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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/95. · Registro digital (IUS): 7099
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, , Pág. 528.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: JAIME FLORES CRUZ.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el día quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro, el toca de revisión R.551/93, relativo al juicio de amparo número 1200/93, tramitado ante el Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, lo hizo en los términos que enseguida, en lo conducente, se pasan a transcribir:

"RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres, Enrique Alejandro Paulín Urbiola, por su propio derecho, solicitó ante el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, precisando lo siguiente: ‘III. Autoridades responsables: a) En su carácter de ordenadora señalo al C. Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro, Estado del mismo nombre, con domicilio conocido. b) Como autoridades responsables ejecutoras, señalo: 1. C. Director de la Policía Investigadora del Estado de Querétaro; y elementos a su mando; 2. C. Juez Primero de lo Penal, de esta ciudad de Tlaxcala, Estado del mismo nombre; 3. C. Procurador general de Justicia del Estado de Tlaxcala; y 4. C. Jefe de la Policía Judicial del Estado de Tlaxcala y elementos a su mando. IV. Actos reclamados: a) Del C. Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro, Estado de Querétaro, reclamo la orden de busca, aprehensión y detención decretada en mi contra, de fecha siete de febrero de mil novecientos noventa y dos, en el proceso número 291/91 que, con otras personas, se me instruye como probable responsable de los delitos de fraude, asociación delictuosa y administración fraudulenta, previstos y sancionados por los artículos 193, fracción II, 220 y 197 del Código Penal vigente en el Estado de Querétaro. b) 1. Del C. Director de la Policía Investigadora del Estado de Querétaro, por conducto de los elementos a su mando, reclamo la ejecución que pretendan dar a la orden de captura decretada en mi contra por el Juez ordenador, privándome ilegalmente de mi libertad. 2. Del C. Juez Primero de lo Penal de esta ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, reclamo la ejecución de la orden de aprehensión que recibió mediante exhorto del Juez ordenador privándome de mi libertad. 3. Del C. Procurador general de Justicia del Estado de Tlaxcala, reclamo la ejecución que pretende dar a la orden de aprehensión decretada en mi contra por el Juez ordenador, y que para ello recibió del señor Juez exhortado, Primero de lo Penal, de esta ciudad. 4. Del C. Director de la Policía Judicial del Estado de Tlaxcala, reclamo la ejecución de la orden de aprehensión decretada en mi contra, que recibió del señor procurador general de Justicia de este mismo Estado, para privarme ilegalmente de mi libertad. Las referidas autoridades señaladas como responsables, la ordenadora y primera de las ejecutoras, tienen sus domicilios oficiales y bien conocidos en la ciudad de Querétaro, Estado de Querétaro; y las tres últimas ejecutoras tienen sus domicilios oficiales y bien conocidos en esta ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. En la audiencia constitucional celebrada el diez de septiembre de mil novecientos noventa y tres, el Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, pronunció sentencia cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ‘PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías respecto de los actos que se reclaman del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, procurador general de Justicia del Estado y director general de la Policía Judicial del Estado, los tres residentes en esta ciudad, los que se precisan en el resultando primero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Enrique Alejandro Paulín Urbiola en contra de los actos que reclama del Juez Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, Querétaro y director de la Policía Investigadora del Estado de Querétaro, los que se precisan en el resultando primero de esta resolución.’. CONSIDERANDO: ...TERCERO. Antes que nada es pertinente señalar que este cuerpo colegiado, advierte que las autoridades señaladas como responsables ejecutoras residentes en el Estado de Tlaxcala, negaron el acto reclamado, sin que haya prueba en contrario, en tales circunstancias el Juez de Distrito abordó el examen del acto reclamado a las autoridades responsables residentes en el Estado de Querétaro, es decir, de autoridades que ejercen sus funciones fuera de la circunscripción territorial de competencia del Juez de Distrito, lo que lleva a considerar que tácitamente aceptó su competencia, cuestión de orden público que una vez fallado el juicio no puede ser examinada de oficio por este tribunal. Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia número 418, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 712, que dice: ‘COMPETENCIA IMPROCEDENTE. No ha lugar a una cuestión de competencia de amparo, cuando el juicio entablado ante uno de los Jueces contendientes ha sido ya fallado o sobreseído por éste.’. Atento a lo anterior, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sostenido al resolver el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y dos, el amparo en revisión 115/92, que motivó la tesis siguiente: ‘COMPETENCIA. NEGACIÓN DEL ACTO RECLAMADO, PARA LOS EFECTOS DE LA. Si la autoridad señalada como responsable reside dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito al rendir su informe justificado niega la existencia del acto reclamado y no se rinde prueba en contrario, debe inferirse que dentro de aquel territorio no trata de ejecutarse ese acto reclamado y por ende es competente otro Juez.’. En tal virtud, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo pertinente es denunciar la contradicción de tesis a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. CUARTO. Este tribunal considera procedente desestimar los agravios hechos valer ... las consideraciones precedentes ponen de relieve la ineficacia de los agravios hechos valer, que vuelve procedente confirmar la sentencia que se revisa en la parte que fue materia de esta revisión. Finalmente, debe decirse que queda firme el primer punto resolutivo de la sentencia impugnada, ya que el antes quejoso no esgrimió agravio alguno tendiente a combatirlo y no hay queja deficiente que suplir. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 86, 90, 91, de la Ley de Amparo y 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 1200/93 del Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala promovido por Enrique Alejandro Paulín Urbiola, contra actos que reclama del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con residencia en la ciudad de Tlaxcala, procurador general de Justicia y director general de la Policía Judicial, ambos del Estado de Tlaxcala, mismos que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Enrique Alejandro Paulín Urbiola, contra los actos que reclama del Juez Cuarto de Primera Instancia Penal de Querétaro y director de la Policía Investigadora del propio Estado, los que quedaron especificados en el resultando primero de este fallo."

TERCERO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los tocas de revisión que a continuación se pasan a especificar, lo hizo en los términos que en lo conducente, se transcriben enseguida:

I. En el toca de revisión número 115/94, relativo al juicio de amparo número 2143/93-3, tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, fallado el día diez de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

"RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el día seis de diciembre de mil novecientos noventa y tres, Raol Villarreal Monroy o Raol Villarreal Reyes y Carlos Eduardo Orellana Limón, por su propio derecho, solicitaron ante el Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Puebla, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que estimaron violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, precisando lo siguiente: ‘Autoridades responsables. El C. Juez Cuarto de Distrito con residencia en Nogales, Sonora, autoridad con domicilio oficial bien conocido en la ciudad de Nogales, Sonora. Acto reclamado. La orden de aprehensión dictada en nuestra contra dentro del proceso 6/993, por el C. Juez Cuarto de Distrito con residencia en Nogales, Sonora, así como de la ejecución que de ella pretenden hacer los elementos de la Policía Judicial Federal.’. SEGUNDO. Previos los trámites legales correspondientes el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, quien conoció del negocio, dictó sentencia con fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo punto resolutivo es el siguiente: ‘ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raol Villarreal Monroy y Carlos Eduardo Orellana Limón, en contra de las autoridades y por los actos que se especificaron en el resultando primero de este fallo. Notifíquese.’. TERCERO. Inconformes los quejosos y la autoridad responsable, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Nogales, Jorge Raol Valencia Ruiz, con el fallo mencionado, interpusieron recursos de revisión, los cuales fueron admitidos por el presidente de este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con fechas veinticinco de marzo y doce de abril, ambas de mil novecientos noventa y cuatro. CONSIDERANDO: ... TERCERO. Por razón de método se estudia el agravio aducido en primer término por la autoridad responsable, el cual es fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida y ordenar al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, declare su legal incompetencia para conocer del asunto de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Amparo, de acuerdo con las siguientes consideraciones: El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Nogales, señala que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla violó lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Amparo, al omitir declararse incompetente para conocer del juicio de garantías promovido por Raol Villarreal Monroy o Raol Villarreal Reyes y Carlos Eduardo Orellana Limón, toda vez que en el caso concreto se debe aplicar la regla especial establecida por el citado precepto, y que si el juicio de amparo se promovió en contra de actos del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Nogales, de acuerdo con el invocado numeral, el Juez competente lo era otro juzgador de la misma categoría dentro del mismo distrito, es decir, los Jueces Quinto o Sexto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Nogales, violando con ello las normas del procedimiento, además de que la aprehensión del inculpado podrá realizarse en cualquier lugar de la República, y dicha ejecución debe llevarse a cabo dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito que ordenó la captura. En efecto, le asiste la razón al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Nogales, en su carácter de autoridad responsable, toda vez que el artículo 42 de la Ley de Amparo, dispone: ‘Es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez. Para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquél.’. De la correcta interpretación del citado precepto se advierte que el mismo es una excepción de la regla general prevista por el numeral 36 del invocado ordenamiento legal, puesto que establece que tratándose de la competencia de los juicios promovidos contra actos de un Juez de Distrito, el competente es otro de su misma categoría, dentro del propio distrito en el Estado de Sonora en turno, siendo que el acto reclamado en la demanda de garantías lo constituye la orden de aprehensión dictada por el Juez Cuarto del aludido distrito, en contra de Carlos Eduardo Orellana Limón y Raol Villarreal Monroy o Raol Villarreal Reyes, dentro del proceso número 6/93. Lo anterior pone de manifiesto que no se surte la competencia del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, por no actualizarse, en el caso, ninguna de las hipótesis que contempla el artículo 36 de la ley de la materia, ya que no está demostrado en autos que en esta entidad federativa, debe ejecutarse, se trate de ejecutar o se haya ejecutado la orden de aprehensión reclamada. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la citada ley, se deberá dejar insubsistente la sentencia recurrida y ordenar al a quo declare su legal incompetencia para conocer del juicio constitucional. No pasa desapercibido por este Tribunal Colegiado que la parte quejosa, en su demanda de garantías presentada ante el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, manifestó que su domicilio se encontraba dentro de esta ciudad de Puebla, pero también se advierte que los amparistas omitieron designar en el capítulo de autoridades responsables a las ejecutoras, toda vez que dicha ejecución de la orden de captura no puede presumirse por el simple hecho de que los promoventes de amparo hayan signado su demanda en determinado lugar, en este caso, en el Estado de Puebla, porque hubieren manifestado ser vecinos del lugar, puesto que para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez Federal, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en esta entidad federativa, por lo que se concluye que el Juez de Distrito competente es aquel que resida en el mismo lugar de la autoridad de quien emana el acto reclamado, en la especie, el Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Nogales, en turno. Lo antes expuesto tiene apoyo en la tesis relacionada en sexto lugar con la jurisprudencia número 404 del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, visible a foja 695, misma que a la letra dice: ‘COMPETENCIA EN AMPARO. Si no se ha señalado por la autoridad responsable, a ninguna otra parte que ejecute el acto que se reclama, es competente para conocer del juicio de garantías, el Juez de Distrito del lugar en donde resida la autoridad de quien emana el acto.’. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1o., fracción I, 83, fracción IV, y 85, fracción II, de la Ley de Amparo; 43 y 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve: PRIMERO. Se declara insubsistente la sentencia dictada el ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo número 2143/93-3, promovido por Raol Villarreal Monroy o Raol Villarreal Reyes y Carlos Eduardo Orellana Limón en contra del acto del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Nogales, mismo que ha quedado precisado en el resultando primero de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se ordena al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, declarar su legal incompetencia para conocer del juicio de amparo número 2143/93-3, promovido por Raol Villarreal Monroy o Raol Villarreal Reyes y Carlos Eduardo Orellana Limón en contra de acto del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Nogales, mismo que ha quedado precisado en el resultando primero de esta ejecutoria. Por lo que deberá remitir los autos al mencionado Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, en turno, a fin de que determine lo que corresponda. Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido. Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, Clementina Ramírez Moguel Goyzueta y Humberto Cabrera Vázquez, siendo ponente la segunda de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe."

II. En el toca de revisión número 115/92, relativo al juicio de amparo número 1924/91, tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, fallado el día dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y dos:

"RESULTANDO: PRIMERO. Mediante demanda presentada ante el Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Puebla, con fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y uno, Guadalupe Julieta Rodríguez Carreño, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez local, como autoridad ordenadora, y como ejecutoras: alcaide de la cárcel municipal, procurador general de Justicia, jefe de la Policía Judicial, éstos de Tlaxcala, Tlaxcala; procurador general de Justicia y coordinador de la Policía Judicial, ambos del Estado de Puebla y agente del Ministerio Público de Cholula, Puebla, que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución General de la República; consistentes en el auto de formal prisión decretado en el proceso número 11/91, seguido en su contra como presunta responsable de los delitos de amenazas e injurias cometidos en agravio de Teodoro García Pérez; y de las demás autoridades, la ejecución que de la orden de reaprehensión emitida lleven a cabo. SEGUNDO. Admitida y tramitada la demanda de que se trata, con fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, a quien correspondió conocer del asunto, dictó sentencia conforme a los siguientes puntos resolutivos: ‘PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, en contra de los actos que se reclamaron del Juez local del Municipio de Tlaxcala, jefe de la Policía Judicial de la citada localidad, agente del Ministerio Público de Cholula, Puebla, procurador general de Justicia y coordinador de la Policía Judicial, ambos del Estado, tal como se mencionó en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Guadalupe Julieta Rodríguez Carreño, en contra de los actos que se reclamaron del Juez local del Municipio de Tlaxcala, alcaide de la cárcel municipal y procurador general de Justicia de la referida localidad, actos precisados en el resultando primero de este fallo.’. TERCERO. Inconforme la propia quejosa con el fallo del Juez Federal interpuso revisión. CONSIDERANDO: ÚNICO. No habrán de transcribirse los agravios hechos valer por la recurrente, ni las consideraciones en que se sustentó la sentencia impugnada, por las razones que a continuación se expresan: Guadalupe Julieta Rodríguez Carreño, promoviendo por su propio derecho, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez local, alcaide de la cárcel municipal, procurador general de Justicia, jefe de la Policía Judicial, éstos de Tlaxcala, Tlaxcala; procurador general de Justicia y coordinador de la Policía Judicial, ambos del Estado de Puebla y agente del Ministerio Público de Cholula, Puebla; de la primera de dichas autoridades reclamó el auto de formal prisión decretado en el proceso número 11/91, seguido en su contra como presunta responsable de los delitos de amenazas e injurias cometidos en agravio de Teodoro García Pérez, y de las demás, la ejecución que de la orden de reaprehensión emitida lleven a cabo. El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, sobreseyó en el juicio de garantías por lo que hace a los actos reclamados del procurador general de Justicia, coordinador de la Policía Judicial, ambos del Estado de Puebla y del agente del Ministerio Público de Cholula, Puebla, al advertir que en sus respectivos informes justificados (fojas siete, ocho y diez), negaron la existencia de los actos que de ellos se reclaman, sin que dicha negativa hubiese sido desvirtuada por prueba en contrario. Por otra parte, dicho Juez Federal tuvo por ciertos los actos reclamados del Juez local de Tlaxcala, por lo que procedió a analizar su constitucionalidad y al estimar que el auto de bien preso combatido reunía los requisitos de fondo y forma a que se refiere el artículo 19 constitucional, negó el amparo solicitado. Ahora bien, dicha sentencia que resolvió el juicio de garantías debe declararse insubsistente en virtud de que el Juez a quo resulta incompetente para conocer del mismo, por las siguientes razones: El artículo 36 de la Ley de Amparo, establece: ‘Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.’. En este orden de ideas y tomando en cuenta que tanto el procurador general de Justicia como el coordinador de la Policía Judicial, ambos del Estado de Puebla y el agente del Ministerio Público de Cholula, Puebla, negaron la existencia de los actos reclamados, sin prueba en contrario, resulta que no se surte la competencia del Juez de Distrito en esta entidad federativa, para conocer del juicio de garantías de que se trata, por no actualizarse en la especie la hipótesis que contempla el numeral en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 54, visible en la página 91, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: ‘ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL, PARA LOS EFECTOS DE LA COMPETENCIA EN AMPARO. Si la declaratoria de incompetencia se hace en la audiencia constitucional del juicio de amparo, y contra el informe negativo de la autoridad responsable residente dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito, no se rinde prueba en contrario, debe inferirse que dentro de aquel territorio no trata de ejecutarse el acto reclamado y que es competente el otro Juez competidor.’. Las consideraciones que preceden conducen a declarar insubsistente la sentencia sujeta a revisión y mandar reponer el procedimiento, para el efecto de que el Juez Federal a quo, conforme a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Amparo, sustancie su incompetencia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, y 85, fracción II, de la Ley de Amparo; 43 y 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se declara insubsistente la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena al Juez de Distrito declarar su legal incompetencia y, por tanto, remita los autos al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para que conforme a sus atribuciones, determine lo que corresponda."

III. En el toca de revisión número 101/992, relativo al juicio de amparo número 38/92, tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, fallado el día diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos.

"RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el diez de enero de mil novecientos noventa y dos, Irineo Tejeda Islas, Bulmara Rodríguez Cruz y Eduardo Tejeda Carreto, por su propio derecho, solicitaron ante el Juzgado de Distrito en el Estado de Puebla en turno, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que estimaron violatorios de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, precisando lo siguiente: ‘Autoridades responsables, son las siguientes: a) El C. Juez Mixto de Primera Instancia de Jalacingo, Veracruz, en su carácter de ordenadora y con domicilio oficial conocido en el Palacio Municipal de la ciudad de Jalacingo, Veracruz. b) Los ciudadanos agente del Ministerio Público, comandante de la Policía Judicial, ambos de la ciudad de Jalacingo, Veracruz, procurador general de Justicia y coordinador de la Policía Judicial, ambos de esta ciudad de Puebla, todos en su carácter de ejecutoras y respectivamente con domicilio oficial conocido en la ciudad de Jalacingo, Veracruz, y en esta ciudad de Puebla, Puebla. Actos reclamados. De la autoridad que señalo como responsable ordenadora, reclamo: La orden de aprehensión y detención que dictó en nuestra contra sin estar legalmente motivada y fundada. De las restantes autoridades que señalamos como responsables ejecutoras, reclamamos: La ejecución de la orden de aprehensión y detención que tratan de llevar a cabo en nuestra contra; así como los demás efectos y consecuencias legales que deriven de los actos anteriores reclamados.’. SEGUNDO. Previos los trámites procesales correspondientes, el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y dos, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, a quien correspondió conocer del asunto, dictó sentencia negando el amparo solicitado. TERCERO. Inconformes con dicha resolución, los quejosos interpusieron revisión, recurso que fue admitido el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y dos, por este Segundo Tribunal Colegiado al que por turno correspondió el conocimiento del asunto. CONSIDERANDO: SEGUNDO. No se transcribirán ni analizarán los agravios hechos valer por los recurrentes, por las razones que a continuación se expresan: De la demanda de garantías se aprecia que Irineo Tejeda Islas, Bulmara Rodríguez Cruz y Eduardo Tejeda Carreto reclamaron del Juez Mixto de Primera Instancia de Jalacingo, Veracruz, en su carácter de autoridad ordenadora, la orden de busca, aprehensión y detención que dictó en su contra, en el proceso número 381/991; del agente del Ministerio Público y comandante de la Policía Judicial, ambos de Jalacingo, Veracruz, así como del procurador general de Justicia y comandante de la Policía Judicial, estas dos últimas autoridades del Estado de Puebla, la ejecución de dicho mandamiento. Para negar la protección constitucional, en primer lugar, el Juez de Distrito advirtió que el procurador general de Justicia y el coordinador de la Policía Judicial, ambos del Estado de Puebla, negaron la existencia de los actos de ejecución que se les reclamaron, sin embargo, se ocupó del estudio de la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, considerando que no es violatoria de garantías. Del expediente de amparo, se observa que, efectivamente, el procurador general de Justicia del Estado de Puebla y coordinador de la Policía Judicial de esta misma entidad federativa, en sus respectivos informes justificados (fojas 28 y 29), negaron la existencia de los actos que se les reclamaron, sin que los quejosos hayan aportado prueba alguna para desvirtuar esa negativa; sobre el mismo punto, de la copia al carbón certificada de las constancias del proceso generador de los actos reclamados, que el Juez responsable acompañó a su informe justificado (fojas 10 a 24), no se aprecia dato alguno que evidencia que el mandamiento de captura reclamado deba ejecutarse, habrá de ejecutarse o se haya ejecutado en el Estado de Puebla, pues incluso del contenido del acto reclamado se advierte que el Juez responsable dio instrucciones sólo al agente del Ministerio Público de Jalacingo, Veracruz, para el cumplimiento de la referida orden. En las condiciones relatadas, debe declararse insubsistente la sentencia combatida, dada la incompetencia por razón de territorio del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, para fallar el juicio constitucional. En efecto, el artículo 36 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone: ‘Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.’. Lo anterior pone de manifiesto que no se surte la competencia del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, para conocer del presente juicio de amparo, por no actualizarse, en el caso, ninguna de las hipótesis que contempla el referido precepto, esto es, porque no está demostrado que en esta entidad federativa deba ejecutarse, se trate de ejecutar o se haya ejecutado la orden de aprehensión reclamada. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Amparo, se deberá dejar insubsistente el fallo recurrido y ordenar al Juez a quo declarar su incompetencia para conocer del juicio constitucional. Como corolario de lo anterior, es pertinente señalar que cuando la parte quejosa, en su demanda de garantías presentada ante el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7099-6fb3f6ee/competencia-del-juez-de-distrito-si-la-autoridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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