SUSPENSION, ES PROCEDENTE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA ORDEN PARA POSEER Y UTILIZAR LA CAJA REGISTRADORA DE COMPROBACION FISCAL (APLICACION DE LOS ARTICULOS 29 QUINTO PARRAFO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, Y 29-A AL 29-K, DE SU REGLAMENTO).
QA-373/92. ADMINISTRADOR FISCAL FEDERAL DEL CENTRO DEL DISTRITO FEDERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer del recurso de queja en cuestión, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 fracción XI y 99 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, y 44 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO.-El recurso de queja interpuesto resulta procedente en términos del artículo 95 fracción XI, de la Ley de Amparo, pues se impugna el auto por virtud del cual se concedió en la especie la suspensión provisional, y está en tiempo, ya que el auto impugnado se notificó a la recurrente el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y dos, y el escrito fue presentado el día siete del mismo mes y año, esto es, se encuentra dentro del plazo establecido al efecto en la fracción IV, del artículo 97 de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Los agravios que expresa la autoridad recurrente, son los siguientes: "UNICO.-Violación a los artículos 124 fracción II y 135 de la Ley de Amparo, toda vez que el Juez al conceder la suspensión provisional en los términos en que lo hizo causa perjuicio al interés social, porque obstaculiza la debida recaudación del impuesto. El artículo 124 fracción II de la Ley de Amparo establece que en el caso de conceder la suspensión provisional de acto reclamado, ésta se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones del orden público. Ahora bien, el Juez procedió a conceder la suspensión provisional solicitada por el amparista "...para el efecto de que no sea obligado el quejoso a adquirir la máquina registradora de comprobación fiscal a que se refiere el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Además la medida suspensional decretada, constituye una indebida aplicación de lo preceptuado por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que el Juez del conocimiento al conceder la suspensión provisional en relación con el acto reclamado a la suscrita autoridad señalada como responsable, la deja en imposibilidad de cumplir con las funciones que legalmente tiene encomendadas, esto es, salvaguardar los intereses del fisco federal en materia de comprobación fiscal, aceptando con ello la facultad recaudadora y pasando por alto los fines que persigue la recaudación. Es importante señalar, que la naturaleza que reviste el acto reclamado, no satisface requisito exigido por el artículo 124 en su fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que la sociedad está interesada en que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, por lo que se concluye que al otorgar el juzgador en tales términos la suspensión provisional solicitada, viola el precepto invocado, el cual demuestra que en la especie no es correcto conceder la suspensión provisional a la quejosa, por lo que procede revocar el acuerdo que se impugna, y en su lugar negar la medida cautelar decretada en el amparo. Asimismo, la fracción III, del artículo 124 de la Ley de Amparo, establece que procederá la suspensión provisional cuando con el acto de ejecución se causen daños de difícil reparación, lo que en el caso no acontece, toda vez que el hecho de que la quejosa usara la máquina registradora no le ocasiona ningún daño pues sólo se trata de un medio de control de las ventas realizadas el cual en el supuesto sin conceder que se le otorgaba el amparo, dejaría de usar dicho sistema, además de que el gasto efectuado es deducible por lo que no se cumple con la fracción III del citado artículo, pues como se ve no hay daños de difícil reparación. Sin embargo, al concederse la suspensión provisional se tiene como consecuencia que por no usar la máquina registradora no se registran las ventas realizadas, lo que sí ocasiona daños a la autoridad pues no contaría con dicha información por lo que procede negar la suspensión provisional, a mayor abundamiento, es pertinente señalar que al concederse la suspensión en los términos señalados se impide llevar un registro detallado de las ventas diarias realizadas por la empresa con la oportunidad con que lo pretende hacer la autoridad, lo que provoca un daño que ya no es posible reparar, aun en el supuesto de que se negara el amparo, pues sería imposible recuperar la información correspondiente a las ventas realizadas con anterioridad."
CUARTO.-Son infundados los conceptos de agravio antes transcritos, por las razones que a continuación se expresan.
Según se advierte de la transcripción arriba inserta, en el auto impugnado se concedió la suspensión provisional, para el efecto de que "se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para el único efecto de que no se obligue al promovente a adquirir la máquina registradora de comprobación fiscal a que se refiere la resolución de fecha veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y dos; hasta en tanto se comunique la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva", dicha medida también se otorga a fin de mantener viva la materia del amparo.
Ahora bien, en la parte conducente del oficio antes mencionado, esto es, el que contiene la referida resolución impugnada, se lee lo siguiente:
"...a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29 quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente y 29-A de su Reglamento, los cuales establecen la obligación a los contribuyentes con local fijo de registrar el valor de los actos y actividades que realicen con el público en general en las máquinas registradoras de comprobación fiscal, y siendo usted sujeto de dicha obligación, se le comunica que se le concede un plazo de cinco días... para que adquiera la(s) máquina(s) registradora(s) de comprobación fiscal directamente de los fabricantes e importadores autorizados por esta Secretaría".
Establecido lo anterior, a continuación se analizan los conceptos de agravio expresados por la recurrente.
En primer término, debe desestimarse el argumento relativo a la violación del artículo 135 de la Ley de Amparo, toda vez que no se indica la razón o razones por las cuales se estima transgredido dicho numeral.
Sirve de apoyo al razonamiento anterior, la tesis consultable en la página ciento setenta y nueve de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, que a la letra dice:
"AGRAVIOS EN LA REVISION.-Deben desestimarse los agravios en que únicamente se citen los preceptos de la Ley de Amparo que se alegan infringidos, sin que se señalen los conceptos por los cuales se estima cometida esa infracción".
En diverso argumento la recurrente expresa que el Juez de Distrito al conceder la suspensión provisional solicitada violó lo dispuesto en las fracciones II y III del artículo 124 de la Ley de Amparo, porque con tal determinación causa perjuicio al interés social, aduciendo que se obstaculiza la recaudación de impuestos, ante la imposibilidad de cumplir con las funciones que legalmente tiene encomendadas, y que la sociedad está interesada en que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, agregando por otro lado que los actos reclamados no ocasionan ningún daño de difícil reparación a la parte quejosa.
Dicho razonamiento es infundado, pues contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la medida cautelar concedida por el a quo no obstaculiza la recaudación de impuestos, ni coloca a aquélla en imposibilidad de cumplir con sus atribuciones, en tanto que la suspensión provisional fue otorgada para que no se obligue al quejoso a adquirir, poseer y utilizar la máquina registradora de comprobación fiscal que se indica en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, creado y adicionado por el artículo primero de la ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y seis, que en su quinto párrafo establece.
"ARTICULO 29.-...
Los contribuyentes con local fijo tendrán obligación de registrar el valor de los actos o actividades que realicen con el público en general, en las máquinas registradoras de comprobación fiscal, cuando se las proporcione la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedir los comprobantes respectivos; tenerlas en operación y cuidar que cumplan con el propósito para el que fueron proporcionadas. Cuando al adquirente de los bienes o el usuario del servicio solicite comprobante que reúna requisitos para efectuar deducciones o acreditamiento de contribuciones, deberán de expedir dichos comprobantes además de los señalados en este párrafo.
De la anterior transcripción se advierte que dicho párrafo quinto entró en vigor desde el primero de enero de mil novecientos ochenta y seis, y que sólo están obligados a utilizar tales máquinas registradoras de comprobación fiscal, aquellas personas a quienes teniendo un local fijo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les haya proporcionado esa máquina, la cual sólo es de comprobación fiscal, debiendo entenderse que las personas que posean algún local fijo, pero que aún no se les haya proporcionado dicha máquina por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán continuar registrando el valor de las operaciones que realicen con el público en general, de manera manual, mecanizada o electrónica, a fin de llevar un control de sus ingresos y, consecuentemente, de las contribuciones a su cargo.
En apoyo de lo anterior, debe atenderse a lo previsto en los artículos 29-I, 29-J Y 29-K, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, los cuales regulan la disposición en comento, previéndose en ellos que, en caso de descompostura temporal, descompostura de imposible reparación o pérdida de la máquina registradora de comprobación fiscal, el contribuyente, además de dar el aviso y demás circunstancias relativas, "procederá a hacer los registros correspondientes en forma manual, mecanizada o electrónica".
Por lo que se deduce que la incorporación de las máquinas registradoras de comprobación fiscal sólo tiene como finalidad facilitar el ejercicio de comprobación fiscal, llevando un control probablemente más estricto de las actividades económicas de contribuyentes que cuentan con un local fijo, pero de su utilización no necesariamente va a depender la mayor o menor recaudación de impuestos y tampoco el cumplimiento o incumplimiento de las facultades de comprobación que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ende, es de concluirse que la no utilización de dicha máquina por la parte quejosa, mientras se decida el juicio de amparo en lo principal, no obstaculiza la debida recaudación del impuesto, ni deja en imposibilidad de cumplir sus funciones a los autoridades hacendarias, por lo que no se causa el perjuicio al interés social que alega la recurrente.
Además, si bien es cierto que la sociedad está interesada en que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, también lo es que la suspensión provisional concedida por el Juez de Distrito, es absolutamente ajena a que el quejoso continúe cumpliendo con dichas obligaciones.
Por último, tampoco le asiste la razón a la recurrente al sostener que los actos reclamados no cumplen con el requisito establecido en la fracción III, del artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo a que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, toda vez que, de no concederse la suspensión de los actos reclamados, el quejoso se vería obligado a adquirir, poseer y utilizar la máquina registradora de comprobación fiscal, registrando en ella el valor de todos los actos o actividades que realice con el público en general, en lugar de utilizar el sistema de registro o control que acostumbra llevar, sea éste manual, mecánico o electrónico, y en el supuesto de que se le concediera el amparo solicitado, tendría que regresar a utilizar dicho sistema, encontrándose con un vacío o laguna en la información registrada de la manera en que ahora lo hace, como consecuencia del tiempo que utilizará la máquina mencionada para registrar sus operaciones, lo cual podría ocasionar un descontrol en el registro de sus actividades que incluso llegara a repercutir en la certeza de los ingresos percibidos y, por ende, de los impuestos que debe pagar.
De ahí, que, contrariamente a lo apuntado por las recurrentes, la ejecución de los actos reclamados por el quejoso, sí le puede ocasionar daños y perjuicios de difícil reparación, por lo que en la especie está satisfecho el requisito señalado en la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo.
Sólo resta decir, que por todo lo antes razonado no es de tomarse en cuenta el último argumento de la recurrente, en el sentido de que con la concesión de la suspensión provisional se le ocasiona un daño que sería de imposible reparación, consistente en que se le priva de la información de las actividades del quejoso, toda vez que como ya se dijo, tanto las personas que no han recibido dicha máquina registradora, como aquéllas a quienes se le descomponga o extravíe, deben llevar un registro de todas sus operaciones, por lo que no se le causaría ningún perjuicio.
En los mismos términos se pronunció este órgano jurisdiccional al resolver, por unanimidad de votos, el incidente de suspensión en revisión número 423/92, en la sesión correspondiente al once de marzo de mil novecientos noventa y dos y que dio origen a la tesis cuyo rubro es: "SUSPENSION, ES PROCEDENTE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA ORDEN PARA POSEER Y UTILIZAR LA CAJA REGISTRADORA DE COMPROBACION FISCAL (APLICACION DE LOS ARTICULOS 29 QUINTO PARRAFO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, Y 29-A AL 29-K DE SU REGLAMENTO).
En atención a las consideraciones que anteceden, lo procedente será declarar infundado el recurso de queja intentado.
Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en el artículo 99 último párrafo de la Ley de Amparo, se resuelve:
UNICO.-Ha sido procedente pero infundado el recurso de queja intentado.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: Presidente Carlos Alfredo Soto Villaseñor; Genaro David Góngora Pimentel y Fernando Lanz Cárdenas, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el segundo de los nombrados.
Firman los ciudadanos Magistrados con el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/743-f84d81b3/suspension-es-procedente-concederla-en-contra-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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