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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL DECRETO POR EL QUE SE CALIFICA UNA CUENTA PÚBLICA, AL NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 182/2000-PL, DEDUCIDO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2000. · Registro digital (IUS): 7165
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, , Pág. 787.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 182/2000-PL, DEDUCIDO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2000. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los agravios que hizo valer el representante común de la parte recurrente, para concluir que en el caso se demandó la invalidez de un ordenamiento general, son los siguientes:

a) Que en vía de acción de inconstitucionalidad impugnó el Decreto Promulgatorio 199, mediante el cual se aprobó la cuenta de la hacienda pública del gobierno y organismos auxiliares del Estado de México, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, y que al momento de dictarse la resolución recurrida no se tomó en cuenta el contenido y consecuencias de la norma combatida, desechándola de plano.

b) Que en la especie no fue objeto de impugnación el Decreto Promulgatorio 199, sino el contenido y consecuencias del mismo, derivados de la aprobación de la cuenta pública.

c) Que los órganos legislativos, en general, pueden emitir leyes o decretos; la distinción y la definición entre estas dos especies de actos legislativos no está contemplada en la Constitución ni en la legislación; las normas constitucionales aluden a ellas sin hacer diferenciación conceptual entre estas voces.

d) Que la expresión decreto, resulta multívoca por aludir a los actos del Ejecutivo encaminados a publicar una norma de contenido general del Legislativo, emitiendo, en la especie, un decreto promulgatorio por virtud del cual da a conocer ese acto de carácter general.

e) Que la estructura financiera del Estado descansa sobre la Ley de Ingresos, el presupuesto anual y la cuenta pública, siendo verdaderos actos legislativos o leyes, en los que se contienen normas de carácter general, imperativas, impersonales y abstractas, por lo que la naturaleza de ésta es un verdadero acto legislativo conocido como ley y sus consecuencias no se limitan al sujeto que la ha presentado, sino que se hacen extensivas a todos los gobernados y pobladores de la entidad.

f) Que un desechamiento de plano de la demanda rompe el equilibrio procesal, no dando lugar al trámite para que las otras partes en el procedimiento formulen la correspondiente excepción, resultando violatorio de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional.

g) El decreto cuestionado contiene un dictamen que determina sobre el cumplimiento de la ley de egresos o presupuesto anual y, en tales condiciones, el dictamen de referencia resulta ser lo accesorio de la ley que sigue la suerte de lo principal y, por ello, procede la acción de inconstitucionalidad.

h) Que si bien en el decreto mencionado se alude a una situación concreta y específica, como lo es la cuenta pública, también debe tomarse en cuenta que la aprobación en cuanto al ejercicio del presupuesto por parte del Ejecutivo Local, es de interés general y no es posible dejar en estado de indefensión a la representación de la población que cuestionó no tan sólo el contenido del decreto impugnado, sino el procedimiento por demás ilegal para llegar a su emisión.

Como preámbulo, es necesario señalar que solamente serán materia de estudio los argumentos enfocados a combatir las razones que se expusieron para desechar la demanda de acción de inconstitucionalidad, que es lo que constituye la litis en el presente recurso de reclamación y no la violación a las garantías constitucionales que invoca con base en el artículo 14 de la Constitución General de la República.

Lo anterior, por razón de que se trata del recurso de reclamación y éste es un medio de defensa que tienen las partes para hacer valer sus derechos frente a irregularidades procesales, de acuerdo con el artículo 51, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.

Conviene señalar que en el acuerdo recurrido, el Ministro instructor desechó la demanda de acción de inconstitucionalidad con base en la naturaleza del acto demandado, consistente en la expedición del decreto mediante el cual se aprobó la cuenta de la hacienda pública de la entidad, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, por lo que se consideró que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 105, fracción II, primer párrafo, de la Constitución General de la República y 61, fracción III, de la referida ley reglamentaria.

Que lo anterior, por virtud de que conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XXXII a XXXIV, de la Constitución Política del Estado de México, son facultades del Poder Legislativo recibir, revisar y calificar cada año las cuentas públicas del Estado y de los Municipios que lo integran; y, al efecto, contará con un órgano técnico denominado Contaduría General de Glosa, para fiscalizar la administración de los ingresos y egresos de las citadas entidades y de sus organismos auxiliares; en segundo lugar, en términos del artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, se desprende que los actos del Congreso Estatal se pueden clasificar en dos grupos atendiendo a su contenido material, que son los esencialmente legislativos que tienen la característica de ser generales, abstractos e impersonales, y los de tipo administrativo, que corresponden a decretos y acuerdos, así como a los demás actos enunciados en la citada disposición legal, que regulan situaciones particulares y concretas; y, en tercer lugar, la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución General de la República.

Que, consecuentemente, si bien el decreto impugnado por veinticinco diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México fue emitido por el propio Congreso Estatal, éste no reúne las características de una ley, pues se refiere a una situación concreta y particular como lo es la aprobación de la cuenta de la hacienda pública del gobierno y organismos auxiliares del Estado de México, de mil novecientos noventa y nueve; por tanto, la acción resultaba notoriamente improcedente. Señaló en apoyo a sus consideraciones las tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno números 22/99 y 23/99, publicadas, respectivamente, en las páginas doscientos cincuenta y siete y doscientos cincuenta y seis del Tomo IX, del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O DE TRATADOS INTERNACIONALES." y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL.". En consecuencia, con apoyo en los artículos 19, fracción VIII, 25, 59 y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción II, primer párrafo, del propio artículo constitucional; 61, fracción III, de la citada ley reglamentaria y en las tesis de jurisprudencia antes transcritas se desechó de plano por notoriamente improcedente la acción de inconstitucionalidad.

En este orden, de conformidad con el artículo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá al estudio en su conjunto de los agravios hechos valer por la parte recurrente, por virtud de estar ligados entre sí y para resolver la cuestión efectivamente planteada.

La problemática expuesta en esta instancia se centra en determinar la naturaleza del acto demandado en la acción de inconstitucionalidad y si las razones que se expusieron para desechar la demanda fueron o no correctas.

Ahora bien, debe destacarse que en la diversa acción de inconstitucionalidad 4/98 promovida por Sergio Manuel Aguilera Gómez y otros, en su carácter de diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, resuelta el día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, por mayoría de ocho votos, este Tribunal Pleno resolvió:

"... la doctrina mexicana, si bien se refiere al presupuesto de egresos de la Federación, ha sido uniforme al convenir que el presupuesto de egresos es un acto formalmente legislativo (porque emana de un órgano legislativo) y materialmente administrativo (acto administrativo condición).

"En efecto, el maestro Gabino Fraga (Derecho Administrativo, Edit. Porrúa, 1985, páginas 334 y 335) señala, al referirse a la naturaleza jurídica del presupuesto de gasto, que: ‘No puede, por tanto, decirse que la Cámara por medio del presupuesto, dé nacimiento a una situación jurídica general, condición indispensable para que haya acto legislativo, en tanto que sí debe afirmarse, que como determina la aplicación de una regla general a un caso especial en cuanto al concepto, al monto, al tiempo, está realizando un acto administrativo con todos los caracteres que reconocimos en su lugar oportuno.’.

"En el mismo sentido, Sergio Francisco de la Garza (Derecho Financiero Mexicano, Edit. Porrúa, 1986, página 122) expresa: ‘Consideramos que la naturaleza jurídica del presupuesto de egresos, en el derecho mexicano, es la de un acto legislativo, en su aspecto formal, y la de un acto administrativo en su aspecto material.’.

"De igual forma, Alfonso Cortina Gutiérrez (Curso de Política de Finanzas Públicas de México. Edit. Porrúa. 1987, página 71) afirma, respecto del presupuesto de egresos, que: ‘... es un acto administrativo y no una ley ... no va más allá de la autorización, para que una de las dos ramas del Congreso (la de diputados) otorgue a los tres Poderes de la Unión la facultad de pagar los gastos previstos ...’.

"De la misma opinión es el maestro Andrés Serra Rojas, quien considera que ‘... nuestra Constitución sigue la corriente doctrinal que considera al presupuesto como una previsión de ingresos y de egresos ... formalmente es un acto legislativo y materialmente un acto administrativo.’ (Serra Rojas Andrés. Derecho Administrativo. Edit. Porrúa. México 1968, página 765).

"Es ésta, también, la interpretación que la Suprema Corte de Justicia hizo sobre la naturaleza jurídica de esta figura, como más adelante se detallará.

"Ahora bien, para justificar esta conclusión se hace necesario precisar los efectos jurídicos que produce el presupuesto de egresos:

"a) Constituye la autorización indispensable para que el Poder Ejecutivo efectúe la inversión de los fondos públicos.

"b) Es la base para la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo debe hacer frente al Legislativo.

"c) Es, a su vez, la base y medida para determinar responsabilidad cuando el Ejecutivo obra fuera de las autorizaciones que contiene el presupuesto.

"El primero de estos efectos es el que marca la pauta para adoptar la postura indicada: Otorgar una autorización no es otra cosa sino realizar la condición legal necesaria para ejercer una competencia, que no crea el mismo acto de autorización, sino que está regulada por una ley anterior.

"Esto es tan evidente que la Asamblea Legislativa no podrá dar su autorización a otro órgano que no sea el Ejecutivo, que es el competente para el manejo de los fondos del Distrito Federal.

"No puede decirse, por tanto, que la Asamblea Legislativa por medio del presupuesto de egresos dé nacimiento a una situación jurídica general, condición indispensable para que haya acto materialmente legislativo.

"En cambio, puede afirmarse que como determina la aplicación de una regla general a un caso especial, en cuanto al concepto, al monto y al tiempo, está realizando un acto administrativo. Acto que se extingue en cuanto es aplicado.

"A tal conclusión llegó también esta Suprema Corte de Justicia al pronunciar las ejecutorias que enseguida se transcriben en la parte conducente:

"‘... Sobre ese particular, debe decirse que ni del texto de este artículo constitucional, ni de ningún otro, se puede desprender que las leyes fiscales especiales no puedan ser modificadas sino de año en año. Ahora bien, en un afán teleológico de interpretación, debe decirse que la finalidad que tuvo el legislador al establecer una disposición de esta naturaleza, consiste en la necesidad de controlar, evaluar y vigilar el ejercicio del gasto público por parte de la soberanía popular, de los representantes populares, de la Cámara de Diputados, derivada de la circunstancia de que es al pueblo, a través de sus representantes, a quien corresponde decidir, a propuesta del Ejecutivo, a qué renglones deben aplicarse los recursos aportados por el propio pueblo para sufragar el gasto público, lo cual hace al aprobar el presupuesto de egresos, así como vigilar el que dichos recursos se apliquen precisamente a los fines autorizados por la representación popular al aprobar ese presupuesto de egresos, lo cual realiza cuando en el año siguiente revisa la cuenta pública del ejercicio anterior, a raíz de la cual conocerá los resultados de la gestión financiera, comprobará si el Ejecutivo se ajustó a los criterios señalados en el presupuesto y si se dio cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas. Hasta aquí se ha hablado de gasto público, de autorización de presupuesto de egresos, de control, de evaluación, de vigilancia de ese gasto público, actividades y facultades que corresponden a la representación popular de manera exclusiva, sin intervención de la otra Cámara y que constituyen actos que sólo son formalmente legislativos, a diferencia de las leyes fiscales especiales, actos que son formal y materialmente legislativos, y que no son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, sino del Congreso de la Unión, del que ésta sólo es una parte, por más que en tratándose de leyes tributarias tenga forzosamente que funcionar como Cámara de origen y su colegisladora, la de Senadores, como Cámara revisora. Luego entonces, puede decirse que no se advierte razón jurídica alguna para regular, entre facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, una que no lo es (la de discutir primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto), y mucho menos que se pretenda hacerle partícipe de principios que por tratarse de un acto diferente no le corresponden ...’ (Amparo en revisión 6003/87. Impulsora de Lubricantes Automotrices e Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros. Resuelto el 10 de noviembre de 1988, por unanimidad de 16 votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor P.).

"‘... Los agravios que en forma de resumen se citan en el párrafo precedente son fundados en parte, e infundados en otra, conforme a las siguientes consideraciones: Es cierto como se señala en el quinto de los agravios que en el considerando cuarto de la sentencia recurrida se expresó que los quejosos erróneamente habían considerado al Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y tres, como una ley, sin que se expusieran las razones del por qué de esa afirmación. Sin embargo, no asiste del todo la razón a los recurrentes cuando sostienen en los agravios cuarto, sexto, séptimo y octavo que contrariamente a lo considerado en la sentencia, el presupuesto de egresos combatido sea una ley en todos sentidos, conforme a los siguientes razonamientos: La doctrina ha considerado al presupuesto de egresos como un documento mediante el cual se asignan fondos federales o estatales, según corresponda, a los programas por realizarse en un año, por lo que es el único instrumento en el cual se puede determinar el monto y el ejercicio del gasto público para el periodo presupuestado, sin que ningún egreso o gasto pueda efectuarse si no está contemplado por el presupuesto correspondiente. En tales condiciones, el presupuesto de egresos como regulador del gasto público, prevé las erogaciones que van a realizar en un año los Poderes de la Unión, los poderes de una entidad federativa, así como las empresas de participación estatal mayoritaria, instituciones de crédito y fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal, el Departamento del Distrito Federal, o los gobiernos de las entidades federativas a que corresponda el presupuesto. Por otra parte, la integración del presupuesto de egresos generalmente está determinada en una ley de contabilidad, mientras que para su exacta observancia debe ser aprobado por el Poder Legislativo y expedido con el carácter de ley. Así, la creación o integración del presupuesto de egresos del Estado de Baja California está regulado en el capítulo tercero de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la citada entidad federativa en el capítulo que se denomina «Del presupuesto de egresos» cuyos artículos 1o. y 17 disponen: «Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto normar y regular el presupuesto de ingresos y egresos, la contabilidad y el archivo contable gubernamental así como el ejercicio, el examen, la vigilancia y la evaluación del gasto público: I. Del Gobierno del Estado de Baja California, misma que será aplicada por el Ejecutivo del Estado a través de la Oficialía Mayor de Gobierno, las Secretarías de Finanzas y de Planeación y Presupuesto, y por los Poderes Legislativo y Judicial en su ámbito de competencia; y II. De los Municipios del Estado, misma que será aplicada por los Ayuntamientos a través del presidente municipal.». «Artículo 17. El presupuesto de egresos del Gobierno del Estado será el que contenga el decreto que apruebe el Congreso del Estado, a iniciativa del Ejecutivo y el presupuesto de egresos de los Municipios será el que aprueben sus Cabildos a iniciativa del presidente municipal, que comprenda las previsiones del gasto público que habrán de realizar las dependencias y entidades que en los mismos se señalen, en función de sus programas, objetivos, metas y beneficios a alcanzar, por cada año calendario, a partir del día primero de enero.». Por otra parte, la Constitución Política del Estado de Baja California, en el artículo 27, fracción XI, prevé como una de las facultades del Congreso Local la de aprobar el presupuesto de egresos del Estado, al disponer: «Artículo 27. Son facultades del Congreso: ... XI. Aprobar para cada ejercicio fiscal, las leyes de ingresos del Estado y los Municipios, así como el presupuesto de egresos del Estado.». De lo antes expuesto y transcrito se desprende que el Presupuesto de Egresos de Baja California para mil novecientos noventa y tres, es en sí un catálogo de partidas presupuestales mediante el cual se destinan y se autorizan fondos estatales para el gasto de las dependencias de los Poderes del Estado, aprobado por el Congreso Local y expedido por el Ejecutivo como ley, para hacerlo obligatorio. Conviene hacer notar que la fórmula usada para publicar el presupuesto de egresos combatido es: «... Que la H. Legislatura del Estado, me ha dirigido para su promulgación, el ordenamiento legal que sigue: La H. Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, en uso de las facultades que le confiere el artículo 27, fracciones I y XI, de la Constitución Política Local, tiene a bien expedir el siguiente: Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y tres.». En tanto que el artículo único transitorio de la ley de presupuesto de egresos impugnado señala: «Artículo único. La presente ley entrará en vigor el día primero de enero de mil novecientos noventa y tres.». Es notorio que en los ordenamientos legales aludidos, se le da al «presupuesto de egresos del Estado» el tratamiento de «ley», como el de «decreto», lo que en parte obedece a que en el derecho positivo mexicano indistintamente se llama decretos a las leyes, a los actos del Congreso que no son leyes, a los actos del Ejecutivo que constituyen reglamentos o a los que crean situaciones jurídicas concretas. Sin embargo, en doctrina se distingue entre la ley, que se considera como una disposición de carácter general y abstracta, y el decreto, que se conceptúa como un acto particular. Al respecto, la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Baja California, distingue entre lo que debe entenderse por ley, decreto y acuerdo económico, conforme al contenido de los artículos 63 a 66 que disponen: «Artículo 63. Las iniciativas que se presentan ante el Congreso, podrán ser de ley, de decreto o de acuerdo económico.». «Artículo 64. Es iniciativa de ley la que tienda a una resolución que otorgue derechos o imponga obligaciones a la generalidad de las personas.». «Artículo 65. Es iniciativa de decreto, la que tienda a una resolución que otorgue derechos e imponga obligaciones a determinadas personas físicas o morales.». «Artículo 66. Es iniciativa de acuerdo económico, la que tienda a una resolución que por su naturaleza no requiera la de sanción, promulgación y publicación.». Sin embargo, el presupuesto de egresos combatido, debe ser considerado desde el punto de vista formal y para efectos del juicio de amparo como una ley, ya que surge a la vida jurídica cumpliendo el procedimiento legislativo que el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Baja California exige para la creación de las leyes locales, por cuanto que el precepto citado dispone: «Artículo 33. Las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo.». Empero, en sentido material no puede ser considerado como una ley, si se toma en cuenta que ésta se considera como el producto o efecto del proceso por el cual uno o varios órganos del Estado promulgan y formulan normas de observancia general, abstractas, impersonales y permanentes, características propias de la ley que no tiene el presupuesto de egresos combatido, toda vez que sus disposiciones no tienen una de las principales características de la ley que es la generalidad, pues no obligan a todos los gobernados que se sitúen dentro de sus supuestos normativos, sino que sólo está dirigida a las distintas dependencias del Estado de Baja California, a las que obligan a sujetarse, en lo que se refiere a sus gastos, a lo autorizado conforme al proyecto de presupuesto, de modo que la llamada Ley de Presupuesto de que se trata vincula a las dependencias del Estado, no por haberse actualizado uno de sus supuestos normativos, sino en razón de la entidad a la que está dirigida.’ (Amparo en revisión 2099/93. Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y otros. 21 de mayo de 1996. Por unanimidad de 10 votos. Ponente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Manuel de Jesús Rosales Suárez).

"En consecuencia, el presupuesto de egresos del Distrito Federal, atendiendo a las disposiciones legales que lo rigen, a su contenido, a la doctrina aplicable y a la interpretación jurisdiccional, es un acto administrativo y no una norma de carácter general.

"En este orden de ideas, si el decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1998 es un acto materialmente administrativo y no una norma de carácter general, y si las acciones de inconstitucionalidad sólo son procedentes contra normas de carácter general, entonces en el caso concreto la acción de inconstitucionalidad es improcedente."

Lo anterior dio origen a las tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno, que invocó el Ministro instructor en el acuerdo recurrido, consistentes en las jurisprudencias números 22/99 y 23/99, publicadas, respectivamente, en las páginas doscientas cincuenta y siete y doscientas cincuenta y seis, del Tomo IX, del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O DE TRATADOS INTERNACIONALES." y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL.".

De acuerdo con lo anterior, del análisis y la interpretación de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que: a) Si las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, entonces sólo son procedentes contra normas de carácter general; b) En el propio precepto se habla sólo de leyes y tratados internacionales entendidos como normas de carácter general.

Consecuentemente, las acciones de inconstitucionalidad proceden contra normas de carácter general, contra aquellas que tengan el carácter de leyes, o bien, de tratados internacionales. En iguales términos, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, se refiere únicamente a normas generales, leyes y tratados internacionales; por lo tanto, también debe concluirse que prevé la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad exclusivamente en contra de esas normas.

La intención del Poder Reformador de la Constitución, al establecer las acciones de inconstitucionalidad, fue la de instituir un procedimiento mediante el cual se pudiera confrontar una norma de carácter general con la Constitución y que la sentencia que se dictara tuviera efectos generales, a diferencia de lo que sucede con el juicio de amparo, en el que la sentencia sólo tiene efectos para las partes. No puede aceptarse su procedencia contra normas diversas, ya que en tales casos, por la propia naturaleza del acto combatido, la sentencia no tiene efectos generales, sino relativos. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 1o. de la misma ley y con la fracción II del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad sólo son procedentes contra leyes o tratados y son improcedentes en contra de actos que no tengan tal carácter.

De la misma manera se consideró que para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, es preciso analizar la naturaleza jurídica del acto impugnado y, para ello, es necesario tener en cuenta que un acto formal y materialmente legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales.

La ley se refiere a un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables. El acto administrativo, en cambio, crea situaciones jurídicas particulares y concretas, y no posee los elementos de generalidad, abstracción e impersonalidad de las que goza la ley. Además, la diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula situaciones particulares, concretas e individuales.

Por otra parte, la generalidad del acto jurídico implica su permanencia después de su aplicación, de ahí que deba aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto, sin distinción de persona. En cambio, la particularidad consiste en que el acto jurídico está dirigido a una situación concreta, y una vez aplicado, se extingue. Dicho contenido material del acto impugnado es el que permite determinar si tiene la naturaleza jurídica de norma de carácter general.

En el caso concreto, la vía intentada en el escrito de demanda sólo podrá ser ejercida en contra de un ordenamiento que contemple relaciones sociales que requieran ser jurídicamente reguladas, siendo que en la especie el decreto impugnado no contiene supuestos normativos que vayan a aplicarse a sujetos que se ubiquen en hipótesis alguna, sino que constituye un acto de calificación respecto del ejercicio y aplicación de los recursos del Estado y no goza de las características de abstracción, generalidad e impersonalidad que debe revestir una norma de carácter general, cualquiera que sea la denominación que se le dé, como lo consideró el Ministro instructor.

Así, el decreto combatido reviste las características de un acto administrativo del Congreso y no propiamente uno material y formalmente legislativo que sea susceptible de ser materia de análisis a través de la acción de inconstitucionalidad.

En la tesis número P./J. 24/99, visible en el Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, página 251, Tribunal Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro, se consideró:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL.-Por ‘Ley del Presupuesto’ se entiende el conjunto de disposiciones legales que regulan la obtención, administración y aplicación de los ingresos del Estado, otorgando competencias y estableciendo derechos y obligaciones para la administración pública y para los particulares. Por ‘Presupuesto de Egresos’ se entiende el decreto que contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos durante un periodo determinado. El ‘Decreto del Presupuesto de Egresos’ constituye u

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7165-5a1d116b/accion-de-inconstitucionalidad-es-improcedente-contra-el-decreto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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