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Modo: Corpus Pro

REMATE. EL AMPARO EN CONTRA DE UN PRECEPTO QUE FIJA REGLAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, NO AFECTA LA SENTENCIA EJECUTORIADA QUE CONDENÓ AL MISMO. REMATE. EL ARTÍCULO 480 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, QUE DETERMINA QUE SERVIRÁ DE BASE EN ESE PROCEDIMIENTO EL VALOR COMERCIAL QUE INFORME LA OFICINA CATASTRAL, ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. REMATE. LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, DA LUGAR A SU REPOSICIÓN PARA QUE EL EJECUTADO SEA OÍDO Y VENCIDO (ARTÍCULO 480 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). REMATE. LA SENTENCIA EJECUTORIA QUE CONDENA AL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES, NO PRIVA DE INTERÉS JURÍDICO AL CONDENADO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO QUE ESTABLECE REGLAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 804/98. · Registro digital (IUS): 6811
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUANA MARÍA DE JESÚS TORRES JAIME.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, , Pág. 474.

AMPARO EN REVISIÓN 804/98. JUANA MARÍA DE JESÚS TORRES JAIME.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIO: CARLOS MENA ADAME.

MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son esencialmente fundados los agravios expresados por la quejosa recurrente.

Como antecedentes destacados del caso tenemos los siguientes:

a) Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Promoción a la Pequeña Industria del Estado de Aguascalientes, demandó a José Efraín Ernesto Garay Lobos y Juana María de Jesús Torres Jaime en la vía especial hipotecaria, la terminación y rescisión del contrato de crédito de habilitación o avío y refaccionario que celebró con los demandados.

b) Del referido juicio correspondió conocer al Juez Séptimo de lo Civil y de Hacienda en la ciudad de Aguascalientes, quien mediante resolución de siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, en el expediente 410/96 declaró legalmente terminado y rescindido por vencimiento anticipado el contrato de crédito de habilitación o avío, condenó a los demandados al pago de diversas prestaciones y ordenó el trance y remate del inmueble sujeto a cédula hipotecaria y con su producto que se paguen dichas prestaciones, si los demandados no lo hiciesen voluntariamente en el término de ley (foja 32 y vuelta del expediente).

c) Por proveído de doce de julio de mil novecientos noventa y seis, el Juez Séptimo de lo Civil y de Hacienda en la ciudad de Aguascalientes, acusó recibo del oficio 5471 suscrito por la Secretaría de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en el que se acompañó la ejecutoria de tres de julio del mismo año de la que se desprende que se negó el amparo a los demandados (foja 33).

d) El Juez de mérito, por acuerdo de trece de agosto de mil novecientos noventa y seis, requirió a los demandados para que en el término de cinco días cumplieran con la sentencia dictada en el juicio especial hipotecario y por diverso de once de septiembre siguiente, a solicitud del promovente, abrió el periodo de ejecución de conformidad con el artículo 480 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes, y ordenó girar oficio al director de Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz en el Estado, para que informe el valor comercial del inmueble hipotecado en el presente juicio.

e) Por acuerdo de diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, el Juez de la causa acusó recibo del avalúo que fue solicitado al director general de Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz y con el mismo ordenó dar vista a las partes para que se impusieran de su contenido, y por diverso de veinte de febrero de mil novecientos noventa y siete, mandó anunciar el remate del inmueble embargado por medio de edictos y señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia de remate (foja 39).

f) El día 10 de marzo de 1997, tuvo verificativo la audiencia de remate, adjudicándose en favor de la actora el inmueble hipotecado. En acuerdo de veintiséis de la misma fecha, el Juez Séptimo de lo Civil y de Hacienda aprobó el remate (foja 40).

g) Los demandados interpusieron recurso de apelación contra el referido auto de veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y siete, dictado por el Juez Séptimo de lo Civil y de Hacienda. Del recurso correspondió conocer a la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, la cual el dieciocho de septiembre del citado año resolvió:

"Vistos, para sentencia los autos del toca civil número 657/97, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por José Efraín Ernesto Garay Lobos y Juana María de Jesús Torres Jaime, en contra del auto de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y siete, dictado por el Juez Séptimo de lo Civil y de Hacienda de esta capital, en el expediente número 410/96, dentro del juicio especial hipotecario promovido por Angélica de Santos Velasco, apoderada general para pleitos y cobranzas de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Promoción a la Pequeña Industria del Estado de Aguascalientes, en contra de los apelantes, misma que hoy se dicta bajo los siguientes: CONSIDERANDOS: I. Los agravios expresados por los recurrentes José Efraín Ernesto Garay Lobos y Juana María de Jesús Torres Jaime, son del tenor que se expresan a fojas de la ochenta y dos a la ochenta y cinco de los autos del principal, los cuales aquí se dan por reproducidos como si a la letra lo fueren, en obvio de espacio y tiempo, y esencialmente por no ser un requisito formal de las sentencias, según se infiere del artículo 83 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. II. Los agravios expresados por los quejosos José Efraín Ernesto Garay Lobos y Juana María de Jesús Torres Jaime, son inatendibles por un lado e infundados e improcedentes por otro. En efecto, manifiestan los apelantes en su escrito de expresión de agravios que el laudo de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y siete, dictado por el Juez Séptimo de lo Civil y de Hacienda de esta capital, en los autos del juicio especial hipotecario número 410/96, les causa agravio en atención a la inconstitucionalidad de que adolece el artículo 480 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y que en base a dicha inconstitucionalidad se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 133 constitucionales, manifestaciones que son inatendibles por esta Primera Sala, en observancia de lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispositivo que establece que: ‘Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.’, por lo que, si los ahora impetrantes reclaman la inconstitucionalidad del referido numeral 480, deberán acudir a la instancia correspondiente a hacer la reclamación que consideren pertinente a efecto de que les reparen el perjuicio que dicen haber recibido con la aplicación de tal precepto legal. III. Dispone el artículo 493 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado que: ‘Dentro de los tres días siguientes al en que se fincó el remate, el Juez, de oficio, revisará el procedimiento de ejecución y dictará auto aprobando o no el remate. Contra esa resolución se da el recurso de apelación.’, y en observancia del mismo, el juzgador impugnado procedió a la revisión del procedimiento de ejecución y dado que el bien embargado y rematado lo fue la fracción del lote urbano número seis, de la manzana seis, del fraccionamiento Richcarday, de la ciudad de Rincón de Romos, Municipio del mismo nombre, de esta entidad federativa, mismo que fue valuado por la Dirección General de Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz, mediante dictamen de fecha cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, en términos de lo dispuesto por el numeral 480 de la ley adjetiva de la materia y anunciada su venta de conformidad al artículo 481 del mismo cuerpo legal, sin haber comparecido más postores que la titular de la acción real hipotecaria a quien se le adjudicó el inmueble objeto del remate, previa calificación de su postura, en la cantidad de cincuenta y ocho mil novecientos noventa y tres pesos con treinta y tres centavos, cabe concluir que obrando en congruencia con los dispositivos legales citados, el juzgador impugnado, dictó el auto de aprobación del remate, que por lo mismo no causa agravio alguno a los apelantes. No es óbice a la anterior conclusión el argumento que hacen valer los apelantes en el sentido de que la almoneda se celebró con un valor catastral que data del día tres de diciembre de mil novecientos noventa y tres, fecha en la que, dicen, fue la última ocasión en que se reunió la Junta Catastral del Estado de Aguascalientes, para revisar los valores catastrales de los inmuebles que se ubican en todo el territorio del Estado de Aguascalientes, y que dicha actualización fue publicada el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y tres, en el Periódico Oficial del Estado, y tampoco que el bien inmueble que fue objeto del remate tuviese un valor de ciento cincuenta millones de viejos pesos al momento en que celebraron el contrato de habilitación o avío y refaccionario con garantía hipotecaria, que lo fue en el mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, pues de lo primero no obra constancia alguna en los autos del principal, y respecto a lo segundo, es el valor que se desprende del dictamen emitido por la Dirección General de Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz, el que debe tomarse en cuenta para la fijación del precio del remate, en observancia de lo dispuesto por el artículo 480 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Ahora bien, contrario a lo expuesto por los impetrantes, el dictamen emitido por la Dirección General de Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz sí indica los parámetros en los que se basó para llevar a cabo el avalúo del bien objeto del remate, a saber: que el inmueble tiene toma de agua domiciliaria; que existe energía eléctrica; que existe servicio de limpia; que en cuanto a su vialidad, el tráfico es local; que tiene descarga domiciliaria de alcantarillado; que tiene alumbrado público; que la banqueta es de concreto al igual que el pavimento de la calle; que existe red de servicio telefónico y que no pasa por el predio ninguna falla geológica; aunado al hecho de que en dicho avalúo se expresan como observaciones que el valor unitario de las construcciones incluye el demérito por antigüedad y estado de conservación, por lo que en tal sentido no se les causa agravio alguno a los ahora inconformes. Asimismo, del análisis del dictamen emitido por la Dirección General de Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz, se desprende que la fecha en que le otorgó al inmueble ya referido, el valor de ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos, lo fue el día cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, luego entonces sí se llevó a cabo el remate del inmueble el día diez de marzo de mil novecientos noventa y siete, es decir, cinco meses después de la emisión del dictamen, éste se encontraba vigente en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 480, al no haber transcurrido más de un año de su expedición, por lo que es de concluirse que no hubo errónea ni defectuosa interpretación por parte del Juez Séptimo de lo Civil y de Hacienda de esta capital del numeral indicado, y con ello ningún agravio se causa a los reclamantes. Así pues, habiéndose cumplido con todos y cada uno de los requisitos que establece la ley procesal en cita para llevar a cabo el remate ya referido, pues como se desprende de los autos del juicio del que emana el proveído que se impugna, se dio cumplimiento a lo ordenado por los artículos 476, 477, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 487, 491, 492 y 493 de tal cuerpo legal, y con apoyo en los razonamientos anteriormente expuestos, es de concluirse que el auto recurrido no causa agravio alguno a los apelantes, motivo por el cual se confirma en todas y cada una de sus partes el auto recurrido. En virtud de lo anterior, en seguimiento a lo reglamentado por el artículo 493 del código procesal en comentario, se adjudica a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Promoción a la Pequeña Industria del Estado de Aguascalientes, en la cantidad de cincuenta y ocho mil novecientos noventa y tres pesos con treinta y tres centavos, la fracción del lote urbano número seis, de la manzana seis del fraccionamiento Richcarday, de la ciudad de Rincón de Romos, Municipio del mismo nombre, del Estado de Aguascalientes, por lo que con fundamento en lo indicado por el dispositivo 494 del mismo ordenamiento jurídico requiérase a la adjudicataria para que consigne ante el Juez natural la cantidad de cuarenta y siete mil ciento noventa y cuatro pesos con sesenta y siete centavos, que representa el remanente del precio completo del remate, en un término de diez días, apercibida que de no hacerlo se procederá a declarar que por su culpa dejó de tener efecto la venta en su favor y que perderá el depósito a que se refiere el artículo 485 del conjunto normativo preindicado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en las disposiciones legales contenidas por los artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 398, 399, 400, 401, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles es de resolverse y se resuelve: PRIMERO. Se confirma en todas y cada una de sus partes el auto de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y siete, proveído por el Juez Séptimo de lo Civil y de Hacienda de esta capital, dentro del juicio especial hipotecario número 410/96, promovido por Angélica de Santos Velasco, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Promoción a la Pequeña Industria del Estado de Aguascalientes, en contra de José Efraín Ernesto Garay Lobos y Juana María de Jesús Torres Jaime. SEGUNDO. Se adjudica a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Promoción a la Pequeña Industria del Estado de Aguascalientes, en la cantidad de cincuenta y ocho mil novecientos noventa y tres pesos con treinta y tres centavos, la fracción del lote urbano número seis, de la manzana seis, del fraccionamiento Richcarday, de la ciudad de Rincón de Romos, Municipio del mismo nombre, Estado de Aguascalientes. TERCERO. Requiérase a la adjudicataria, para que consigne, ante el Juez natural la cantidad de cuarenta y siete mil ciento noventa y cuatro pesos con sesenta y siete centavos, que representa el remanente del precio completo del remate, en un término de diez días, apercibida que de no hacerlo se procederá a declarar que por su culpa dejó de tener efecto la venta en su favor y que perderá el importe del depósito a que se refiere el artículo 485 del ordenamiento legal en cita. CUARTO. Con testimonio de la presente resolución remítanse los autos originales al juzgado de su procedencia y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto concluido. Notifíquese personalmente."

Expuestos los antecedentes del caso, este Tribunal Pleno se avoca al estudio del agravio de la recurrente en el que sostiene que fue indebido el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, en virtud de que lo promovió de conformidad con el artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, que señala que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento y que tratándose de remates, únicamente podrá promoverse en contra de la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben y que esto aconteció, pues interpuso juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, es decir, contra la sentencia dictada por la H. Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en la que resolvió el recurso de apelación en contra del auto del Juez Séptimo de lo Civil y de Hacienda de la ciudad de Aguascalientes, en el que aprobó el remate del bien inmueble hipotecado, resolución en la que confirmó ese auto.

Como se apuntó con antelación, el agravio formulado por la quejosa es fundado.

La Juez de Distrito para sobreseer en el juicio, se apoyó en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque consideró que el quejoso debió controvertir los artículos 480 y 481 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes, a través de su primer acto de aplicación y que se dieron en los proveídos de once de septiembre de mil novecientos noventa y seis y veinte de febrero de mil novecientos noventa y siete, respectivamente, y si la quejosa presentó su demanda hasta el día trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, resulta evidente que el término otorgado por la ley para los efectos pretendidos transcurrió con exceso, por lo que en la especie se actualizó la causal de improcedencia invocada.

Contrariamente a lo afirmado por el a quo, la quejosa promovió el juicio de amparo en contra de la última resolución definitiva que aprobó el remate como lo preceptúa el último párrafo de la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo:

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:... III. ... Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben."

Efectivamente, como se desprende de autos, la quejosa promovió el juicio de garantías en contra de la resolución de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, que confirmó en todas sus partes el auto aprobatorio de remate de veintiséis de marzo del mismo año.

La anterior Tercera Sala y este Tribunal Pleno, han sostenido de manera reiterada el criterio de que tratándose de remates el amparo sólo procede contra la última determinación en que se aprueben o desaprueben, y la misma Tercera Sala estableció que esta última resolución sólo puede ser la de la alzada.

Los anteriores criterios son del siguiente tenor:

"REMATES. Las violaciones cometidas en el curso de los procedimientos para llevar a cabo el remate de bienes embargados, no deben juzgarse sino hasta que se apruebe o desapruebe en definitiva aquél, porque de otra manera se haría imposible llegar a realizar la venta de los bienes, demorándose indefinidamente la ejecución de la sentencia, con notorio perjuicio para la administración de justicia, sin que esto sea contrario a lo que dispone la fracción IX del artículo 107 constitucional, que admite el amparo contra actos ejecutados después del juicio, porque al interponer el de garantías contra las resoluciones que preceden al remate, lo que se reclama es el remate mismo, y éste no tiene eficacia jurídica sino hasta que se aprueba por resolución judicial o causa estado; y además, como los embargados gozan durante los procedimientos de remate, de todos los derechos que la ley les concede, para hacer que aquél se verifique con estricto apego a las disposiciones legales, y puedan, en último término, apelar del auto que apruebe el remate, no puede decirse que carezcan de medios legales para defender sus derechos. Por todas estas razones, es inconcuso que el amparo es improcedente, contra las actos que preceden al remate."

(Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tercera Sala, Tomo XXVII, página 797).

"REMATES. Las violaciones cometidas en el curso de los procedimientos, para llevar a a cabo el remate de bienes embargados, no deben juzgarse sino hasta que el remate se aprueba en definitiva; pues de otra suerte, sería imposible llegar hasta la venta de los bienes, demorándose indefinidamente la ejecución de las sentencias, con notorio perjuicio de la administración de justicia; sin que pueda alegarse que tal teoría pugna con lo mandado por la fracción IX del artículo 107 constitucional; porque al reclamar los actos que preceden al remate, lo que se reclama es el remate mismo, que no tiene eficacia jurídica sino hasta que se aprueba por resolución que causa estado, y, además, durante los procedimientos, se puede hacer uso de todos los derechos que la ley concede, para que la almoneda se verifique con tal apego a la ley misma; pudiéndose en último término, apelar del auto que apruebe o desapruebe el remate; por todo lo cual el amparo es improcedente contra los repetidos procedimientos que preceden al remate."

(Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tercera Sala, Tomo XXVIII, página 469).

"REMATES, AMPARO EN CASO DE. Tratándose de remates, el amparo sólo cabe contra la última determinación en que se aprueben o desaprueben, y esa última resolución sólo puede ser la de alzada, por lo que si no se hace valer antes de acudir al amparo contra dicho remate, éste es improcedente."

(Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tercera Sala, Tomo LXI, página 3141).

"AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se impugnen actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en dicho procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige, inclusive, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclama también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución del procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe."

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo V, abril de 1997, tesis P. LVI/97, página 15).

"AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ‘ÚLTIMA RESOLUCIÓN’, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la ‘última resolución’ que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente."

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo V, abril de 1997, tesis P. LVII/97, página 16).

Habiendo resultado fundado el agravio expresado por la quejosa, procede avocarse al estudio de las causales de improcedencia propuestas en el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 91, fracción III y parte final del artículo 73, ambos de la Ley de Amparo, así como de las que aparezcan de oficio.

CUARTO. El secretario general de Gobierno encargado del despacho del Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, por ministerio de ley y el tercero perjudicado, manifiestan que este juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse con fundamento en la fracción V del artículo 73, porque el precepto legal que reclama no le causa ningún perjuicio, al establecerse en el mismo que el avalúo comercial del inmueble otorgado en garantía hipotecaria, lo dará la Dirección de Catastro, dependencia gubernamental que no tiene interés en el asunto y que, por lo tanto, es imparcial al emitirlo.

Es infundada la causal de improcedencia que se propone.

En efecto, la circunstancia de que el acto reclamado emane de un procedimiento en forma de juicio en el que la quejosa fue parte, le da a ésta, por sí sola, el interés jurídico necesario para accionar ante el órgano de control constitucional.

Además, cualquier actuación judicial encaminada a la ejecución de la sentencia, afecta el interés jurídico de la peticionaria de garantías, puesto que se aprueba el remate de un bien de su propiedad, tomándose como base de la almoneda el valor comercial que señaló la Dirección General de Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz del Estado de Aguascalientes, a fin de cubrirse las diversas prestaciones a las que se le condenó en sentencia de siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, en el expediente 410/96, infiriéndose, además, que tendría el derecho, en su caso, al remanente que pudiera existir después de cubrirse la deuda referida.

El agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Aguascalientes, afirma debe sobreseerse con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al C. Director de Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz, del cual se reclama la emisión y valor asignado al inmueble de la quejosa, por tratarse de actos derivados de actos consentidos, contra los cuales es improcedente el juicio, en atención a que ésta tuvo conocimiento del valor asignado al inmueble, desde el momento en que la responsable se lo determinó, para el correspondiente pago del impuesto predial y no lo impugnó.

Es infundada la causal de improcedencia anterior.

En efecto, es infundada la causal de improcedencia que se propone, en tanto que el avalúo que realizó el referido director de Catastro para el pago del impuesto predial, es diferente al que le solicitó el Juez Séptimo de lo Civil y de Hacienda, toda vez que éste último se hizo para valuar el inmueble de la quejosa para efectuar el remate, con fundamento en el artículo 480 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes y, por tanto, no es consecuencia directa y necesaria de aquél.

Apoya a la anterior consideración la tesis del Tribunal Pleno visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Primera Parte, página 9, cuyo rubro y texto es el siguiente:

"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél."

No obstante lo antes expuesto, en el caso aparece una causal de improcedencia cuyo examen debe hacerse de oficio en relación con el acto reclamado del Juez de lo Civil y de Hacienda de la ciudad de Aguascalientes.

En efecto, de la relación de los antecedentes del caso se advierte que en contra del acto especificado se hizo valer el recurso de apelación que culminó con la sentencia de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, que confirmó el auto referido. Por consiguiente, se produjo la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto emanado de un procedimiento judicial, lo que implica que por virtud del cambio de situación jurídica deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poderse decidir en relación a tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica derivada de la referida sentencia dictada en apelación.

Resultan aplicables al respecto las siguientes tesis, en forma analógica, en cuanto al criterio que se sustenta:

"SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Si en el amparo se reclaman las sentencias de primera y segunda instancias pronunciadas en un juicio, aquél es improcedente contra la de primer grado, pues si ésta fue recurrida y se dictó sentencia en la apelación, con ello se efectuó un cambio en la situación jurídica que hace que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica (artículos 73, fracción X, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo). Amparo civil directo 3879/34. Banco Central Mexicano, S.A. en liquidación. 3 de agosto de 1950. Mayoría de tres votos. Disidentes: Vicente Santos Guajardo y Roque Estrada. Relator: Hilario Medina."

"CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE PRODUCE SI HABIÉNDOSE RECLAMADO LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA APELADA QUE CONDENA AL LANZAMIENTO, AL DICTARSE LA SENTENCIA DE AMPARO YA SE PRONUNCIÓ LA DE APELACIÓN. El amparo promovido contra la ejecución anticipada de una sentencia de primera instancia que condena al lanzamiento de la parte dema

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6811-2e6b88d3/remate-el-amparo-en-contra-de-un-precepto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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