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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/97. · Registro digital (IUS): 4884
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS, POR UNA PARTE, POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y OTROS, Y POR LA OTRA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, , Pág. 609.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS, POR UNA PARTE, POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y OTROS, Y POR LA OTRA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y OTRO.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: JUAN RAMÍREZ DÍAZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con las siguientes disposiciones constitucional y legales, respectivamente: artículo 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; artículo 197-A, de la Ley de Amparo, y artículo 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ello en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados, sobre un tema común en materia de amparo por referirse a la competencia de los Tribunales Unitarios para conocer de los juicios de garantías, en términos de lo previsto por la fracción I, del artículo 29 de la mencionada Ley de Amparo; competencia que no se encuentra limitada a una determinada materia.

En relación con lo anterior, resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial del Tribunal Pleno:

"COMPETENCIA EN CONTRADICCIÓN DE TESIS EN MATERIA COMÚN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS. El artículo 24, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal no debe interpretarse en el sentido de que las competencias de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de las denuncias de contradicción de tesis que en amparos, materia de la competencia de las Salas, sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, atendiendo a la materia de amparo, sino a los criterios que entran en contradicción al resolverse. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando ambos criterios encontrados se sustentan sobre temas de su especialidad, pero cuando se establezcan criterios contradictorios sobre otra clase de cuestiones, aunque se den en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no caen dentro de la misma competencia especializada de la Sala, sino que se refiere a la materia común, la especialidad de la Sala no justifica la competencia para conocer de este tipo de contradicciones, además de que se abriría la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaran a sustentar las Salas al resolverlas, con lo que no se suspendería la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de contradicción. Para ello de conformidad con lo previsto por el artículo 11, fracción X, de la ley orgánica citada, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver las contradicciones de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito sobres cuestiones ‘que sean de la competencia exclusiva de las Salas.’." (Tesis plenaria publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo II, julio de 1995, página 23).

SEGUNDO. Por lo que concierne a las consideraciones sustentadas, con relación a la presente contradicción de tesis, por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Tercer Circuito y también por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, se hace la siguiente reseña:

A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver las competencias números 3/96, 4/96, 5/96, 7/96 y 8/96, las nombradas en primer, segundo, cuarto y quinto lugares, suscitadas entre el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, y, la citada en cuarto lugar, suscitada entre el Primer Tribunal Unitario del referido Tercer Circuito y el mencionado Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito; en la parte que aquí interesa formuló las siguientes consideraciones:

"... El problema a dilucidar en el caso a estudio con motivo de la controversia competencial suscitada entre el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco y el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, se centra en la cuestión relativa a que el tribunal que en primer término se menciona, ante quien se presentó la demanda de garantías contra actos del Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito y otras autoridades, se declaró incompetente para conocer del asunto, apoyándose en el contenido de la ejecutoria de dos de octubre de mil novecientos noventa y seis, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, dentro del juicio de amparo número 420/96 y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 585, Tomo II, correspondiente a diciembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación con el rubro: ‘TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO. COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDA CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL DE LA MISMA JERARQUÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA NUEVA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN).’, en donde se sostiene, esencialmente que el Tribunal Unitario competente para conocer de una demanda de amparo, promovida contra actos de otro Tribunal Unitario, lo es el más próximo a la residencia de éste, y no el más cercano o inmediato en número progresivo (cuando hay varios en un mismo circuito), pues éstos se ubican dentro de la misma residencia de aquél; por lo que bajo esa base, estimó que debería conocer del asunto el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, por considerarlo más próximo a su residencia en razón de la distancia y la facilidad de comunicación; no obstante, este último tribunal rehusó conocer del asunto, con apoyo en los argumentos que expone, consistentes en que lo dispuesto en la fracción I del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no es indicativo de que en el lugar donde hayan dos o más Tribunales Unitarios, no podrán conocer uno u otro de las demandas que en amparo indirecto se promuevan en su contra, sencillamente porque aquel precepto no hace ningún distingo al respecto, pues si se adoptara tal criterio, se estaría pasando por alto una regla fundamental que sirve para delimitar la competencia de los Jueces de Distrito, aplicable por la misma razón generadora a los unitarios, que es la que es competente aquel en cuya demarcación se ejecute o trate de ejecutarse la ley o acto que se reclame en el juicio de amparo. Por tanto, ninguno de los Tribunales Unitarios en conflicto aceptó la competencia para el conocimiento del caso, en atención a las razones que cada quien sustenta. En ese orden, cabe señalar que el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo define la competencia para el conocimiento del amparo indirecto contra actos de un Tribunal Unitario, en los siguientes términos: (lo transcribe). Sin embargo, dicha regla competencial quedó substancialmente modificada, a virtud, primero, de la reforma al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por decreto de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación del sábado treinta y uno de ese mismo mes y año, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, pues en su fracción XII, se establece que: (la transcribe). Estipulándose en el artículo décimo primero transitorio de dicha reforma constitucional, que en tanto se expidan las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos generales a que se refieren los preceptos constitucionales que se reforman por el presente decreto, seguirán aplicándose los vigentes al entrar en vigor las reformas, en lo que no se opongan a éstas. Ahora bien, en concordancia con dicha modificación a la Carta Magna, el legislador ordinario expidió una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del viernes veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, que entró en vigencia al siguiente día de su publicación, previendo en el capítulo relativo a la competencia de los Tribunales Unitarios, en su artículo 29, fracción I que los mismos conocerán: (lo transcribe). De lo anterior, se colige que lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales que no ha sido derogado expresamente, quedó implícitamente superado a virtud de la reforma a la Constitución General de la República, en particular por lo dispuesto en su artículo 107, fracción XII, así como por lo previsto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor. De tal manera que ahora a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante Juez de Distrito. Esto es así, pues se advierte que la razón fundamental que inspiró al legislador para efectuar la reforma legal, se circunscribe a que los Juzgados de Distrito dejen de conocer en amparo indirecto contra actos de Tribunales Unitarios de Circuito, aunque no pertenezcan a su jurisdicción; para que, en su lugar dichos actos ahora sean del conocimiento en vía de amparo indirecto de otro Tribunal Unitario. De tal suerte que, el Tribunal Unitario dejó de ser, por regla general, únicamente un tribunal ordinario de apelación en la materia federal, para asumir también el papel de tribunal constitucional, en el caso específico que la ley le atribuye, o sea, el del conocimiento de actos de otro Tribunal Unitario que el gobernado estime inconstitucionales. Sin embargo, lo estipulado en la fracción I, del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, como se observa con motivo del conflicto competencial materia del asunto a examen, ha dado lugar a interpretaciones divergentes que, por tanto, hacen necesario que este Tribunal Colegiado se pronuncie a efecto de estimar cuál es la que considera legalmente la correcta, a fin de fincar la competencia puesta a consideración. En efecto, la parte relativa del precepto en mención, textualmente dispone que: ‘En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.’. En primer lugar, debe quedar sentado que ningún problema ofrece comprender que si en un determinado circuito solamente reside un solo Tribunal Unitario, el cual resultará ser la autoridad responsable en el juicio de amparo, entonces, el conocimiento del juicio de garantías se finca en aquel otro Tribunal Unitario perteneciente al circuito más cercano a su residencia. Pero, en la especie, se observa, que dentro de la circunscripción de una de las autoridades señaladas como ordenadoras en la demanda de amparo (Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco), residen otros dos Tribunales Unitarios de Circuito, y es el caso que al Segundo Tribunal Unitario que es a quien correspondió en turno la demanda de amparo que se presentó en la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Unitarios del Tercer Circuito, por lo que debe establecerse si es a éste o a otro, de distinto circuito, a quien compete el conocimiento del juicio de garantías. Como se anunció en el proemio del presente considerando debe quedar fincada la competencia en favor del Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito, por las siguientes razones: Porque de una correcta interpretación, lógica, sistemática y literal del artículo 29, fracción I, parte final, de la ley orgánica en cita, se desprende que en modo alguno queda excluido para el conocimiento el amparo indirecto, ya sea tácita o expresamente, un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable ordenadora, pues la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención, debe entenderse, inclusive, cuando en el circuito existen dos o más Tribunales Unitarios, conocerá otro de dicho circuito, distinto al responsable en el juicio de garantías. Esto es así, porque si hubiese sido la intención del legislador excluir del conocimiento del amparo a Tribunales Unitarios pertenecientes al mismo circuito, contra actos de uno de ellos, lo hubiera establecido expresamente en la ley en esos términos, pues si se toma en cuenta que lo expresado en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo (disposición que como quedó apuntado en líneas precedentes, quedó implícitamente superada), referente a que es competente el Juez de Distrito que sin pertenecer su jurisdicción esté más próximo a la residencia de aquél, implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél. En ese sentido el tratadista Ignacio Burgoa Orihuela al comentar el precepto de la Ley de Amparo que se reseña, dice: ‘La razón y fundamento de esta regla competencial son obvios, pues sería antijurídico que un Juez de Distrito, que es el inferior de un Tribunal Unitario de Circuito de la jurisdicción a la que pertenece en lo que concierne a juicios que no sean de amparo, calificase en la vía constitucional los actos de su superior. Fue por esta circunstancia por la que la competencia la declaró la Ley de Amparo en favor de un Juez de Distrito que, por no pertenecer al mismo circuito del Tribunal Unitario que sea autoridad responsable, no está jerárquicamente supeditado a éste en lo que atañe a los juicios federales distintos del amparo.’ (El Juicio de Amparo, Ed. Porrúa, 25a. edición, 1988, pp. 402 y 403). Pero ello con motivo de la nueva ley orgánica quedó modificado no solamente en cuanto a que los actos de Tribunales Unitarios sean del conocimiento en amparo indirecto de otro Tribunal Unitario sino porque superada la cuestión de que sus actos fueran examinados vía amparo indirecto por un inferior en grado del mismo circuito, ahora éstos puedan ser del conocimiento por sus iguales, inclusive del mismo circuito. Este razonamiento, queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que ahora ninguna razón legal y práctica subsiste para que habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer un amparo de sus actos, pues atendiendo a un orden congruente con dicho sistema competencial debe estarse acorde, por identidad procesal sustancial, con la regla establecida en el párrafo primero del artículo 42 de la Ley de Amparo, que preceptúa que contra actos de un Juez de Distrito, conocerá del juicio de amparo otro de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez. Esto es, porque si la ley de la materia permite que un Juez de Distrito conozca en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón, debe decirse que un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro unitario de su misma circunscripción; máxime que como se dijo, ahora conoce del amparo indirecto contra actos de un Tribunal Unitario, otro, y ya no por un inferior en grado; de tal suerte que habiendo dos o más Tribunales Unitarios en un mismo circuito, ningún impedimento de esa índole existe para que conozca un Tribunal Unitario del juicio constitucional en el que se reclamen actos de otro Tribunal Unitario de su mismo circuito. Asimismo, no hay que perder de vista lo que establece el artículo 36 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, respecto a que: (lo transcribe); de tal suerte que ningún sustento lógico ni jurídico tiene el que conozca del amparo indirecto contra actos de un Tribunal Unitario otro de distinto circuito, siendo que en la residencia de aquél existe otro que, de acuerdo al precepto transcrito, sería legalmente competente para conocer del amparo porque dentro de su jurisdicción se pretende ejecutar la orden de aprehensión que se reclama en el caso a examen ..."

B) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver las competencias números 2/96, 3/96, 4/96, 5/96 y 6/96, las nombradas en primero y segundo lugares, entre el Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito y el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, y, las referidas en tercero, cuarto y quinto lugares, suscitadas entre el Segundo Tribunal Unitario del indicado Tercer Circuito y el aludido Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito; en lo que al caso interesa destacar, expuso las siguientes consideraciones:

"... El artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, establece: (se transcribe). Es conveniente destacar que, de acuerdo con el Diccionario Larousse, el concepto gramatical del vocablo ‘próximo’, es que está cerca del tiempo o en el espacio, y el de ‘residencia’, es la acción y efecto de residir, que a su vez significa morar o tener el domicilio en un lugar. Además, antes de entrar en vigor la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en la que se da competencia a los Tribunales Unitarios de Circuito, para conocer de los juicios de amparo promovidos contra actos de otro Tribunal Unitario; por disposición del artículo 42, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, correspondía a un Juez de Distrito que, sin pertenecer a la jurisdicción del tribunal responsable, esto es, al circuito, estuviera más próximo a su residencia. Tal precepto tenía la teleología de impedir que un Juez de Distrito de la jurisdicción del Tribunal Unitario, ni aun como autoridad de amparo, sancionara los actos de éste, por ser su superior. Sobre esta tesitura, la interpretación de la última parte de la fracción I del artículo 29 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite establecer que el legislador al plasmar que para conocer de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios de Circuito, es competente ‘el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado’, tuvo la intención de que fuera competente el Tribunal Unitario más cercano al domicilio del señalado como responsable, con independencia de que sean de la propia jurisdicción, atento a que ambos son de igual categoría, y por ende, razonablemente uno de ellos como autoridad de amparo, está en aptitud de sancionar los actos del otro, además, tuvo el designio de evitar que la o las partes interesadas, se desplacen a lugares distintos, cuando existen diversos Tribunales Unitarios en un sitio, pues de esta manera se satisface el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que postula la pronta y expedita administración de justicia, ya que de lo contrario hubiese adoptado la fórmula contenida en el segundo parágrafo del numeral 42 en cita, pero estableciendo categóricamente que para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente otro que, sin pertenecer a su jurisdicción esté más próximo a la residencia de aquél. A mayor abundamiento, el criterio sustentado no riñe cuando en un circuito existe un Tribunal Unitario, pues si éste como autoridad de proceso emite una resolución reclamable en amparo indirecto, es obvio que de la demanda de garantías que se promueva contra sus actos, deberá conocer el tribunal

análogo más próximo a su residencia. Ilustra la opinión que antecede, el texto del primer párrafo del dispositivo 42 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: (se transcribe). Lo anterior obedece a que, en este precepto se fija la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de otro, donde se observa con toda claridad que deben tener análoga categoría y pertenecer al propio distrito, o sea, donde residen y ejercen jurisdicción, regla que aplicada de manera analógica, en la materia de que se trata, a la competencia de los Tribunales Unitarios de Circuito, prevista por la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lleva a la convicción, se reitera, de que el legislador al emplear la frase ‘más próximo a la residencia’, no se refirió a que el Tribunal Unitario fuese de diversa jurisdicción. En ese orden de ideas, de acuerdo con la interpretación realizada del artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, se sostiene que si en el mismo circuito existen dos o más Tribunales Unitarios, con la misma residencia, es competente para conocer de las demandas de amparo que se promuevan contra actos de uno de ellos, el más cercano al domicilio del señalado como responsable, atendiendo al turno condigno; luego, como en el caso concreto, aparece que el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito, emitió el acto impugnado, y que la demanda de amparo, por razón de turno, se recibió en el Primer Tribunal Unitario del propio circuito, éste resulta competente para su conocimiento, en virtud de que ambos tienen su domicilio en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, y por ende, uno es el más próximo a la residencia del otro ..."

C) El Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con motivo de la resolución del amparo directo en revisión número 610/96 envió el oficio No. 4556 al Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, que en fotocopia certificada corre agregado a foja 13 del expediente relativo a la presente contradicción de tesis, cuyo contenido es el siguiente:

"En los autos relativos al juicio de amparo directo número 610/96, se dictó un auto que a la letra es como sigue: Auto: ‘Mazatlán, Sinaloa, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis. Visto lo de cuenta; fórmese expediente, regístrese, acúsese recibo y al efecto se provee:-Del escrito que suscribe Sergio Torrijos Garduño, se desprende que promueve demanda de amparo contra actos del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que hace consistir en la resolución de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y seis dictada dentro del toca penal número 1596/96-III, relativo al recurso de apelación interpuesto por el propio Sergio Torrijos Garduño y su defensor particular, en contra de la resolución de dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y seis dictada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado con sede en Mazatlán, Sinaloa, en los autos del proceso penal número 139/95, en la que se declaró infundado el incidente no especificado de sustitución de la pena privativa de la libertad por trabajo en favor de la comunidad, promovido por el nombrado quejoso y, por ende, se negó el beneficio de la sustitución de la pena solicitado por el citado quejoso. Ahora bien, es claro que la interlocutoria precisada en el párrafo precedente, no constituye una sentencia definitiva en términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, por lo que contra la misma no procede el juicio de amparo directo de conformidad con el artículo 158 y demás relativos del ordenamiento legal citado; en consecuencia, el competente para conocer de la presente demanda de garantías resulta ser un Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional federal declara de plano que no tiene competencia legalmente para conocer de la presente demanda de amparo y ordena remitirla junto con sus anexos y antecedentes, al Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, en turno, residente en esta ciudad, con exclusión del Tercer Tribunal Unitario de este circuito, por ser quien dictó la resolución que constituye el acto reclamado, para que se avoque a su conocimiento y resolución; solicitándose al Magistrado del Tribunal Unitario que le toque, informe lo conducente a este Tribunal Colegiado.’."

TERCERO. Por lo que atañe a las consideraciones sustentadas, con relación a la contradicción de tesis en análisis, por parte del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, se hace la reseña que sigue:

A) El indicado Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar la queja civil número 353/95, en lo conducente expuso lo que a continuación se transcribe:

"... PRIMERO. Este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, es competente para resolver el presente recurso de queja, atento a lo establecido en los artículos 95 fracción VI en relación con el 99 de la Ley de Amparo; 37, fracción III y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. El auto materia de la queja es del tenor literal siguiente: ‘México, Distrito Federal, a veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y cinco. Vista la demanda de cuenta promovida por la Antonio Hernández Otero, por su propio derecho, contra actos del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en este juzgado con el número A-453/95-III. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que este juzgado no es competente para conocer de la misma en base a las siguientes razones: La parte quejosa señala como autoridad responsable al Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, reclamando la sentencia dictada en el toca 57/95-I, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por Teléfonos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del auto de treinta y uno de mayo del año en curso dictado por el Juez Primero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, en el expediente 75/94, relativo al juicio ordinario civil seguido por el peticionario de garantías en contra de Telmex. Al respecto, el artículo 29, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone: (se transcribe). De lo expuesto, es evidente que este juzgado es incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por Antonio Hernández Otero, en razón de que el acto reclamado proviene de un Tribunal Unitario de Circuito, por lo que con apoyo en el artículo antes mencionado, se ordena remitir el presente expediente al Tribunal Unitario del Segundo Circuito en turno en la Ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, por ser el más próximo a la residencia del Primer Tribunal Unitario responsable, de acuerdo a la distancia y a la facilidad de las comunicaciones, fórmese cuaderno de antecedentes con copia simple de la demanda y del presente proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.’. TERCERO. Como motivo de agravio la parte recurrente expresa el que sigue: ‘La responsable contraviene en perjuicio del suscrito lo dispuesto en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley de Amparo el cual es aplicable en la especie al juicio de garantías interpuesto por el suscrito asimismo aplica de manera inexacta el artículo 29 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación toda vez que se basa en dicho ordenamiento para sustentar la incompetencia a la que se encuentra sujeta y la remisión de los autos al Tribunal Unitario en turno del Segundo Circuito. La fracción I del artículo en comento dispone entre otras cosas que los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios de Circuito, que no constituyan sentencia definitiva en los términos de lo previsto por la Ley de Amparo, respecto de los juicios de amparo indirectos promovidos ante Juez de Distrito, en esos casos el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Es inaplicable la fracción I del artículo 29 multicitada toda vez que tal y como lo manifiesta públicamente será competente el Tribunal Unitario en los términos de lo previsto de la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto, esto es nos debemos ajustar a lo dispuesto en dicha Ley de Amparo la cual contempla la competencia del juicio de amparo en contra de las resoluciones de los Tribunales Unitarios otorgándoles competencia a los Juzgados de Distrito, hasta el momento no existe reforma alguna que permita determinar que los Juzgados de Distrito son incompetentes para conocer de la demandas de amparo indirecto no obstante que existe una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la cual nos remite a los términos previstos a la Ley de Amparo. Es inaplicable también la fracción I del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal toda vez que esta reforma únicamente se contempló para la materia penal tal y como lo marca la fracción XII del artículo 107 constitucional la cual establece que la violación a las garantías contenidas en los artículos 16, 19 y 20 en materia penal se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda en consecuencia, no cabe la aplicabilidad hecha por la responsable del artículo 29 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal en consecuencia solicito se admita el presente recurso de queja, ordenándose se de trámite y en su oportunidad se resuelva ordenan

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4884-7d610442/competencia-para-conocer-de-amparo-indirecto-contra-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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