PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES.
AMPARO EN REVISIÓN 457/2000. UNIÓN DE CRÉDITO GENERAL, S.A DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son inoperantes en parte, inatendibles en otra, e infundados en lo restante los agravios hechos valer.
En efecto, previamente debe puntualizarse que es inoperante la alegación que hace el recurrente en el sentido de que el Juez de Distrito violó en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Así justamente se sostiene en la jurisprudencia número 2/97, derivada de la contradicción de tesis 14/94, que emitió el actual Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que es publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, la que por su claridad no merece mayores comentarios, misma que textualmente dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña, ya que si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
En un diverso aspecto, aduce el disconforme que la sentencia dictada por el Juez Federal contraviene lo dispuesto por los artículos 2o., 76 bis, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo.
El anterior motivo de inconformidad debe desestimarse por inatendible, a virtud de que el recurrente hace una aseveración dogmática, sin controvertir el razonamiento plasmado por el Juez Federal en la sentencia recurrida ni señalar las razones del porqué considera que dicha sentencia es conculcatoria de los artículos 2o., 76 bis, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, por lo que en tal virtud, no procede abordar el estudio de tal planteamiento. Por su aplicación se cita la jurisprudencia emitida por esta potestad federal, que con el número 591, aparece publicada a fojas 393, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Octava Época, que dice: "AGRAVIOS INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO.-Cuando no están dadas las condiciones que la ley establece para suplir la queja deficiente, deben desestimarse por inatendibles los agravios expresados en el recurso de revisión, si no contienen razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar los fundamentos y consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido.".
Por otro lado, en cuanto asevera el inconforme que el Juez de Distrito en la resolución recurrida, omitió tomar en consideración el hecho de que al rendir sus informes justificados, el Juez Primero de lo Civil, el registrador público de la Propiedad y del Comercio, y el director de Desarrollo Urbano y Ecología, todos de Cholula, Puebla, autoridades señaladas como responsables, confesaron la existencia de los actos reclamados, y que en tal virtud, los mismos debían tenerse como ciertos, máxime que el registrador público de la Propiedad y del Comercio de Cholula, Puebla, al rendir su informe hizo constar que el inmueble denominado "El callejón" había presentado diversas anotaciones de juicios dentro de los cuales había sido materia, y que el señor Octavio Pérez Torres había tenido conocimiento de los mismos.
Deviene infundado el anterior motivo de inconformidad, a virtud de que el interés jurídico que establece el artículo 4o. de la Ley de Amparo como presupuesto procesal para la procedencia del juicio de garantías, no puede derivarse necesariamente del reconocimiento de la existencia de los actos reclamados hecho por las autoridades responsables en sus informes justificados, pues ello equivaldría a darle a tal reconocimiento alcances mayores a los que realmente tiene, consistentes exclusivamente, en la certeza de dichos actos, pero ello no releva al quejoso de la obligación de demostrar que tales actos afectan su interés jurídico; de ahí que en el caso a estudio, al margen de que las autoridades señaladas como responsables hubiesen confesado la existencia de los actos reclamados, correspondía al quejoso acreditar su interés jurídico para ocurrir al juicio de garantías.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 3a. LXXI/93, aparece publicada a fojas 360, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE INFERIRSE NECESARIAMENTE DEL RECONOCIMIENTO DE UN ACTO EXPROPIATORIO LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS HECHO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN SUS INFORMES JUSTIFICADOS.-El interés jurídico que establece el artículo 4o. de la Ley de Amparo como presupuesto procesal para la procedencia del juicio de garantías, no puede derivarse necesariamente del reconocimiento de la existencia de los actos reclamados hecho por las autoridades responsables en su informe justificado, pues ello equivaldría a darle a tal reconocimiento alcances mayores a los que realmente tiene consistentes, exclusivamente, en la certeza de dichos actos, pero ello no releva al quejoso de la obligación de demostrar que tales actos afectan su interés jurídico.".
En otro aspecto, sostiene el disconforme, que contrariamente a lo aducido por el Juez Federal en la sentencia recurrida, probó la identidad del inmueble al que aludió en su demanda, lo anterior a virtud de que el ad quem omitió indicar la calle y número oficial asignados a los dos predios, es decir, la calle Seis Norte número tres mil once, que corresponde al predio de la Unión de Crédito General, Sociedad Anónima de Capital Variable y la calle Seis Norte número tres mil cuatrocientos uno, que corresponde al predio de Octavio Pérez Torres; direcciones de las que junto con los croquis que obran en autos, se desprendían las colindancias actuales, basándose el Juez Federal en colindancias enmarcadas por el supuesto contrato con el que Octavio Pérez Torres acreditó la propiedad ante el Juez de lo Civil, contrato de naturaleza privada celebrado años atrás, en el que se establecieron medidas y colindancias que nunca coincidirán con las que actualmente tiene el predio denominado "El callejón".
Al respecto, debe decirse que no asiste la razón al recurrente, a virtud de que como bien lo adujo el Juez Federal en la sentencia recurrida, la prueba idónea para demostrar la identidad del inmueble del que se ostentó como propietario y posesionario, con aquel que fue materia del procedimiento de origen, es precisamente la prueba pericial topográfica, dado que sólo los ingenieros peritos pueden precisar la identidad de los predios, con base en los títulos de propiedad exhibidos por las partes, y emitir su opinión técnica determinando si se trata o no del mismo inmueble o de si uno de éstos está comprendido dentro del otro, máxime si, como lo aduce el disconforme, son distintas las medidas y colindancias plasmadas en el título de propiedad de aquel que exhibió la parte actora en el procedimiento de origen, pues de lo contrario el juzgador se encuentra imposibilitado para hacer declaración alguna al respecto, pues no es jurídicamente correcta la acreditación de tal extremo con meras suposiciones sino con la opinión técnica de dictámenes periciales; de ahí que con independencia de la calle y números oficiales asignados a los predios y a los croquis que obran en autos, la probanza de mérito era necesaria para que el peticionario de garantías, actual recurrente, acreditara su interés jurídico. En tal virtud, si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demostró con prueba idónea la identidad del inmueble materia del procedimiento de origen, con la del inmueble cuya propiedad y posesión ostentó, es evidente que, como bien lo adujo el Juez de Distrito, no podía afirmarse que dicho acto le causara perjuicio y, por ende, debía concluirse que el mismo no afectaba su interés jurídico. De ahí lo infundado del anterior motivo de inconformidad.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por este órgano colegiado, misma que con el número VI.1o.84 K, aparece publicada a fojas 445, del Tomo XV-II, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, que dice: "-Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado.".
En tal virtud, no son de beneficio para el quejoso las tesis que cita, cuyos rubros son: "ACTO RECLAMADO. APRECIACIÓN DEL, AL TENOR DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO.", "PRUEBAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE FUERON TOMADOS EN CONSIDERACIÓN PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y QUE NO FUERON APORTADOS AL JUICIO DE GARANTÍAS, ES OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO RECABAR LAS.", "ACTO RECLAMADO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ACOMPAÑAR LAS CONSTANCIAS QUE JUSTIFIQUEN EL INFORME JUSTIFICADO SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL.", "INTERÉS JURÍDICO; DEBE ACREDITARSE CON PRUEBA YA EXISTENTE Y NO PRETENDER CREARLA NI PERFECCIONARLA EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.", "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL.", "TERCERO EXTRAÑO. INTERÉS JURÍDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE.", "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. BASTA PARA ACREDITARLO LA IDENTIDAD DE LOS DATOS QUE EXISTEN EN EL GRAVAMEN, CON LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTE EL QUEJOSO.", "TERCERO EXTRAÑO, PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DEBE PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL POSEE EL INMUEBLE A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR, CUYA POSESIÓN NO ES PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.", "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE RECONOCE EN SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN ALGÚN ELEMENTO QUE LO ACREDITE, ES SUFICIENTE PARA QUE DEBA ESTIMARSE QUE EL QUEJOSO LO TIENE PARA PROMOVER.", "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO." e "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.", sustentadas la primera, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, la segunda, tercera y quinta, por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, la cuarta por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, la sexta por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la séptima por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, la octava por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, la novena por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la décima por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y la undécima por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, toda vez que al declararse inoperantes en parte, inatendibles en otra, e infundados en lo demás los agravios con los que pretendía demostrar la ilegalidad de la sentencia recurrida, el apoyo de tales criterios a dichos agravios resulta deficiente.
Consecuentemente, al no demostrarse la ilegalidad de la sentencia recurrida, lo que procede es confirmarla.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85 y 91 de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción IV y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Unión de Crédito General, Sociedad Anónima de Capital Variable, organización auxiliar de crédito, a través de su representante legal Alberto de la Fuente Guzmán, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Cholula, Puebla, registrador público de la Propiedad y del Comercio de Cholula, Puebla, y director de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Eric Roberto Santos Partido, Rosa María Temblador Vidrio y Eugenio Gustavo Núñez Rivera, siendo relatora la segunda de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6869-0abef83f/pericial-en-agrimensura-es-la-prueba-idonea-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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