DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE NIEGA SU ADMISIÓN RESPECTO DE UNO O VARIOS CODEMANDADOS A LOS QUE SE RECLAMAN IDÉNTICAS PRESTACIONES QUE A AQUEL POR EL QUE SE SIGUE EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. DEMANDA LABORAL. CONTRA EL ACUERDO QUE NIEGA SU ADMISIÓN RESPECTO DE UNO O VARIOS CODEMANDADOS A LOS QUE SE RECLAMAN DISTINTAS PRESTACIONES DE LAS QUE SE DEMANDARON A LA PERSONA POR LA QUE SE SIGUE EL JUICIO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO POR CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las ejecutorias en las cuales fueron sostenidos los criterios aparentemente contradictorios, son las que a continuación se reproducen:
1) En lo referente al criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se advierte que con fecha quince de julio de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de votos resolvió el juicio de amparo directo número DT. 7257/99, promovido por el apoderado de Juan Carlos Martínez Sierra, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los que hizo consistir en el laudo de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y nueve, emitido en el expediente laboral número 2032/98; ejecutoria que en la parte que interesa a la presente resolución literalmente expresa:
"QUINTO. El concepto de violación en el que se alega una violación al procedimiento, resulta fundado. De las constancias que integran el sumario laboral, se advierte que el actor Juan Carlos Martínez Sierra, reclamó de la Secretaría de Educación Pública, así como de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón de dicha dependencia, entre otras prestaciones, la resolución que emita la responsable ordenando a la Secretaría de Educación Pública la expedición del nombramiento a su favor, de la plaza vacante, de base, con clave E4317/000003, o de alguna de las plazas vacantes resultantes del proceso escalafonario llevado a cabo en la dependencia demandada, de conformidad con la convocatoria de fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventa y ocho, publicada en esa misma fecha en su centro de trabajo, al haber cumplido con los requisitos establecidos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para ese fin; la resolución que emita la responsable ordenando a la Comisión Nacional Mixta de Escalafón el reconocimiento para ocupar la plaza de vacante con clave E4317/000003, o en su caso, alguna de las plazas resultantes del proceso escalafonario mencionado, al haber cubierto los requisitos estipulados para ello; así como la resolución que emita la responsable ordenando a la dependencia demandada, así como a la referida comisión, la publicación de los resultados obtenidos por los trabajadores participantes en el proceso escalafonario citado; relatando que con fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y uno, fue designado por la demandada para laborar en la plaza con clave E4021/720002, adscrito al Instituto Tecnológico Agropecuario Número Diez, dependiente de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, de la Secretaría de Educación Pública, con salario quincenal de $608.53 (seiscientos ocho pesos 53/100 M.N.), otorgándole la base a partir del quince de enero de mil novecientos noventa y tres y que con fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventa y ocho, fue publicada convocatoria de la misma fecha, suscrita por el director del Instituto Tecnológico Agropecuario Número Diez y por el secretario general de la Delegación Sindical D-II-27, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para que el personal que laborara en la institución y que cubriera los requisitos para ocupar la plaza vacante con clave E4317/000003, participara en dicho concurso, señalando además dicha convocatoria, que se considerarían las solicitudes para ocupar las plazas vacantes resultantes del proceso escalafonario y que las solicitudes con la documentación respectiva, se deberían presentar en la Subdirección Administrativa del Instituto Tecnológico Agropecuario, en el horario de las 8:00 a las 12:00 horas, únicamente el treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, lo que así se hizo, presentando la solicitud con la documentación requerida, sin que hasta la fecha la comisión dictaminadora le haya comunicado la resolución respecto a su solicitud de ascenso escalafonario, violando con ello lo dispuesto en los artículos 108 y 109, de las Condiciones Específicas de Trabajo del Personal Docente de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria de la Secretaría de Educación Pública. En el acuerdo del once de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la responsable tuvo por admitida a trámite la demanda laboral, teniendo como demandado únicamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, con fundamento en los artículos 124, fracción I y 124-B, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ordenando que con las copias simples de la demanda y de los documentos que se acompañaron a la misma, se emplazara a la demandada para que en el término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de dicho proveído, diera contestación a la demanda. La Secretaría de Educación Pública, en el escrito de contestación a la demanda (f. 49 a 59), negó acción y derecho al actor para reclamar las prestaciones antes reclamadas, por no estar facultada para emitir los dictámenes a que hizo mención el actor, señalando que si como el mismo trabajador lo reconoció, se sometió a un concurso regulado por la Comisión Mixta de Escalafón para el otorgamiento de una plaza vacante en propiedad; por esa circunstancia, dicha comisión es la única facultada para emitir los dictámenes correspondientes, además de que el actor omitió presentar la solicitud, a fin de participar en el concurso para ocupar la plaza que reclama, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para ese fin. Aduce el quejoso que la Sala responsable violó en su perjuicio las leyes del procedimiento, en virtud de que no obstante que en el escrito inicial de demanda entabló ésta también en contra de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, sin embargo, en el auto admisorio del once de agosto de mil novecientos noventa y ocho (f. 46), solamente tuvo como demandada a la Secretaría de Educación Pública, sin que fundara y motivara el porqué no tuvo como demandada a la referida comisión mixta de escalafón. El anterior concepto de violación resulta fundado, por lo siguiente. El artículo 124, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece en lo conducente, que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores; a su vez, el artículo 124-B, del mismo ordenamiento laboral, dispone que a cada una de las Salas le corresponde conocer, tramitar y resolver los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de las dependencias o entidades y sus trabajadores y que le sean asignados, de conformidad con lo establecido en el reglamento interior. Ahora bien, tal y como lo aduce el quejoso, la Sala responsable actuó ilegalmente, ya que como se advierte de la demanda laboral, el actor señaló como demandadas a la Secretaría de Educación Pública, así como a la Comisión Nacional Mixta de Escalafón de dicha dependencia y la responsable en el acuerdo del once de agosto de mil novecientos noventa y ocho, sólo tuvo por interpuesta la demanda en contra de la Secretaría de Educación Pública, ordenando se le emplazara a juicio a fin de que diera contestación a la misma, omitiendo acordar lo conducente en relación a la codemandada Comisión Nacional Mixta de Escalafón, sin señalar las razones o motivos por los cuales no tuvo como demandada a la referida comisión, no obstante que el actor, al formular la demanda laboral, cumplió con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al señalar su domicilio, así como el de la comisión mencionada, el objeto de la demanda, relatando los hechos correspondientes y acompañando las pruebas que estimó pertinentes, por lo que la resolutora debió tener como demandada a la Comisión Nacional Mixta de Escalafón y emplazarla a juicio, a fin de que diera contestación a la demanda e hiciera valer las excepciones y defensas correspondientes; por lo que al no hacerlo así, con ello incurrió en la violación a las leyes del procedimiento que se le atribuye. La violación procesal antes apuntada trasciende al resultado del fallo, en virtud de que la responsable absolvió a la Secretaría de Educación Pública de las prestaciones reclamadas en la demanda laboral, sin analizar la procedencia de la acción ejercitada en contra de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón. Toda vez que el criterio sostenido en esta ejecutoria se opone al sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 4171/87, 9631/88 y 2261/87, publicado en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte, consultable en la página 999, que a la letra dice: ‘DEMANDA. DESECHAMIENTO DE LA, RESPECTO DE LOS CODEMANDADOS.’ (transcribe); resultando igualmente opuesto al diverso criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 11349/97 y 5849/98, con fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y siete y cuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, respectivamente; por tanto, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción, a fin de que sea el más Alto Tribunal del país el que establezca el criterio que debe prevalecer. Así las cosas, sin necesidad de analizar los restantes conceptos de violación que atañen al fondo del asunto, se impone conceder a Juan Carlos Martínez Sierra, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó, para el efecto de que la Sala responsable atendiendo a los razonamientos expuestos en esta ejecutoria, reponga el procedimiento exclusivamente para que deje sin efectos el acuerdo del once de agosto de mil novecientos noventa y ocho y tenga como demandada a la Comisión Nacional Mixta de Escalafón de la Secretaría de Educación Pública, hecho lo cual, continúe el procedimiento conforme en derecho y en su oportunidad, llegado el caso, emita el laudo correspondiente."
2) Por su parte y en lo que concierne al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, hay que destacar:
A) Que en fecha once de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, por unanimidad de votos, resolvió el juicio de amparo directo número DT. 2261/87, hecho valer por Juan Jesús Álvarez Orozco, reclamando el laudo de veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y seis, emitido por la Junta Especial Número Trece de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente laboral 282/84, seguido por el quejoso en contra de Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, Sociedad Anónima; de conformidad con los argumentos que, en lo que interesa, se reproducen a continuación:
"TERCERO. El análisis de los conceptos de violación que se hicieron valer, conduce a determinar lo siguiente: El concepto de violación relativo a que la Junta responsable desechó indebidamente la demanda interpuesta en contra de los demandados Miguel Alessio Robles y Arturo Ruiz de Chávez (fojas diez), es inoperante, porque tal resolución debió combatirse en amparo indirecto, porque en acatamiento a esa resolución, todo lo actuado en relación con esos codemandados desaparece jurídicamente, de manera que el laudo que se dicte no puede recaer sobre esas actuaciones; y no en amparo directo interpuesto en contra del laudo dictado. Contrariamente a lo que sostiene el quejoso, la Junta responsable estuvo en lo correcto al desechar las confesionales a cargo de Miguel Alessio Robles y Arturo Ruiz de Chávez, porque de las constancias del juicio laboral, ya que la demanda interpuesta contra ellos no se admitió, ni tampoco se les atribuye hecho alguno en el que hayan intervenido respecto al despido alegado ... En vista de lo anterior, al ser infundados los conceptos de violación aducidos, sin que concurran las violaciones constitucionales alegadas y sin que se aprecie la existencia de una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa al quejoso para que ameritara la suplencia de la queja, lo que procede es negar el amparo solicitado."
B) De la misma manera, en sesión celebrada el día cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, por unanimidad de votos, resolvió el juicio de amparo directo número DT. 4171/87, promovido por Arnoldo Medrano Cortés, contra el acto de la Junta Especial Número Trece de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo de fecha once de marzo de mil novecientos ochenta y siete, emitido en el expediente laboral 104/85, instaurado por el quejoso en contra de Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, Sociedad Anónima y otros; lo anterior, apoyándose en las consideraciones que, en su parte conducente dicen:
"TERCERO. Los conceptos de violación son inoperantes en una parte y fundados en otra, como se demostrará a continuación: Se alega en el primer concepto de violación que la Junta responsable viola el procedimiento laboral, ya que mediante el auto de doce de abril de mil novecientos ochenta y cinco, sólo admitió la demanda por cuanto a la empresa denominada Siderúrgica Lázaro Cárdenas, habiéndola desechado respecto de los codemandados físicos, licenciados Miguel Alessio Robles y Arturo Ruiz de Chávez. Lo anterior es inoperante, toda vez que en los términos del artículo 114, fracción IV, de Ley de Amparo, son actos dentro del juicio cuya ejecución es de imposible reparación; o sea, que el quejoso tuvo expedito su derecho para hacerlo valer en el término señalado por la ley, ante el Juez de Distrito correspondiente, conforme al criterio sustentado por este tribunal en el amparo directo DT. 2261/87, el once de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, que dice: ‘DEMANDA. DESECHAMIENTO DE LA, RESPECTO DE LOS CODEMANDADOS.’ (transcribe). Se argumenta en el mismo primer concepto de violación que la Junta desechó indebidamente las confesionales que se propusieron a cargo de los profesionistas referidos. El concepto de violación es inatendible, atento, en primer lugar, a que la Junta no tenía por qué ocuparse de pruebas que se ofrecieron en relación a personas que resultaron ajenas a la litis y en segundo lugar, a que el actor, aun cuando señaló como codemandados a dichos profesionistas, en su demanda no los vinculó en ningún momento en los hechos que constituyeron la relación de trabajo, ni en los hechos del despido. ... En consecuencia, cabe concluir, que la demandada no acreditó en autos que el trabajador se negó a recibir el aviso de rescisión, por lo que procede conceder al reclamante el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar se dicte otro en el que se considere que la demandada, al no demostrar en autos la negativa que el trabajador se negó a recibir el aviso de rescisión, debe considerarse que el despido fue injustificado y desde ese punto de vista, analice las prestaciones reclamadas, sin perjuicio de que se reiteren los puntos de condena y de absolución respecto al pago de participación de utilidades y de la reconvención formulada en su contra."
C) Asimismo, en sesión de fecha trece de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, por unanimidad de votos, resolvió el juicio de amparo directo número DT. 9631/88, promovido por Juvenal Tejeda Acosta, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, el que hizo consistir en el laudo dictado el veinticuatro de marzo del mismo año en el expediente laboral número 998/87, promovido por el quejoso en contra de Carlos Rivera Fernández y Carlos Rivera Montiel; habiendo razonado conducentemente, lo siguiente:
"TERCERO. El análisis de los conceptos de violación, conduce a determinar lo siguiente: En el expediente laboral, la litis se circunscribió a determinar si como lo aduce el actor, es procedente, entre otras prestaciones, el pago de indemnización constitucional como consecuencia del despido injustificado de que fue objeto. O bien, si como lo adujo el demandado, carece de acción y derecho para reclamar, toda vez que no existió relación de trabajo con la parte actora. Se alega en el primer concepto de violación, que la Junta responsable viola el procedimiento laboral, ya que el actor, en audiencia de veintitrés de octubre de mil novecientos ochenta y siete, en la etapa de demanda y excepciones, enderezó su demanda en contra de Inmobiliaria Anocsom, S.C., independientemente de los demandados Carlos Rivera Fernández y Carlos Rivera Montiel, no obstante que la responsable, sin base legal alguna, acordó negando su petición. Lo anterior es inoperante, toda vez que en los términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, son actos dentro del juicio cuya ejecución es de imposible reparación, o sea, que el quejoso tuvo libre su derecho para hacerlo valer en el término señalado por la ley ante el Juzgado de Distrito correspondiente, conforme al criterio sustentado por este tribunal, en el amparo directo DT. 2261/87, el once de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, que dice: ‘DEMANDA. DESECHAMIENTO DE LA, RESPECTO DE LOS CODEMANDADOS.’ (transcribe). ... En mérito de lo antes considerado, al no resultar el laudo reclamado conculcatorio de garantías, lo que procede es negar la protección federal solicitada."
3) El criterio que antecede -de acuerdo con lo manifestado en la denuncia de contradicción-, es similar al sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo números DT. 11349/97 y DT. 5849/98. En estas ejecutorias fueron argumentadas las consideraciones que a continuación se transcriben conducentemente:
A) Respecto del juicio de amparo directo número DT. 11349/97, resuelto por unanimidad de votos, en fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y siete, en su parte considerativa dice:
"TERCERO. Los conceptos de violación son, en sus distintas partes, inoperantes, infundados y finalmente, fundados. En virtud de que, de prosperar las violaciones procesales aducidas por el quejoso, impediría el análisis de los aspectos de fondo, ameritan estudio previo los correspondientes conceptos de violación. Aduce el agraviado que la autoridad del conocimiento, sin fundamento alguno y en contravención a lo dispuesto por los artículos 712, 873, 874 y 878, de la Ley Federal del Trabajo, en la audiencia de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, tuvo por no enderezada la demanda en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de que la citada legislación no la autoriza a prejuzgar sobre quién o quiénes son los patrones de los trabajadores, por lo que se le ocasiona un perjuicio irreparable. Es inoperante la anterior alegación. Ciertamente, el acuerdo que desecha el enderezamiento de la demanda que se hace en contra de una persona determinada (en este caso en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social), es una violación de carácter procesal que no queda comprendida en el artículo 159 de la Ley de Amparo y por ello, no es ésta la vía para combatirla. A mayor abundamiento, debe decirse que dicha actuación constituye un acto de imposible reparación en el laudo, puesto que éste sólo puede ocuparse de quienes tienen la calidad de parte y no la tiene, quien si bien fue señalado como demandado, no se admitió o se tuvo por no interpuesta la demanda en su contra, por lo que debió ser combatido en su oportunidad mediante juicio de amparo indirecto, conforme a lo previsto en el artículo 114, fracción IV, de la propia ley. ... Por lo tanto tal actuación de la autoridad es violatoria a las normas del procedimiento a que se refiere el artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo. Dados los efectos por los que habrá de otorgarse el amparo, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número ciento sesenta y ocho, publicada en la página ciento trece, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (transcribe). En las narradas consideraciones, al ser vulneratorio el laudo combatido de lo dispuesto por el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo y por ende, de las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que procede es la concesión del amparo solicitado, para el efecto de que lo deje insubsistente y en su lugar pronuncie otro, en el cual, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria, reponga el procedimiento a partir del auto de admisión de pruebas, a efecto de que acepte la confesional para hechos propios a cargo de Roberto Martínez y Zamora; la testimonial ofrecida por el quejoso en el apartado 3 de su escrito de pruebas, así como los incisos a), b), c), d), e), f) e i), de la inspección propuesta bajo el apartado 4; prosiga la secuela del juicio y en su oportunidad, dicte nuevo laudo como en derecho corresponda."
B) Y en el juicio de amparo directo número DT. 5849/98, resuelto por unanimidad de votos el cuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, se adujo sustancialmente:
"TERCERO. Los conceptos de violación son, en sus distintas partes, inoperantes, infundados y finalmente, fundados; de estos últimos se suple su deficiencia, de conformidad con el artículo 76 bis de la Ley de Amparo. En virtud que de prosperar las violaciones procesales aducidas por la quejosa impediría el análisis de los aspectos de fondo, ameritan estudio previo los correspondientes conceptos de violación. Al respecto, aduce la agraviada que la autoridad del conocimiento no estuvo en lo acertado, al impedir en el acuerdo de fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y seis que se tuviera por enderezada la demanda en contra de Aerovías, S.A. de C.V., a pesar de que en la ampliación y modificación de la demanda se le imputan hechos y responsabilidades en forma solidaria, conforme lo prevé la Ley Federal del Trabajo. Es inoperante la anterior alegación. Ciertamente, el acuerdo por el que se niega el enderezamiento de la demanda que se hace en contra de una persona determinada (en este caso Aerovías, S.A. de C.V.), es una violación de carácter procesal que no queda comprendida en el artículo 159 de la Ley de Amparo y por ello, no es ésta la vía para combatirla. A mayor abundamiento, debe decirse que dicha actuación constituye un acto de imposible reparación en el laudo, puesto que éste sólo puede ocuparse de quienes tienen la calidad de parte y no la tiene, quien si bien fue señalado como demandado, no se admitió o se tuvo por no interpuesta la demanda en su contra, por lo que debe ser combatido en su oportunidad mediante juicio de amparo indirecto, conforme a lo previsto en el artículo 114, fracción IV, de la propia ley. Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver en sesión de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y siete, el juicio de amparo número DT. 11349/97. ... En las narradas consideraciones, al ser vulneratorio el laudo reclamado de lo dispuesto por el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo y por ende, de las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que procede es la concesión del amparo solicitado para el efecto de que lo deje insubsistente y en su lugar dicte otro en el cual examine la procedencia o improcedencia de las prestaciones reclamadas en los incisos c), d), f), g), h), i), j) y k), contenidas en el escrito de ampliación de la demanda, mediante el estudio de las excepciones opuestas, así como el análisis y valoración de las pruebas rendidas sobre el particular, resuelva lo que en derecho corresponda, sin perjuicio de que reitere los aspectos ajenos a la presente concesión."
CUARTO. Atendiendo a los relacionados criterios, corresponde ahora verificar, previamente, si en el caso existe o no la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados de Circuito, que han quedado transcritos.
Para ello es necesario tener presente, que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos.
Es aplicable la jurisprudencia número 22/92, de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, tomo 58, octubre de 1992, página 22, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
QUINTO. A fin de facilitar la resolución del presente asunto, es conveniente sintetizar las resoluciones de los Tribunales Colegiados, destacando los aspectos fundamentales que se dieron en cada caso y que se contienen en las ejecutorias que dan origen a la presente contradicción.
A) El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número DT. 7257/99, promovido por Juan Carlos Martínez Sierra, se advierte que:
1. El referido órgano colegiado se declaró legalmente competente para conocer del negocio -en términos, entre otros, de lo previsto por el artículo 158 de la Ley de Amparo-.
2. Estimó fundado el concepto de violación donde se alegó infracción a las leyes del procedimiento.
3. En esencia, el argumento que sirvió de sustento para la concesión del amparo se basa en que como lo alegó el quejoso al momento de la presentación de la demanda laboral, éste señaló como demandadas tanto a la Secretaría de Educación Pública como a la Comisión Nacional Mixta de Escalafón de esa dependencia, a quienes reclamó prestaciones derivadas del nexo laboral, esto es, con la calidad de patrones del quejoso, no obstante lo cual mediante acuerdo de fecha once de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la Junta responsable sólo tuvo como demandada a la primera, ordenando su emplazamiento y omitiendo resolver lo conducente respecto de la segunda de las codemandadas.
4. Concluyó que la violación procesal analizada trascendió al resultado del laudo, dado que la responsable absolvió a la Secretaría de Educación Pública de lo reclamado, sin analizar la procedencia de la acción intentada en contra de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón.
B) El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, derivado de los juicios de amparo que se denuncian como contradictorios, sostiene la tesis consultable a páginas 999, del Tomo III, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que literalmente, dice:
"DEMANDA. DESECHAMIENTO DE LA, RESPECTO DE LOS CODEMANDADOS. La resolución de la Junta que desecha la demanda respecto de los codemandados, debe combatirse en amparo indirecto, porque en acatamiento a esa resolución todo lo actuado en relación con ellos desaparece jurídicamente, de manera que el laudo que se dicte no puede recaer sobre esas actuaciones."
Las ejecutorias que dieron origen al criterio anterior donde fueron reclamados laudos definitivos emitidos por la Junta Especial Número Trece de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en lo que atañe a la materia de la presente contradicción, en esencia sostienen:
1. Que en los conceptos esgrimidos por los quejosos, se hizo valer la violación al procedimiento consistente en que las autoridades responsables únicamente admitieron la demanda laboral en lo que se refiere a ciertos demandados y la desecharon respecto de diversos codemandados; en esta parte es pertinente aclarar que a todos los demandados se les reclamaron idénticas prestaciones derivadas del nexo laboral.
2. Calificó de inoperantes tales conceptos de violación porque la vía constitucional uniinstancial no es la adecuada para reclamar ese tipo de actos, pues esa resolución debió impugnarse en juicio de amparo indirecto -de conformidad con lo dispuesto por el numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo-, porque todo lo actuado en relación con dichos codemandados desaparece jurídicamente al ser actos dentro del juicio cuya ejecución es de imposible reparación y por ende, el laudo definitivo no puede ocuparse de tal circunstancia.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6912-826df2af/demanda-laboral-el-acuerdo-que-niega-su-admision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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