, por apreciarse únicamente en su texto las menciones que señala en sus conceptos de violación, pero sin referirse en modo alguno a las que tomó en cuenta la autoridad responsable para determinar que el aludido documento sí contiene la citada promesa.
Y son en parte infundados, porque el tribunal de alzada no se concretó a decir que el a quo valoró correctamente el documento fundatorio, sino que razonó, mediante las consideraciones torales sintetizadas en los incisos b) al d) precedentes, por qué dicho documento sí es un pagaré.
En otros conceptos de violación se argumenta, en resumen:
Que el Tribunal Unitario debió concluir que el referido documento carece de la expresión del nombre de la persona a quien de haber existido la promesa incondicional de pago se le habría dado, pues en el mismo sólo se señaló lo siguiente: "nombre del socio: Luz María Navarro Moreno", obviamente como titular de una inversión con rendimiento liquidable al vencimiento, según se desprende del texto del documento, mas no como indicación de la persona a quien debe hacerse el pago, para que quede debidamente determinado el carácter nominativo del pagaré.
Estos conceptos son igualmente ineficaces, por insuficientes, pues en ellos no se controvierte, en forma concreta, lo razonado por el tribunal responsable para concluir que el documento base de la acción sí contiene el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, sino que en realidad se está repitiendo, en esencia, el agravio contestado por dicha autoridad mediante la consideración toral sintetizada en el inciso c) que antecede, el cual consistió en que de la transcrita mención consideraba el recurrente, que si bien se reconocía a la actora la titularidad de los derechos incorporados en el documento, lo cierto es que los mismos eran relativos a una inversión con rendimiento liquidable al vencimiento y no a un pagaré, por lo que no podía considerarse como tal, al carecer del nombre del beneficiario.
Por otra parte, en los conceptos de violación se argumenta, en síntesis:
Que el Juez de Distrito y el Tribunal Unitario jamás se refirieron a que el documento fundatorio contiene insertas "notas importantes", de las que se concluye que sólo sirve para justificar el depósito en los términos de dicho documento, que según la parte actora es un título de crédito, mismo que no reúne los requisitos legales para considerarlo como tal.
Los resumidos conceptos son infundados, porque contrariamente a lo afirmado por la parte quejosa, de la lectura de las consideraciones torales sintetizadas en los incisos b) y h) precedentes, se aprecia que el tribunal responsable sí tomó en cuenta al momento de resolver las "notas importantes" números uno, tres y cuatro, para concluir que de la segunda de ellas se desprendía que sí existía la promesa incondicional de pago, y que de las otras dos no podía desprenderse que el documento fundatorio no era un pagaré. Y como en los conceptos de violación no se controvierten en forma concreta dichas consideraciones, las mismas deben quedar en pie para seguir rigiendo el sentido de la sentencia reclamada, por ser suficientes para sustentarla en el aspecto abordado en ellas.
Además debe precisarse, que lo resuelto por el Juez de Distrito en la sentencia de primera instancia no es materia de este juicio de amparo directo, por no ser el acto reclamado, mismo que se constituye únicamente por la sentencia de segunda instancia.
También sostiene el quejoso, en resumen: Que causa agravio la autoridad responsable, porque como ya se hizo valer en varias ocasiones, del documento base de la acción se desprende que no contiene los requisitos señalados por las fracciones II y III del citado artículo 170, para considerarlo como un pagaré.
Dichos conceptos son ineficaces, por insuficientes, porque en ellos no expone la parte quejosa las razones por las que considera que el documento fundatorio no reúne los requisitos legales que menciona, ni controvierte lo argumentado por la autoridad responsable para concluir que sí los reúne.
En otro aspecto, se argumenta en la demanda de amparo, en síntesis:
Que si bien el estudio superficial que hace la autoridad responsable del mencionado documento "tiene lógica", ello no la exime de aplicar estrictamente la ley al caso concreto, pues independientemente de que la parte quejosa lo haya hecho o no valer en la contestación de demanda, lo cierto es que el análisis de la procedencia de la vía es de oficio, ya que al resolver el juzgador debe analizar el documento fundatorio, como supuestamente lo hizo, pero pasando por alto o interpretando equivocadamente la redacción del mismo, olvidándose de que las instituciones de crédito tienen vicios o usos bancarios, mismos que los usuarios tienen que aceptar si es su deseo obtener los servicios de la institución, viéndose plasmada su voluntad al momento de firmar la documentación relativa del negocio de que se trata, máxime cuando se trata de uniones de crédito, por lo que no existe interpretación válida por parte de la autoridad responsable respecto del documento fundatorio de la acción, tendiente a otorgarle un valor jurídico que no tiene.
Los resumidos conceptos de violación son parcialmente infundados, porque si bien es cierto que el estudio de la procedencia de la vía debe hacerse de oficio en la primera instancia, por ser un presupuesto procesal de la acción, también lo es que en la alzada sólo puede hacerse cuando es planteada tal cuestión a través de los agravios, por estar la litis de la apelación constreñida a lo que en ellos se sostenga.
Y son en parte ineficaces, porque lo relativo a que el documento fundatorio de la acción se elaboró con base en los usos bancarios es un argumento nuevo que no formó parte de la litis del juicio de origen, motivo por el cual, no puede analizarse en esta instancia constitucional.
Con la aclaración de que la quejosa no pone de manifiesto, con argumentos lógico-jurídicos, por qué considera que el tribunal responsable hizo un estudio superficial del asunto y por qué estima que no existe interpretación válida por parte de dicha autoridad respecto del documento fundatorio de la acción, tendiente a otorgarle un valor jurídico que no tiene. Concluyéndose de tales motivos, que los conceptos en estudio también son ineficaces, por insuficientes.
En otros conceptos de violación se sostiene, en resumen:
Que causa agravio el hecho de que el tribunal responsable pretenda otorgarle al documento denominado "pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento" las características a que se refiere el citado artículo 170, ya que el mismo fue elaborado de acuerdo a los usos bancarios y al tipo de documentación previamente elaborada, del que a simple vista se puede observar que no contiene la obligación de pago, ello sin pasar por alto que efectivamente no se requiere la estipulación sacramental de poner "debo incondicionalmente a la orden de", pero no obstante ello sí se requiere la fuente de la obligación, que consiste en la promesa de pago, misma que en el caso no existe, motivo por el cual, causa agravio a la quejosa el análisis que realiza la autoridad responsable, aplicando argumentos legales que en el caso no se dan.
Estos conceptos son ineficaces, en primer lugar, en cuanto en ellos se aduce que el documento fundatorio fue elaborado conforme a los usos bancarios, pues como ya se dijo en los párrafos precedentes, tal afirmación es un argumento nuevo que no formó parte de la litis natural.
Y en segundo lugar, porque no se explica el motivo por el cual se considera que el citado documento no contiene la promesa incondicional de pago. De ahí que también son ineficaces, por insuficientes.
Por último, argumenta el quejoso, en síntesis:
Que causa agravio el hecho de que el tribunal de alzada no haya aplicado correctamente los artículos 170 y 171 de la citada ley, realizando un estudio tendencioso a favor de la tercera perjudicada e ignorando totalmente los argumentos y leyes aplicables al caso, concretándose a confirmar la sentencia de primera instancia, es decir, que no entró al estudio real de la situación jurídica del asunto, por lo que ahora se solicita que se analice la sentencia reclamada, haciéndose un estudio a fondo, ya que la autoridad responsable no hizo los razonamientos adecuados, ni motivó ni fundó correctamente su determinación.
Estos conceptos de violación son igualmente ineficaces, por insuficientes, porque en ellos no se pone de manifiesto, con argumentos lógico-jurídicos, por qué se estima que el tribunal de alzada aplicó incorrectamente los citados preceptos legales y por qué se dice que se analizó en forma "tendenciosa" el asunto, además de que tampoco se dice qué argumentos fueron ignorados por dicha autoridad, ni por qué estima que no se hizo un "estudio real" del negocio.
Cabe destacar, que este Tribunal Colegiado no está en aptitud legal de hacer un análisis integral del asunto, en forma oficiosa, pues el estudio del mismo sólo puede hacerse a la luz de los conceptos de violación, a los que se circunscribe la litis del juicio constitucional. Sin que en la especie se aprecie algún concepto deficiente que cumplir, en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo y tampoco alguna violación manifiesta de la ley que hubiera dejado sin defensa a la parte quejosa.
En mérito de lo analizado, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en lo dispuesto por los artículos 77, 78 y 190 de la propia ley, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Unión de Crédito Regional, S.A. de C.V., contra la sentencia dictada el día veintisiete de marzo del año dos mil por el Tribunal Unitario del Noveno Circuito, en el toca número 62/2000-B.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos del juicio motivo de este amparo a la autoridad de su origen y en su oportunidad, archívese este expediente.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los ciudadanos Magistrados Juana María Meza López, Pedro Elías Soto Lara y María del Carmen Torres Medina, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, siendo ponente la última de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6576-43ef554c/pagare-promesa-incondicional-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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