POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/91. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo en revisión números 322/88, 1257/88, 1312/88, 267/89 y 1167/88, en relación con los cuales sustentó la tesis que se estima está en contradicción con la emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, en la parte considerativa de las respectivas sentencias, sostuvo lo siguiente:
a) Amparo en revisión número 322/88, promovido por Moisés Murillo Sandoval:
"III. Son esencialmente fundados los agravios aducidos por el recurrente, porque si bien es verdad que, como lo estimó la Juez de Distrito, el peticionario de amparo justificó en el juicio respectivo, con las pruebas que al efecto rindió, que se encuentra en posesión del inmueble motivo del juicio ordinario civil de terminación de contrato de arrendamiento, seguido por Guillermo Santillán Aguilar contra Rubén González Ramírez y que, por tanto, resulta que, como tercero extraño a ese juicio, la ejecución de la sentencia correspondiente le para perjuicio, porque se le obligará a desocupar el inmueble que detenta sin haber sido oído y vencido en ese juicio; sin embargo, no obstante que haya comprobado la posesión del inmueble de que se trata, de cualquier manera no se justifica legalmente aquella concesión del amparo por parte de la Juez Federal, en virtud de que en el propio juicio de garantías no acreditó en qué consiste la causa legítima de su posesión y la calidad de la misma, pues ni siquiera explica cómo y en qué circunstancias entró a poseer el inmueble respectivo y con qué derecho; de tal suerte que al encontrarse ocupando el quejoso el inmueble motivo de la controversia en aquel juicio ordinario civil, sin título alguno, lo actuado en tal juicio origen del acto reclamado, del que afirma ser tercero extraño, tiene que pararle perjuicio material, pero esto no implica de alguna manera la existencia de un interés jurídico, sino, en todo caso, un interés simple que no lo faculta para reclamarlo, como en la especie, en la vía constitucional, supuesto que el ordenamiento jurídico no le otorga esa facultad para obtener coactivamente su respeto, lo que significa que no cualquier posesión deberá ser protegida, sino únicamente aquella que se derive de algún título, ya que de no ser así, sería tanto como proteger a cualquier detentador de una posesión sin justificación alguna; se cita en apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por este propio Tribunal Colegiado en la ejecutoria pronunciada el doce de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, en el toca RC. 646/86, interpuesto por Norberta Reyes Ramírez. En mérito de lo antes reseñado, deberá revocarse la sentencia que se revisa y negar el amparo y protección federal solicitado."
b) Amparo en revisión número 1257/88, promovido por Marcos Antonio Velázquez Contreras y María de Lourdes Contreras viuda de Velázquez:
"III. A fin de clarificar el problema que se plantea en los agravios, conviene precisar lo siguiente. De autos aparece que Marcos Antonio Velázquez Contreras y María de Lourdes Contreras de Velázquez promovieron demanda de garantías ostentándose como terceros extraños al juicio ordinario civil 119-A/87, de terminación de contrato de comodato, seguido por Wilfrido y Rosa María Velázquez Loera en contra de Herminio Velázquez Sánchez, ante el Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil del Distrito Federal. Los quejosos afirmaron ser hijo y esposa, respectivamente, del demandado en el citado juicio; que ella contrajo matrimonio el seis de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, y que desde entonces ocuparon como domicilio conyugal la casa ubicada en la calle de Bienes Nacionales número cuarenta y nueve, colonia Cuatro Árboles, Delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal; que en dicho domicilio nacieron sus hijos: Marcos Antonio, Juan Moisés, Ángel Salomón y Óscar David Velázquez Contreras. Los quejosos, para acreditar tales hechos, acompañaron las actas de matrimonio y de nacimiento correspondiente. Los amparistas sostuvieron que después de vivir en ese domicilio durante diecinueve años, el citado Velázquez Sánchez abandonó dicha casa y a su familia, yéndose a vivir con Wilfrido y Rosa María Velázquez Loera, hijos de aquél, pero de un anterior matrimonio. Sin precisar la fecha, los peticionarios de garantías aseguraron que se presentaron a su domicilio unas personas acompañadas de Velázquez Sánchez, con el objeto de desalojar el inmueble, ya que se trataba de una orden judicial; afirmaron los quejosos que no les permitieron ver el expediente, y como no desalojaron la casa se fueron, pero les advirtieron que regresarían con la policía; que con posterioridad, los amparistas refirieron, se enteraron que se trataba del juicio de terminación de comodato que al principio se menciona; según manifestaron los peticionarios de garantías, se trataba de una maniobra fraudulenta, de un juicio simulado con objeto de perjudicarlos. Que por ello estaban solicitando la protección constitucional contra todo el procedimiento y la pretendida orden de desalojo, así como sus consecuencias, pues no fueron emplazados ni citados a dicho juicio a fin de que estuvieran en condiciones de ser oídos y defenderse. Ofrecieron como pruebas las referidas actas de matrimonio y de nacimiento respectivas, y la copia certificada de todo lo actuado en el juicio de referencia. La Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, a quien tocó conocer del amparo, por sentencia dictada el nueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho negó la protección constitucional solicitada, por estimar que la posesión invocada sólo se limitaba al carácter de simples ocupantes, lo cual no era suficiente para establecer la violación de garantías alegada. No conformes con dicha sentencia constitucional, los quejosos interpusieron el presente recurso de revisión, cuyos agravios serán analizados a continuación ... En el segundo agravio se aduce, en esencia, que la Juez de Distrito indebidamente se fundó en una tesis sobre arrendamiento y, con ello, considerar a los quejosos como simples ocupantes, sin tomar en cuenta que, en la especie, no se trata de arrendamiento sino de comodato, contratos cuya naturaleza es totalmente diferente. Sostienen los recurrentes que la posesión no es cuestión de derecho sino de hecho, que es un poder de hecho que está protegido por los artículos 14 y 16 constitucionales. Afirman los agraviados que la Juez de Distrito no debió analizar la naturaleza de la posesión, que no era parte de la litis constitucional, sino sólo examinar si, existiendo esa posesión, se había llamado a juicio o no a los quejosos. Los recurrentes hacen una relación doctrinaria sobre la posesión desde el derecho romano hasta Von Ihering, a fin de demostrar que la posesión se compone de dos elementos: el corpus y el animus; que el primero lleva implícito al segundo, y que tal es la posesión protegida por nuestra Carta Magna; insistiendo en que el criterio de la Suprema Corte es en el sentido de que, acreditada la posesión, ésta debe ser protegida. Afirman los recurrentes que en el juicio de garantías quedó acreditado ese poder de hecho, que es la posesión, con las actas de matrimonio y de nacimiento y que con los autos del juicio natural se acreditó la molestia y la amenaza de privar a los quejosos de esa posesión. También aseveran los agraviados que Herminio Velázquez Sánchez, con objeto de perjudicarlos, años atrás hizo donación del inmueble controvertido en favor de Alejandro y Rosa María Velázquez Loera, hijos suyos de un matrimonio anterior y que, luego, el primero de los mencionados vendió una parte a Wilfrido, de iguales apellidos y hermano de ellos, pero que tal donación resulta nula porque dejó en estado de insolvencia a Velázquez Sánchez, que quedó impedido de cubrir alimentos a los aquí recurrentes. Que en tales condiciones, el juicio de terminación de comodato también resulta nulo, además de que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues no se llamó a juicio a los quejosos, máxime que los supuestos comodantes y actores nunca tuvieron la posesión del inmueble. Este agravio resulta inoperante. En efecto, según se advierte, la Juez de Distrito, si bien se basó en una tesis sobre arrendamiento donde se establece que los simples ocupantes de una localidad arrendada no tienen derecho a pedir amparo si el verdadero inquilino fue vencido en juicio y que dicha juzgadora no explicó la verdadera razón de su consideración, también resulta cierto que tal proceder se encuentra ajustado a derecho. Sobre el particular, este Tribunal Colegiado observa que aun cuando el arrendamiento y el comodato son contratos de naturaleza distinta, la esencia de tales actos jurídicos no estaba a discusión, sino la calidad con que se ostentaban los quejosos, quienes sólo demostraron ser ocupantes del predio. En tales condiciones, aun cuando incompleta la consideración de la Juez de Distrito, resulta válida, porque en realidad la tesis se aplicó analógicamente. Además, es de hacerse notar que el artículo 2500 del Código Civil establece que: 'Sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato.'; de tal suerte que si en la especie no se controvirtió la existencia del comodato, es claro que debe tenerse como realizado, pero los quejosos no acreditaron, ni siquiera mencionaron, el que los comodantes hubiesen dado permiso al comodatario de que les hubiera concedido el uso de la cosa dada en comodato, es decir, la casa controvertida. Ello revela que en todo caso los quejosos, aquí recurrentes, carecían del derecho de ocupar tal predio, posesión que no puede ser protegida, pues ni siquiera acreditaron que al momento de presentar su demanda de garantías continuaran con esa ocupación. Por lo anterior, resulta irrelevante lo manifestado en torno de la doctrina sobre la posesión. Además, en cuanto a lo argumentado de que la donación del inmueble resulta nula porque dejó al esposo y padre de los quejosos, respectivamente, en estado de insolvencia para pagar alimentos, ello es cuestión que no formó parte de la litis constitucional, ni podía formar parte, pues sería materia, en todo caso, de un juicio seguido ante la potestad común, máxime que ni siquiera se acreditó en el juicio constitucional que la donación fuese nula y que el juicio natural fuese simulado y fraudulento. En todo caso, debe hacerse notar que, dados los lazos de matrimonio y de parentesco acreditados, los amparistas sólo probaron ser simples ocupantes del inmueble, en razón de su carácter de causahabientes del comodatario y, en tales condiciones, la simple ocupación de la finca no es suficiente para considerarla como una posesión protegible pues, en la especie, no existe un interés jurídico y, por ello, sólo podría protegerse la posesión que derivara de un título en concepto de propietario. Igual criterio ha sostenido este Tribunal Colegiado en la ejecutoria pronunciada el treinta de junio de mil novecientos ochenta y ocho, en el recurso de revisión RC. 322/88, quejoso Moisés Murillo Sandoval, criterio que a la letra dice: (lo transcribe). Por todo lo anteriormente narrado y razonado, se concluye que los agraviados no probaron las ilegalidades aducidas y, por tanto, es de confirmarse la sentencia constitucional recurrida."
c) Amparo en revisión 1312/88, promovido por Irma López Ortega:
"III. A fin de clarificar el problema que se plantea en los agravios, conviene precisar lo siguiente: Irma López Ortega, por su propio derecho, promovió demanda de garantías ostentándose como tercera extraña al juicio ordinario civil reivindicatorio número 7293/82, seguido por Gloria Téllez Girón de Flores en contra de Agustín Juárez Hernández, Jorge Aguilar López y Verónica Hernández de Aguilar. La quejosa señaló que el Juez Décimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal, el veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, dictó sentencia definitiva declarando probada la acción y legítima propietaria a la citada actora, de la casa y terreno ubicados en la calle Norte 70, número 5419, de la colonia Bondojito, Distrito Federal, y condenando a los codemandados a la desocupación y entrega de dicho inmueble (fojas 73 a 85). La amparista relató que los codemandados interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal mediante sentencia definitiva dictada el veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, toca 1722/84, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida (fojas 59 a 65). No conforme uno de los codemandados, Agustín Juárez Hernández, promovió el juicio de amparo directo DC. 3598/84, que por razón de turno correspondió conocer y resolver a este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil mediante ejecutoria pronunciada el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y siete, en el sentido de sobreseer el juicio, por unanimidad de votos, quedando, en consecuencia, firme la sentencia reclamada, pues no hay datos de que los otros dos codemandados hubiesen ocurrido al juicio constitucional. La peticionaria de garantías manifestó que se enteró de la citada sentencia con la que se pretende desposeerla del inmueble materia de dicho juicio, el que habita en compañía de su familia. Sobre el particular, la amparista aseveró que posee dicho inmueble por ser propietaria del mismo y, al efecto, relató que el nueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro adquirió en propiedad el inmueble de referencia mediante compraventa celebrada con Agustín Juárez Hernández, anexando a la demanda de garantías una fotocopia certificada por notario público del contrato privado de compraventa respectivo (fojas 13 y 14). Cabe destacar que la actora en el juicio natural, aquí tercera perjudicada, presentó en dicho juicio como documento base de la acción el testimonio de la escritura pública número 7466 (fojas 272 a 284), de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, donde se hace constar que adquirió en propiedad dicho inmueble, en la citada fecha, por el otorgamiento y firma del Juez Décimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, en rebeldía de la sucesión de Justiniano García Vilchis, demandada y condenada en el juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura, expediente número 4432/77. Seguido el juicio de garantías por sus demás trámites legales, el dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, la Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal dictó sentencia constitucional en el sentido de negar la protección federal solicitada. No conforme, la quejosa interpuso el presente recurso de revisión, el cual se analizará a continuación. El primer agravio es infundado. En efecto, ante todo debe precisarse que la litis constitucional se concretó, según la quejosa, aquí agraviada, en que el acto reclamado se traduce 'en una privación de irrestricta facultad de defensa que constitucionalmente se me concede, puesto que se ventiló un juicio en el cual no tuve posibilidad alguna de defensa que me diera la oportunidad de deducir mis derechos de propiedad sobre el inmueble que adquirí'. Establecida así la litis constitucional, era menester que la peticionaria de garantías demostrara ese derecho de propiedad como causa de la posesión, como ahora alega en los agravios. Así lo entendió la Juez de Distrito, quien concluyó que la amparista debía probar la posesión del inmueble con el carácter de propietaria que dijo tener, así como su condición de tercera extraña al juicio natural y, por ende, la afectación de sus garantías individuales; agregó la Juez Federal que, por lo que hace al primer supuesto, la quejosa no acreditó la propiedad con el documento que exhibió, pues el mismo es insuficiente, ya que se trata de una fotocopia certificada por notario público de un contrato privado de compraventa; pero además, la Juez constitucional consideró que la certificación de referencia sólo podía demostrar que dicho fedatario tuvo a la vista el original de dicho contrato, pero no podía dar fe en cuanto al valor legal del mismo. Al respecto, dicha juzgadora hizo notar que se trataba de un contrato que no había sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad y que se trataba de un documento de fecha incierta, lo cual este tribunal estima correcto, pues dicho contrato no aparece haber sido inscrito, por lo que obviamente no puede reputarse como documento de fecha cierta. En tales condiciones, el mencionado documento no era suficiente para justificar que la quejosa poseía el inmueble con el carácter que se ostentaba, es decir, de propietaria. Pero la Juez de Distrito abundó respecto de la posesión de la quejosa, pues indudablemente que al no ser con el carácter de propietaria debía tener otro origen, que la citada juzgadora hizo derivar de la relación con uno de los terceros perjudicados, Agustín Juárez Hernández, quien en diversas diligencias (fojas 402 y 432) manifestó ser esposo de la quejosa; además, esencial y relevantemente, dicho Juárez Hernández se ostentó en el juicio natural como propietario del mismo inmueble, ello en fecha muy posterior a la del contrato de compraventa exhibido por la quejosa; que en esa virtud, la Juez de Distrito consideró a la amparista como simple ocupante, por lo que debía tenérsele como ya oída y vencida por conducto de su esposo Agustín Juárez Hernández. Consideraciones que resultan ser legales, puesto que dada esa relación matrimonial, y sin que la aquí quejosa hubiese acreditado la posesión a título de propietaria, resulta evidente que no podía tener otro carácter sino el de simple ocupante que al derivar de su vínculo conyugal con el tercero perjudicado de referencia, quien afirmó en el juicio natural ser propietario, origina a concluir, como lo hizo la Juez de Distrito, que esa ocupación no constituye aquélla protegible por la garantía de audiencia, pues sólo lo es la que derive de un título en concepto de propietario debidamente justificado en autos. Igual criterio ha sido sostenido por este Tribunal Colegiado en la ejecutoria pronunciada el treinta de junio de mil novecientos ochenta y ocho, por unanimidad de votos, ponente Magistrado Martín Antonio Ríos, en la revisión RC. 322/88, criterio que a la letra dice: (lo transcribe); de tal forma que, en la especie, la ocupación del inmueble por parte de la quejosa no resulta protegible por la garantía de audiencia y, por lo mismo, no puede considerársele como tercera extraña al juicio natural. El segundo agravio es infundado. En efecto, resulta inexacto que la Juez de Distrito hubiese desechado las pruebas ofrecidas por la quejosa en su escrito de veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y ocho (fojas 523 a 526), tendientes a demostrar la objeción hecha por la propia amparista en contra de la escritura notarial número 7466 que exhibió la actora en el juicio natural para acreditar su derecho de propiedad, pues según se advierte de la audiencia constitucional celebrada el dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho (foja 575), no se desecharon las pruebas de la quejosa en relación con la objeción de referencia, sino las que ofreció el tercero perjudicado Agustín Juárez Hernández mediante escrito presentado el once de agosto de mil novecientos ochenta y ocho (fojas 569 y 570) lo que en todo caso resulta irrelevante, pues aun cuando dichas pruebas consistían en documentales que pueden ofrecerse y exhibirse aun en la misma audiencia constitucional, este Tribunal Colegiado advierte que tales probanzas, consistentes en los autos del juicio natural y el contrato de compraventa celebrado por el citado Agustín Juárez Hernández y Justiniano García Vilchis el catorce de julio de mil novecientos setenta y tres, de todos modos obran ya en los autos del juicio de amparo, pero tales medios de convicción no podrían ser tomados en cuenta de todas formas, porque ello entrañaría analizar cuestiones de propiedad que no pueden decidirse en el juicio de garantías, pues quien debe resolver sobre las mismas es la potestad común. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 232, visible en las páginas 658 y 659 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: 'PROPIEDAD. Las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por el Juez del conocimiento del negocio, quedando a salvo los derechos de quien alegue esa propiedad, para que los ejerza en la vía y forma que corresponda, ante las autoridades del orden común.'. El tercer agravio es asimismo infundado. En efecto, aun cuando fundamentalmente en esta inconformidad se alude a que el carácter de poseedora de la quejosa deriva del derecho de propiedad conforme al contrato privado que exhibió y no como simple ocupante, por ser esposa de Agustín Juárez Hernández, contrato que incluso, según señala la amparista, es anterior a su matrimonio, son cuestiones que no alteran lo decidido con anterioridad, por lo que debe estarse a lo ya resuelto; de tal forma que la credencial de elector, las notas de remisión, la copia al carbón de la contratación de la línea telefónica, la testimonial a cargo de Eliuth Arzate Román y la inspección ocular, no pueden acreditar el derecho de propiedad como causa de la posesión de la revisionista, pues como ya quedó establecido, sólo tiene el carácter de ocupante. Por lo anteriormente narrado y razonado, se concluye que la agraviada no probó las ilegalidades aducidas y, por tanto, es de confirmarse la sentencia constitucional recurrida."
d) Amparo en revisión número 267/89, promovido por María del Pilar Esthela Herrera Romero:
"III. Los seis agravios que formula la quejosa, aquí recurrente, y que se examinarán en conjunto por estar estrechamente vinculados entre sí, son infundados; empero, previamente y por razón de método deben precisarse los antecedentes del caso. En efecto, el Juez Federal, al negar el amparo solicitado por el aquí recurrente, básicamente partió de dos supuestos: el primero, que la impetrante aquí inconforme no justificó tener la posesión del inmueble controvertido en el juicio natural, del cual emanan los actos reclamados; y, el segundo, que aun en el evento de que se estimara acreditada la tenencia material del bien, de cualquier modo no sería protegible en el amparo, al haberse probado en el juicio de garantías que no se obtuvo por una causa legal. Ahora bien, analizando las inconformidades que formula la recurrente, se advierte que, contrariamente a lo sostenido en los agravios y como correcta y legalmente lo apreció el Juez de Distrito con las pruebas que se desahogaron en el juicio constitucional, no se probó la posesión que dijo tener la quejosa del inmueble ubicado en la calle Alberto Zamora, número 109, en Coyoacán, Distrito Federal. En efecto, en la sentencia aquí combatida el Juez constitucional hizo un resumen y análisis de las pruebas del juicio de garantías, consistentes en los documentos que desahogó la quejosa para acreditar la posesión del inmueble referido, y que son las siguientes: dos actas de nacimiento correspondientes a Ingrid Esthela Martínez Herrera y Jocelyn Astrid Martínez Herrera, respectivamente (fojas 6 y 7); cédula de registro federal de contribuyentes a favor de José Luis Martínez Huerta (fojas 8); solicitud de servicio de energía eléctrica hecha por la quejosa, Esthela Herrera de Martínez, respecto del inmueble controvertido (foja 8 sic); carta de 'compromiso de servicio social' a nombre de José Luis Martínez Huerta (foja 9); un recibo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor del citado José Luis Martínez Huerta (foja 11); cinco estados de cuenta del Banco Mexicano Somex y de Banamex (fojas 13 a 17); doce recibos de Teléfonos de México (fojas 18 a 29); facturas amparando diversos pagos a nombre de Ingrid Esthela Martínez Guerrero, María del Pilar Martínez Romero y de José Luis Martínez (fojas 30 a 32); un contrato privado de comodato celebrado el primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho, entre Gerardo Herrera Zúñiga y la aquí recurrente (foja 34); documental pública consistente en copias fotostáticas certificadas de diversas actuaciones practicadas en los juicios 1109/86 y 266/87 correspondientes, respectivamente, a los medios preparatorios a juicio ordinario civil, promovido por Emma Lecuona en contra de María Esthela Romero Lecuona; y del juicio promovido por aquélla en contra de la propia María Esthela Romero Lecuona, demandándole la terminación de contrato de comodato respecto del bien controvertido (fojas 76 a 98 y 142 a 234); la licencia de chofer número 291003, expedida a favor de Gerardo Herrera Zúñiga por la Dirección General de Autotransporte Urbano del Distrito Federal, y la tarjeta de circulación número 1379692. Con las anteriores pruebas documentales, como correcta y legalmente lo consideró el Juez constitucional, no se justificó la posesión a que aludió la recurrente en sus agravios respecto al bien controvertido en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados; detentación material, según dijo la quejosa, derivaba de un contrato celebrado con su padre Gerardo Herrera Zúñiga, pues, en efecto, si bien en dichas documentales aparece consignado el domicilio del mencionado bien, sin embargo, no constituyen medios de prueba idóneos para acreditar el referido acto posesorio, aun apreciándolos y valorándolos en forma concatenada, pues la posesión de un inmueble no puede tenerse por acreditada simplemente con pruebas documentales, pues éstas sólo serían tendientes a justificar los hechos a que se contraen, y a los que ampliamente se refiere el Juez Federal, mas no así que la quejosa viniera ocupando de manera continua el bien, mayormente si estas pruebas no están apoyadas en otras eficaces para probar tal hecho posesorio, y sin que constituya obstáculo a la consideración anterior que en los autos del juicio de garantías, como se aduce, obre la diligencia por virtud de la cual fue lanzada la aquí inconforme del bien controvertido en el juicio natural (fojas 231 y 232), pues la misma tampoco constituye prueba idónea para demostrar el hecho continuo de la posesión, por constituir un acto que se agota en el momento de su realización y, por ende, tanto las documentales antes referidas como la instrumental en cita debieron ser apoyadas, además, con pruebas idóneas, como lo sería la testimonial; y en cuanto a ésta, no se estima ocioso precisar, que si bien la quejosa ofreció en el juicio de garantías la testimonial a cargo de Martín Fernández Vilchis Uribe y de Mario Alberto de la Rosa Velázquez (fojas 57 y 66), empero, dicha testimonial no se desahogó porque esos testigos no comparecieron al juzgado (foja 248). En el particular, resulta aplicable el criterio sostenido por este tribunal constitucional al resolver el amparo en revisión RC. 112/88, el veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, por unanimidad de votos, y el cual corresponde a la tesis siguiente: 'POSESIÓN, PRUEBA DE LA. La posesión no debe tenerse por acreditada con pruebas documentales, máxime si éstas no están relacionadas con otros medios de convicción, como sería esencialmente la testimonial, por constituir la prueba idónea para ese efecto.'. Ahora bien, en relación con los argumentos que se hacen valer contra la segunda consideración toral en que se apoyó el Juez Federal en la sentencia recurrida, esto es, de que en el evento de que se hubiese demostrado la ocupación del inmueble por parte de la demandante constitucional, tal tenencia material, al no derivar de una causa legítima, no justificaba que a la impetrante se le llamara al juicio natural del cual emanan los actos reclamados, son inoperantes e infundados. En efecto, sustancialmente se sostiene que la sentencia recurrida viola la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 213 y la segunda tesis relacionada a ésta, que establecen que demostrado el hecho de la posesión con la tenencia material de la cosa o bien, ésta debe respetarse, sin que los Jueces Federales tengan facultades para decidir si esa posesión es buena o mala; que igualmente se violan los artículos 78, 192 y 193 de la Ley de Amparo, así como el 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque aduce la impetrante, aquí inconforme, que el Juez Federal recurrido, al negarle el amparo y protección de la Justicia Federal, razonó que ésta no justificó la posesión legal que dijo tener del inmueble controvertido en el juicio natural; consideración esta que, dice la recurrente, resulta ilegal, porque conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia y tesis relacionada que invocó, los Jueces Federales carecen de facultades para juzgar si la posesión de la demandante constitucional era buena o mala, y que para la concesión del amparo solicitado bastaba con que acreditara la tenencia material del inmueble; y que esto último se justificó, principalmente, con las actuaciones que exhibió al juicio de garantías la tercera perjudicada, de las que aparecía que las autoridades responsables lanzaron a la quejosa, aquí recurrente, del citado inmueble. Ahora bien, la inoperancia de los anteriores argumentos que formula la inconforme por conducto de su representante legal, es debido a que no están orientados en forma eficaz a atacar las consideraciones y fundamentos legales de la sentencia combatida pues, en lo conducente, el Juez de Distrito al razonar que aun cuando las pruebas existentes en el juicio de amparo fuesen suficientes para probar que la quejosa y sus familiares ocupaban el inmueble en litig
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17230-b445a9cb/posesion-para-que-sea-objeto-de-proteccion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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