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Modo: Corpus Pro

RENTA. EL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UN DIVERSO PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA BASE DEL TRIBUTO, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. RENTA. EL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL GRAVAR UN INGRESO FICTICIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 841/2000. · Registro digital (IUS): 19404
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUANA VILLANUEVA ZAPATA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 878.

AMPARO EN REVISIÓN 841/2000. JUANA VILLANUEVA ZAPATA.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIA: LETICIA FLORES DÍAZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones de la sentencia recurrida, son las siguientes:

"PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal tiene competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, constitucional, 36 y 114 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 78-A y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como del diverso 21 de la Ley de Ingresos de la Federación. SEGUNDO. La administradora central de lo Contencioso, en ausencia del presidente del servicio de Administración Tributaria, y el procurador fiscal de la Federación, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, por sí y en representación del presidente de la República, al rendir los informes justificados que les fueron solicitados, manifestaron que no son ciertos los actos que se les atribuyeron, consistentes en la aplicación de los artículos 78-A y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el 21 de la Ley de Ingresos de la Federación, cuya inconstitucionalidad se plantea. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia número 53, visible en la página 90, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, cuyo rubro indica: ‘ACTO RECLAMADO. NEGACIÓN DEL.’. TERCERO. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (foja 61); el procurador fiscal de la Federación en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público y éste en representación del presidente de la República, el director general de Asuntos Jurídicos, en ausencia del secretario de Gobernación, manifiestan que son ciertos los actos reclamados por la quejosa, consistentes en la aprobación, refrendo, promulgación y orden de publicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por cuanto incluye los artículos 78-A y 80, así como de la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que hace al numeral 21; certeza que le es implícita a los actos que se reclaman, atendiendo al principio jurídico de que las leyes no son objeto de prueba, establecido en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria expresa a la Ley de Amparo, y con apoyo en la tesis publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1988, Primera Parte, página 983, cuyo rubro indica: ‘LEYES NO SON OBJETO DE PRUEBA.’. Finalmente, también es cierto el acto reclamado consistente en la aplicación de los artículos 78-A y 80, in fine, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2000, mediante la retención del impuesto por ingresos en servicios. Al respecto, cabe precisar que la parte quejosa acude a esta vía constitucional impugnando los preceptos que estima inconstitucionales con motivo de que el catorce de enero del año dos mil, al entregársele su recibo de pago correspondiente a la primera quincena de enero del año dos mil, se le descontó una cantidad por concepto de impuesto por ingresos en servicios, conforme a lo dispuesto en los numerales en comento. En el presente asunto, si bien es cierto que el pago del citado derecho no fue realizado por requerimiento de alguna de las autoridades responsables, también lo es que al efectuar el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., la deducción con efectos de retención del impuesto, está cumpliendo con el dispositivo legal, realizándose así el acto de aplicación de la ley. Cobra aplicación al caso, en lo conducente y por analogía, el criterio aislado número 4a. XVI/92 de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 102 del Tomo IX, junio del Semanario Judicial de la Federación, que señala: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.’ (se transcribe). CUARTO. Como las causas que dan lugar a la improcedencia del juicio de garantías son de orden público y su estudio es preferente a cualquier otra cuestión planteada, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia número novecientos cuarenta, visible en la página mil quinientos treinta y ocho, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1988, cuyo rubro es: ‘IMPROCEDENCIA.’, se procederá a examinar las que proponen las responsables: El procurador fiscal de la Federación en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público y éste, de conformidad con el acuerdo del procurador general de la República que obra a fojas ciento cuarenta y seis de autos, en representación del presidente de la República, propone la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 116, ambos de la Ley de Amparo, ya que estima que la quejosa omitió expresar conceptos de violación tendientes a combatir la promulgación y orden de publicación de los ordenamientos legales que se impugnan. Es inoperante la causa de improcedencia que hace valer la citada autoridad porque, si bien de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa, efectivamente, no formuló conceptos de violación en contra de la promulgación y orden de publicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta ni lo hizo en contra de la Ley de Ingresos de la Federación; sin embargo, sí formula con claridad la causa de pedir, que se vincula con el problema de constitucionalidad respecto de los artículos 78-A y 80 del primer ordenamiento y 21 del segundo, señalando, cuál es la lesión o agravio que estima le es causado con motivo de su aplicación. En ese sentido, si la promulgación y la orden de publicación son actos integrantes del procedimiento legislativo y, como en el presente juicio, es controvertida la constitucionalidad de los ordenamientos ya citados, tal circunstancia necesariamente implica el señalamiento de las autoridades que intervinieron en sus distintas etapas de formación, ya que su existencia formal se integra por actos que sistemáticamente se suceden, los que no pueden existir en forma aislada, sino precisamente como parte de un procedimiento, por tal razón, en la medida en que se consideren o no contrarios a la Constitución Federal las disposiciones legales impugnadas, su promulgación y orden de publicación seguirán la misma suerte. Es aplicable la tesis de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 117, Volúmenes 205-216, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación que indica: ‘LEYES, AMPARO CONTRA EXPEDICIÓN, REFRENDO, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS.’ (se transcribe). Por otra parte, la misma autoridad estima que debe sobreseerse en el juicio, al actualizarse las causas de improcedencia que prevén las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque, indica, la simple vigencia de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por cuanto incluye el artículo 78-A, no le causa perjuicio, ya que debido a su naturaleza heteroaplicativa, es necesario acreditar el acto de aplicación para que tal ordenamiento legal sea susceptible de causarle algún perjuicio, considerando además que debe decretarse el sobreseimiento, ya que si el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, indica que los ingresos por servicios se considerarán obtenidos en forma mensual, será hasta que éste concluya, el tiempo para impugnar el ordenamiento legal; causales que por su estrecha vinculación se analizan conjuntamente. Son inoperantes los motivos de improcedencia señalados, porque si bien el ordenamiento legal precisado es de naturaleza heteroaplicativa, es decir, de aquellos que para ser susceptibles de causar una afectación o perjuicio directo en los gobernados y, consecuentemente, ser impugnables vía amparo, requieren un acto concreto de aplicación, la quejosa acompañó a su demanda de garantías, marcado como anexo tres (foja 42 de autos) el comprobante ordinario de nómina del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., sociedad que al tener la calidad de patrón respecto de la quejosa, como se narra bajo protesta en el capítulo respectivo de la demanda de garantías, tiene la obligación de efectuar las retenciones de las contribuciones que sean causadas con motivo del vínculo laboral, a que se refiere el artículo 80, en relación con el diverso 83, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, tal retención, precisada en el comprobante de pago mencionado, que se señala con la leyenda ‘Impto. Ingr. en Servicios’ por la cantidad de $100.01 (cien pesos 01/100 M.N.), indica la aplicación del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, precisamente porque en tal numeral se establece la hipótesis de causación del impuesto sobre la renta por la obtención de ingresos en servicios por la prestación de un servicio personal subordinado, por lo que fehacientemente se acredita su aplicación, al otorgársele valor probatorio a la documental referida, en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y con apoyo, además, en la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Informe de labores correspondiente a 1996, página 42, que por analogía es aplicable e indica: ‘INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS.’ (se transcribe). También es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 339 del Tomo I, Primera Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: ‘RENTA, TASA ADICIONAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE (1986). PRUEBA DEL INTERÉS JURÍDICO MEDIANTE RECIBO DE SUELDO EN QUE CONSTA LA RETENCIÓN.’ (se transcribe). Asimismo, si bien es cierto que conforme a los preceptos legales impugnados, los ingresos por servicios se consideran obtenidos mensualmente, también lo es que la retención no necesariamente debe efectuarse con esa periodicidad, sino que es obligación del patrón, en su función de retenedor, efectuarla contra los ingresos efectivamente pagados al trabajador, motivo por el cual la constancia de percepciones y deducciones quincenales que presenta el quejoso es apta para demostrar la aplicación de los preceptos que se controvierten, por lo que debe desestimarse por infundada la causal de improcedencia propuesta sobre el particular. Consecuentemente, la quejosa sí acredita su interés jurídico para impugnar la constitucionalidad de la disposición legal referida, por lo que, se reitera, son inoperantes las causales de improcedencia propuestas. Al no existir diversas propuestas de improcedencia, ni de autos advertirse alguna que deba ser examinada, se procede al estudio de la litis fijada en el presente juicio. QUINTO. En su primer concepto de violación, la quejosa expone que la aplicación de las disposiciones legales impugnadas violan en su perjuicio las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias previstas por la fracción IV del artículo 31 constitucional. Es fundado el planteamiento de la quejosa, porque en términos del artículo que contiene las garantías tributarias que estima transgredidas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que los gobernados deben contribuir económicamente para los gastos públicos de la Federación, así como del Estado y Municipio en que residan, es decir, por disposición constitucional, se contempla tanto para la Federación como para las entidades políticas que la integran, facultades para que, en uso de la potestad contributiva derivada del ejercicio de la soberanía estatal y dentro de los ámbitos materiales y espaciales de competencia, sean gravadas las actividades que en forma directa o indirecta representen o indiquen la posibilidad de contribución, tal facultad debe cumplir, entre otros, con los principios de proporcionalidad y equidad que en la propia fracción IV del artículo 31 constitucional se precisan. Así, de la interpretación de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, se concluye que el origen de la contribución debe invariablemente ser la ley, es decir, el ejercicio de la potestad contributiva se reserva, tanto al Congreso de la Unión como a los Congresos Locales de cada una de las entidades que integran la Federación, de lo que se desprende que son los legisladores federales o locales, en su caso, quienes para el establecimiento de impuestos deben atender tal exigencia constitucional, en respeto de las garantías contributivas; interpretación que, en sus términos ha sido asentada en la jurisprudencia publicada en la compilación 1995, Tomo I, página 109, que literalmente dice: ‘CONTRIBUCIONES, OBJETO DE LAS. EL LEGISLADOR TIENE LIBERTAD PARA FIJARLO, SIEMPRE QUE RESPETE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe). Entonces, las leyes secundarias de naturaleza fiscal deben observar o cumplir los principios de proporcionalidad y equidad, mismos que al ser integrados como unidad jurídica indisoluble, ordenan que el tributo, debe gravar de manera tal que el impacto patrimonial sea distinto para cada categoría o nivel de imposición, atendiendo, para tal efecto, los distintos indicadores que tiendan a evidenciar la capacidad contributiva, es decir, se deben establecer mecanismos o procedimientos que hagan efectiva la justicia tributaria, impidiendo así se agote la fuente del tributo. Ahora bien, los principios o garantías constitucionales indicados se cumplen de diversas formas, pero siempre al relacionarse con el objeto que cada una de las contribuciones grava, en todo caso, si la actividad gravada se identifica con el consumo de bienes o con la obtención de servicios, será precisamente el precio que se fije entre las partes en la operación que se trate, el que servirá como referencia para indicar la capacidad contributiva. Sin embargo, si el objeto del impuesto, en términos amplios, se identifica con el ingreso y particularmente con la obtención de utilidades o ganancias en la realización del hecho imponible, es necesario graduarlo de manera que la participación del contribuyente al gasto público se realice en función de la capacidad económica efectivamente manifestada, por lo que los elementos que determinan la obligación tributaria deben hacer referencia a la misma, es decir, la base gravable debe permitir que se tome en cuenta la capacidad económica y la tarifa o tasa, por su parte, se deberá graduar para fijar de manera justa el monto que efectivamente deba ser enterado, lo que hará manifiesto el respeto de la garantía de proporcionalidad tributaria al tomar en cuenta la capacidad contributiva del gobernado. Es conveniente, para el efecto de enriquecer la interpretación constitucional de los principios tributarios, citar el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la compilación 1995, Tomo I, tesis 275, página 256, y en el Informe correspondiente a 1969, parte II, Sala Auxiliar, Séptima Época, página 52, que indican: ‘PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). ‘IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.’ (se transcribe). Asimismo, la tesis P. XXXI/96 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 437, precisa la necesidad de relación entre la capacidad contributiva y los elementos del impuesto, al indicar: ‘IMPUESTOS. CONCEPTO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA.’ (se transcribe). En ese orden, para el efecto de examinar la proporcionalidad del impuesto se deben tomar en consideración sus particularidades y para el caso del impuesto sobre la renta, el objeto gravado, de acuerdo con las disposiciones generales para las personas físicas contribuyentes, son los ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios o de cualquier otro tipo; los que derivan, de conformidad con el título IV de la ley, del salario obtenido por la prestación de un servicio personal subordinado y demás prestaciones obtenidas por razón de la relación laboral; de los ingresos que la ley asimila al salario, tales como las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como los obtenidos por los miembros de las fuerzas armadas; los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, etcétera; los ingresos obtenidos por arrendamiento y en general por otorgar el uso y goce temporal de inmuebles; ingresos por la enajenación de bienes e ingresos por la adquisición de los mismos. Por tanto, las personas físicas que obtengan un ingreso, sea porque se trate de la prestación de un servicio personal subordinado o por la prestación de un servicio independiente cuya remuneración no sea considerada salario, deberán determinar y enterar por sí, o en el caso de los primeros, sus patrones deberán determinar, retener y enterar, las cantidades que resulten de ubicar el total de los ingresos mensuales dentro del límite inferior y superior que al efecto fija la ley, menos las deducciones autorizadas por la misma y la aplicación, en el caso que la ley lo permita, del subsidio y el crédito general al salario; esto es, efectivamente existe una mecánica o procedimiento que pone de manifiesto, tomando como referencia el ingreso real del sujeto pasivo de la obligación tributaria, el principio de proporcionalidad, al graduar sistemáticamente una cuota fija y una tasa progresiva aplicable a la diferencia entre el límite inferior y el límite superior referidos. Ahora bien, si el impuesto por ingresos en servicios se considera y se ubica por la ley, como una prestación laboral que debe ser gravada; entonces, en cumplimiento al principio de proporcionalidad tributaria, para su cálculo se debe tomar en consideración el ingreso que como salario efectivamente sea percibido, evidenciando así la capacidad de tributo del sujeto pasivo del mismo. Sin embargo, el artículo 78-A impugnado establece: ‘Artículo 78-A.’ (se transcribe). De lo que se puede advertir que el cálculo del impuesto sobre la renta por ingresos en servicios, se aparta de la referida mecánica de cálculo que para los ingresos mensuales derivados de la relación laboral, se establece en la ley tributaria impugnada, precisamente porque prevé un procedimiento distinto para el cálculo mensual de la contribución, en el que la base gravable se identifica con el importe del préstamo y la tasa se determina con la diferencia que resulte entre la tasa que como interés se hubiere pactado entre el patrón y el trabajador y la que anualmente establezca la Ley de Ingresos de la Federación, que para el ejercicio fiscal del año dos mil es del 15%. Ya que si bien el procedimiento para el cálculo de dicha tasa puede variar de acuerdo a los primeros elementos que deben considerarse, esto es, el importe del préstamo obtenido y la tasa pactada entre las partes, no ocurre lo mismo con el diverso componente, que consiste en la tasa que anualmente establece la Ley de Ingresos, ya que se trata de un porcentaje fijo que no deja margen a la graduación de la que deba aplicarse a la base del impuesto, de modo tal que ese cálculo sólo considera la cuantía del préstamo o crédito obtenido y la tasa pactada, sin atender la capacidad contributiva real del deudor fiscal, precisamente, por calcularse con un factor fijo como lo es la tasa del 15%, sin que se precisen las razones para tomar dicho elemento, en lugar de una escala graduada de la tasa que dé lugar a su aplicación en relación directa con el potencial económico real del gobernado; por lo que, en consecuencia, tal impuesto no respeta la garantía de proporcionalidad contributiva, imponiéndose conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. No es óbice a lo anterior que el artículo 78-A no sea un gravamen autónomo, sino que se consagre como un ingreso acumulable a las demás percepciones gravables del impuesto sobre la renta, a las que se les aplicará la tasa correspondiente prevista en la ley, por lo que es evidente que los resultados de la aplicación del citado precepto pueden generar desde una retención en una cantidad que sea poco significativa, hasta la deducción de la mayoría o casi totalidad del salario del contribuyente, según sea el monto de los préstamos o créditos obtenidos del patrón, comparados con el salario del trabajador; sin embargo, la retención semanal, quincenal o mensual del trabajador es lo que revela la desproporción que provoca la norma impugnada. En las apuntadas condiciones, al haberse evidenciado la falta de proporcionalidad del establecimiento del impuesto sobre la renta por ingresos en servicios que prevé el artículo 78-A, se debe declarar fundado el concepto de violación planteado por la quejosa y conceder el amparo contra el citado precepto legal, determinación que debe hacerse extensiva al numeral 80 del propio ordenamiento, únicamente en lo que toca a la forma de retener este ingreso, así como al artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año dos mil, que consagra la tasa para calcularlo. Siendo suficiente el motivo de inconstitucionalidad examinado en el presente considerando para conceder el amparo contra los preceptos legales reclamados, sin que sea necesario analizar los restantes argumentos expresados al respecto, ya que en nada alteraría el resultado a que se llegó. En este sentido es aplicable la tesis jurisprudencial consultable a página 86, Tomo VII-Abril, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’(se transcribe)."

CUARTO. En contra de la anterior resolución, el procurador fiscal de la Federación, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público y éste en representación del presidente de la República, hizo valer los siguientes agravios:

"Primero. Violación a lo dispuesto por los artículos 77, fracción I y 78 y 79, todos de la Ley de Amparo, toda vez que el a quo debió resolver el juicio de amparo de que se trate, atendiendo a los actos que se afirman en la demanda del juicio de garantías y atendiendo a las pruebas que en relación a dichos actos se hayan acreditado mediante el desahogo de las mismas en la secuela del procedimiento del presente juicio de garantías. Así en el texto de la audiencia constitucional y por la que da cuenta el Juez del conocimiento de las pruebas ofrecidas por el quejoso, mismas que deben ser valoradas en la resolución que se impugna, causa agravios a esta representación fiscal, por lo que se refiere a su parte conducente, misma que señala a la letra lo siguiente: (se transcribe). De lo transcrito anteriormente, se desprende con claridad que el a quo realiza una presunción en relación a la documental exhibida por el quejoso, cuando en realidad, es de explorado derecho que tratándose de amparo contra leyes, el acto concreto de aplicación debe probarse plenamente y no inferirse a través de presunciones. En efecto, del recibo de pago, documental exhibida por la parte quejosa, no se demuestra el acto concreto de aplicación del precepto que pretende impugnar, dado que del mismo documento no se desprende ello, máxime que es obligación del Juez del conocimiento fijar de manera clara y precisa del acto y las pruebas para tenerlos o no por demostrados, supuesto que no se actualiza en la especie. Así, la resolución impugnada resulta contraria a derecho cuando deriva de actos que de igual forma son contrarios al marco jurídico bajo el cual debe emitirse. En virtud de lo anterior, la falta de prueba fehaciente del primer acto concreto de aplicación del precepto impugnado hace necesariamente que se declare la falta de interés jurídico del quejoso a ocurrir ante el órgano jurisdiccional. Sin perjuicio de lo anterior, no debe pasar por alto a ese Máximo Tribunal que el quejoso impugna el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta como una norma de carácter heteroaplicativo, dado que promueve el presente juicio con base en la supuesta aplicación que hiciera el patrón al hoy quejoso, del contenido en el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no demostró fehacientemente el primer acto de aplicación. Así, en el presente caso tenemos que el quejoso promovió el juicio con base en una supuesta aplicación del precepto impugnado, ofreciendo como prueba para acreditar ello una documental de la que no se desprende que se le haya aplicado el acto reclamado. De conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo, en la resolución correspondiente se debe apreciar el acto reclamado tal como aparezca probado, por lo que al no haberse probado plenamente de la documental exhibida no debe ser valorado totalmente, ya que no demuestra plenamente el acto de aplicación del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Segundo. Violación a los artículos 77, fracción I, 78 y 79, todos de la Ley de Amparo, toda vez que el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al establecer la determinación del impuesto sobre la renta por concepto de ingreso en servicio, contrariamente a lo sostenido por el a quo, no infringe los principios de proporcionalidad (sic) contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General, como enseguida se demuestra: Lo anterior resulta cierto, ya que el artículo impugnado sí cumple con el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna al determinarse aplicando al total del préstamo, disminuido con la parte que del mismo se haya reembolsado, una tasa equivalente a la diferencia entre la tasa pactada y la tasa que se establezca anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación, de acuerdo con lo dispuesto por su artículo 21. Así pues, es menester el transcribir la parte correspondiente de la sentencia de mérito que causa agravio a la autoridad responsable: (se transcribe). En este sentido, en la sentencia que se controvierte, se determina que el artículo 78-A cuestionado, no cumple con los principios de proporcionalidad y equidad que rigen a los impuestos y que se encuentran contemplados en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se requiere definir los citados conceptos. En efecto, el artículo 31, fracción IV, del Pacto Federal establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, con la única limitante de que éstos sean equitativos y proporcionales. Al respecto, es necesario hacer referencia al criterio que ha sido reiterado por nuestro Máximo Tribunal de Justicia en el país, que determina que el principio de equidad de las contribuciones se satisface cuando la ley tributaria otorga el mismo tratamiento a los contribuyentes iguales, es decir, que estén dentro de la misma categoría o grupo de contribuyentes considerados por la ley y no se establecen discriminaciones o distinciones a título individual. Lo anterior, atento lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias que textualmente señalan lo siguiente: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997. Tesis P./J. 42/97. Página 36. ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.’ (se transcribe). Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997. Tesis P./J. 41/97. Página 43. ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.’ (se transcribe). Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995. Tesis P. CXII/95. Página 208. ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999. Tesis 2a. LVI/99. Página 503. ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. EL CUMPLIMIENTO DE ESE PRINCIPIO DEBE ANALIZARSE CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN UNA MISMA ÉPOCA.’ (se transcribe). De las transcripciones anteriores se desprende que los impuestos deben ser equitativos, en el sentido de que den a los contribuyentes iguales el mismo trato, asimismo cuando dentro de la misma hipótesis de la norma se encuentren contribuyentes desiguales, reciban un trato desigual. En otras palabras, los contribuyentes de un impuesto pueden ser iguales entre sí o desiguales, y atendiendo a esa igualdad o desigualdad es como se deberá aplicar el tratamiento fiscal, propio para cada uno de esos grupos, debiéndose, para cumplir con el principio de equidad, aplicar el mismo tratamiento para todos aquellos contribuyentes que presenten las mismas características o condiciones, lo cual en modo alguno se traduciría en que se debe aplicar el mismo tratamiento fiscal a personas distintas. De lo anterior, se desprende que habría una inequidad si dentro de la misma categoría o grupo de contribuyentes se establecen diferencias a título particular, de manera que hubiera cargas fiscales o excepciones sólo para algunos y no para los demás, que se encuentran en las mismas circunstan

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19404-63515231/renta-el-articulo-78-a-de-la-ley-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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