SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO.
QUEJA 79/92. PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACION EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y POR EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- Aduce la autoridad recurrente que la Juez Federal violó el artículo 124 de la Ley de Amparo, al omitir señalar las consideraciones que la llevaron para tener por cumplido tal precepto; que, el acto combatido no se encontraba fundado, ni motivado, además de que al concederse la suspensión provisional se estaban dando efectos constitutivos de derechos al acto reclamado.
Asimismo que es improcedente conceder la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que se contravienen disposiciones de orden público, como lo son los artículos 117 a 123 de la Ley Aduanera, pues con tal medida cautelar se permite la libre circulación de vehículos de procedencia extranjera en la República Mexicana, sin cumplir los requisitos de ley.
Resultan infundadas dichas afirmaciones, dado que con el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, no se contravienen disposiciones de orden público, en virtud de que en principio, corresponde al legislador al dictar una ley, señalar cuando es de orden público y, en el caso concreto, del análisis de los artículos 117 a 123 de la Ley Aduanera que alega la recurrente como violados, no se advierte esa circunstancia, ya que tales preceptos se refieren a la manera en que deben comprobarse la tenencia, transporte o manejo de mercancía de procedencia extranjera dentro y fuera de las zonas de inspección y vigilancia permanente y zona económica exclusiva adyacente al mar territorial; los informes y documentos que los interesados deberán presentar a las autoridades aduaneras cuando le sean requeridos y la forma en que dichas autoridades deberán proceder cuando no se compruebe la legal importación o estancia en el país del transporte o manejo de mercancías indicados; de modo, que si los quejosos no han cumplido con los requisitos que establecen dichos preceptos, es una cuestión que en todo caso, deberá ser analizada por el juez federal al resolver el fondo del asunto.
Asimismo, del análisis de los citados numerales, no se advierte que con la suspensión provisional de los actos reclamados, es decir, con el hecho de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva y no se lleve a cabo la ejecución del acuerdo por el cual se ordena desposeer a la parte quejosa de los vehículos que defiende; se prive a la colectividad de un beneficio otorgado por la Ley Aduanera, o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
Sirve de apoyo a la consideración que antecede la tesis de jurisprudencia número 436, visible en la página 765 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (1917-1985), Segunda Sala, que dice: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas) sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo; sin embargo, al examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría."
Por ende, resulta suficiente que la Juez Federal haya señalado que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, otorgaba la suspensión provisional de los actos reclamados, al estimar que el quejoso cumplía con los requisitos necesarios para tal fin.
Por otra parte, y en cuanto a la aseveración de la autoridad recurrente en el sentido de que al concederse la suspensión provisional, se le estaban dando efectos constitutivos a los actos reclamados, la misma resulta infundada, ya que la medida cautelar de mérito, sólo tiene por objeto el paralizar la ejecución del acto hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, y eso fue lo declarado por la Juez de Distrito; por lo tanto, no puede estimarse que con ello se le estén dando efectos constitutivos a la suspensión provisional.
La autoridad recurrente también aduce, que el a quo no señaló las pruebas o documentos con los que la parte quejosa acreditó la legítima propiedad, posesión o legal estancia de los vehículos de procedencia extranjera.
El argumento resulta fundado pero inoperante pues si bien la juez de Distrito no mencionó los documentos con los cuales el quejoso demostró su interés jurídico, lo cierto es que si estimó que procedía conceder la suspensión provisional, lo fue porque se cumplía con los requisitos previstos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y, por tanto, con el acreditamiento de su interés para solicitar la medida cautelar de mérito.
Además, cabe señalar que la determinación de la juez federal fue apegada a derecho, pues el artículo 130 de la Ley de Amparo, establece que: "En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios al quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva..."; en consecuencia, dada la procedencia de la suspensión de los actos reclamados para efecto de la provisional y atento al contenido del artículo transcrito, la juez de Distrito podrá dictar la medida provisional con la sola presentación del escrito de demanda.
También aduce la recurrente que no debió concederse la suspensión provisional, porque no se fijó garantía, ni lugar en que debía estar a disposición del juzgado el vehículo en razón de que la mercancía que cita el quejoso, por su fácil movilidad, podría destruirse o desaparecer y el interés del fisco quedaría desprotegido.
También resulta infundado dicho argumento, en cuanto que el artículo 125 de la Ley de Amparo dispone: "En los casos en que es procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado, que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía." En consecuencia, el espíritu del legislador al fijar la garantía cuando se conceda la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo lo es no dejar desprotegido al tercero perjudicado, que pueda sufrir un daño o perjuicio con otorgamiento de esa suspensión y se pretende que con esa garantía se indemnice o se pueda responder a los daños que en su caso, se causen al tercero perjudicado; por lo tanto, como en el caso no existe ese tercero es claro que no existía fundamento para fijar dicha garantía al quejoso.
En cuanto a que tampoco se fijó lugar en que debían estar a disposición del juzgado los vehículos, debe decirse que la Ley de Amparo no establece tal requisito para la procedencia de la suspensión provisional.
Tampoco contra lo aducido por la recurrente, al concederse la suspensión provisional, la Juez de Distrito no se sustituyó a la autoridad administrativa; porque la Ley de Amparo otorga a dicha autoridad federal la facultad de conceder esa medida cautelar cuando conoce sobre la promoción de los juicios de garantías.
En las condiciones apuntadas, siendo infundados e inoperantes los agravios, debe declararse infundado el recurso de queja.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- Se desecha el recurso de queja promovido por el presidente de la República.
SEGUNDO.- Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por el secretario de Hacienda y Crédito Público.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos relativos al juzgado de su origen, y oportunamente archívese el expediente.
Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito por unanimidad de votos de los Magistrados: presidenta MARIA DEL CARMEN SANCHEZ HIDALGO, licenciado JOSE ANGEL MANDUJANO GORDILLO y licenciado FERNANDO NARVAEZ BARKER, siendo relator la primera de los mencionados.
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Firman los Magistrados con el secretario de acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/795-ac3de0e2/suspension-del-acto-reclamado-interpretacion-de-la-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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