CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE SU SOBRESEIMIENTO CUANDO HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 28/99. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de octubre de dos mil.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, Óscar Sergio Hernández Benítez y David Jaime Campos Gómez Marín, en su carácter de presidente municipal, secretario y síndico, respectivamente del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, promovieron controversia constitucional demandando la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:
"II. Entidad, poder u órgano demandado.
"El Estado de Morelos, a través de su Honorable Congreso Local, cuerpo colegiado que debe ser emplazado en el Palacio Legislativo del Centro Histórico de la ciudad de Cuernavaca.-Acto cuya invalidez se demanda: 1. La negativa a aprobar la iniciativa de decreto que reforma los artículos 7o. y 98 de la Ley Estatal de Agua Potable en el que se determina la clasificación de los usuarios del servicio público municipal de abastecimiento de agua potable en Cuernavaca, Morelos, así como las cuotas y tarifas que deben cubrirse por el propio servicio público, aplicando los correctos criterios económicos, administrativos, políticos y sociales en base a la infraestructura hidráulica existente al propio Municipio cuernavacense, iniciativa fechada el treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve y presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Morelos el día cinco de junio del mismo año, en los términos que establece el artículo 93 de la Ley Estatal de Agua Potable, que a la letra dice: ‘Artículo 93. El Congreso del Estado aprobará las tarifas que se causarán por la prestación de los servicios que regula esta ley.’.-2. Como consecuencia directa e inmediata del anterior acto, se demanda la imposición de las cuotas y tarifas que por los mismos conceptos deberán cubrir los usuarios por la prestación del servicio público municipal de suministro de agua potable y alcantarillado, en los términos del artículo 98 de la Ley Estatal de Agua Potable."
SEGUNDO.-Los antecedentes del caso son los siguientes:
"1. El Municipio de Cuernavaca, en el transcurso del tiempo ha venido cumpliendo su obligación constitucional y legal consistente en prestar el servicio público municipal de suministro de agua potable y alcantarillado, cobrándolo a los usuarios en base a tarifas adecuadas que considera los distintos tipos de usos, así como las dificultades técnicas y financieras para lograrlo eficazmente.-2. En aplicación del artículo 93 de la Ley Estatal de Agua Potable, reformado por Decreto Número Quinientos Treinta y Uno de doce de enero del año en curso, publicado en el Periódico Oficial el día veinte del mismo mes y año, el Municipio de Cuernavaca, a través de los suscritos presidente municipal y secretario del Honorable Ayuntamiento, presentamos ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Morelos la iniciativa de reforma a los artículos 7o. y 98 de la Ley Estatal de Agua Potable, en cuyos considerandos se destaca la necesidad absoluta e insuperable de que sea el propio Ayuntamiento cuernavacense el que establezca sus propias cuotas y tarifas por el suministro de agua potable y alcantarillado, por la sencilla y evidente razón de que su infraestructura hidráulica y los métodos técnicos y financieros que deben aplicarse para la correcta prestación de este servicio son totalmente distintos a los que otros Municipios del Estado de Morelos puedan y deban utilizar, siendo por ello equivocada y aun absurda la voluntad congresional del Estado de Morelos para que se unifiquen y homologuen idénticos criterios tarifarios a lo largo y ancho del territorio morelense.-3. A pesar del hecho antes narrado, la parte demandada se ha negado a aprobar el proyecto de decreto claramente especificado, hecho este del que acabamos de enterarnos, por lo que la cronología de esta demanda se ajusta a lo previsto por el artículo 21 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional.-4. La negativa materia de esta controversia, así como su efecto y consecuencia inmediatos ha traído como consecuencia que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, organismo público descentralizado de la administración municipal operador y administrador de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Municipio del mismo nombre, se vea obligado a imponer las tarifas que establece el artículo 98, reformado, de la Ley Estatal de Agua Potable, ocasionándose con ello la inconformidad de miles de usuarios representados en diversas asociaciones así como en la generación de un grave rezago en el pago de las tarifas así impuestas, descapitalizándolo y tornando imposible el cumplimiento de esta trascendental función indispensable para toda una importante ciudad morelense, como lo es Cuernavaca."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez expresados en la demanda son los siguientes:
"Utilizando como premisa mayor de un silogismo lógico-jurídico la narración de los antecedentes constitutivos de los actos cuya invalidez se demanda, en el sentido de que el Estado de Morelos, a través de su Congreso Local, pretende unificar y uniformar las cuotas y tarifas por concepto de suministro o distribución de agua potable para que en base a un solo y único criterio se cobre este servicio en los treinta y tres Municipios de la entidad y hace nugatorio el sentido práctico, racional y lógico que establece el artículo 115 de la Constitución Federal, en su fracción III, inciso a).-Efectivamente, este dispositivo constitucional que instituye al Municipio Libre reconoce y transfiere a los correspondientes cuerpos edilicios la prestación de servicios específicos que por su naturaleza deben prestarse a nivel municipal, como lo es el de agua potable y alcantarillado, sin que deba tener injerencia o intromisión la entidad federativa de que se trate, a no ser que ‘fuere necesario’, según lo establece expresamente el precepto constitucional al que estamos aludiendo.-En aplicación de los más elementales principios emanados del sentido común, se colige en el caso concreto que la infraestructura hidráulica del Municipio de Cuernavaca, su operación, sus costos y su eficacia son totalmente diferentes a las de otros Municipios morelenses que se ubican geográficamente en lugares apartados, cuya topografía es también distinta a la de Cuernavaca y en la que debe considerarse, entre otros factores, que la abundancia o escasez del vital líquido y los medios para distribuirlo difieren polarmente de un Municipio a otro.-Tal como se demostrará en esta controversia constitucional a través de los medios periciales idóneos, estas circunstancias llevarán a la Suprema Corte a la conclusión de que el Estado de Morelos, a través de su Congreso Local no tiene por qué intervenir en la fijación de tarifas y cuotas de suministro de agua potable en el Municipio de Cuernavaca, y se demostrará también la fundada inconformidad de muchos sectores sociales cuernavacenses frente a la intención de que se aplique el artículo 98, reformado, de la Ley Estatal de Agua Potable, incurriéndose en un peligroso rezago y descapitalización del sistema operador en nuestro Municipio.-Por todo lo anterior, la invalidez del acto demandado se sustenta jurídicamente en que el Estado de Morelos, a través de su Congreso Local está invadiendo abiertamente la órbita constitucional y legal que corresponde de manera exclusiva al Municipio de Cuernavaca, sin que pueda justificarse ni menos aún sustentarse dicha intromisión.-Por otro lado, los actos demandados, al quebrantar el principio de autonomía municipal que preconiza el artículo 115 constitucional, según se expuso, quebranta con ello, ipso jure el principio de legalidad que establece el artículo 16 constitucional, ya que bajo estas condiciones no puede aceptarse debidamente fundado y motivado, siendo éste otro motivo para declarar procedente la presente demanda."
CUARTO.-La parte actora estima violados los artículos 115, fracción III, inciso a), en relación con el 16, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.-Por acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y se designó como instructor al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.
Por auto de la misma fecha, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de que se trata, reconociéndole la personalidad para promover la controversia constitucional a nombre del Municipio actor, al síndico del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, no así al presidente y al secretario municipal del propio Ayuntamiento, por no estar legitimados para hacerlo, de acuerdo con los artículos 59 y 60, fracciones I y III de la Ley Orgánica Municipal de ese Estado; ordenó emplazar al Congreso Estatal para que formulara la contestación de la demanda, correr traslado al tercero interesado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos y dar vista al procurador general de la República.
SEXTO.-Mediante oficio sin número, presentado el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, durante el mes de noviembre del mismo año, en representación del citado órgano legislativo contestó la demanda y manifestó lo siguiente:
"De la simple lectura de la demanda de controversia constitucional presentada por el Ayuntamiento, se observa su improcedencia, y como resultado de esto debe operar el sobreseimiento, con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, ya que el acto reclamado no existe y no se han presentado elementos probatorios del mismo por la parte actora.-Prueba de ello es que el H. Congreso del Estado de Morelos, efectivamente y dentro de su esfera competencial le dio entrada al proyecto de iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Agua Potable, en la sesión ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional celebrada el día seis de julio del presente año dentro de las comunicaciones, dando cuenta con el oficio número PM/188/99, acordando el presidente de la Mesa Directiva correspondiente turnarla a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen respectivo, lo cual hasta la fecha sigue en estudio sin que en algún momento se haya rechazado o dado la negativa a la iniciativa de decreto de reforma, como lo pretende hacer creer la actora; tan es así, que el Ayuntamiento actor en ningún momento menciona la fecha exacta en que se da la supuesta negativa del Congreso del Estado y tan sólo se aboca a mencionar ‘que se acaba de enterar de la negativa de aprobar el proyecto de decreto’, sin que exponga la fuente de su supuesta aseveración. Por lo que desde este (sic) modo se insiste en que se declare su sobreseimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque además de las constancias que se acompañan por la parte que represento, se comprueba y queda claramente demostrado que no existe el acto materia de la controversia, ya que la actora afirma la negativa de aprobar su iniciativa de reforma.-Además de lo anterior, debe considerarse por este Alto Tribunal como otro elemento de sobreseimiento, el hecho particular de que aun existiendo el supuesto acto reclamado, en el sentido categórico de que el Congreso del Estado de Morelos de forma expresa se negó a discutir o, en su caso, aprobar la iniciativa de los hoy actores, este acto legislativo tendría su origen en la facultad constitucional que a todo Poder Legislativo le concede el principio de legalidad tributaria consignado en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-En este sentido, cabe recordar que la controversia constitucional es un recurso cuyo objetivo primordial es permitir la impugnación de los actos y disposiciones generales que afecten las respectivas facultades de cualquiera de los niveles de gobierno, o que de alguna manera se traduzcan en una invasión a su ámbito competencial provocada por otro nivel de gobierno, violando disposiciones estipuladas en la Carta Magna; lo anterior con el objetivo de que se respeten las facultades y atribuciones que a cada uno le corresponden, siempre y cuando sean violaciones a disposiciones federales.-En efecto, ha sido criterio constante del más Alto Tribunal de la República que las controversias constitucionales a que se refiere la fracción I del artículo 105 del Pacto Fundamental, tienen por objeto la preservación de las órbitas de atribución que el propio ordenamiento constitucional consagra entre los niveles de gobierno, los órganos de los mismos y los poderes entre sí, bien sea que se trate de conflictos entre los poderes de la Federación, de uno de ellos con otro de alguna entidad federativa o con los Municipios, entre los poderes de una misma entidad federativa o alguno de éstos y los Municipios, por invasión de esferas de competencia o afectación a los intereses propios de una de tales entidades por otra.-Ahora bien, si el objetivo de la controversia, como ya se apuntó, es permitir la impugnación de los actos y disposiciones generales que afecten las respectivas facultades de cualquiera de los diferentes niveles de gobierno, o que de alguna manera se traduzcan en una invasión a su ámbito competencial provocada por otro nivel de gobierno, en la especie y atendiendo al sentido o esencia de la controversia constitucional, esta soberanía aunque hubiere dictaminado en sentido negativo la iniciativa de reforma del Ayuntamiento de Cuernavaca, no se afectaría la esfera jurídica de esa autoridad municipal, toda vez que, de ninguna manera el Congreso del Estado de Morelos invade la competencia del Ayuntamiento para administrar libremente los servicios públicos encomendados por la Constitución Federal, porque dentro de esta administración no queda la atribución particular de aprobar las tarifas.-Si bien es cierto que el artículo 93 de la Ley Estatal de Agua Potable mencionado por la parte actora, estipula que esta institución demandada debe de aprobar las tarifas que se causarán por la prestación de los servicios que regula esta ley, la aprobación es facultad única y exclusiva del Congreso del Estado, de conformidad a lo establecido por la garantía de legalidad tributaria que todo gobernado tiene.-Dentro de este contexto de reserva de ley en que deben de señalarse las tarifas de cualquier servicio público, y de la improcedencia de la controversia por parte de la autoridad municipal actora, atendiendo a que no se vulnera su ámbito de atribuciones, en caso de existir el acto reclamado, cabe citar lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido respecto de la esencia de la figura de las controversias constitucionales, entendida como una salvaguarda de las competencias de cada uno de los poderes de gobierno, en la siguiente tesis jurisprudencial: ‘Novena Época.-No. de registro: 200,167.-Instancia: Pleno. Aislada.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia(s): constitucional.-Tomo III, marzo de 1996.-Tesis: P. XLIV/96.-Página: 320.-CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE SÓLO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL.-Para determinar los planteamientos cuyo conocimiento corresponda a esta Suprema Corte, propuestos mediante la acción de controversia constitucional suscitada entre un Estado y uno de sus Municipios, debe tomarse en consideración que los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución General de la República y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, limitan su competencia a aquellas controversias que versen sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales impugnados, desprendiéndose de ahí que se trata de violaciones a disposiciones constitucionales del orden federal. Por lo tanto, carece de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra actos a los que se atribuyan violaciones a la Constitución del Estado o a leyes locales, cuyo remedio corresponde establecer al Constituyente Local o a las Legislaturas de los Estados.-Controversia constitucional 3/93. Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 6 de noviembre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas.-El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de marzo en curso aprobó, con el número XLIV/96, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y seis.’.-Por otra parte, no debe pasar desapercibido por este Alto Tribunal que a criterio de esta soberanía no se debió admitir con el carácter de tercero perjudicado al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, ya que en primer lugar, éste no tiene el carácter de entidad, poder u órgano a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se trata de un organismo público descentralizado de la administración municipal, como se puede apreciar del acuerdo que crea dicho sistema, por lo que se puede asegurar que no se trata de una entidad federativa, sino de un organismo auxiliar de la función municipal. Cabe recordar que en nuestro sistema republicano, la composición del poder público se divide en tres órganos, a saber: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y que en la especie, por lo que corresponde al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, el mismo tiene el carácter administrativo de un organismo municipal.-En el caso que nos ocupa, no se puede concebir la existencia de ser actor y tercero perjudicado al mismo tiempo, por tratarse del actor y de su auxiliar administrativo, es decir, que estamos frente a dos organizaciones iguales en cuanto a su integración y función. La función auxiliar de los organismos descentralizados en su nivel municipal y tratándose del servicio público de agua potable, se encuentra prevista por la Ley Estatal de Agua Potable vigente en la entidad, en los artículos 2o. y 13, que a la letra disponen: ‘Artículo 2o. Los servicios públicos de conservación, agua potable y saneamiento de agua, estarán a cargo de los Ayuntamientos, con el concurso del Estado y sólo podrán prestarse, en los términos de la presente ley: I. ...’.-‘Artículo 13. Se crean los organismos operadores municipales como organismos públicos descentralizados de la administración municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con funciones de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que les confiere la presente ley. ...’.-Por su parte, el artículo 20 del mismo ordenamiento dispone que la junta de gobierno, máximo órgano de autoridad de los citados organismos descentralizados, la presiden, entre otros, el presidente municipal, el síndico procurador y el regidor del ramo, prueba de ello es lo expresado por los artículos 7o. y 8o. del Acuerdo que crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado, denominado ‘Tierra y Libertad’, número 3769 de fecha ocho de noviembre de 1995 (se anexa en original); ‘Artículo 7o. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca contará con: I. Una junta de gobierno; II. Un consejo consultivo; III. Un director general; y IV. Un comisario.’.-‘Artículo 8o. La junta de gobierno se integra con: I. El presidente municipal, quien la presidirá; II. El síndico procurador; III. ...’.-De lo anterior se infiere la doble participación que se le da al Ayuntamiento de Cuernavaca, cuando se resuelve por la Suprema Corte llamar como tercero perjudicado, en la presente controversia a un organismo que administrativamente no constituye un órgano de gobierno, pero sí y únicamente el de unidad administrativa auxiliar, es decir, por una parte se le reconoce la de ‘actora’ en la presente controversia constitucional y por la otra la de ‘tercero perjudicado’, amén de que no se surte la hipótesis prevista por la fracción I del artículo 105 constitucional.-Así pues, en la especie no existe el acto reclamado y, consecuentemente, no hay invasión de esferas competenciales. El Congreso del Estado de Morelos, por tanto, no afectó los intereses del H. Ayuntamiento de Cuernavaca y, en consecuencia, atento a los términos y a la luz de los criterios de ese Alto Tribunal que anteriormente se transcribieron, no se surte la hipótesis del inciso h) de la fracción I del artículo 105 constitucional, lo que hace improcedente la controversia constitucional intentada por la parte actora, circunstancia que a su vez debe conducir al sobreseimiento en este juicio, en términos de lo dispuesto por los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Una vez esgrimido lo anterior, ad cautelam, se da contestación a la demanda del Ayuntamiento actor, en los siguientes términos: Hechos. 1. No son hechos propios del Congreso del Estado de Morelos, por lo cual ni se afirman ni se niegan.-2. Es cierto en cuanto a que se presentó ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Morelos con fecha 5 de julio del presente año, escrito que contiene la iniciativa de reformas a los artículos 7o. y 98, suscrita por el presidente municipal y el secretario del H. Ayuntamiento, misma que se encuentra en trámite parlamentario, según el procedimiento establecido en la ley orgánica y su reglamento interior.-Por lo que se refiere a las consideraciones muy particulares de la actora que motivan su iniciativa, ni se afirman ni se niegan por no ser hechos propios.-3. Este hecho es completamente falso, pues como ya se expuso en párrafos anteriores, este H. Congreso en ningún momento se ha negado a aprobar la iniciativa que presentó el Ayuntamiento actor y tal parece que la contraria ignora el trámite del proceso legislativo, que consiste en su primera etapa en la presentación de la iniciativa al Pleno del Congreso, posteriormente se turna a la comisión de trabajo correspondiente, como lo es en el presente asunto, la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, la que deberá elaborar el dictamen respectivo, documento que finalmente se pone a la consideración de la asamblea en dos sesiones distintas, lo que se conoce como primera y segunda lectura, para su discusión y votación definitiva.-En consecuencia y siguiendo el proceso parlamentario, una resolución legislativa sólo adquiere el carácter de ley o decreto cuando la asamblea lo aprueba o desecha de forma mayoritaria, acto legislativo que motivaría la supuesta negativa de esta soberanía local que reclama sin ningún motivo la parte en queja.-Debido a lo anterior, es imposible que la parte actora esté presentando una demanda en contra de algo que no se ha llevado a cabo y que no viola ningún precepto jurídico federal o local.-4. Este hecho es incongruente y se encuentra fuera de todo contexto y sentido jurídico lo expresado por la contraria; en efecto, este Congreso aprobó el Decreto Número 531 que reforma los artículos 7o., 93 y 98 de la Ley Estatal de Agua Potable, mismo que se publicó el día 20 de enero de 1999, en cumplimiento y ejercicio de un dispositivo constitucional como lo es el previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, dispositivo receptor de la garantía de legalidad fiscal o tributaria.-Sobre los efectos y supuestas consecuencias de la aplicación de una norma como lo es la Ley Estatal de Agua Potable, en lo que se refiere al cobro y tarifas del servicio que la parte actora expone en este punto, por tratarse de consideraciones y apreciaciones personales ni se niegan ni se afirman por no tratarse de hechos propios.-Sin embargo se observa, que resulta ilógico que la contraria mencione que el efecto y consecuencia que trae consigo la supuesta negativa de esta autoridad para aprobar su iniciativa, sea que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, imponga las tarifas que establece el artículo 98 de la referida ley, puesto que este organismo público descentralizado, pero auxiliar de la función municipal, debe acatar lo establecido en la norma jurídica emitida por esta soberanía. Además que la contraria en ningún momento impugna la Ley Estatal de Agua Potable o el Decreto 531 que la reforma, conforme lo establece el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, por lo que se trata de actos consentidos tácitamente.-Ahora bien, si el acto del que se duele, consiste en un acto negativo, corresponde a ella probar tal situación, puesto que esta autoridad, en ningún momento se ha negado a aprobar la iniciativa presentada como temerariamente lo afirma la autoridad recurrente de la controversia.-Conceptos de invalidez. En lo que respecta a los conceptos de invalidez que expone la parte actora para justificar su queja, es de señalarse previamente que éstos no tienen relación alguna con el acto cuya invalidez demanda, así tenemos que la contraria señala en este punto como acto reclamado eventos notoriamente distintos a la negativa que imputa pero no comprueba; sin embargo y con el ánimo de evidenciar las contradicciones que en derecho incurre la parte actora, se observa lo siguiente: 1. Sostiene que la tarifa aprobada por el Congreso del Estado para aplicarse en cobro por la prestación del servicio público de agua potable, mediante Decreto Número 531, de doce de enero del año en curso, hace nugatorio el sentido práctico, racional y lógico que establece el artículo 115, por tratarse de una tarifa única para los 33 Ayuntamientos en que está compuesto el Estado de Morelos.-Es decir, que el actor reclama un decreto cuya vigencia inició en el primer mes del presente año y que incluso reconoce que consintió su contenido porque en lugar de recurrirlo vía controversia constitucional procedió a aplicar la nueva tarifa, reconocimiento expreso que puede observarse en su escrito de demanda, hoja 2, último párrafo, antepenúltimo renglón, cuando a la letra sostiene respecto del organismo operador municipal: ‘... se vea obligado a imponer tarifas que establece el artículo 98, reformado de la Ley Estatal de Agua Potable ...’.-Como puede observarse, la parte actora pretende impugnar un acto que ya consintió y del cual no presentó en su momento oportuno ninguna acción, por lo cual es improcedente analizarlo ahora a la luz del texto constitucional federal o dentro de las consideraciones técnicas a que se refiere como prácticas, racionales o lógicas.-Si lo que reclama son los efectos de las disposiciones reformadas, a la fecha ha transcurrido con exceso el término que le concede la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procedería con fundamento en el artículo 19, fracción VII del mismo ordenamiento, el sobreseimiento de la presente controversia.-2. Como segundo concepto de invalidez, la parte actora se duele de que el Congreso del Estado tenga la atribución de aprobar las tarifas de un servicio municipal, cuya administración le corresponde a la autoridad municipal, tal y como lo señala en su escrito inicial de demanda, página 3, sexto párrafo en el que a la letra se escribe: ‘Tal como se demostrará en esta controversia constitucional a través de los medios periciales idóneos, estas circunstancias llevarán a la Suprema Corte a la conclusión de que el Estado de Morelos, a través de su Congreso Local no tiene por qué intervenir en la fijación de tarifas y cuotas de suministro de agua potable en el Municipio de Cuernavaca ...’.-Con tal aseveración, la autoridad municipal exhibe un notorio desconocimiento sobre su función pública, porque confunde lo señalado por el artículo 115 de la Constitución Federal, fracción III, que les concede la administración de servicios públicos en su parte operativa y técnica, con la determinación de las tarifas que en concepto de derechos los beneficiarios están obligados a cubrir. La parte actora asevera lisa y llanamente e incluso exhorta a esa honorable y respetada autoridad federal a concluir que el Congreso Local no tiene por qué intervenir en la fijación de tarifas y cuotas de suministro de agua potable.-Con este supuesto concepto de invalidez de un acto distinto al originalmente señalado respecto de que el Congreso del Estado le negó la aprobación de su iniciativa, el Ayuntamiento de Cuernavaca cae en notorias contradicciones, pero de forma más grave exhibe su desconocimiento de la ley y del alcance de sus atribuciones municipales. En primer lugar, porque contrario a lo que sostiene en vía de concepto de invalidez, impulsa originalmente el procedimiento de iniciativa ante el propio Congreso para solicitarle la aprobación de una tarifa, es decir, reconoce y acepta la facultad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6762-dd5f71a6/controversia-constitucional-es-procedente-su-sobreseimiento-cuando-han · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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