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Modo: Corpus Pro

SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE POR EL JUZGADOR, SIEMPRE Y CUANDO LA PENA NO EXCEDA DE LA PREVISTA EN LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN ESE PRECEPTO Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DEMÁS PREVENCIONES ESPECIALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17625
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, , Pág. 137.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de marzo de dos mil tres.

Vistos; para resolver, los autos del expediente citado al rubro, relativo a la probable contradicción de criterios, entre los sustentados por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver, el primero de los mencionados, el amparo directo penal 1695/2002 -dando origen a la tesis de rubro: "SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. DEBEN OTORGARSE DE ACUERDO A LOS LÍMITES DE PENALIDAD Y NO INDISTINTAMENTE."-; y el segundo, los amparos directos penales 158/96, 241/96, 312/96, 321/96 y 338/96 -originando la tesis de rubro: "SUSTITUCIÓN DE LA PENA, BENEFICIOS DE LA. PUEDEN OTORGARSE INDISTINTAMENTE, SIEMPRE Y CUANDO LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO EXCEDA DE LA PREVISTA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN VIGOR."-; denuncia efectuada por la Magistrada presidenta del cuerpo jurisdiccional federal referido en primer término; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de agosto de dos mil dos, la Magistrada presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunció la posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por ese cuerpo jurisdiccional federal y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en los términos siguientes:

"Los suscritos, Magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, presidenta María Eugenia Estela Martínez Cardiel, Horacio Armando Hernández Orozco y el secretario de tribunal en funciones de Magistrado, licenciado Enrique Magaña Díaz; con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, nos permitimos denunciar la posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por este órgano colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. En efecto, este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con motivo de la ejecutoria pronunciada el diez de julio de dos mil dos, en el juicio de amparo directo 1695/2002, aprobó, por unanimidad, la tesis siguiente: ‘SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. DEBEN OTORGARSE DE ACUERDO A LOS LÍMITES DE PENALIDAD Y NO INDISTINTAMENTE.’ (se transcribe). Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito sustenta la jurisprudencia III.2o.P. J/4, publicada en la página 346, Tomo IV, diciembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘SUSTITUCIÓN DE LA PENA, BENEFICIOS DE LA. PUEDEN OTORGARSE INDISTINTAMENTE, SIEMPRE Y CUANDO LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO EXCEDA DE LA PREVISTA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN VIGOR.’ (se transcribe). Consecuentemente, denunciamos ante la Primera Sala de este Alto Tribunal, que dignamente usted preside, la posible contradicción de tesis, a fin de que, de estimarlo procedente, se resuelva cuál debe prevalecer sobre ese particular. Para tal efecto, acompañamos copia certificada de la ejecutoria emitida por este órgano colegiado, en el juicio de amparo directo 1695/2002, así como su contenido en el disco correspondiente. Sin otro particular, reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida consideración ..."

SEGUNDO. En acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil dos, el Ministro presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandó formar y registrar el expediente relativo, bajo el número 101/2002-PS, y requerir a los presidentes de los Tribunales Colegiados mencionados para que remitieran copia certificada de las sentencias en las que sostuvieron sus criterios; lo que se desahogó a través de los oficios 96/2002 y 1318 recibidos, respectivamente, los días doce y treinta de septiembre de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TERCERO. Al considerar debidamente integrado el expediente, la Presidencia en funciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en proveído de dos de octubre de dos mil dos ordenó dar vista al titular de la Procuraduría General de la República, para los efectos del artículo 197-A de la Ley de Amparo -quien expresó su parecer por conducto del agente del Ministerio Público de la Federación designado, en el sentido de que sí existe la contradicción de criterios y que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito-, y en diverso dictado el dos de diciembre del año retropróximo, turnar los autos para su estudio y emisión del proyecto de resolución, a la ponencia del señor Ministro Juventino V. Castro y Castro.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se refiere a una denuncia de probable contradicción de criterios, sostenidos por Tribunales Colegiados de Circuito, respecto de un planteamiento jurídico en materia penal.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, debido a que fue formulada por la Magistrada presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, es decir, uno de los órganos jurisdiccionales que emitieron los criterios probablemente antagónicos; denuncia efectuada en los términos que quedaron anotados en el primer resultando de este fallo.

TERCERO. Previamente al análisis de la cuestión fundamental del negocio, resulta necesario determinar si, en la especie, se actualizan o no los presupuestos para la procedencia de una controversia de criterios para, en su caso, estar en aptitud de establecer cuál debe prevalecer con el carácter de tesis de jurisprudencia.

Para tal efecto, debe tomarse en consideración lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo que, conducentemente, expresan:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. ..."

De la interpretación armónica de las transcripciones precedentes se puede concluir que para la existencia de un conflicto de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tendrá por objeto, en su caso, decidir qué tesis debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."

En el caso específico se cumple con los requisitos mencionados, circunstancia que conduce a establecer que sí existe la contradicción de tesis denunciada.

Se llega a la anterior determinación, al destacar el sentido de los razonamientos jurídicos sostenidos por los Tribunales Colegiados en conflicto, dentro de las resoluciones que dieron origen a los criterios que, se estima, se contraponen:

1. En lo referente al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resalta:

Que en fecha diez de julio de dos mil dos resolvió, por unanimidad de votos, el amparo directo penal 1695/2002, promovido por ... sustentando las consideraciones que, en lo interesante, expresan:

"QUINTO. Los conceptos de violación expresados por la quejosa ... son infundados e inatendibles ... De lo antes transcrito, este Tribunal Colegiado advierte que el tribunal responsable correctamente y en forma pormenorizada, al haber hecho suyos los razonamientos del a quo, atendió lo dispuesto, para ese efecto, en los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, es decir, las circunstancias exteriores de ejecución del hecho delictivo, así como las peculiares de la enjuiciada, además se apreciaron globalmente ponderándose debidamente los aspectos benéficos con aquellos que le resultaron en su perjuicio, que permitieron al tribunal responsable confirmar el grado de culpabilidad mínimo considerado por el Juez de primer grado. En tal virtud, igualmente con atingencia y legalidad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 250 del Código Penal Federal, que establece una pena de uno a seis años y multa de cien a trescientos días, le impuso a la impetrante del amparo ... por el delito de usurpación de profesión, las penas de un año de prisión y cien días multa. Sobre el particular, este Tribunal Colegiado estima que por cuanto hace a las penas que le fueron impuestas a la peticionaria de garantías, al haber sido aplicadas las sanciones mínimas previstas en el artículo 250 del Código Penal Federal, no se transgreden sus derechos públicos subjetivos. Resulta aplicable la jurisprudencia 247, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 183, Tomo II, Materia Penal, relativo a jurisprudencia, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: ‘PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS.’. Con relación directa a lo antes expuesto, debe decirse que no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que indebidamente el tribunal responsable redujo un día multa de la sanción pecuniaria impuesta a la quejosa ... es decir, le impuso noventa y nueve días, equivalentes a dos mil novecientos ochenta y nueve pesos con ochenta centavos considerando, para ello, que el a quo incorrectamente aplicó el salario mínimo general vigente en el momento de los hechos, de treinta pesos con veinte centavos, pero al no existir oposición a ese respecto por parte del representante social, debería continuarse atendiendo a ese salario y no a la percepción diaria neta de la sentenciada, pero descontando, además, un día que ésta permaneció privada de su libertad con motivo de los hechos delictivos de que se trata; lo cual, sólo es procedente tratándose del beneficio sustitutivo de la multa a que se refiere el artículo 70, fracción III, del Código Penal Federal y, por ello, tal determinación obviamente resulta indebida, pues el Tribunal Unitario responsable, con ese razonamiento, aplicó una compensación no prevista en el precepto legal aplicable, sin embargo, como tal situación es benéfica a la impetrante del amparo, debe permanecer en sus términos; circunstancia que, consecuentemente, se reflejó en noventa y nueve días de jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad, como también lo determinó el tribunal responsable, con fundamento en los artículos 27, párrafo tercero, quinto y sexto; así como 29, párrafos cuarto y quinto, del Código Penal Federal; y 66 de la Ley Federal del Trabajo. Por cuanto a la absolución de la pena pública de la reparación del daño, al tratarse de un ilícito de peligro carente de resultado material, es indiscutible que esta determinación resultó benéfica para la ahora quejosa. Por otra parte, este Tribunal Colegiado advierte que el tribunal responsable le otorgó a la peticionaria de garantías, el beneficio de la sustitución de la pena de prisión por multa de diez mil novecientos noventa y dos pesos con ochenta centavos, lo que resulta apegado a derecho, pues en ese sentido, sí es correcto que deba descontarse el día de la prisión preventiva a que estuvo sujeta la impetrante del amparo, por lo que además, es atinado que considerara que la pena de prisión impuesta lo era de un año y efectuó el cómputo correspondiente, teniendo en cuenta el salario mínimo vigente en el momento de los hechos, es decir, treinta pesos con veinte centavos, descontando ese día que la quejosa permaneció en prisión preventiva, con lo que dio cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 70, fracción III, en relación con el numeral 29, ambos del Código Penal Federal. Además, a elección de la propia ... también le sustituyó la pena de prisión por trabajo a favor de la comunidad, consistente en la prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas, educativas o de asistencia social, o en instituciones privadas o asistenciales, por el término de trescientos sesenta y cuatro días; asimismo, le otorgó el beneficio sustitutivo de semilibertad o tratamiento en libertad consistente, este último, en medidas laborales, educativas y curativas, autorizadas en la ley, conducentes a la readaptación social de la ahora quejosa, con fundamento en el artículo 70, fracciones I y II, en relación con el numeral 29, ambos del Código Penal Federal. Por cuanto se refiere a los sustitutivos de la pena de prisión impuesta, por trabajo a favor de la comunidad, semilibertad o tratamiento en libertad, este Tribunal Colegiado estima indebida su concesión y no comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la jurisprudencia III.2o.P. J/4, publicada en la página 346, Tomo IV, diciembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, invocada por el Tribunal Unitario responsable, de rubro: ‘SUSTITUCIÓN DE LA PENA, BENEFICIOS DE LA. PUEDEN OTORGARSE INDISTINTAMENTE, SIEMPRE Y CUANDO LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO EXCEDA DE LA PREVISTA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN VIGOR.’; lo anterior en atención a las consideraciones siguientes: Dicho precepto contempla tres hipótesis diversas de acuerdo con el monto de la pena impuesta pues, literalmente, establece: ‘Artículo 70. La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes: I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cuatro años; II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de tres años; o III. Por multa, si la prisión no excede de dos años. ...’. Además, como presupuesto para que el juzgador pueda aplicar cualquiera de estos sustitutivos, establece como requisitos indispensables que no se trate de un sujeto al que anteriormente se le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio. Ahora bien, de la interpretación de las hipótesis transcritas, se advierte con claridad que si el legislador estableció en cada una de ellas un límite de penalidad para su procedencia, debe entenderse que si a un sentenciado se le impuso una pena que no excede de dos años de prisión, como sucede en el caso, en el que a la quejosa ... el Tribunal Unitario responsable le impuso la pena de un año de prisión, al confirmar la impuesta por el Juez de primer grado, es evidente que el sustitutivo que debió otorgársele es el de multa a que se refiere la fracción III del artículo 70 del Código Penal Federal, y no el de jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad, semilibertad o tratamiento en libertad previstos, los dos primeros, en la fracción I, y el último en la II del mismo numeral. Se afirma lo anterior, en virtud de que aun cuando en el primer párrafo de dicho precepto se establece que la prisión podrá ser sustituida a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52; sin embargo, no prevé que pueda optar indistintamente por cualquiera de los sustitutivos que contempla pues, de ser así, no tendría objeto que el legislador hubiese señalado límites específicos de penas para cada uno de los sustitutivos precisados. Por tanto, si en la sentencia reclamada la pena de prisión impuesta a la quejosa no excede de dos años, debió haber sustituido el Tribunal Unitario responsable el año de prisión por multa. En caso de que hubiera sido sancionada con una pena privativa de libertad que no excediere de tres años (pero sí de dos), el sustitutivo que le correspondería sería por tratamiento en libertad (fracción II); y si no hubiera excedido de cuatro años (pero sí de tres), entonces podría sustituirse por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad (fracción I). Lo anterior, en virtud de que en la exposición de motivos de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno, que dio origen a la reforma del artículo 70 del Código Penal para el Distrito Federal, en aquella época, también aplicable para toda la República en materia del fuero federal, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre del mismo año, en vigor al día siguiente, se señaló lo siguiente: ‘... Por lo que hace a la pena sustitutiva de prisión, para poder conceder este beneficio a mayor número de sentenciados, se permite al Juez sustituir la pena de prisión, cuando ésta no exceda de tres, cuatro o cinco años, por multa, tratamiento en libertad o trabajo en favor de la comunidad, respectivamente. En esta iniciativa se ha tomado en consideración que, para que el juzgador pueda otorgar sustitutivos penales, debe basarse en criterios de baja peligrosidad del individuo, favoreciendo aquellos casos en que se trata de la primera vez que delinque la persona y que por sus antecedentes y modo de vida, se pueda presumir que no se sustraerá a la acción de la justicia y que no volverá a delinquir. ...’. De lo antes transcrito, claramente se advierte que el legislador consideró que el beneficio sustitutivo de la pena de prisión debía concederse respectivamente, de acuerdo a la penalidad impuesta a la sentenciada, es decir, por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena no excedía de cinco años (fracción I); por tratamiento en libertad, si no excedía de cuatro años (fracción II), o por multa, si no excedía de tres años (fracción III). También debe destacarse que aun cuando mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de mayo de mil novecientos noventa y seis, en vigor al día siguiente, ese precepto fue reformado en el contenido de esas tres fracciones, ello sólo tuvo por objeto reducir los años a que se referían cada una de ellas, pues en la fracción I se redujo el límite de la pena de cinco a cuatro años de prisión; en la II de cuatro a tres años, y en la III de tres a dos años. Pero en la exposición de motivos correspondiente a esa reforma no se hizo alusión alguna a que dichos beneficios deberían o podrían otorgarse indistintamente, por lo que este Tribunal Colegiado considera que debe atenderse a la exposición de motivos que le dio origen a esos beneficios, es decir, su otorgamiento debe ser de acuerdo a la penalidad que, como máximo, establece en cada una de sus tres fracciones el artículo 70 del Código Penal Federal, o sea, respectivamente. En consecuencia, este Tribunal Colegiado considera que, en la especie, debió concederse a la quejosa ... exclusivamente el beneficio de la sustitución de la pena impuesta por multa, de conformidad a lo que establece la fracción III del artículo 70 del Código Penal Federal; pero en virtud de que, como se dijo, el Tribunal Unitario responsable concedió los diversos beneficios a que se ha hecho alusión, a elección de la propia impetrante del amparo, es obvio que dicha determinación no vulnera sus derechos públicos subjetivos, por lo que deberá permanecer en sus términos. También debe señalarse que la autoridad responsable ordenadora legalmente le concedió a la impetrante del amparo ... el beneficio de la condena condicional o suspensión condicional de las penas, previa garantía por la cantidad de diez mil pesos, pues ello resulta correcto, en virtud de que se fijó tomando en consideración que dicha suma es igual a la que le fue fijada por el Juez de primer grado, para el disfrute del beneficio de la libertad provisional bajo caución que le concedió. Finalmente, es de señalarse que fue ajustado a derecho que se amonestara a la quejosa ... para prevenir su reincidencia, por ser consecuencia legal de toda sentencia condenatoria, en términos de los artículos 42 del Código Penal Federal y 528 del Código Federal de Procedimientos Penales. En consecuencia, al no resultar violatoria de garantías la sentencia reclamada, ni advertirse deficiencia alguna en la queja que se deba suplir de oficio, procede negar a ... el amparo y protección de la Justifica Federal que solicita ..."

La ejecutoria que antecede dio origen a la tesis siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVI, septiembre de 2002

"Tesis: I.5o.P.27 P

"Página: 1462

"SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. DEBEN OTORGARSE DE ACUERDO A LOS LÍMITES DE PENALIDAD Y NO INDISTINTAMENTE. Los diversos sustitutivos de la pena de prisión contemplados en las tres fracciones del artículo 70 del Código Penal Federal deben otorgarse, respectivamente, según la penalidad impuesta al sentenciado y no indistintamente, en atención a que aun cuando mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de mayo de mil novecientos noventa y seis, en vigor al día siguiente, ese precepto fue reformado en el contenido de sus tres fracciones, ello sólo tuvo por objeto reducir el límite máximo de los años de prisión a que se refería cada una de ellas, pues en la fracción I se redujo de cinco a cuatro años; en la II, de cuatro a tres años; y, en la III, de tres a dos años, sin que en la exposición de motivos correspondiente a esa reforma, se haya hecho alusión alguna a que los beneficios que contemplan esas fracciones deban concederse indistintamente, por lo que debe atenderse a la exposición de motivos de la reforma anterior, es decir, del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre del mismo año, en vigor al día siguiente, en la que se señaló que para conceder los beneficios de la sustitución de la pena de prisión a un mayor número de personas, el Juez puede concederlos ‘respectivamente’; por tanto, si el legislador estableció un límite de años en cada una de las hipótesis que contempla dicho precepto legal para hacer factible esos sustitutivos, no es procedente considerar que éstos puedan otorgarse a juicio del juzgador ‘indistintamente’; de ahí que si al sentenciado se le impone una pena que no excede de dos años de prisión, el sustitutivo que se le puede otorgar es el de multa (fracción III); si la pena privativa no excede de tres años (pero sí de dos), sería por tratamiento en libertad (fracción II); y si no hubiera excedido de cuatro años (pero sí de tres), entonces, podría sustituirse por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad (fracción I)."

2. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito resolvió los amparos directos 158/96, 241/96, 312/96, 321/96 y 338/96 promovidos, respectivamente, por ... en sesiones de veinte de junio, veintinueve de agosto, dieciocho y veinticuatro de octubre y siete de noviembre, todos de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de votos; sus consideraciones son, en lo conducente, respectivamente, las siguientes:

Amparo directo penal 158/96.

"CUARTO. Los conceptos de violación transcritos son sustancialmente fundados, suplidos en lo conducente su deficiencia, en términos del artículo 76 bis, fracción II, d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17625-583b6666/sustitucion-de-la-pena-de-prision-los-beneficios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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