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Modo: Corpus Pro

SUSPENSION PROVISIONAL, PROCEDENCIA DE LA. NO SE CAUSA PERJUICIO AL INTERES SOCIAL NI AL FISCO, NI SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO, CUANDO ES OTORGADA PARA QUE NO SE OBLIGUE AL CONTRIBUYENTE A LA ADQUISICION DE LA MAQUINA REGISTRADORA DE COMPROBACION FISCAL.

Tipo de asunto: QUEJA 381/92. · Registro digital (IUS): 712
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR FISCAL DEL SUR DEL DISTRITO FEDERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Diciembre de 1992, , Pág. 231.

QUEJA 381/92. ADMINISTRADOR FISCAL DEL SUR DEL DISTRITO FEDERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

CONSIDERANDO:

SEPTIMO.- Alega medularmente la recurrente que se aplica indebidamente lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo porque con la concesión de la medida se ven afectados tanto el interés social, el orden público y, primordialmente, el interés del fisco.

Son infundados los anteriores razonamientos e insuficientes para revocar el acuerdo recurrido.

Para una mayor claridad del asunto que nos ocupa es conveniente hacer alusión a los antecedentes del caso, atendiendo a las constancias de autos que se tienen a la vista.

1.- De la lectura de la demanda de garantías se desprende que la parte quejosa reclamó de, entre otras autoridades, del Administrador Fiscal del Sur del Distrito Federal, lo siguiente: "Del Coordinador General de Entidades Federales y del Administrador Fiscal Federal del Sur del Distrito Federal, así como del Subadministrador General de Auditoría Fiscal Federal de esa Administración, reclamo, asimismo, las órdenes respectivas para que nos fuese asignada la multicitada máquina de comprobación fiscal. Del Administrador Fiscal Federal del Sur y del Subadministrador General de Auditoría Fiscal Federal de esa Administración, impugno el oficio número 102-A-13-II-IV-14276 MR 11276/92 de fecha 10 de marzo de 1992, que constituye el acto de autoridad que se impugna, y por virtud del cual se determina la obligación a cargo de mi representada de contar con una máquina de comprobación fiscal en el domicilio señalado en el punto 1 de este apartado".

2.- Además, solicitando la suspensión de los propios actos, afirmó lo siguiente: "En términos de los artículos 122, 123, 124 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo en vigor, solicito la suspensión provisional de los actos reclamados y en contra de las autoridades que ya se han mencionado, para que las cosas se mantengan en el estado en que guardan; de llegar a ejecutarse se haría físicamente imposible restituir el goce de las garantías individuales reclamadas pero además no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público".

3.- El Juez de Distrito mediante el proveído que se impugna concedió la suspensión provisional para el único efecto de que no se le obligue al quejoso a adquirir la máquina registradora de comprobación fiscal a que se refiere el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación hasta en tanto se les notifique a las responsables la resolución que recaiga a la suspensión definitiva, por los motivos que expone.

Ahora bien, cabe mencionar que no le asiste la razón a la recurrente, en atención a que el artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos legales para conceder la suspensión, señala que debe concederse ésta cuando lo solicite el agraviado, que su concesión no contravenga disposiciones de orden público ni se afecte el interés social y, que de no concederse, se causen al quejoso perjuicios de difícil reparación.

Así, las cosas, cabe decir que de los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión del acto que se reclama, importa destacar el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Pues bien, en la especie, no se sigue ese perjuicio ni se realiza contravención alguna a disposiciones de orden público porque con la concesión de la medida cautelar no se priva a la colectividad de algún beneficio que le otorguen las leyes o se le infieran evidentes perjuicios al Estado porque se le prive a éste de la obtención de sumas cuantiosas que le correspondan por concepto de impuestos, imposibilitándole la marcha normal de los servicios públicos a su cargo.

Por ello, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, no es verdad que la suspensión provisional concedida por el juez del conocimiento evite el cumplimiento de la obligación de contribuir para los gastos públicos o afecte la labor de verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y de recaudación de los impuestos, en virtud de que la citada medida cautelar provisional se otorgó para el único efecto de que no se obligue a la parte quejosa a adquirir la máquina registradora de comprobación fiscal hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.

Lo anterior es así, toda vez que el hecho de proporcionarle al contribuyente una máquina registradora de comprobación fiscal a fin de que cumpla con la obligación que le impone el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación sólo tiene como propósito fundamental el de facilitar el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal por parte de las autoridades hacendarias, es decir, para efectuar un control más estricto de los actos o actividades económicas de contribuyentes que cuenten con un local fijo, ya que es uno de los medios con que cuenta para conocer la información de las operaciones diversas que realicen los contribuyentes, así como para vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales que se generen con motivo de dichas operaciones, pero ello no significa que, de su utilización o no vaya a depender forzosamente el cumplimiento de la obligación de contribuir para los gastos públicos, o bien la labor de verificación que compete a la promovente, así como la recaudación de los impuestos, pues como ya se dice, la ley prevé para el particular otra forma de hacerlo (forma manual mecanizada).

Por tanto, bien puede concluirse diciendo que la no utilización de dicha máquina registradora por el contribuyente (hoy quejoso), mientras se decida sobre la suspensión definitiva, no es verdad que obstaculice el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades hacendarias, ni la recaudación de los impuestos, por lo que en tales condiciones, no se causan perjuicios al interés social, ni al orden público e interés al fisco, como lo afirma la promovente.

A mayor abundamiento, cabe aclarar que si bien es cierto que la sociedad puede estar interesada en que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales que las leyes les imponen no menos cierto lo es que la medida cautelar provisional concedida por el juez del conocimiento de ninguna manera impide que el quejoso prosiga cumpliendo con todas aquellas obligaciones fiscales a su cargo.

En cambio, sí es factible que le pudieran ocasionar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, atendiendo a lo dispuesto por la fracción III del propio numeral 124 de la ley de la materia, porque existiendo otra forma de cumplir con la obligación que el contribuyente tiene de registrar el valor de los actos o actividades que realice con el público en general, como lo es el caso de poder hacerlo en forma manual mecanizada o electrónica atendiendo a lo establecido por el artículo 29-I del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en el supuesto regulado por este ordenamiento se le obligaría a utilizar una máquina registradora de comprobación fiscal, cuando la instalación, adquisición y uso de una máquina registradora de tal naturaleza podría tener un costo mayor a cargo del contribuyente, incluyendo su descompostura o sustitución en un caso determinado.

En consecuencia, al resultar infundados los agravios expresados por la autoridad recurrente lo que procede es confirmar el acuerdo recurrido y conceder la medida suspensional provisional solicitada por la quejosa atendiendo a las anteriores consideraciones.

Este mismo criterio ha sido sustentado por este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver por unanimidad de votos, en sesiones de 10 y 29 de abril, 7 y 12 de mayo de 1992, los recursos de queja QA-281/92, QA-331/92, QA-351/92 y QA- 361/92, en las que fueron ponentes el Magistrado Samuel Hernández Viazcán en el primero, el Magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca en el segundo y cuarto, y el suscrito Magistrado en el tercero, respectivamente.

Por lo expuesto y fundado, y, con apoyo además, en el artículo 99 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- ES PROCEDENTE PERO INFUNDADO el presente recurso de queja.

SEGUNDO.- En la materia del recurso SE CONFIRMA el proveído que se impugna.

TERCERO.- SE CONCEDE LA SUSPENSION PROVISIONAL a DAYTONA LLANTAS, S.A. DE C.V., contra los actos reclamados a las autoridades que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, en atención a las razones expuestas en el último considerando de este propio fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad archívese el toca como asunto totalmente concluido.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: Samuel Hernández Viazcán (presidente), Julio Humberto Hernández Fonseca y Luis María Aguilar Morales, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el tercero de los nombrados.

Firman los CC. Magistrados con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/712-cf1a819e/suspension-provisional-procedencia-de-la-no-se-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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