RENTA. PARA DETERMINAR EL COMPONENTE INFLACIONARIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7o.-B DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO DEBE TOMARSE EN CUENTA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE A LAS PRIMAS PENDIENTES DE PAGO, RELATIVAS A PÓLIZAS EXPEDIDAS POR COMPAÑÍAS AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS MURRIETA LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 1/1997, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos relativos a la materia administrativa.
SEGUNDO.-La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con lo siguiente:
Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A, de la Ley de Amparo, en lo conducente, establecen:
"Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ... La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.-La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.-La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis se formula por los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, según lo informa su presidente; por tanto, como se trata del órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios que se estima contradictorio, debe concluirse que la presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
TERCERO.-El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el primero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el amparo directo número DA. 843/99, promovido por Fianzas Monterrey Aetna, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Bancomer, en lo que interesa a la presente denuncia de contradicción, sostuvo lo siguiente:
"SEXTO.-De las constancias que corren agregadas en los autos del juicio de nulidad, se advierte que mediante escrito del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete, el representante legal de la parte quejosa solicitó ante la Administración Especial Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, confirmara su criterio en el sentido de que el monto total de las cuentas derivadas de las operaciones de fianzas que celebra, que incluye las primas correspondientes (cuenta 1607 ‘primas por cobrar de fianzas expedidas’) más los demás cobros y cargos que efectúa a sus clientes con motivo de dichas operaciones, incluyendo el impuesto al valor agregado que traslada, constituyen créditos para los efectos del artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no obstante que en los términos del artículo 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se tenga la obligación de pagar el impuesto cuando se paguen las primas correspondientes.-Mediante oficio 325-A-IX-C-2752 del dos de junio de mil novecientos noventa y siete, emitido por la Subsecretaría de Ingresos, Administración General Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resolvió que no procedía la confirmación solicitada por la ahora quejosa en la medida que para efectos de la determinación del interés acumulable o de la pérdida inflacionaria deducible a que se refiere el artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en las operaciones de fianzas que conlleva no deberá considerar como créditos el impuesto al valor agregado por devengar ni aquellas cuentas por cobrar que no hayan constituido un ingreso acumulable para efectos del impuesto al valor agregado.-Lo anterior, en razón de lo siguiente: a) El artículo 17, primer párrafo, de la Ley del IVA establece que tratándose de seguros y fianzas, las primas correspondientes darán lugar al pago de ese impuesto en el mes en que se paguen.-b) El artículo 7o.-B, fracción IV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala que se considerarán créditos, las cuentas y documentos por cobrar, a excepción de los que en el propio inciso establece.-c) Las cuentas y documentos por cobrar que deriven de ingresos acumulables (disminuidos por el importe de los créditos y bonificaciones) se considerarán como créditos para efectos del artículo 7o.-B a partir de la fecha en que los ingresos se acumulen y hasta la fecha en que se cobren en efectivo, en bienes, en servicio o, hasta la fecha de cancelación por incobrables.-d) De acuerdo con los antecedentes y exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de enero de mil novecientos noventa y siete, las cuentas por cobrar que deben intervenir en el cálculo del componente inflacionario, son las que sufren los efectos de la inflación por el solo transcurso del tiempo, es decir, las que disminuyen su valor.-De ahí que la autoridad administrativa concluyó que con el impuesto al valor agregado por devengar, las compañías afianzadoras no sufren pérdidas inflacionarias puesto que no enteran al fisco un impuesto que no haya sido cobrado previamente, dado el monto del pago del gravamen y, en relación con las cuentas por cobrar que no hayan sido ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, no hay disposición que permita considerarlas como créditos.-En contra de dicha resolución la parte afectada promovió juicio de nulidad y, previos los trámites de ley, la Sala responsable declaró la validez de la citada resolución mediante sentencia de quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho que ahora se reclama.-Para una mejor comprensión de este fallo, este órgano colegiado estima conveniente precisar diversos conceptos que se relacionan directamente con esa cuestión, como son: qué debe entenderse por ingreso, por crédito, qué se entiende por impuesto al valor agregado por devengar, cuáles son los ingresos acumulables conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta y si el traslado del impuesto al valor agregado constituye un crédito para efectos del cálculo de la ganancia o pérdida inflacionaria de los créditos o deudas a fin de acumularlas o deducirlas, conforme al referido artículo 7o.-B de Ley de Impuesto sobre la Renta.-Al efecto anterior, se transcriben las siguientes disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que son algunas de las invocadas por la Sala Fiscal, en su resolución.-Ley del Impuesto al Valor Agregado: ‘Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes: I. Enajenen bienes. II. Presten servicios independientes. III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. IV. Importen bienes o servicios.-El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 15%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.-El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley.-El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta ley.-El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales.’.-De los preceptos transcritos, se desprende lo siguiente: a) Que el impuesto al valor agregado es una contribución que el contribuyente traslada, en forma expresa y por separado, a terceros que no sean los sujetos pasivos directos de ese impuesto, por los bienes que adquieran, por el uso o goce temporal de los mismos, o por los servicios que reciba de aquél; de lo anterior se colige que su naturaleza jurídica es la de ser un impuesto indirecto (artículo 1o.).-b) Que los sujetos obligados al pago del impuesto al valor agregado, son las personas físicas y las morales que: enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes e importen bienes o servicios (artículo 1o.).-A manera ilustrativa, se citan las siguientes tesis: la número P. CXXXIX/97, publicada en la página 207, Tomo VI, septiembre de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y la publicada en la página 200, tomo 175-180, Primera Parte, Séptima Época de ese Semanario, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA AL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, QUE ESTABLECE PARA SU CÁLCULO LA APLICACIÓN DE UNA TASA DEL QUINCE POR CIENTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 1995).-De conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las contribuciones deben ser proporcionales, gravando más a los que tienen una mayor capacidad contributiva. Ahora bien, al establecerse en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado una tasa del quince por ciento, aplicable al precio de los bienes o servicios que se adquieren por los gobernados, no se viola el precepto constitucional referido, dado que conforme al sistema que rige al impuesto al valor agregado, al que doctrinalmente se le puede clasificar como indirecto, el monto o precio de los bienes o servicios adquiridos es lo que determina indirectamente la capacidad contributiva del gobernado, pues el que tiene ésta en mayor grado adquiere bienes o servicios de un precio más elevado y por tanto, paga un tributo mayor que resulta de aplicar el porcentaje del quince por ciento al precio del bien o servicio adquirido. Así, la tasa fija del quince por ciento no viola el principio de proporcionalidad tributaria, ya que impacta en mayor medida a quien más gasta, lo que resulta un reflejo inequívoco de la capacidad contributiva.’.-Específicamente, el artículo 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece lo siguiente: ‘Artículo 17. En la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en que sean exigibles las contraprestaciones a favor de quien los preste y sobre el monto de cada una de ellas. Entre dichas contraprestaciones quedan incluidos los anticipos que reciba el prestador de servicios. Tratándose de seguros y fianzas, las primas correspondientes darán lugar al pago del impuesto al valor agregado en el mes en que se paguen. ...’.-Ahora bien, precisados los preceptos anteriores, se procede ahora al análisis de si el impuesto al valor agregado por devengar constituye o no un crédito para efectos del cálculo de la ganancia o pérdida inflacionaria de los créditos o deudas a fin de acumularlas o deducirlas, conforme al referido artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta.-Tal y como lo sostiene la Sala responsable, la litis planteada ante el Tribunal Fiscal de la Federación consistió en determinar de acuerdo con la respuesta a la consulta planteada por la quejosa ante la autoridad administrativa, si la suma que registra la quejosa como cuenta 1607 ‘primas por cobrar de fianzas expedidas’, así como los cobros y cargos inherentes al otorgamiento de las garantías, incluyendo el impuesto al valor agregado que se traslada en los términos del artículo 1o. de la ley, constituye créditos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7o.-B, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1997, por lo que deben formar parte del componente inflacionario, o bien, si en el impuesto al valor agregado por devengar las afianzadoras no sufren pérdidas inflacionarias, ya que no enteran al fisco el impuesto que no haya sido cobrado previamente, dado el momento de pago del gravamen y que las cuentas por cobrar que no son ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, no deben de ser consideradas como créditos al no existir disposición legal para ello.-El artículo 7o.-B fracción IV, inciso b), punto seis de la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere la Sala responsable establece lo siguiente: ‘Art. 7o.-B. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, determinarán por cada uno de los meses del ejercicio, los intereses y la ganancia o pérdida inflacionaria, acumulables o deducibles, como sigue: I. De los intereses a favor, en los términos del artículo 7o.-A de esta ley, devengados en cada uno de los meses del ejercicio, se restará el componente inflacionario de la totalidad de los créditos, inclusive los que no generen intereses. El resultado será el interés acumulable.-En el caso de que el componente inflacionario de los créditos sea superior a los intereses devengados a favor, el resultado será la pérdida inflacionaria deducible. Cuando los créditos no generen intereses a favor, el importe del componente inflacionario de dichos créditos será la pérdida inflacionaria deducible. II. De los intereses a cargo, en los términos del artículo 7o.-A de esta ley, devengados en cada uno de los meses del ejercicio, se restará el componente inflacionario de la totalidad de las deudas, inclusive las que no generen intereses. El resultado será el interés deducible.-Cuando el componente inflacionario de las deudas sea superior a los intereses devengados a cargo, el resultado será la ganancia inflacionaria acumulable. Cuando las deudas no generen intereses a cargo, el importe del componente inflacionario de dichas deudas será la ganancia inflacionaria acumulable. III. El componente inflacionario de los créditos o deudas se calculará multiplicando el factor de ajuste mensual por la suma del saldo promedio mensual de los créditos o deudas, contratados con el sistema financiero o colocados con su intermediación y el saldo promedio mensual de los demás créditos o deudas.-Para los efectos del párrafo anterior, el saldo promedio mensual de los créditos o deudas contratados con el sistema financiero será la suma de los saldos diarios del mes, dividida entre el número de días que comprenda dicho mes. El saldo promedio de los demás créditos o deudas será la suma del saldo al inicio del mes y el saldo al final del mismo, dividida entre dos. No se incluirán en el cálculo del saldo promedio los intereses que se devenguen en el mes.-Para calcular el componente inflacionario, los créditos o deudas en moneda extranjera se valuarán a la paridad existente el primer día del mes.-Para los efectos de esta fracción, se entenderá que el sistema financiero se compone de las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, de almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de cambio y sociedades financieras de objeto limitado, que sean residentes en México o en el extranjero. IV. Para los efectos de la fracción III se considerarán créditos los siguientes: a) Las inversiones en títulos de crédito, distintos de las acciones, de los certificados de participación no amortizables, de los certificados de depósito de bienes y en general de títulos de crédito que representen la propiedad de bienes. También se consideran incluidos dentro de los créditos, los que adquieran las empresas de factoraje financiero.-Las inversiones en acciones de sociedades de inversión de renta fija y en operaciones financieras derivadas de deuda formarán parte de los créditos a que se refiere el párrafo anterior de esta fracción. b) Las cuentas y documentos por cobrar, a excepción de las siguientes: 1. Los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales, cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes. Se considerará que son a plazo mayor de un mes, si el cobro se efectúa después de 30 días naturales contados a partir de aquel en que se concertó el crédito. 2. A cargo de socios o accionistas que sean personas físicas o sociedades residentes en el extranjero, salvo que en este último caso, estén denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación de bienes o servicios. 3. A cargo de funcionarios y empleados, así como de los préstamos efectuados a terceros a que se refiere la fracción VIII del artículo 24 de esta ley. 4. Pagos provisionales de impuestos y saldos a favor por contribuciones, así como estímulos fiscales. 5. Enajenaciones a plazo por las que se ejerza la opción prevista en el artículo 16 de esta ley, de acumular como ingreso el cobrado en el ejercicio, a excepción de las derivadas de los contratos de arrendamiento financiero. 6. Cualquier cuenta o documento por cobrar cuya acumulación esté condicionada a la percepción efectiva del ingreso.-No se incluirá como crédito el efectivo en caja.-Los títulos valor que se puedan ajustar en los términos del artículo 18 de esta ley, no se considerarán como créditos para el cálculo del componente inflacionario a que se refiere la fracción III de este artículo. Las cuentas y documentos por cobrar que deriven de los ingresos acumulables disminuidos por el importe de descuento y bonificaciones sobre los mismos, se considerarán como créditos para efectos de este artículo, a partir de la fecha en que los ingresos correspondientes se acumulen y hasta la fecha en que se cobren en efectivo, en bienes, en servicios o, hasta la fecha de su cancelación por incobrables. En el caso de cancelación de la operación que dio lugar al crédito, se cancelará su componente inflacionario, conforme a lo dispuesto en el reglamento de esta ley. V. Para los efectos de la fracción III de este artículo, se considerarán deudas, entre otras, las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas de deuda, las aportaciones para futuros aumentos de capital y los pasivos y reservas del activo, pasivo o capital que sean o hayan sido deducibles. Para los efectos de este artículo, se considera que las reservas se crean o incrementan mensualmente y en la proporción que representan los ingresos del mes del total de ingresos en el ejercicio.-En ningún caso se considerarán deudas las originadas por partidas no deducibles, en los términos de las fracciones I, III, IX y X del artículo 25 de esta ley, así como los adeudos fiscales.-Se considerará que se contraen deudas por la adquisición de bienes y servicios, por la obtención del uso o goce temporal de bienes o por capitales tomados en préstamo, cuando se dé cualquiera de los supuestos siguientes: a) Tratándose de la adquisición de bienes o servicios, así como de la obtención del uso o goce temporal de bienes, cuando se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 16 de esta ley y el precio o la contraprestación, se pague con posterioridad a la fecha en que ocurra el supuesto de que se trate. b) Tratándose de capitales tomados en préstamo, cuando se reciba parcial o totalmente el capital.-En el caso de cancelación de una operación de la cual deriva una deuda, se cancelará su componente inflacionario, en los términos que señale el reglamento de esta ley.-Tratándose de las inversiones en títulos de crédito a que se refiere la fracción IV, inciso a) de este artículo en las que el total o parte de los intereses se conocen hasta que se enajena, se amortiza o se redima el título de crédito, dicho monto se acumulará hasta que se conozca. El componente inflacionario de los créditos de los que derivan los intereses, se calculará hasta el mes en que dichos intereses se conocen, multiplicando el valor de adquisición de dichos créditos por el factor de ajuste correspondiente al periodo en que se devengaron. El componente inflacionario que resulte se sumará al componente inflacionario de los demás créditos, correspondiente al del mes en que se conozcan los referidos intereses.-El componente inflacionario de los créditos o deudas, de los que deriven intereses moratorios, de los créditos, préstamos o deudas, de los que deriven intereses, ganancia o pérdida cambiaria, que se acumulen o deduzcan en los términos de los artículos 17, fracción X, segundo párrafo, 24, fracción VIII, tercer párrafo, 108, fracción IX, segundo párrafo y 134, segundo párrafo de esta ley, se calculará hasta el mes en que dichos intereses, ganancia o pérdida cambiaria, se acumulen o deduzcan, multiplicando el monto de los créditos o deudas respectivos por el factor de ajuste correspondiente al periodo en que se causaron dichos intereses, o se obtuvo la ganancia o la pérdida cambiaria. El componente inflacionario que resulte se sumará al componente inflacionario de los demás créditos o deudas, según se trate, correspondiente al del mes en que se acumulen o deduzcan los referidos intereses, ganancia o pérdida cambiaria.-En las operaciones financieras derivadas de deuda, el componente inflacionario de los créditos o deudas originados por ellas se calculará hasta el mes en que se conozcan los intereses que resulten de las mismas.-Lo dispuesto en este artículo será aplicable a los contribuyentes a que se refiere el título IV de esta ley, en los casos en que dicho título lo señale expresamente.’.-Ahora bien, tal y como se desprende del artículo 7o.-B, fracción IV, inciso b), punto seis de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1997, se desprende que, entre otras, las personas morales determinarán por cada uno de los meses del ejercicio, los intereses y la ganancia o pérdida inflacionaria, acumulables o deducibles, señalando que, entre otras hipótesis, el componente inflacionario de los créditos o deudas se calculará multiplicando el factor de ajuste mensual por la suma del saldo promedio mensual de los créditos o deudas, contratados con el sistema financiero o colocados con su intermediación y el saldo promedio mensual de los demás créditos o deudas (fracción III).-La fracción IV del citado numeral dispone que para los efectos de la fracción III, se considerarán créditos, entre otros, las cuentas y documentos por cobrar.-Una excepción a esta última hipótesis la constituye ‘cualquier cuenta o documento por cobrar cuya acumulación esté condicionada a la percepción efectiva del ingreso’.-Al efecto, cabe recordar que el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que ‘Las personas morales residentes en el país acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio ...’.-Un ingreso acumulable es la suma de ingresos que deben tomarse en cuenta al determinar la utilidad sobre la cual ha de computarse el monto del impuesto (artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta).-Cabe destacar que el concepto de ingreso para efectos del impuesto sobre la renta, es ‘toda cantidad que produzca una modificación positiva en el patrimonio de una persona’, siendo que la entrada de efectivo no produce tal modificación patrimonial, aun cuando se produzca al mismo tiempo que la percepción del ingreso, siendo que la ley lo que grava son los ingresos y no la entrada en efectivo. Ejemplo de ello es cuando una sociedad mercantil celebra un contrato de compraventa y entonces se produce un ingreso, el cual modifica en ese momento el patrimonio en cuanto que el acto jurídico de compraventa se perfecciona, empero si después de dos meses de celebrada la compraventa, el adquirente efectúa el pago al vendedor, dicho pago ya no producirá para él un ingreso, sino que tan sólo representa una entrada en efectivo, pues el ingreso en crédito se produjo desde que se perfeccionó el contrato.-Particularmente, el ingreso en crédito se presenta cuando en el patrimonio de la persona ingresa un derecho personal de exigir del deudor una determinada contraprestación, produciendo entonces una modificación patrimonial positiva.-El perfeccionamiento de un acto jurídico hace que éste produzca todas sus consecuencias jurídicas de derecho, siendo una de ellas el que ingrese un derecho de crédito en el patrimonio de una persona, esto es, un derecho de exigir una obligación y, desde diverso aspecto, otra de las consecuencias del perfeccionamiento del contrato es que se genere una obligación fiscal consistente en gravar esa modificación patrimonial o ingreso con el impuesto sobre la renta.-En cambio, en materia del impuesto sobre la renta, el ingreso devengado, constituye un artífice (sic) que se utiliza en la técnica contable con el objeto de presentar la situación financiera y los resultados de una empresa, en la forma en que más se apeguen a la realidad económica. Esta práctica de devengado se fundamenta en lo que en la técnica contable se conoce como ‘principios de realización y periodo contable’.-Esto es, la técnica contable exige que se reconozca la realización de los eventos que afectan a la entidad, aun cuando se vayan a consumar en lapsos contables futuros, de tal forma que en el estado de resultados se incluyan estrictamente los ingresos y gastos que se hayan devengado en el ejercicio.-En consecuencia, el ingreso en crédito se produce cuando el contribuyente haya modificado su patrimonio al incorporarse en él un derecho de crédito en contra de su deudor, a pesar de que tal derecho no se traduzca de inmediato en la obtención de efectivo o especie, siempre que dicho derecho de crédito produzca una modificación patrimonial positiva del contribuyente.-Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis publicada en las páginas 1073 y 1074, Tomo II, Segunda Parte, correspondiente a 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, en la tesis jurisprudencial número 48/96 bajo la voz: ‘RENTA, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA. ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO B), VIGENTE EN 1981. LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES, NO SON DEDUCIBLES COMO CUENTAS POR COBRAR.’, se entiende como ‘cuentas por cobrar’, los créditos en numerario constituidos en favor de la empresa.-En el caso del impuesto al valor agregado que se traslada no puede desvincularse el contenido de los artículos 1o. y 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en la medida que no existe una modificación patrimonial en el traslado del impuesto, ya que para ello se requiere que las primas por cobrar de fianzas expedidas que tiene la empresa fiadora hacia los fiados, precisa que cumplan con una condición suspensiva para efectos de su exigibilidad, esto es, que se paguen las primas, pues si éstas no se pagan por cualquier eventualidad, no se perfecciona la obligación y entonces no debe hacerse el traslado del impuesto, pues aunque se paga un monto equivalente de aquél, la obligación del traslado se encuentra vinculada al momento en que se hayan pagado las primas, esto es, que si no se pagan, no hay obligación de su traslado por así desprenderse del contenido del artículo 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.-De ahí que acertadamente la Sala del conocimiento haya razonado que la cuenta por cobrar implica necesariamente la existencia de un sujeto acreedor que tiene el derecho de exigir el pago de una cosa o cantidad o el cumplimiento de una obligación, y la existencia de un sujeto deudor que tiene la obligación de dar o hacer cumplir y, en el caso, la obligación entre las partes no se actualiza realmente, sino hasta el momento en que se paga el tributo en los términos del artículo 17 de la ley en cita, por lo que si no hay un ingreso en crédito acumulable para efectos del impuesto sobre la renta, no existe disposición que permita considerar ‘las primas por cobrar de fianzas expedidas’ como créditos.-En tal virtud, si conforme al artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta hay una excepción para excluir las cuen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6765-f765228c/renta-para-determinar-el-componente-inflacionario-a-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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