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Modo: Corpus Pro

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/94. · Registro digital (IUS): 5177
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, , Pág. 449.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: RODOLFO BANDALA ÁVILA.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El texto de la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, es el siguiente:

"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO SE DA, ES OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL ANALIZAR OFICIOSAMENTE SI SE LLAMÓ A JUICIO A TODOS LOS INTEGRANTES DEL.-Cuando se reclama por un tercero la nulidad de una compraventa y de la escritura donde se protocolizó, sin demandarse a la persona que aparece como vendedor, ni al notario que realizó la protocolización, no obstante darse la figura jurídica del litisconsorcio pasivo necesario, no puede dictarse sentencia que declarare la nulidad, porque no han sido llamados a juicio todos los que tienen interés en el mismo, ya que las partes vendedora y compradora, así como el notario, se encuentran vinculadas en la relación jurídica que generó el contrato y su protocolización, por lo que no sería posible decretar la nulidad únicamente respecto de la compradora, única llamada a juicio, debiéndose, por ende, dar oportunidad de intervenir a todos en juicio, para que así puedan hacer valer las defensas pertinentes y puedan quedar obligadas legalmente por la sentencia que sobre el particular llegara a dictarse, porque si se pronunciara sentencia con relación a una sola persona, no tendría por sí misma ningún valor, ni podría resolver legalmente la litis. Estas circunstancias llevan a considerar que el tribunal de alzada puede de oficio analizar si se llamó a juicio a los integrantes del litisconsorcio pasivo necesario, a fin de resolver lo conducente, aun cuando nada se alegue sobre el particular en los agravios."

El referido Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo 1263/94, promovido por Pedro Galicia Noguerón o Castañeda y otras, por unanimidad de votos, en sesión de veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, textualmente sostuvo:

"CUARTO.-Los conceptos de violación expresados por los quejosos, los cuales serán sintetizados, son infundados.

"En efecto, los amparistas alegan fundamentalmente, que la resolución impugnada viola sus garantías ...

"... Los argumentos anteriores que se expresaran a título de conceptos de violación son infundados, dado que, contrariamente a las manifestaciones de los amparistas, en el caso que nos ocupa no se actualizan las violaciones a los artículos 402 y 403 del código procesal civil, ni por ende, a los artículos 14 y 16 de la Carta Magna que se reclaman, tomando en cuenta que la Sala responsable valoró con apego a derecho todas y cada una de las probanzas aportadas al juicio por los demandados reconvencionistas, a efecto de acreditar su acción reconvencional y el incidente de falsedad de documentos que hicieron valer. Lo anterior es así, ya que es falso que la Sala responsable hubiese omitido tomar en cuenta la prueba confesional a cargo de Ladislao Isabel Galicia Castañeda, desahogada en la audiencia de quince de junio de mil novecientos ochenta y nueve (fojas 383 a 387 vuelta del tomo I del cuaderno de primera instancia, no existiendo audiencia de diecinueve de junio de ese año), en la que, dicen los quejosos, reconoció haber realizado trámites tendientes a la inscripción en el Registro Público de la Propiedad a nombre de su hermana María Galicia viuda de Noguerón, después del diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y cinco; que reconoció haber hecho aparecer que celebró el contrato de compraventa de fecha dos de mayo de mil novecientos setenta y nueve así como la ratificación de firmas de siete de mayo del mismo año; puesto que la responsable desestimó la probanza a que se ha hecho referencia por estimar que no se acreditó de conformidad con lo establecido por el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles, que la partida 379 a fojas 220 vuelta, volumen de contratos privados de Xochimilco, tomo 20, sección quinta de fecha veintitrés de mayo de mil novecientos treinta y tres (bolsa de plástico), donde se asentó que la venta celebrada entre Severo Galicia Martínez y María Galicia viuda de Noguerón, hubiese sido falsa, puesto que el actor, tercero perjudicado, en ningún momento reconoció haber hecho aparecer haber realizado trámites tendientes a inscribir en el Registro Público de la Propiedad a nombre de su hermana María Galicia, el contrato de compraventa que celebró con Severo Galicia, pues al desahogarse la probanza de mérito, el actor tercero perjudicado exclusivamente manifestó que desconocía que existieran antecedentes registrales a nombre de María Galicia, y ello, como acertadamente lo manifestó la Sala responsable, no implica que hubiese reconocido haber sobornado a los funcionarios del Registro Público de la Propiedad para obtener la inscripción aludida y hacer aparecer que la misma fue realizada el dos de mayo de mil novecientos setenta y nueve. Lo anterior, independientemente de que la propia María Galicia, en la averiguación previa número SC/8338/988 (foja 449 del cuaderno de primera instancia), hubiese manifestado que cuando le compró el predio en conflicto a su padre Severo Galicia, el contrato fue privado y no se inscribió en el Registro Público de la Propiedad, ya que las declaraciones de dicha persona, no pueden ser tomadas en cuenta, atendiendo a la circunstancia de que tales manifestaciones provienen de una persona de edad avanzada, pues a la fecha en que declaró ante la Agencia del Ministerio Público contaba con 84 años, y de la fecha en que fue celebrado el contrato a la en que se rindió su testimonio habían transcurrido aproximadamente 56 años, por lo que es imposible que dicha persona pudiera recordar con precisión determinados acontecimientos que sucedieron entre mil novecientos treinta y dos y mil novecientos treinta y tres, motivo por el cual ni de su testimonio ni de la confesión del actor puede presumirse que el mismo incurrió en la falsificación del registro aludido.

"Cobra vigencia al respecto, por analogía la tesis sostenida por el más Alto Tribunal de la Nación, publicada en el Volumen XII del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Cuarta Parte, página 124, la cual es del tenor literal siguiente: ‘CONFESIÓN DE ANCIANOS.’ (se transcribe).

"Por otra parte, con la posición décima tercera a que se refieren los amparistas, tampoco se acredita que los documentos impugnados y la inscripción correspondiente sean falsos, pues, como lo manifestó la Sala responsable con acierto, el expediente número 3279/85, relativo al juicio ordinario civil seguido por Ladislao Isabel Galicia Castañeda contra Pedro Galicia Castañeda y otras personas (fojas 176 a 322), se refiere a un juicio interdictal para recuperar la posesión en el que no se hacía necesario exhibir título de propiedad alguno, puesto que el conflicto tenía como objetivo principal precisamente recuperar la posesión del predio en conflicto, cuyos elementos de procedencia, como acertadamente lo señaló la Sala responsable, son: que quien lo intente haya tenido la posesión jurídica o derivada del bien inmueble, que el demandado sin orden de ninguna autoridad haya despojado al actor de esa posesión y que la acción se deduzca dentro del año siguiente a la fecha en que se sucedieron los actos violentos o las vías de hecho causantes del despojo. Ello de conformidad con lo establecido por los artículos 17 y 18 del Código de Procedimientos Civiles y la tesis de jurisprudencia 1026 publicada en la página 1646 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, con el rubro: ‘INTERDICTO DE RECUPERAR. ELEMENTOS DE LA ACCIÓN.’, por lo que ninguna obligación tenía el actor de exhibir en el referido juicio título de propiedad alguno, y, por ello, no tenía por qué hacer referencia a ese título, motivo por el cual no se actualiza la presunción de nulidad a que se refieren los quejosos, en el sentido de que a la fecha en que se promovió el juicio interdictal no existiera el título de propiedad exhibido como base de la acción y que, por ello, se presuma su falsedad, por no existir el mismo cuando el autor promovió el juicio a que se ha hecho alusión, por lo que deviene infundada tal alegación.

"En relación con la violación constitucional en que dicen los quejosos incurrió la responsable, al ocuparse del estudio de la posición sexagésima que absolvió el actor reconvenido, en la que, aceptó haber hecho aparecer que compareció al Juzgado Mixto de Paz a ratificar el contrato de referencia, violación en que incurrió al considerar que esa pregunta fue capciosa y que la misma no lleva a estimar que la ratificación sea falsa y que tal respuesta no pueda corroborarse con el dicho de la testigo María Galicia, rendido ante la Agencia del Ministerio Público en la averiguación previa SC/8338/988, tal violación es inexistente, porque el tercero perjudicado en ningún momento reconoció haber aparentado comparecer al Juzgado Mixto de Paz de referencia a ratificar el contrato base de la acción, puesto que si bien la respuesta que emitió a la posición 60 (fojas 489) fue en los siguientes términos: (fojas 493 vuelta) ‘60. Que sí es cierto que el de la voz hizo aparecer haber comparecido al Juzgado Trigésimo Quinto Mixto de Paz a ratificar el contrato privado de compraventa de dos de mayo de mil novecientos setenta y nueve, aclarando que desde esa fecha es propietario del terreno porque tiene escritura pública inscrita en el Registro Público.’, de su respuesta, como lo consideró la Sala responsable, no puede deducirse que la ratificación sea falsa y que tal respuesta se corrobore con el dicho de María Galicia rendido ante el Ministerio Público en la averiguación previa SC/8338/988, ya que, como se manifestó con antelación, el testimonio de María Galicia no puede ser tomado en consideración atentas las razones ya expuestas, independientemente de que la pregunta formulada por los demandados, hoy quejosos, como lo expresó la Sala, era capciosa, ya que en la forma en que fue planteada no conducía a obtener una respuesta categórica a la misma, ya que fue formulada en los siguientes términos: ‘60. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que usted hizo aparecer haber comparecido al Juzgado 35o. Mixto de Paz a ratificar el contrato privado de compraventa de 2 de mayo de 1979.’; además, la testigo Juana Hernández García (foja 503), manifestó haber presenciado la celebración del contrato base de la acción y aceptó haber concurrido ante el Juez Mixto de Paz el siete de mayo de mil novecientos setenta y nueve a identificarse, en razón de que ella firmó como testigo el contrato de compraventa celebrado entre María Galicia y Ladislao Isabel Galicia, elementos que desvanecen y echan por tierra la presunción a que se refieren los quejosos, en el sentido de que nunca se celebró la ratificación de fecha siete de mayo de mil novecientos setenta y nueve ante el Juez Trigésimo Quinto Mixto de Paz y que el registro correspondiente sea falso debiendo agregarse que la confesión debe tomarse en su integridad y no sólo posiciones aisladas, por lo que si bien es verdad que al absolver el actor las posiciones 10, 13, 14 y 15, dijo ser cierto que después del treinta de mayo de mil novecientos ochenta y seis había realizado trámites para inscribir a nombre de su hermana el terreno en litigio; que no había hecho referencia al contrato de compraventa de mil novecientos setenta y nueve en su diversa demanda relativa al juicio interdictal de recuperar la posesión, y que había hecho aparecer haber celebrado y ratificado dicho pacto en las fechas que se mencionan, sin embargo, al desahogarse las posiciones 23, 24 y 25 (fojas 387) fue categórico al aseverar que no era cierto que hubiera elaborado el contrato de dos de mayo de mil novecientos setenta y nueve después del diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, sino que compró el terreno en la fecha en que se celebró el contrato, o sea el dos de mayo de mil novecientos setenta y nueve, y no en el año de mil novecientos ochenta y cinco; indicando que desde el dos de mayo indicado ha tenido el contrato, negando que después del diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y cinco hubiera hecho gestiones ante el director del Registro Público de la Propiedad para inscribir a nombre de su hermana el terreno en cuestión; las posiciones 16 y 17 se refieren a lo que manifestó el actor en su escrito de diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, relativo a la demanda interdictal. Por tanto, no existe la confesión a que aluden los quejosos, que les beneficie.

"En otro orden de ideas, por lo que hace al testimonio de Juana Hernández García, debe decirse que tampoco se actualiza en el caso la violación constitucional de que se duelen los quejosos en cuanto a su valoración, ya que resulta falso que la testigo no hubiese manifestado que reconoció su firma ante el Juez Mixto de Paz, porque la protocolización que hizo el notario público del contrato base de la acción sólo implica copiar el contenido del mismo, pero no la veracidad de los hechos contenidos en dicha constancia pública y que la testigo hubiese declarado sobre hechos diferentes; lo anterior es así, tomando en cuenta que Juana Hernández Galicia, al rendir su testimonio, manifestó haber presenciado la celebración del contrato de compraventa aludido y que acudió ante el Juez Mixto de Paz a identificarse, lo que implica que ella ratificó su firma ante dicho juzgador y que no es aparente tal ratificación de las firmas de quienes intervinieron, por lo que no se puede manifestar que haya testificado sobre hechos diferentes y que de tal testimonio se infiera que resultó falso que el contrato de compraventa hubiese sido ratificado ante el Juzgado Mixto de Paz, porque se presuma que la ratificación de siete de mayo de mil novecientos setenta y nueve se refiera a la protocolización que se hizo ante el notario público de Chalco, y mucho menos que tal cuestionamiento se corrobore con el informe que rindió el Juez Trigésimo Quinto Mixto de Paz en el oficio fechado el día diecinueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve (foja 397), en el que se hizo saber al Juez a quo que no se encontró copia de la ratificación a que se alude, puesto que de tal oficio, como lo manifestó con acierto el tribunal ad quem, sólo se desprende que no se encontró copia de dicha ratificación, pero ello no implica, de ningún modo, que no se hubiese realizado la misma, puesto que al no haberse examinado el registro correspondiente en el libro de gobierno que administrativamente existe para tal efecto, el oficio aludido no acredita la falsedad o inexistencia de la ratificación del contrato base de la acción.

"Por otro lado, en relación con el informe que rindió el secretario de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (fojas 367 y 368), se debe decir que tampoco es apto para acreditar la falsedad de la ratificación del registro del contrato de mérito, puesto que aun cuando en el referido informe se haga la aclaración de que los Jueces Mixtos de Paz no contaban con facultades para ratificar contratos de compraventa al mes de marzo de mil novecientos ochenta, por no existir inmuebles con valor de quinientos pesos, tales lineamientos no son aplicables al caso, dado que la ratificación correspondiente se realizó el siete de mayo de mil novecientos setenta y nueve, por lo que el Juez Trigésimo Quinto Mixto de Paz no se encontraba sujeto a tal disposición, aun cuando los quejosos manifiesten que resulta ilógico que para la fecha de referencia no existían inmuebles con valor de quinientos pesos, máxime que el predio de que se trata contaba con una extensión aproximada de un mil ochocientos metros cuadrados, dado que tal alegación carece de relevancia, al no acreditarse en autos la falsedad del contrato de compraventa que se invoca, por lo que de ninguna manera se puede presumir que el mismo se hubiese elaborado después del día treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y seis, específicamente para demandar la acción principal del juicio natural que nos ocupa.

"También carecen de veracidad los reclamos de los peticionarios de garantías, cuando esgrimen que el tribunal ad quem pasó por alto las declaraciones de María Galicia viuda de Noguerón, Ladislao Isabel Galicia Castañeda, Celia Castañeda Mancilla de Galicia y Juana Hernández García, rendidas en la averiguación previa SC/8338/988 (fojas 449 a 458) tendientes a acreditar la inexistencia del contrato de compraventa base de la acción, puesto que dicen, dichas personas no fueron coincidentes en sus declaraciones, ya que la primera de ellas declaró que el contrato se celebró en la casa ubicada en Quintana Roo número ocho y que el precio fue de doscientos pesos y que fue celebrado sólo entre el comprador, su esposa y ella y que no recuerda si se registró; respuestas que no coinciden con las otorgadas por las otras tres personas, puesto que Ladislao Isabel Galicia y su esposa Celia Castañeda manifestaron que el contrato se celebró en la Delegación de Tláhuac y que fue mecanografiado, aclarando ésta que después de haber sido firmado el contrato por su esposo, su cuñada y los testigos Juana Hernández y Julio Romero pasaron al juzgado a ratificar sus firmas; de donde se desprende, dicen, que no puede considerarse como válida la voluntad de los contratantes porque sus respuestas no fueron coincidentes en el precio, lugar de pago, las personas que intervinieron, la forma y lugar en que se elaboró el contrato de compraventa multirreferido.

"Al respecto, cabe destacar que aun cuando las respuestas de María Galicia son distintas a las del comprador, su esposa y los testigos, aquéllas resultan irrelevantes porque las mismas provienen de una persona de edad avanzada, a la cual fácilmente se le pueden olvidar las circunstancias precisas en que acontecieron los hechos, tal como se ha manifestado con anterioridad; sin embargo, los demás declarantes coincidieron en que el contrato de compraventa fue elaborado a máquina el dos de mayo de mil novecientos setenta y nueve, que fue ratificado ante el Juzgado Trigésimo Quinto Mixto de Paz el día siete del mismo mes y año, que el precio fue de quinientos pesos, y que el contrato de referencia fue protocolizado ante el notario público de Chalco, Estado de México; por lo cual devienen infundadas las alegaciones externadas por los amparistas, independientemente de que también fueron desestimados los argumentos enderezados en contra de los datos registrales relativos al contrato de compraventa celebrado entre Severo Galicia y María Galicia en el año de mil novecientos treinta y dos, resultando irrelevante a la cuestión el hecho de que esta última no hubiese sido viuda de Noguerón en abril de mil novecientos treinta y dos, fecha en que fue celebrado el contrato de compraventa correspondiente, ya que tal dato por sí solo no presume la falsedad de la anotación registral de tres de mayo de mil novecientos treinta y tres y consecuentemente la de mil novecientos ochenta y seis, resultando también irrelevante el alegato enderezado en el sentido de que al no existir documento que acredite la existencia del contrato de compraventa celebrado entre Severo Galicia y María Galicia, la anotación registral carezca de valor alguno por tener simples efectos declarativos, atendiendo a la razón de que como ha quedado de manifiesto, no se acreditó que las inscripciones registrales sean falsas.

"Por último, los amparistas esgrimen que el tribunal ad quem dejó de estudiar las pruebas periciales en materia de grafoscopía, así como los planos de localización expedidos por la Tesorería del Departamento del Distrito Federal; los informes relativos a las cuentas prediales 057-257-06-000 y 057-257-05-000 y los testimonios de Aurelio Reyes López y Jesús Rioja; lo cual es falso, ya que el tribunal de alzada realizó el estudio pormenorizado de cada uno de los elementos de convicción referidos, desestimándolos en cuanto al alcance y valor probatorio en favor de los intereses de los impetrantes, por estimar que, de acuerdo con la lógica y la experiencia, ningún beneficio reportan a favor de los intereses de los inconformes.

"En efecto, la Sala responsable estimó correctamente que en relación con la prueba pericial a que se alude, no se acreditó el incidente de falsedad de documentos ni la nulidad de la escritura base de la acción, toda vez que en los dictámenes de los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal María Antonieta Sandoval Vázquez y Salvador Benítez M. (fojas 467 a 470 del tomo I de primera instancia), al cual se adhirió el actor en el principal (foja 263 del tomo II), consta que la escritura contenida en las partidas 376 y 377 tienen un origen gráfico distinto al de las partidas 378 y 379, pero sin embargo la firma que calzan las cuatro partidas sí fueron ejecutadas por la misma persona, sin que exista técnica alguna confiable que determine la antigüedad de las tintas utilizadas; además de que el perito tercero en discordia Doraye Rueda del Valle (fojas 283 a 295 del segundo tomo del cuaderno de primera instancia) también concluyó que la firma puesta en la partida 379 corresponde al mismo puño y letra de la persona que ejecutó las firmas puestas en las partidas 376 y 377 del volumen aludido; expresando el tribunal responsable las razones por las que negaba eficacia probatoria al dictamen del perito designado en rebeldía de la parte demandada, J. Ignacio Carrillo Toscano (foja 224, tomo II de los autos de primera instancia).

"En relación con los números de cuenta referidos, derivados del informe rendido por el administrador tributario de San Lorenzo Tezonco, Distrito Federal (fojas 390 y 395), el tribunal responsable estimó, con acierto, que no obstante que de las documentales de referencia se desprende que al año de mil novecientos ochenta y nueve la cuenta 057-257-05-000 se refiere a un inmueble de cuatrocientos cuarenta metros cuadrados y la cuenta 057-257-06-000 a uno de mil trescientos treinta y siete metros cuadrados, tales documentos son insuficientes para acreditar la falsedad del documento base de la acción, puesto que los mismos respaldan la venta realizada por Severo Galicia a María Galicia por la superficie de un mil setecientos setenta y cuatro metros cuadrados, la cual le fue trasladada al actor, por lo que si el número de cuenta aludido respalda una superficie menor a la que fue motivo de la compraventa, dicho inmueble también era propiedad del vendedor original, por lo que carece de fuerza legal probatoria para tener por acreditada la falsedad del documento base de la acción y la inscripción correspondiente al informe aludido.

"Sólo resta manifestar que en relación con la prueba testimonial a cargo de Aurelio Reyes López y Jesús Rioja desahogada en la audiencia de veintitrés de enero de mil novecientos noventa (fojas 515 del tomo I del cuaderno de primera instancia), tales atestados fueron desestimados, fundamentalmente, por el tribunal ad quem, en razón de que los hechos sobre los que depusieron los testigos no les constaron de manera directa, puesto que en la razón de su dicho manifestaron que saben que la calidad con que ocupan el inmueble en conflicto los quejosos, es por ser herederos, porque así se los hicieron saber sus respectivos padres (de los testigos), por lo que tales testimonios carecen de veracidad y no pueden ser tomados en cuenta para tener por acreditados los extremos que se pretenden, máxime que los mismos se encuentran encaminados a demostrar algo que no está en duda, como lo es el hecho de si tienen o no la posesión, motivo por el cual fue correcto el proceder de la Sala responsable al negarles valor probatorio, sin que por ello hubiese incurrido en violación alguna a los dispositivos legales que rigen su valoración. No está por demás agregar que, en la hipótesis de que existieran causas de nulidad de la compraventa de dos de mayo de mil novecientos setenta y nueve, de su ratificación, protocolización y correspondiente inscripción en el Registro Público de la Propiedad, no podría declararse la nulidad que se reclamó en la reconvención por los quejosos, en virtud de que no se demandó a la persona que aparece como vendedora ni al notario que realizó la protocolización, ya que únicamente se admitió la reconvención en contra del comprador en el referido contrato, no obstante existir litisconsorcio pasivo necesario, ya que las partes vendedora y compradora, así como el notario se encuentran vinculados en la relación jurídica que generó el contrato, por lo que no sería posible condenar sólo a una de ellas sin que la condena alcance a otra, debiéndose, por ende, dar oportunidad de intervenir a todos en juicio, para que así puedan hacer valer las defensas pertinentes y puedan quedar obligadas legalmente por la sentencia que sobre el particular llegara a dictarse, porque si se pronunciara sentencia con relación a una sola persona, no tendría por sí misma ningún valor, ni podría resolver legalmente la litis, y estas circunstancias llevan a este Tribunal Colegiado a considerar que la autoridad de segunda instancia puede, de oficio, analizar si se llamó a juicio a los integrantes del litisconsorcio pasivo necesario, a fin de resolver lo conducente, aun cuando nada se alegue sobre el particular en los agravios. Sobre el particular, se estiman aplicables las siguientes tesis del más Alto Tribunal de la Nación, que aparecen publicadas, respectivamente, en los Volúmenes XCVIII del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Cuarta Parte, página 99; 9 de dicho Semanario Séptima Época, Sala Auxiliar, página 35, y Gaceta número 30 del referido Semanario, página 41, que dicen: ‘LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.-Cuando las partes vendedora y compradora, se encuentran directamente vinculadas en la relación jurídica que generó el contrato de compraventa, de modo tal que no sería posible condenar a una de ellas, sin que la condena alcance a la otra parte contratante, se está en el caso típico de litisconsorcio pasivo necesario, debiéndose dar oportunidad de intervenir a ambas en juicio, para que así puedan quedar obligadas legalmente por la sentencia que sobre el particular llegue a dictarse.’; ‘LITISCONSORCIO NECESARIO. LLAMAMIENTO A JUICIO DE LOS INTERESADOS.-Tratándose de litisconsorcio necesario, existe la obligación de llamarse a juicio a todas las personas a las que pudieran afectarles las cuestiones jurídicas que en él se ventilan, pues de otra manera no sería posible pronunciar sentencia válida y eficaz, sin oírlas a todas ellas. El litisconsorcio necesario tiene lugar, generalmente, cuando se ejercita el derecho potestativo de producir un efecto único respecto de varias personas, y es necesario y obligatorio, porque habría imposibilidad jurídica de sentenciar por separado, respecto de varias personas, una relación jurídica en la que están interesadas todas ellas. De acuerdo con esto, la sentencia que se pronunciara con relación a una sola persona, no tendría por sí misma ningún valor, ni podría resolver legalmente la litis.’ y ‘NOTARIO. TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL JUICIO DE NULIDAD DE UNA ESCRITURA OTORGADA ANTE ÉL.-Cuando se demanda la nulidad de una escritura pública debe intervenir necesariamente el notario ante el cual se otorgó, ya que de proceder la acción, tiene que hacer la anotación respectiva a su protocolo y, además, porque en algunos casos, su actuación trae aparejada responsabilidad, ya sea por una conducta dolosa o culposa.’.

"Acorde con las consideraciones expresadas con anterioridad, este cuerpo colegiado llega a la conclusión que en el caso que nos ocupa, no se actualizaron las violaciones que de los artículos 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles se duelen los peticionarios de garantías, por lo que devienen infundados los argumentos expresados en contra de la sentencia reclamada.

"En el orden de ideas antes anotado, al haber resultado infundados los conceptos de violación enderezados por los quejosos, lo que procede en el caso es negarles la protección constitucional que impetran."

TERCERO.-Por su parte, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, es del tenor literal siguiente:

"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ESTUDIO DE OFICIO POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE LA.-La falta de integración de la relación procesal, por no haberse llamado a juicio al notario que intervino en la elaboración de la escritura pública cuya nulidad se demanda, constituye una cuestión que no puede ser analizada oficiosamente por el tribunal de apelación, si sobre dicho punto no se hizo pronunciamiento alguno en la sentencia de primer grado, ni en la apelación los inconformes expusieron agravio en tal sentido, dado que es de explorado derecho que la materia de la revisión se constriñe al examen a través de los agravios de las acciones, excepciones y defensas que se hicieron valer oportunamente en primera instancia y por tal razón el tribunal de alzada no puede abordar dicho punto, ya que en caso contrario ello implicaría introducir cuestiones ajenas a la litis planteada ante su potestad."

Dicho Tribunal Colegiado al fallar el amparo directo 244/92 el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y dos se apoyó en las consideraciones que en la parte que interesa dicen:

"SEXTO.-El primer concepto de violación es sustancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado.

"En efecto, los quejosos aducen en esencia que la resolución combatida contraviene lo dispuesto en los artículos 509, 514 y 524 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de que la ad quem para confirmar, revocar o modificar el fallo de primer grado debió de analizar los agravios o motivos de inconformidad presentados por los apelantes, pero no, como indebidamente lo hizo, efectuando una revisión del caso, supliend

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5177-9bcf1b9a/litisconsorcio-pasivo-necesario-debe-estudiarse-de-oficio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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