CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. CORRESPONDE ANALIZARLAS AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE CUANDO NO SEAN MANIFIESTAS E INDUDABLES.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 4/2001-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 37/2000. JEFE DELEGACIONAL DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los agravios que hizo valer la parte recurrente, se basaron en la supuesta violación de los artículos 19 y 25 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 122 de la Constitución General de la República y, en esencia, se refieren a los siguientes aspectos:
a) Que el acuerdo impugnado que desechó la demanda de controversia constitucional, viola el artículo 25 de la ley reglamentaria, al estimar la existencia de razones, como motivos "manifiestos e indudables" de improcedencia, sin que se actualizara tal hipótesis. Que para afirmar lo anterior, se tuvo que recurrir a un análisis de la naturaleza jurídica del órgano de gobierno para arribar a tal conclusión, lo que se aparta de la hipótesis que autoriza el desechamiento de plano, ya que no se trata de un motivo manifiesto e indudable.
b) Que se desechó la demanda de controversia constitucional, bajo la consideración de que el actor no se encontraba legitimado para ello, por no ser del tipo de órgano de gobierno a que se refiere el inciso k) de la fracción I del artículo 105 constitucional; y que de ninguna forma puede considerarse como motivo indudable y manifiesto, una causa que es a su vez, materia de un análisis profundo sobre la estructura y naturaleza de un órgano político-administrativo, que por disposición constitucional, forma parte del ente denominado Distrito Federal.
c) Que las características del órgano político-administrativo, están previstas en el artículo 122 constitucional y, por ello, resultan de igual jerarquía en cuanto al origen se refiere (del órgano político-administrativo, comúnmente denominado delegación), respecto de los poderes o autoridades que limitativamente el instructor estimó como originarias. Por tanto, el hecho de que las tres autoridades conocidas como Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal, tengan ciertos atributos superiores, ello no soslaya el origen constitucional del órgano actor y, por tanto, el derecho a demandar la reposición del orden constitucional violado.
Por otra parte, el procurador general de la República manifestó en síntesis, lo siguiente:
Que de las características que distinguen a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y a sus titulares y que constituyen los órganos político-administrativos constitucionalmente concebidos para el Distrito Federal, se desprende que éstos, sin llegar a la autonomía extrema de los Municipios, sí tienen características que los hacen diferentes por la autonomía de gestión presupuestaria y administrativa de que los dota la Constitución Federal y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que permiten considerarlos como entes independientes del jefe de Gobierno, tanto porque no dependen jerárquicamente de él, por cuanto sus facultades y competencias derivan de la ley y de la Asamblea Legislativa y no del referido jefe de Gobierno.
Que por lo anterior, estos órganos político-administrativos en relación con los otros órganos del Distrito Federal, pueden tener intereses propios y discrepantes que les permitan defenderlos cuando los mismos se vean atacados por invasión de esos otros, sin que exista diversa vía para ello que la controversia constitucional, máxime que al tratarse de sujetos que acceden al poder por elección popular, propuestos por partidos políticos cuyos programas, ideologías y maneras de ejercer el poder son diferentes, pueden por ello fácilmente ser víctimas o actores de violaciones a competencias de otros órganos que integran las autoridades y los órganos de gobierno del Distrito Federal.
Que puede desprenderse válidamente que el concepto de órgano de gobierno que se establece en el inciso k), fracción I, del artículo 105 constitucional, cuando menos, para efectos de la legitimación activa y pasiva en materia de controversias constitucionales, debe entenderse en el sentido de comprender a los titulares de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, haciendo una interpretación extensiva del término citado a semejanza de lo que hizo esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a los Municipios, antes de que el artículo 105 constitucional fuera reformado, para incluir expresamente a estos entes como órganos de poder.
Ahora bien, previo al estudio de los agravios conviene señalar que en el acuerdo recurrido, el Ministro instructor desechó la demanda de controversia constitucional, con base en un análisis de la naturaleza de la parte actora, por lo que se concluyó que resultaba improcedente la demanda de controversia constitucional hecha valer por el jefe delegacional de la demarcación territorial de Miguel Hidalgo del Distrito Federal, ya que no se estaba en el supuesto que establece el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal, por no tratarse de dos órganos de gobierno del Distrito Federal; y se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con el artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia, y 105 de la Constitución General de la República.
En este orden, de conformidad con el artículo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá al estudio en su conjunto de los agravios hechos valer por la parte recurrente, por virtud de estar ligados entre sí y para resolver la cuestión efectivamente planteada.
La problemática expuesta en esta instancia, se centra en determinar si en el auto que desechó la demanda, es factible realizar un estudio a la luz de la Constitución General de la República y preceptos de leyes secundarias, respecto de la naturaleza del actor de la controversia constitucional, de acuerdo con su origen y atribuciones y si puede o no quedar comprendido dentro de las hipótesis que se prevén en el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal y, por consiguiente, si las razones que se expusieron para desechar la demanda por notoria improcedencia fueron o no correctas.
La parte agraviada señala como violados en su perjuicio, los artículos 19 y 25 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 122 de la Constitución General de la República, los que en lo que interesa para el estudio, en su parte conducente establecen:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley.
"En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio."
"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."
"Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, en los términos de este artículo.
"Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.
"...
"El jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta.
"El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito Federal.
"La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:
"A. Corresponde al Congreso de la Unión:
"...
"II. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
"...
"B. Corresponde al presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
"...
"C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:
"Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:
"...
"V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:
"a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publicación;
"...
"o) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.
"Base segunda. Respecto al jefe de Gobierno del Distrito Federal:
"...
"II. El jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
"a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias;
"b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podrá hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su promulgación, en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes, deberá ser promulgado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal;
"c) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa;
"d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes;
"e) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto de Gobierno; y
"f) Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.
"Base tercera. Respecto a la organización de la administración pública local en el Distrito Federal:
"I. Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados;
"II. Establecerá los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal.
"Asimismo fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
"Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley."
Ahora bien, el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución General de la República, establece:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
"En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia."
En los artículos 19 y 25 antes transcritos de la ley reglamentaria de la materia, se contienen las hipótesis legales de las causas de improcedencia de las controversias constitucionales; así como las facultades que tiene el Ministro instructor para examinar el escrito de demanda y determinar si existen, en su caso, causas manifiestas de improcedencia, pudiendo desechar la demanda de que se trate. Por tanto, estos son los artículos que se deben aplicar.
Por su parte, el precepto 122 de la Constitución General de la República, establece la conformación del Gobierno del Distrito Federal y a cargo de quién está el gobierno de esta entidad, destacando que corresponde a los Poderes Federales y a los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local. Se precisa además, de manera expresa, quiénes son las autoridades locales, señalando a la Asamblea Legislativa, al jefe de Gobierno y al Tribunal Superior de Justicia, de manera limitativa. También se dan las bases generales para la distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal, precisando que corresponde al Congreso de la Unión expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, señalando las bases generales que se deberán desarrollar, para establecer las normas fundamentales de organización y funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal.
Cabe señalar, que este artículo remite al diverso precepto 44 del mismo ordenamiento, en cuanto a la naturaleza jurídica del Distrito Federal, donde se define que la Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos y que se compondrá del territorio que actualmente tiene.
Ahora bien, acorde con el artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia, el Ministro instructor debe analizar previamente a cualquiera otra cuestión, el escrito de demanda y de advertir algún motivo de improcedencia, proceder a su desechamiento; sin embargo, este desechamiento debe decretarse "de plano", esto es, deberá realizarse de manera inmediata, sin trámite previo alguno y con los elementos de juicio que en ese momento se tengan a la vista (los que se hayan adjuntado a la demanda).
De la misma manera, el motivo de improcedencia que provoque el desechamiento debe ser manifiesto e indudable, es decir, que debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que se hayan adjuntado, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada, evidenciándose en forma clara y fehaciente la improcedencia de la acción intentada.
Destaca que la controversia constitucional que motivó este recurso de reclamación, se promovió por causa de un conflicto entre la delegación de la demarcación territorial de Miguel Hidalgo del Distrito Federal y la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, el oficial mayor del gobierno, las secretarías de Gobierno, Medio Ambiente, Finanzas y Contraloría General, todas del Distrito Federal, con motivo del oficio número OM/2376/2000, dirigido al actor el veinte de octubre de dos mil (mediante el cual se informa que a partir de la segunda quincena del mes de octubre, el Gobierno del Distrito Federal, de manera centralizada, procederá a efectuar el pago correspondiente a sueldos y demás prestaciones al personal de base, a lista de raya, eventual, de confianza y honorarios adscritos al Bosque de Chapultepec), y se le ordena dar cumplimiento al acuerdo por el que se crea la Unidad de Bosques Urbanos del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Derivado de lo anterior, se demanda la invalidez del oficio indicado y del acuerdo, refrendo y publicación por el que se crea la Unidad de Bosques Urbanos del Distrito Federal.
El Ministro instructor desechó la demanda de controversia constitucional, con base en un análisis de la naturaleza de la parte actora, por lo que se concluyó que resultaba improcedente la demanda de controversia constitucional hecha valer por el jefe delegacional de la demarcación territorial de Miguel Hidalgo del Distrito Federal, ya que no se estaba en el supuesto que establece el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal, por no tratarse de dos órganos del Gobierno del Distrito Federal.
Ahora bien, la cuestión es determinar qué debe entenderse por órgano de gobierno del Distrito Federal y, en su caso, si está legitimado para promover la controversia constitucional, en términos del artículo 105 de la Constitución General de la República, lo que evidentemente lleva a realizar un estudio de su origen, competencia, naturaleza y conformación de la estructura orgánica de dicha entidad federativa a la luz de la Norma Fundamental, lo que hace que entonces, la improcedencia no derive de lo manifestado en la propia demanda o de las pruebas que se adjunten a la misma, sino del estudio que se haga a la administración pública del Distrito Federal, con base en el artículo 122 de la Constitución General de la República, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
Lo antes considerado, lleva a concluir que el motivo de improcedencia aducido no reúne los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio, pues no es indudable ni manifiesta y, además, las causales de improcedencia deben darse de manera fehaciente y no inferirse con base a presunciones.
Acorde a sus propias características, el auto inicial esencialmente reviste el carácter de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propio de este tipo de acuerdos y, además, en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, de ahí que se requiera que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable para resolver de plano.
Lo anterior conlleva, necesariamente, a establecer que si el motivo de improcedencia aludido no es evidente, esto es, no resulta claro y fehaciente y, para ello, se requeriría un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva, entonces debe admitirse la demanda.
Todo lo expuesto también tiene su razón de ser en el hecho de que las causales de improcedencia son de orden público, que deben analizarse, incluso, de oficio, por lo que, en tales condiciones, deben quedar probadas de manera fehaciente y no inferirse a base de presunciones. Por tanto, para efectos del desechamiento de una demanda debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable, pues cualquier motivo de duda, obliga a admitirla a trámite con independencia de que en la sentencia pueda ya declararse fundada con base en un estudio más detallado y apoyado en los elementos de prueba que se recaben durante el procedimiento.
Por lo tanto, si las características del proveído de inicio que el Ministro instructor tenga que dictar para admitir o desechar una demanda, es propiamente de mero trámite, de tal manera que se ve impedido para realizar mayores consideraciones que impliquen esbozar cuestiones de fondo del asunto o que provoquen un estudio más concienzudo, propio de una resolución y no de un acuerdo, ello hace que en el caso, no se actualice la hipótesis del artículo 25 de la ley reglamentaria, en cuanto a la notoria improcedencia de la demanda de que se trata.
Así las cosas, este tribunal considera que el estudio que se realizó del jefe delegacional de la demarcación territorial de Miguel Hidalgo del Distrito Federal, como órgano del mismo, en relación con los supuestos normativos que prevé el artículo 105, inciso k), de la Constitución General, es una cuestión que obligaba a practicar un estudio más exhaustivo, no propio del auto inicial y que necesariamente llevaría a formular conclusiones que atañen a la cuestión del fondo del asunto y, por ende, materia de la sentencia definitiva con la que culmine el procedimiento principal.
Sirven de apoyo a todo lo anterior, las tesis P./J. 9/98 y P./J. 32/96, de la Novena Época, Tribunal Pleno, Tomos VII y III, enero de mil novecientos noventa y ocho y junio de mil novecientos noventa y seis, páginas 898 y 386, respectivamente, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido.
"Recurso de reclamación en la controversia constitucional 9/97. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, Estado de Campeche. 11 de noviembre de 1997. Unanimidad de nueve votos. Impedimento legal: Juventino V. Castro y Castro. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz."
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. CORRESPONDE ANALIZARLAS AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE CUANDO NO SEAN MANIFIESTAS E INDUDABLES.-Al Ministro instructor, de acuerdo a lo que preceptúan los artículos 24, 25 y 36 de la ley reglamentaria, le corresponde examinar, ante todo, el escrito respectivo de la demanda a fin de cerciorarse acerca de la eventual existencia de motivos manifiestos e indudables de improcedencia que generarían el rehusamiento categórico de la demanda; le compete también llevar a cabo el trámite de la instrucción del juicio hasta ponerlo en estado de resolución; le concierne, asimismo, elaborar el proyecto de resolución que deberá someter a la consideración del Tribunal en Pleno. Sin embargo, por ser las controversias constitucionales juicios con características y peculiaridades propias, si frente al motivo de improcedencia hubiere alguna duda para el Ministro instructor, entonces no podría decretarse el desechamiento de la demanda y, en consecuencia, las causas de improcedencia que se invocaran por los demandados sólo podrían ser analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia al pronunciar la sentencia definitiva. La característica de los motivos manifiestos e indudables de improcedencia de la demanda sobre controversia constitucional, estriba en que su naturaleza ostensible y contundente autoriza al desechamiento de plano de la demanda; en cambio, las causas diversas de improcedencia que las partes interesadas puedan invocar durante la secuela del procedimiento, o que de oficio se adviertan, sólo significa que se decretan después de haberse abierto el juicio y con apoyo en las pruebas allegadas por las partes durante la etapa respectiva.
"Controversia constitucional 11/95. Roberto Madrazo Pintado, Pedro Jiménez León y Andrés Madrigal Sánchez, en su carácter de Gobernador, Presidente del Congreso y Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, respectivamente, contra el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Procurador General de la República. 26 de marzo de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Jesús Casarrubias Ortega."
Los anteriores supuestos no se actualizan en la controversia constitucional que originó el presente recurso de reclamación, ya que del propio texto de la demanda y de la simple lectura de los artículos 105, fracción I, inciso k), y 122, base tercera, fracción II, de la Constitución General de la República, no se puede advertir la improcedencia de la acción intentada, precisamente porque no se determina qué debe entenderse por órganos de gobierno (para efectos de la controversia constitucional) de la entidad denominada Distrito Federal, y ello amerita una interpretación armónica de diversos artículos. Si bien, eso no depende de actos posteriores en el procedimiento o de pruebas, sin embargo, sí es necesario un análisis de la naturaleza, atribuciones y personalidad, de la entidad que forma parte de ese nivel de gobierno, lo cual no es propio del auto de trámite que se dicta en la admisión o no de la demanda.
Ahora, si bien como lo afirma el recurrente en el auto impugnado se tuvo que recurrir a los artículos constitucionales y legales que prevén la existencia de los órganos de gobierno del Distrito Federal, ello implica un estudio de la naturaleza jurídica de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y ello fue necesario para poder fundamentar y motivar el acuerdo y determinar lo que en principio debía estimarse como causa evidente de improcedencia, por lo que no fue correcto.
Por las consideraciones vertidas, lo procedente es revocar el acuerdo de veintisiete de noviembre del año dos mil, por el que se desechó la demanda de controversia constitucional número 37/2000, planteada por el jefe delegacional de la demarcación territorial de Miguel Hidalgo del Distrito Federal, en la que se demandó la invalidez del oficio número OM/2376/2000, suscrito por Ricardo Pascoe Pierce y dirigido al actor con fecha veinte de octubre del año dos mil y el acuerdo, refrendo y publicación por el que se crea la Unidad de Bosques Urbanos del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
Como consecuencia debe admitirse a trámite la demanda de que se trata, siempre y cuando no se advierta diversa causa de improcedencia.
Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente y fundado el recurso de reclamación interpuesto por el jefe delegacional de la demarcación territorial de Miguel Hidalgo del Distrito Federal.
SEGUNDO.-Se revoca el auto recurrido de veintisiete de noviembre del año dos mil, dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 37/2000, planteada por el jefe delegacional de la demarcación territorial en Miguel Hidalgo del Distrito Federal, en contra del oficio número OM/2376/2000, suscrito por Ricardo Pascoe Pierce y dirigido al actor, con fecha veinte de octubre del año dos mil y el acuerdo, refrendo y publicación por el que se crea la Unidad de Bosques Urbanos del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de once votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Fue ponente en este asunto la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7161-425d7cdf/controversia-constitucional-para-el-desechamiento-de-la-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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