FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el toca civil 377/95, relativo al amparo indirecto promovido por Gabriel Aguirre Saucedo, sustentó el siguiente criterio:
"CUARTO.-Son infundados los agravios para revocar el sobreseimiento decretado.-En efecto, si bien es verdad que la factura acompañada por el quejoso no fue objetada por la contraria, y bajo esa circunstancia podría estimarse como suficiente, incluso, sin adminicularse a prueba testimonial alguna, según la jurisprudencia 14/94 en que se apoya la Juez de Distrito, emitida en la contradicción de tesis 37/93, publicada en la página 27 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de 1994, cuyo rubro es: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHÍ PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES.’; empero, cabe decir, como determinó la juzgadora, que en la especie no se acreditan los supuestos previstos en esa jurisprudencia, en tanto que el documento no fue expedido en favor del quejoso, sino de su padre, Ramiro G. Aguirre Medina, quien aparece como titular original de la factura, siendo que aquél pretende justificar la propiedad del bien con un endoso otorgado en su favor, al reverso del documento, sin que haya intervenido fedatario público alguno, y el hecho de no estar expedido a su favor es lo que desvirtúa su valor probatorio, pues la forma en la que se encuentra, fácilmente se presta para evadir el embargo trabado sobre el bien; lo que se robustece en tanto que según el endoso, el vehículo se adquirió desde el veinte de enero del año en curso, y a pesar de ello, no presenta documentación pública, verbigracia, tarjeta de circulación expedida a su nombre que acredite que ante las dependencias que la extienden aparece como propietario, como tampoco ofrece testimonial en el juicio constitucional que robustezca el valor de la factura.-Ahora bien, independientemente de que la inspección practicada en el vehículo, se haya hecho en el domicilio del abogado señalado por la parte demandada como convencional, es de hacerse hincapié que la diligencia de esa prueba y el hecho de haber puesto al quejoso a disposición el vehículo, para que se desahogara, no acreditan en forma plena que tenga la posesión y propiedad del bien, pues amén de que la inspección se propuso con el fin de identificar el mismo, en todo caso debió demostrar el quejoso ser el titular de los derechos que dice conculcan los actos de autoridad y, como se dijo, la factura por no estar expedida a su nombre, resulta insuficiente para justificar plenamente su interés jurídico.-Por último, cabe destacar que la falta de objeción por parte de la contraria, específicamente en cuanto a que la factura no aparece a nombre del quejoso, no es determinante para otorgarle pleno valor probatorio, toda vez que la jurisprudencia 14/94 en la que se apoyó la juzgadora, exige aquel requisito para que se acredite el controvertido interés jurídico, mismo que tiene obligación de analizar por ser la procedencia del juicio de amparo una cuestión de orden público.-El anterior criterio fue sustentado por este tribunal en el toca en revisión 342/95, resuelto el trece de noviembre del año en curso.-Consecuentemente, por ser infundados los agravios y no demostrar que la resolución impugnada transgreda los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, se impone confirmar el sobreseimiento."
TERCERO.-Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión número 35/96, promovido por Carlos de Herrera Triana, en la ejecutoria de trece de marzo de mil novecientos noventa y seis, sostuvo lo siguiente:
"TERCERO.-Son fundados los agravios expresados.-La Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías por estimar que en el caso se actualizó la causa de improcedencia inmersa en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues con la factura exhibida por el quejoso, relativa a la camioneta Ram Charger, modelo 1992, placas RKN-5434, embargada en el juicio del que provienen los actos reclamados, en el cual se ostentó tercero extraño, no se acreditó la afectación de su interés jurídico, en virtud de que no fue expedida originalmente a su nombre sino a Genaro Garza Sánchez, quien posteriormente le cedió los derechos que ampara, habiendo resuelto la que fue la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 14/94, que las facturas hacen prueba plena cuando no son objetadas y fueron extendidas originalmente al agraviado.-La determinación de la a quo es contraria a derecho por las razones que enseguida se expondrán.-La entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectivamente sentó la jurisprudencia número 14/94, que aparece publicada en la página 27, de la Gaceta Número 78 del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHÍ PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES.-El artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la sustanciación y decisión de los juicios de garantías por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta, y que en caso contrario la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas. En consecuencia, siendo las facturas documentos privados, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados si están expedidas a nombre del agraviado e identifican dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. La propiedad así acreditada basta para estimar demostrado el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio natural contra el embargo ahí practicado sobre bienes muebles que alega son de su propiedad y posesión, sin que se requiera de ningún otro elemento probatorio, concretamente de la testimonial, para probar, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad y la identidad de los bienes pues estos elementos están ya acreditados con las facturas de referencia, y por el otro, la posesión de dichos bienes pues su embargo afecta el derecho de propiedad sobre los mismos.’.-Pues bien, la tesis jurisprudencial transcrita, ciertamente establece que las facturas como documentos privados provenientes de terceros, hacen prueba plena en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado, que al no objetarlas tácitamente reconoce su autenticidad y contenido, siendo suficientes para acreditar la propiedad de los bienes que amparan e identifican si están expedidas a nombre del agraviado. Empero, la intelección correcta de este criterio jurisprudencial, permite extender su alcance a todas aquellas facturas que si bien no fueron expedidas a nombre del quejoso, consta en ellas que el derecho de propiedad que protegen fue transmitido por el adquirente originario a un tercero, y así sucesivamente hasta cerrarse la cadena en el quejoso como último comprador, pues lo que importa es que la factura no sea objetada, identifique el bien que protege y en ella aparezca como propietario quien promueve el amparo, o si es objetada, que además se demuestre su autenticidad. De lo contrario, negando eficacia a las facturas en el supuesto apuntado, se desconocería validez a aquellos medios de transmitir la propiedad en los términos señalados, y se violentaría el principio de derecho civil de que la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos.-Por tanto, si en la especie el quejoso aportó con su demanda la factura de la camioneta cuyo embargo reclama, en la cual constan los datos de identificación y que el adquirente originario le cedió el derecho de propiedad que ampara, y además no fue objetada en su contenido y autenticidad por el tercero perjudicado, es obvio que con ella acreditó su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional, y por ello, debe revocarse el sobreseimiento decretado por la a quo en la materia de la revisión, para entrar al estudio del fondo del asunto como lo establece la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo.-CUARTO.-Se expresan los siguientes conceptos de violación: ‘1. El artículo 14 de la Constitución General de la República establece que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que el artículo 14 constitucional otorga al suscrito, resultan conculcadas en mi perjuicio, al perturbarse mi propiedad y posesión que tengo sobre el automóvil descrito anteriormente, sin que fuera enjuiciado ante los tribunales previamente establecidos, sin cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, de donde devienen igualmente violados los artículos 790, 794, 823, 824, 825, 830 y 831 del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, que tutelan los derechos reales de posesión y propiedad, definiendo y determinando los alcances de tales derechos. En efecto, el artículo 790 preceptúa que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho; que son objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación (artículo 794); que la posesión contínua es la que no se ha interrumpido por alguno de los medios enumerados en los artículos del 1165 al 1172 del Código Civil; que la posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida por todos (artículo 825); que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y finalidades que fijan las leyes (artículo 830); y que la propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización (artículo 831); de lo que se deduce que tanto las garantías individuales que consagra el artículo 14 de la Constitución como las demás disposiciones legales secundarias, resultan violadas por las autoridades responsables al pretenderme privar de la propiedad y posesión de mis bienes, sin satisfacer los requisitos que en forma categórica y con meridiana claridad precisa y determina el citado artículo 14 constitucional.-2. Igualmente resultan violadas en mi perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica que llevan implícitas las de fundamentación y motivación del acto de autoridad que exige el artículo 16 de la Constitución, pues según esta disposición, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.-Como los actos que reclamo de las autoridades responsables no han sido fundados ni motivados, ni existe mandamiento escrito dirigido a mi persona de autoridad competente alguna, indudablemente que se violan las diversas garantías de legalidad y seguridad jurídica que me son otorgadas por nuestra Carta Magna en su artículo 16, ya que se me está molestando en mis posesiones sin que medien los supuestos normativos que establece el texto constitucional.’.-QUINTO.-Son sustancialmente fundados los anteriores conceptos de violación.-En efecto, el reclamante de amparo justificó con la factura que exhibió con su demanda de garantías tener la propiedad de la camioneta Ram Charger, modelo 1992, placas de circulación RKN-5434, del Estado de Nuevo León, embargada en el juicio ejecutivo mercantil, expediente número 2905/95, promovido ante el Juez responsable por Inmobiliaria Garza, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la empresa Desarrollos Compartidos del Caribe, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, al cual es tercero extraño.-En consecuencia, tal acto y sus consecuencias vulneran las garantías de audiencia y legalidad salvaguardadas por los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que se pretende privar al quejoso de la propiedad de su camioneta sin previo juicio, razón por la que amerita otorgarle la protección constitucional solicitada.-Consecuentemente, al ser fundados los agravios expresados, procede revocar la sentencia recurrida en la materia de la revisión y conceder el amparo solicitado."
CUARTO.-El criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, es del tenor siguiente:
"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHÍ PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES.-El artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la sustanciación y decisión de los juicios de garantías por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta, y que en caso contrario la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas. En consecuencia, siendo las facturas documentos privados, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados si están expedidas a nombre del agraviado e identifican dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. La propiedad así acreditada basta para estimar demostrado el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio natural contra el embargo ahí practicado sobre bienes muebles que alega son de su propiedad y posesión, sin que se requiera de ningún otro elemento probatorio, concretamente de la testimonial, para probar, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad y la identidad de los bienes pues estos elementos están ya acreditados con las facturas de referencia, y por el otro, la posesión de dichos bienes pues su embargo afecta el derecho de propiedad sobre los mismos."
QUINTO.-En ese orden de ideas, cabe destacar que la jurisprudencia 14/94, emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deviene de una contradicción de tesis, al satisfacer los requisitos a que aluden las disposiciones legales con base en el actual marco legal, se fijó la tesis que debía prevalecer con el carácter de jurisprudencia y, por lo mismo, no se encuentra dentro del supuesto a que alude la tesis CXL/90 de la referida Tercera Sala de este Alto Tribunal, que refiere lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA O IMPROCEDENTE, CUANDO EL CRITERIO DEBATIDO HAYA SIDO SUSTENTADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CON ANTERIORIDAD AL NUEVO SISTEMA.-Conforme a lo establecido por el artículo sexto transitorio de las reformas a la Ley de Amparo que entraron en vigor el 15 de enero de 1988 ‘La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia hasta la fecha en que entren en vigor las reformas y adiciones que contiene el presente decreto, en las materias cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito de acuerdo a las propias reformas podrá ser interrumpida y modificada por los propios Tribunales Colegiados de Circuito’. En tal virtud, no debe declararse sin materia o improcedente la denuncia de una contradicción de tesis por el hecho de que el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, hayan sustentado criterio jurisprudencial sobre el problema jurídico de que se trata, antes de las indicadas reformas, toda vez que a partir de la fecha en que entró en vigor el referido artículo sexto transitorio, los Tribunales Colegiados de Circuito están facultados para apartarse del criterio jurisprudencial que se hubiese sustentado con anterioridad del nuevo sistema, así como para interrumpirlo o modificarlo; resultando por tanto imprescindible que la Sala que conozca del asunto, con base en el actual marco legal, fije la tesis que deberá prevalecer con el carácter de jurisprudencia."
De lo anterior se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito, en tratándose de la jurisprudencia sustentada por este Alto Tribunal, con anterioridad a la fecha de las reformas aludidas, están facultados para apartarse de ella, interrumpirla o modificarla, pero solamente en cuanto a aquella que es anterior a las citadas reformas, ya que adquieren fuerza obligatoria su aplicación las posteriores jurisprudencias, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo que señala:
"Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.-Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce (sic) Ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, por cuatro Ministros en los casos de jurisprudencia de las Salas.-También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados."
En ese orden de ideas, el caso a estudio, como ha quedado asentado, refiere a una jurisprudencia 14/94, originada de una contradicción de tesis que emitió la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal; ahora bien, dada la época en que se resolvió dicha contradicción y con motivo de las reformas que sufrió la Ley de Amparo, que establecieron un nuevo sistema, adquiere el carácter de obligatoria para los Tribunales Colegiados, en términos del precepto legal transcrito y, por ello, es obligatoria para su aplicación a los casos concretos.
Ahora bien, en el asunto se trata de dilucidar el valor probatorio que tienen las facturas que se presentan para acreditar la posesión y la propiedad de un bien que ha sido embargado, de donde se desprende la diversidad entre los criterios sustentados por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, al fallar los amparos en revisión especificados en el considerando segundo y tercero de esta resolución, pues en cuanto a lo aseverado por el Primer Tribunal Colegiado, que sostiene que la factura presentada es un documento que no se encuentra expedido a favor del quejoso originalmente, pues éste acredita la propiedad del bien que ampara la factura con un endoso a su favor, y por ello, se afirma que al no estar expedido el documento a su favor, desvirtúa el valor probatorio del mismo; luego entonces, en la especie no se acreditan los supuestos de la jurisprudencia 14/94 en que se apoya la determinación, toda vez que la multicitada factura, al no estar expedida a nombre del quejoso, resulta insuficiente para justificar plenamente su interés jurídico.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado refiere que la intelección correcta del criterio jurisprudencial 14/94, permite extender su alcance a todas aquellas facturas que si bien no fueron expedidas a nombre del quejoso, consta en ellas que el derecho de propiedad que protegen fue transmitido por el adquirente originario a un tercero y así sucesivamente hasta cerrarse la cadena en el quejoso como último comprador; pues lo que importa es que la factura no sea objetada, identifique el bien que protege y en ella aparezca como propietario quien promueve el amparo o, si es objetada, que además se demuestre su autenticidad. De lo contrario, negando la eficacia a las facturas, como en el caso, se desconocería validez a aquellos medios de transmitir la propiedad y se violentaría el principio de derecho civil de que la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos. Por lo que estimó dicho Tribunal Colegiado que la quejosa, con la factura a que se alude, acreditó su interés jurídico para acudir a la vía constitucional.
Este órgano colegiado hace notar que se trata de una diversidad de criterios respecto de la aplicación de la jurisprudencia sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sí, por un lado, la jurisprudencia en comento, entre los supuestos que ampara, es precisamente la interpretación que le da este Alto Tribunal al numeral 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en orden al valor que se da a los documentos privados en tratándose de facturas cuando se va a probar la propiedad de los bienes embargados, si éstas fueron expedidas a nombre del agraviado e identifica los bienes, de tal manera que con ello se permite fijar plenamente su identidad, lo que es suficiente para la acreditación de la propiedad.
En cuanto a la discrepancia de criterios, cabe señalar que el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el toca civil 377/95, promovido por Gabriel Aguirre Saucedo, refiere que si bien la factura que acompaña el quejoso no fue objetada por la contraria, y que puede estimarse como suficiente, también cabe advertir que, desde el punto de vista del Tribunal Colegiado de Circuito en cita, no se acreditan los supuestos de la jurisprudencia 14/94 que aplicó el juzgador al resolver el asunto que fue materia de la revisión en dicho tribunal, pues afirma que el documento (factura) no fue expedido directamente a favor del quejoso, sino del padre de éste, quien es la persona demandada en el juicio ejecutivo mercantil y que aquél, con ese documento, pretende justificar la propiedad del bien, mediante el endoso otorgado en su favor, tal y como aparece al reverso de la factura; de esa manera, es opinión del referido tribunal que se desvirtúa el valor probatorio del documento, al no haber sido expedido directamente a favor del quejoso y sin que hubiere algún otro elemento de prueba que pudiere corroborar ese endoso; igualmente refiere que la falta de objeción por parte de la contraria, específicamente en cuanto a que la factura no aparece a nombre del quejoso, no es determinante para otorgarle pleno valor probatorio.
Por otra parte, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, afirma que debe entenderse la jurisprudencia 14/94, en el sentido de que permite extender su alcance a aquellas facturas que, aunque originalmente no hayan sido expedidas a nombre del quejoso, sí consta en ellas el derecho de propiedad que protegen, al haber sido éste transmitido por el adquirente originario a un tercero, al través del endoso correspondiente, que la propia factura identifique el bien que protege y en la misma aparezca como propietario el quejoso, con lo cual se afirma que se acredita el interés jurídico, toda vez que el espíritu de la jurisprudencia en comento, es precisamente que siendo las facturas documentos privados, aun cuando provengan de terceros, que en el caso lo es el quejoso Carlos de Herrera Triana, persona ajena al juicio ejecutivo mercantil 2905/95, promovido por Javier Villarreal, apoderado de Inmobiliaria Garza, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la empresa Desarrollos Compartidos del Caribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, Genaro Garza Sánchez, Abel Gerardo Rodríguez Carrasco y Enrique Ponce Pereztagle, hacen prueba plena en favor de la parte que quiere beneficiarse con ellas y en contra de su colitigante, cuando éste no las objete, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, en consecuencia, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad a favor del quejoso de los bienes que se identifican en las mismas, probando ello el interés jurídico de quien acude al juicio de garantías.
SEXTO.-Existe contradicción entre los criterios sustentados por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, al fallar los amparos en revisión especificados en el considerando segundo y tercero de este fallo, pues respecto de lo señalado por el Primer Tribunal Colegiado, se desprende que la factura presentada no se encuentra expedida a favor del quejoso originalmente, pues acredita la propiedad de los bienes con el documento donde aparece el endoso a su favor; por ello, refiere el tribunal que se desvirtúa el valor probatorio del mismo y no se acreditan los supuestos de la jurisprudencia 14/94, luego entonces, no se acreditó el interés jurídico. El tribunal señalado en segundo término, afirma que la jurisprudencia 14/94, debe entenderse en el sentido de que permite su alcance a aquellas facturas que, aunque originalmente no hayan sido expedidas a nombre del quejoso, sí consta en ellas el derecho de propiedad que protegen, al haber sido éste transmitido al través del endoso. En ese orden de ideas, los Tribunales Colegiados de Circuito, al tomar en consideración la jurisprudencia 14/94 en comento, resolvieron en forma distinta el asunto que específicamente les fue planteado y, en apariencia, en el asunto de que se trata, ya está dilucidado el problema, pero únicamente por cuanto a que en la jurisprudencia aludida permite, respecto a todas aquellas facturas que no fueron objetadas y que identifiquen los bienes embargados, para tener por acreditado el interés jurídico del quejoso, pero no se dice nada respecto del valor que se da al endoso contenido en aquellas facturas que no fueron objetadas, que describen los bienes, acreditan la propiedad de ellos, cuando estos documentos se encuentran expedidos originariamente a nombre de una persona y el tercero extraño a juicio acredita la propiedad de dichos bienes por medio del endoso que soporta el documento.
Cabe hacer mención de la existencia de jurisprudencias que se han aprobado con antelación respecto de temas similares al que es materia de estudio, pero no resuelven el problema planteado; en esas circunstancias se encuentra la publicada con el número 839, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, volumen III, página mil trescientos noventa y dos, con el rubro: "FACTURAS.-Siendo la factura un documento privado, solamente hace prueba plena en contra de la parte que lo ha extendido, pero no en contra de terceros de quienes no procede."; si bien pudiera seguirse que ha establecido que las facturas no hacen prueba plena en contra de quienes no proceden, son en sí mismas insuficientes para acreditar la propiedad y posesión de bienes y, por ende, el interés jurídico del quejoso que reclama el embargo de bienes de su propiedad y posesión en un juicio en el que no fue parte; cabe agregar, que esta jurisprudencia fue establecida con anterioridad al año de mil novecientos ochenta y ocho, por lo que los Tribunales Colegiados están facultados para apartarse del criterio que en ella se establece, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de las reformas a la Ley de Amparo que entraron en vigor el quince de enero del año en cita, y con apoyo además en la tesis CXL/90 de la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA O IMPROCEDENTE, CUANDO EL CRITERIO DEBATIDO HAYA SIDO SUSTENTADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CON ANTERIORIDAD AL NUEVO SISTEMA.", texto que ya se anotó con antelación en el considerando quinto del presente fallo.
Otras jurisprudencias se han aprobado al respecto, como son la 705, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, volumen III, páginas 1170 y 1171, con el rubro: "DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE TERCERO, NO OBJETADOS.", que sostiene que la omisión en la objeción oportuna de esos documentos revela la admisión de los hechos y la falta de controversia en cuanto a su contenido, lo que lleva a tenerlo por admitido fíctamente, salvo prueba en contrario; debe señalarse que es insuficiente para resolver la materia de la presente contradicción, pues aunque de la misma pudiera derivarse que las facturas no objetadas prueban la propiedad de los bienes muebles, de ello no se sigue que resulten suficientes para acreditar el interés jurídico del tercero extraño al juicio natural que promueve amparo contra el embargo de bienes de su propiedad o posesión, en la medida que no señala si basta el acreditamiento de la propiedad para tal efecto; además, dicha jurisprudencia igualmente se estableció con anterioridad al nuevo sistema vigente a partir de enero de mil novecientos ochenta y ocho.
Por lo que se refiere a la jurisprudencia 1462, visible en la página dos mil trescientos treinta y uno, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, con el rubro: "PROPIEDAD, PROTECCIÓN AL DERECHO DE, MEDIANTE EL AMPARO.-Cuando se trata de hacer respetar el derecho de propiedad y no de resolver contienda acerca de quién sea legítimo dueño de un bien, procede el juicio de garan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6974-3666e220/facturas-endosadas-a-favor-de-quien-se-presenta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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