PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR LA QUEJOSA EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, CON LA PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/97-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: JAIME FLORES CRUZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y quinto, del Acuerdo 1/1997, emitido por el Tribunal Pleno de fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, no obstante que los criterios divergentes provienen de consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados en amparo en revisión, en los que los actos reclamados provienen de juicios civiles, dada la naturaleza de la contradicción, se encuentra en el ámbito de la materia común de los juicios de amparo.
Apoya la consideración anterior, la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe:
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: IX-Febrero
"Tesis: P./J. 9/92
"Página: 7
"COMPETENCIA EN CONTRADICCIÓN DE TESIS EN MATERIA COMÚN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS.-Los artículos 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI, y 27, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal deben interpretarse en el sentido de que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, se determina atendiendo a la materia a que se refieren los criterios que entran en contradicción y no a la del amparo en que se dicta la resolución. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando los temas que tratan los criterios en contradicción sean de la especialidad de la Sala, pero no cuando aborden cuestiones comunes a todas ellas, aunque se pronuncien en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no se refieren a cuestiones de la competencia especializada de la Sala, sino que corresponden a materias comunes, no se justifica que aquélla conozca de este tipo de contradicciones; además, de admitir que las Salas asumieran competencia en esos casos, se abriría la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaran a sustentar, con lo que no se lograría la seguridad jurídica que se persigue con la denuncia de contradicción. Por ello, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11, fracción XV, de la ley orgánica citada, debe interpretarse que corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver ese tipo de contradicciones.
"Contradicción de tesis 36/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 20 de marzo de 1991. Puesto a votación el proyecto, por mayoría de catorce votos de los señores Ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Martínez Delgado, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y presidente Schmill Ordóñez se resolvió que no existe la contradicción de tesis planteada; Rocha Díaz, Azuela Güitrón y Chapital Gutiérrez votaron en favor del proyecto. Rocha Díaz manifestó que las consideraciones del proyecto constituirán su voto particular, y Chapital Gutiérrez se adhirió a éste. Ausentes: Rodríguez Roldán, Gil de Lester y González Martínez. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.
"Contradicción de tesis 17/90. Entre las sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 17 de abril de 1991. Se aprobó por mayoría de quince votos de los señores Ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Moreno Flores, García Vázquez y Chapital Gutiérrez; Gil de Lester y Díaz Romero votaron en contra y porque debiera prevalecer el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y González Martínez, Villagordoa Lozano y presidente Schmill Ordóñez también votaron en contra y porque prevalezca la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Rocha Díaz manifestó que votó en favor del proyecto en acatamiento del criterio mayoritario y Adato Green manifestó su inconformidad con algunas de las consideraciones del proyecto. Díaz Romero y Villagordoa Lozano manifestaron que formularán voto particular. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Contradicción de tesis 65/90. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 15 de agosto de 1991. Puesto a votación el proyecto con las correcciones indicadas, se aprobó por mayoría de quince votos de los señores Ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Rodríguez Roldán, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez y presidente Schmill Ordóñez; Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, Lanz Cárdenas y Díaz Romero votaron en contra y por que prevalezca la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Rocha Díaz manifestó su inconformidad con las consideraciones del proyecto, y el presidente Schmill Ordóñez manifestó su inconformidad con algunas de esas consideraciones. Díaz Romero manifestó que formulará voto particular, y Gil de Lester manifestó su adhesión a éste. Ausentes: Chapital Gutiérrez y Adato Green. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: José Manuel de Alba de Alba.
"Contradicción de tesis 46/90. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 22 de octubre de 1991. Puesto a votación el proyecto modificado, se aprobó por unanimidad de quince votos de los señores Ministros presidente Schmill Ordóñez, de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, Adato Green, Rodríguez Roldán, Cal y Mayor Gutiérrez, González Martínez, Villagordoa Lozano, Gutiérrez Vidal, Moreno Flores, Lanz Cárdenas, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez. Ausentes: Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Gil de Lester y García Vázquez. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretaria: María Guadalupe Rivera González.
"Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de enero de 1992. Puesto a votación el proyecto modificado, se aprobó por mayoría de dieciséis votos de los señores Ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Rodríguez Roldán, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y presidente Schmill Ordóñez; Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester votaron en contra. Díaz Romero manifestó su inconformidad con las consideraciones del proyecto, y el presidente Schmill Ordóñez manifestó su inconformidad con algunas de esas consideraciones. Ausente: Adato Green. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Miguel Ángel Castañeda Niebla."
SEGUNDO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver en el amparo en revisión 386/97, en lo que interesa, sostuvo el criterio objeto de la denuncia, bajo las siguientes consideraciones:
"III.-Los anteriores agravios hechos valer resultan unos infundados y otros fundados.-El artículo 146 de la Ley de Amparo establece en su párrafo primero lo siguiente: ‘Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.’.-Una correcta interpretación de tal dispositivo conduce a determinar que sólo en los casos que ahí se enumeran el Juez Federal tiene la obligación de mandar prevenir al quejoso para que subsane las irregularidades u omisiones en que haya incurrido al formular la demanda de garantías, pero no para que designe como responsable a cierta autoridad respecto de la cual no se hizo señalamiento alguno en el citado escrito inicial.-Lo anterior encuentra apoyo en la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en las páginas seiscientos cuarenta y ocho y seiscientos cuarenta y nueve, Primera Parte, sección segunda del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que puntualiza: ‘DEMANDA DE AMPARO. CUANDO NO SE SEÑALA A TODAS LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE DEBER DE ORDENAR QUE SE CORRIJA.-La obligación para los Jueces de Distrito, derivada del artículo 146 de la Ley de Amparo, está limitada a comprobar si formalmente se satisfacen las condiciones reglamentadas en el artículo 116 de la misma ley y no a intervenir para que la demanda de garantías quede perfectamente elaborada. Tampoco debe ordenar a título de aclaración de demanda que se mencione a alguna o algunas otras autoridades no indicadas en el escrito inicial. El ejercicio de la acción constitucional es un derecho de los particulares y que el Juez no puede coadyuvar en una facultad que no le corresponde sustituyendo al particular en el ejercicio de la acción.’.-Asimismo cobra aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia 762 listada a fojas quinientos quince, del Tomo VI del último Apéndice, que dice: ‘DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA.-De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un Juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo.’.-Por tanto, al no existir alguna imposición categórica para el resolutor federal, en el sentido de requerir al impetrante para que aclare o amplíe su demanda, señalando como autoridad responsable a la Sala correspondiente, puesto que una vez admitida la misma ya no se puede desechar ni mandar aclarar, dado que cualquiera de esas determinaciones son previas a la admisión, es inconcuso que en ese aspecto ningún agravio se irroga al recurrente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la página cuatrocientos sesenta y siete, del Informe de 1988, Tercera Parte, que señala: ‘DEMANDA DE AMPARO ADMITIDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR JUEZ DE DISTRITO QUE NO PREVINO.-Los Jueces de Distrito tienen facultades para desechar las demandas de garantías de su conocimiento, conforme al artículo 145 de la ley de la materia, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, siempre que tal cosa se haga en el auto inicial que abre el expediente, pero una vez admitida la demanda e iniciado el trámite del juicio, no se debe desechar aquélla, posteriormente, con apoyo en esa causa; esto es así porque los Jueces de Distrito no tienen facultades para revocar sus propias determinaciones, sin que obste en contrario que un Juez haya sido el que admitió la demanda y otro, a quien después se consideró competente, la desechó porque el auto que admite una demanda de amparo causa estado y el Juez a quien luego tocó conocer de la controversia constitucional, está obligado a respetar las determinaciones y mandamientos del Juez que se declaró incompetente, como si fueran propios, por lo que debe continuar con el procedimiento ya iniciado y resolver definitivamente en audiencia, sin perjuicio de que en ella, en su caso, de encontrar causa de improcedencia sobresea en el juicio.’.-Aunado a lo anterior, cabe destacar que al señalar a una nueva autoridad como responsable, no sólo es algo que el Juez de Distrito no podría imaginarse siquiera cuando se le presentó la demanda de mérito, sino que constituye un derecho exclusivo de los particulares. Resulta aplicable la ejecutoria visible a fojas treinta y dos, de la Séptima Época, Sexta Parte, Volumen 46, bajo la voz: ‘DEMANDA, ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA. OPORTUNIDAD PARA HACERLAS.-En el juicio de amparo es lícito aclarar la demanda, aunque hayan transcurrido los quince días de la interposición del amparo, cuando lo solicite el juzgador (artículos 146 y 178 de la Ley de Amparo), o cuando lo estime conveniente el quejoso, hasta antes de que quede en estado de sentencia el negocio, pues no podría dejarse a la actividad del juzgador el pedir aclaraciones, favoreciendo al quejoso, o no pedirlas, causándole el perjuicio consiguiente. A más de que, al aclarar la demanda, no se deben introducir elementos nuevos en la controversia, ni en cuanto a agregar actos reclamados, ni autoridades responsables, ni en cuanto a la causa de pedir, lo que puede hacerse en cualquier tiempo y, en alguna forma, aún podría ser materia de alegatos. En cambio, cuando se trata de agregar esos elementos nuevos, ya se está frente a una ampliación de demanda, la que nunca puede ser solicitada por el Juez, ni puede ser hecha espontáneamente por el quejoso fuera del término de que dispone para promover el juicio de amparo, excepto en los casos en que el informe justificado viene a justificar, si el quejoso lo estima conveniente, una ampliación de la demanda, ya que, en su caso podría, si lo prefiere, promover un nuevo juicio de amparo, cuando estime que así puede obtener una mejor protección para sus derechos constitucionales.’.-También cabe invocar la diversa tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en las fojas sesenta y cuatro y sesenta y cinco, Tercera Parte del Informe de 1983, que puntualiza: ‘DEMANDA DE AMPARO. NO DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE LA ACLARE A EFECTO DE QUE SEÑALE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A LA QUE REALMENTE EMITIÓ EL ACTO RECLAMADO.-Los Jueces de Distrito no están obligados a prevenir al quejoso para que aclare la demanda de amparo y señale como autoridad responsable a la que realmente emitió el acto reclamado, puesto que no pueden anticipar que en la demanda se atribuye la emisión de tal acto a una autoridad distinta, cuando esto se aclara en el curso del juicio, además de que la circunstancia de atribuirse el acto reclamado a una autoridad que no lo ha dictado, no corresponde determinarse en la admisión de la demanda, pues la obligación para los Jueces de Distrito, derivada del artículo 146 de la Ley de Amparo, está limitada a comprobar si formalmente se satisfacen las condiciones reglamentadas en el artículo 116 de la misma ley y no a suplir el señalamiento de las autoridades responsables; tampoco deben ordenar, a título de aclaración de demanda, que se mencione a alguna o algunas otras autoridades no indicadas en el escrito inicial, ya que el ejercicio de la acción constitucional es un derecho de los particulares y los Jueces no pueden coadyuvar en una facultad que no les corresponde sustituyendo al particular en el ejercicio de la acción.’.-En lo que ve a que la ejecución de la sentencia definitiva la dispuso el Juez de primer grado y que por ello tal ejecución no deriva del fallo de segunda instancia, basta citar la jurisprudencia integrada por este Tribunal Colegiado que aparece publicada bajo el número 483, en las páginas trescientos treinta y siete y trescientos treinta y ocho, del Tomo IV del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el texto: ‘AUTORIDADES RESPONSABLES NO SEÑALADAS. DEBE SOBRESEERSE EN EL AMPARO RESPECTIVO CON BASE EN LA CAUSAL DE CONSENTIMIENTO Y NO EN LA DE CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.’ (la transcribe).-Entonces, si se reclama lo actuado en el juicio civil sumario 1575/93 y no 5751/93 como erróneamente lo citó el Juez Federal, y de las copias fotostáticas certificadas que del mismo anexaron las responsables a su informe con justificación, se desprende que el fallo primero fue recurrido y confirmado por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es inconcuso que el disidente debió también señalar a esa autoridad como responsable y si no lo hizo, no obstante que se le dio vista de ese informe, consintió los actos impugnados, puesto que cuando hay apelación, aparte de que queda sustituida la sentencia de primer grado la que luego se ejecuta es la de segunda instancia. Cabe aclarar que se debe a un simple error mecanográfico el que aparezcan, tanto en la parte de la sentencia transcrita, como en los agravios hechos valer diversos números de expediente (5751/93 y 5731/93, respectivamente), que no coinciden con el que corresponde al juicio del que derivan los actos reclamados, que es precisamente el 1575/93. De ahí que, contrario a lo que asegura el recurrente, el Juez Federal sí tuvo a la vista las actuaciones del juicio de que se trata.-Así las cosas, es evidente que por este aspecto resulta improcedente el juicio de garantías de que se trata, con la salvedad de que la causa que se actualiza es la prevista por la fracción XI del artículo 73 de la ley reglamentaria en consulta y no la que invoca el resolutor.-Consiguientemente, como el criterio sustentado en esta ejecutoria se encuentra en contradicción con la tesis que invoca el recurrente y que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, bajo el rubro: ‘AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIR AL QUEJOSO CUANDO ES TERCERO EXTRAÑO, SI DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE LA PARTICIPACIÓN DE UNA.’, se ordena hacer la respectiva denuncia de contradicción de tesis.-En cambio, es fundado lo que se esgrime sobre el acto que se atribuye al oficial mayor notificador, se impugnó por vicios propios y que por ello debió estudiarse la actuación que se impugna de nula y en la que dicho oficial intervino. Esto es, porque al citado oficial se le imputa haber practicado la diligencia en cuestión, sin estar facultado para ello.-Por tanto, deberá revocarse el sobreseimiento decretado en cuanto a dicha autoridad y conforme a lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, deberán examinarse al respecto, los conceptos de violación cuyo estudio omitió el Juez Federal."
El señalado Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sostuvo el mismo criterio al resolver en cinco ejecutorias más, bajo los números 686/90, 330/91, 343/91, 353/91 y 356/91, promovidos por Bertha Alicia Barragán Cárdenas, Sara L. Pérez de Álvarez, Agapito García Briseño, Justino Ortega Barrios y Antonio Aguirre Brambila, respectivamente, dando lugar a la tesis de jurisprudencia siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: VIII-Noviembre
"Tesis: III.3o.C. J/4
"Página: 105
"AUTORIDADES RESPONSABLES NO SEÑALADAS. DEBE SOBRESEERSE EN EL AMPARO RESPECTIVO CON BASE EN LA CAUSAL DE CONSENTIMIENTO Y NO EN LA DE CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.-La lectura (en ese orden) de los artículos 478, 420, fracción IV, y 477 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pone de manifiesto que cuando se apela de una sentencia de primera instancia la resolución que luego ejecuta el a quo es la dictada por el tribunal de alzada, por lo que si en un amparo indirecto promovido por un tercero extraño sólo se señala como responsable al Juez natural y no al ad quem, la improcedencia del amparo deviene con base en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo ya que tal omisión implica consentimiento del fallo de la autoridad ordenadora. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que la parte quejosa sea precisamente tercera extraña, toda vez que pudo ampliar su demanda de garantías dentro de los quince días siguientes contados a partir de cuando se le notificó el proveído por el que se ordenó agregar el informe justificado, por medio del cual la responsable remitió al Juez de Distrito el fallo del tribunal de segunda instancia.
"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
"Amparo en revisión 686/90. Bertha Alicia Barragán Cárdenas. 21 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Juan Manuel Rochín Guevara.
"Amparo en revisión 330/91. Sara L. Pérez de Álvarez. 15 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Juan Manuel Rochín Guevara.
"Amparo en revisión 343/91. Agapito García Briseño. 15 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Roberto Macías Valdivia.
"Amparo en revisión 353/91. Justino Ortega Barrios. 20 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Luis Rubén Baltazar Aceves.
"Amparo en revisión 356/91. Antonio Aguirre Brambila. 27 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hidalgo Riestra. Secretaria: María Elena Ruiz Martínez."
Las consideraciones en que se basó el citado Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver en los cinco asuntos antes mencionados, son las siguientes:
Amparo en revisión 686/90, promovido por Bertha Alicia Barragán Cárdenas.
"III.-Son infundados los agravios hechos valer.-La Suprema Corte ya ha decidido lo referente a qué requisitos debe reunir una autoridad para que pueda señalarse como responsable en los juicios de garantías, según se desprende de las jurisprudencias 300 y 301, de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que en su orden previenen: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (la transcribe).-Sobre el mismo tema el artículo 11 de la ley de la materia, establece: ‘Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.’.-De lo anterior se deduce que hay dos tipos de autoridades responsables: unas ordenadoras y otras ejecutoras.-Consiguientemente, es inexacto lo que asegura la revisionista acerca de que en la especie fue suficiente señalar como responsables solamente al Juez y secretario del Juzgado de lo Civil de Chapala, Jalisco, dado que si el acto reclamado se hizo consistir en todo lo actuado en el expediente 117/86, seguido ante el Juez aludido, así como en la desposesión de un inmueble como consecuencia de dicho procedimiento, es obvio que si el fallo de primer grado fue apelado, la sentencia pronunciada por el tribunal de alzada al resolver ese recurso, vino a sustituir procesalmente a la del a quo y, por ese motivo, es aquélla y no ésta la que forzosamente tiene que ejecutarse.-Por tanto, si no se designa al ad quem como autoridad responsable ordenadora, jurídicamente sus actos no pueden analizarse y la susodicha resolución de segunda instancia constituye un obstáculo para que, en caso de que se concediera la protección federal, se pudiera restituir a la quejosa en el pleno goce de sus garantías violadas, toda vez que se afectarían actos de autoridades que no son materia de la litis constitucional. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 302 de la misma parte y Apéndice, que señala: ‘AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS.-Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída.’.-Lo anterior sirve también para responder a la inconforme lo que afirma acerca de que el tribunal de alzada en nada va a intervenir en la ejecución del acto reclamado, porque como ella fue quien lo ordenó y no se combaten vicios propios de la ejecución, resulta incuestionable que ésta depende del mandato derivado del fallo de segunda instancia. Para una mayor comprensión de lo acabado de mencionar se considera útil citar lo que expresa don Ignacio Burgoa en su libro ‘El Juicio de Amparo’, vigésima primera edición, 1984, página 340, en el sentido de que: ‘Ahora bien, los actos reclamados de naturaleza ejecutiva pueden presentar, en cuanto a su realización, dos aspectos: o bien ejecutan o pretenden ejecutar una orden o una decisión previa o bien se llevan a cabo aisladamente, sin emanar de ninguno de tales hechos. Esta distinción reviste importancia por lo que se refiere a su impugnación por medio de la acción de amparo, que es distinta y de diversas consecuencias en ambos casos. Así, cuando el acto de ejecución, presente, pasado o futuro, obedezca a una orden o decisión anteriores, el amparo debe dirigirse contra los dos hechos (o sea, el ejecutivo y el decisorio), pues, siendo el primero una mera realización del segundo, si sólo se entabla la acción de amparo contra él, se corre el peligro de que el juicio de garantías se sobresea por haber consentimiento de parte del quejoso, revelado en su aceptación tácita del acto decisorio y de sus consecuencias, al no haberlo impugnado. Consiguientemente, un debido y correcto ejercicio de la acción de amparo en este caso, señalaría como autoridades responsables tanto a la que ordena o decide el acto reclamado como a la que lo ejecuta o trata de ejecutarlo.’.-Sobre el particular resulta igualmente ilustrativa la ejecutoria visible en la página 521 del Apéndice en consulta, que establece: ‘AUTORIDADES RESPONSABLES. (la transcribe).-Por otra parte, el hecho de que la recurrente sea tercera extraña al procedimiento natural, no la excluía de la obligación de designar correctamente a las autoridades que intervienen en la emisión de los actos combatidos. Y aunque es verdad que por tal motivo no podía tener acceso a dicho juicio, no deja de ser menos cierto que estuvo en posibilidad de hacer el señalamiento correspondiente cuando se le notificó el proveído de quince de octubre de mil novecientos noventa, o sea, justo aquel mediante el que el Juez de Distrito ordenó, entre otras cosas, se agregara al expediente la copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el toca 929/89 por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, exhibida por la tercera perjudicada Consuelo Pérez Moreno (a fojas 127 a 142 del juicio de garantías).-Por analogía se estima aplicable al tema tratado la tesis que aparece publicada en la Segunda Parte del Apéndice invocado, página 312, que establece: ‘DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA.-Si se pide amparo contra determinada autoridad, ésta rinde su informe, y, con posterioridad, el quejoso designa como responsables a nuevas autoridades, de quienes la parte quejosa tuvo conocimiento que intervinieron en la ejecución del acto reclamado por el informe justificado rendido por la primera autoridad, debe admitirse la ampliación de la demanda.’.-Tampoco tiene razón la agraviada en cuanto afirma que se le debió de haber notificado personalmente el auto por el que se tuvo por recibido el informe justificado, porque sobre ese aspecto es tajante la diversa ejecutoria consultable en el Informe de 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, página 149, que dice: ‘INFORMES JUSTIFICADOS. NO ES OBLIGATORIO PARA EL JUEZ DAR VISTA CON ELLOS AL QUEJOSO.’ (la transcribe).-Aunque no está por demás aclarar que si bien fue la referida tercera perjudicada quien allegó al amparo la copia del fallo de segundo grado, desde el mismo informe justificado (recibido por el Juez de Distrito antes de que se apersonara la mencionada tercera, según se desprende de fojas 40), las responsables hicieron saber la interposición del recurso de apelación, por parte del demandado, contra la sentencia de primera instancia.-Contrariamente a lo que afirma la promovente, es inexacto que si se le concediera la protección federal en nada se afectaría la sentencia del tribunal de alzada, pues es obvio que, en esa hipótesis, se harían nugatorios sus efectos desde el momento en que no podría ejecutarse sin que hubiera sido materia de la litis constitucional.-Finalmente, de lo expresado fácilmente se advierte que la causa de improcedencia realmente aplicable debe ser la prevista en la fracción XI, del artículo 73, de la ley en comento, toda vez que, según quedó establecido, si la que se va a ejecutar es la sentencia de segunda instancia, resulta evidente que se está en presencia de actos derivados de otros consentidos debido precisamente a la omisión en haberse señalado como responsable a la autoridad que ordenó los actos reclamados, siendo aplicable, por tanto, la jurisprudencia 70 de la susodicha Segunda Parte del último Apéndice, que previene: ‘ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.-El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.’."
Amparo en revisión 330/91, promovido por Sara L. Pérez de Álvarez.
"
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6889-eb099666/persona-extrana-a-juicio-cuando-del-informe-justificado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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